GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea 3^ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

P. de la C. 1034

INFORME POSITIVO

17 de marzo de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de atender todo asunto dirigido a responder efectivamente a las necesidades de la población y promover el bienestar social en Puerto Rico somete el presente Informe. Luego de realizar la evaluación correspondiente, atemperando la legislación a nuestra realidad actual, se presentan ante este honorable Cuerpo legislativo el Informe Positivo del P. de la C. 1034, con enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1044 tiene el propósito de:

Para enmendar el Artículo 5 de Ley 84-2021, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social” con el fin de incluir entre los miembros de la Comisión para Combatir la Pobreza y la Desigualdad Social en Puerto Rico al Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o su representante designado, a la Procuradora de las Mujeres o su representante designado, un (1) representante designado por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, un (1) representante designado por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, así como dos (2) miembros en representación del interés público recomendados respectivamente, uno (1) por el Presidente(a) de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y uno (1) por el Presidente(a) del Senado de Puerto Rico al Gobernador(a); establecer los debidos procedimientos para tal designación; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1034 propone enmendar el Artículo 5 de la Ley 84-2021 con el propósito de ampliar la composición de la Comisión para Combatir la Pobreza y la Desigualdad Social en Puerto Rico, incorporando nuevos miembros provenientes de sectores gubernamentales, municipales y de representación del interés público, a fin de fortalecer la capacidad multisectorial del organismo responsable de formular, coordinar y evaluar estrategias públicas dirigidas a combatir condiciones de vulnerabilidad social en el país.

En particular, la medida dispone la inclusión del Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o su representante designado, de la Procuradora de las Mujeres o su representante designado, de un representante nominado por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, de un representante nominado por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, así como de dos miembros en representación del interés público recomendados respectivamente por la Presidencia de ambos cuerpos legislativos y designados conforme al procedimiento establecido en la medida.

La medida reconoce que la pobreza infantil y la desigualdad social no constituyen fenómenos aislados, sino realidades que impactan de forma dual la estructura familiar y comunitaria, afectando no solo a niños y niñas, sino también a personas adultas mayores, hogares multigeneracionales, mujeres jefas de familia, personas con diversidad funcional y otros sectores poblacionales en condición de vulnerabilidad social o económica. Desde esa perspectiva, fortalecer la composición de la Comisión creada por ley persigue ampliar la capacidad institucional del Estado para atender de manera más integrada las múltiples dimensiones de exclusión social presentes en Puerto Rico.

Asimismo, se reconoce el papel fundamental de los municipios como primer nivel de respuesta comunitaria ante situaciones de pobreza, así como la importancia de incorporar visiones vinculadas al empleo, la equidad social, la protección de poblaciones vulnerables y la representación ciudadana dentro del proceso de formulación de estrategias públicas.

Finalmente, la medida establece el procedimiento aplicable para la recomendación y selección de los representantes del interés público, regula sus términos de nombramiento y dispone la obligación de atemperar la reglamentación vigente de la Comisión conforme a las nuevas disposiciones propuestas, procurando así una estructura más representativa y funcional para el cumplimiento de la política pública establecida por ley.

Como parte del análisis legislativo del Proyecto de la Cámara 1034, esta Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social señaló vista pública con el propósito de recibir insumo institucional y examinar el alcance práctico de las enmiendas propuestas a la Ley 84-2021. A dichos fines, fueron invitadas a comparecer la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en atención a la participación directa que dichas entidades tendrían dentro de la composición de la Comisión que la medida propone fortalecer.

Como resultado de dicho proceso, esta Comisión recibió memoriales explicativos y ponencias por lo que a continuación se presenta un resumen narrativo de cada una de ellas.

Departamento de la Familia

El Departamento de la Familia compareció mediante memorial explicativo en atención al Proyecto de la Cámara 1034, expresando que, por tratarse de una medida que incide directamente sobre la composición de la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico, correspondía evaluar su impacto conforme a las funciones delegadas por la Ley 84-2021, comisión adscrita a dicha agencia y presidida por su Secretaría.

En su ponencia, la agencia reconoció que la medida persigue ampliar la representación multisectorial mediante la incorporación de nuevos miembros provenientes del sector gubernamental, municipal y del interés público, aumentando la composición actual de diecisiete a veintitrés integrantes. No obstante, sostuvo que la estructura vigente ya cuenta con mecanismos suficientes para recibir participación externa, al amparo de las facultades que posee la Comisión para invitar colaboradores, expertos o entidades pertinentes a sus reuniones y grupos de trabajo cuando así se estime necesario.

Asimismo, destacó que la Ley 84-2021 ya delega a la Comisión amplias facultades para desarrollar subcomités y grupos de trabajo temáticos en áreas como educación, seguridad económica, empleo, salud, tributación y seguridad alimentaria, permitiendo incorporar insumo especializado sin necesidad de alterar formalmente la composición del organismo. A esos efectos, indicó que recientemente fueron aprobadas guías internas de funcionamiento que regulan reuniones, quórum y mecanismos de participación, entendiendo que la estructura actual responde adecuadamente a la política pública vigente.

El memorial advirtió además que un aumento en el número de integrantes podría generar dificultades operacionales relacionadas con la toma de decisiones, coordinación interna, manejo de agendas, duración de discusiones y agilidad en los procesos deliberativos. En particular, se planteó que estructuras demasiado numerosas pueden afectar el consenso, reducir eficiencia administrativa y provocar dispersión en la responsabilidad institucional dentro del organismo.

Finalmente, aun reconociendo que el propósito de la medida resulta loable, el Departamento concluyó que las enmiendas propuestas podrían retrasar los trabajos que actualmente desarrolla la Comisión dentro del marco del Plan Decenal para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, razón por la cual expresó no recomendar la aprobación del proyecto en los términos presentados.

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres compareció mediante memorial explicativo en atención al Proyecto de la Cámara 1034, expresando que la medida resulta pertinente en la medida en que reconoce la relación directa existente entre pobreza infantil, desigualdad social y las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en Puerto Rico, especialmente aquellas que sostienen hogares monoparentales o asumen responsabilidades de cuido familiar.

En su análisis, la entidad destacó que la pobreza infantil no constituye únicamente un fenómeno económico, sino una realidad multidimensional vinculada a factores educativos, sociales, laborales, de salud y acceso a oportunidades, subrayando que las mujeres enfrentan una exposición particular a dichas condiciones debido a brechas salariales, precariedad laboral, responsabilidades de cuido no remunerado y limitaciones estructurales en el acceso a recursos económicos.

Asimismo, la Oficina señaló que muchas de las dinámicas de pobreza que afectan a niños y niñas se encuentran estrechamente relacionadas con la situación socioeconómica de sus madres, incluyendo casos de jefatura familiar femenina, maternidad en condiciones de vulnerabilidad y presencia de múltiples manifestaciones de violencia económica, institucional y social que limitan la capacidad de movilidad y estabilidad de los hogares.

La ponencia resaltó además que la inclusión de la Procuradora de las Mujeres dentro de la composición formal de la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social permitiría integrar de manera permanente una perspectiva de equidad de género en la formulación de estrategias públicas, particularmente en asuntos vinculados al empleo, acceso a servicios esenciales, protección social y desarrollo familiar.

No obstante, la entidad recomendó que previo a considerar ampliaciones adicionales en la composición de la Comisión, se evalúe el funcionamiento actual del organismo, el alcance práctico de sus trabajos, la suficiencia de su estructura administrativa y el efecto que un aumento en el número de integrantes pudiera tener sobre sus procesos deliberativos y capacidad operacional. En ese sentido, expresó que la ampliación de miembros debe examinarse con cautela para garantizar que redunde en fortalecimiento institucional y no en cargas administrativas innecesarias.

Finalmente, la Oficina indicó no tener objeción a la aprobación de la medida, reconociendo que la discusión legislativa ofrece una oportunidad para fortalecer la respuesta pública frente a la pobreza infantil y sus efectos diferenciados sobre las mujeres y las familias en Puerto Rico.

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos compareció mediante memorial explicativo en atención al Proyecto de la Cámara 1034, expresando que la medida resulta consistente con la política pública dirigida a combatir la pobreza infantil y la desigualdad social mediante un enfoque multisectorial que incorpore de forma más directa componentes relacionados con empleo, desarrollo económico y movilidad social.

En su memorial, la agencia destacó que la Ley 84-2021 reconoce expresamente que una de las dimensiones esenciales para reducir pobreza y desigualdad es la creación de oportunidades de empleo, el fortalecimiento del capital humano y la eliminación de barreras de acceso al mercado laboral, por lo que entendió pertinente que el Departamento forme parte permanente de la estructura deliberativa de la Comisión.

Asimismo, señaló que dentro de sus funciones orgánicas se encuentran la promoción de empleo competitivo, la capacitación laboral, el desarrollo de incentivos salariales y la prestación de servicios de adiestramiento a distintos sectores poblacionales, incluyendo jóvenes, adultos, personas de escasos recursos y adultos mayores, a través de programas especializados administrados por la Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo.

La agencia resaltó además que el componente laboral constituye una herramienta esencial en cualquier estrategia dirigida a reducir condiciones de pobreza, particularmente cuando se trata de familias vulnerables, hogares con menores y personas en condiciones de dependencia económica, reconociendo que la generación de empleo y la autosuficiencia económica forman parte medular del bienestar social.

Finalmente, el Departamento expresó que la intención legislativa de incorporar su representación dentro de la Comisión fortalece la coordinación interagencial y permite integrar de manera más efectiva el componente laboral dentro de las estrategias públicas dirigidas a combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico, razón por la cual manifestó apoyar la aprobación de la medida.

Federación de Alcaldes de Puerto Rico

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico compareció mediante memorial explicativo en atención al Proyecto de la Cámara 1034, reconociendo en primer término la importancia de atender de forma prioritaria la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico como fenómenos de alto impacto económico, social y humano que requieren intervenciones sostenidas y medibles.

En su memorial, la entidad señaló que, aunque la intención de ampliar la composición de la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social resulta legítima desde una perspectiva de coordinación interagencial, corresponde evaluar cuidadosamente si la expansión de estructuras administrativas constituye el mecanismo más efectivo para producir resultados concretos en la atención de estos problemas públicos.

La Federación sostuvo que la experiencia administrativa demuestra que la creación o ampliación de comisiones, juntas u organismos asesores no siempre se traduce automáticamente en resultados sustantivos, advirtiendo que estructuras excesivamente amplias pueden aumentar la complejidad organizacional, diluir responsabilidades institucionales y dificultar la ejecución ágil de políticas públicas. En ese sentido, enfatizó que la pobreza infantil responde principalmente a factores estructurales vinculados al acceso a oportunidades económicas, creación de empleos, movilidad social y fortalecimiento del capital comunitario.

No obstante, la entidad identificó como aspecto favorable de la medida la incorporación de representación municipal dentro de la Comisión, destacando que los municipios constituyen el nivel de gobierno más cercano a las comunidades y, por consiguiente, poseen conocimiento directo sobre las manifestaciones concretas de pobreza, vulnerabilidad social y necesidades familiares en cada región del país.

Asimismo, indicó que la participación municipal puede enriquecer la formulación de política pública mediante la experiencia práctica acumulada por los gobiernos locales en áreas como desarrollo comunitario, seguridad alimentaria, vivienda, servicios sociales, programas recreativos y coordinación con entidades comunitarias y organizaciones sin fines de lucro.

Finalmente, la Federación recomendó mantener la inclusión municipal dentro de la Comisión, establecer métricas claras de desempeño, fortalecer estrategias de desarrollo económico, promover alianzas multisectoriales y evitar proliferación innecesaria de estructuras administrativas, reiterando que cualquier ampliación institucional debe orientarse a garantizar resultados concretos, medibles y de impacto real para las comunidades.

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico compareció mediante memorial explicativo en atención al Proyecto de la Cámara 1034, expresando su respaldo a la medida al reconocer que la pobreza infantil y la desigualdad social constituyen uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta Puerto Rico y que requieren mecanismos de coordinación multisectorial capaces de integrar experiencia gubernamental y comunitaria.

En su memorial, la entidad repasó el propósito de la Ley 84-2021, destacando que dicha legislación estableció metas específicas de reducción de pobreza infantil y pobreza extrema, así como la obligación del Estado de articular estrategias en áreas como educación, seguridad económica, tributación, creación de empleo, salud y seguridad alimentaria.

La Asociación sostuvo que la inclusión formal de representación municipal dentro de la Comisión resulta razonable, toda vez que los municipios constituyen la primera estructura gubernamental que atiende de forma directa las manifestaciones cotidianas de pobreza, vulnerabilidad social, necesidades familiares y carencias comunitarias, particularmente en poblaciones de niños, adultos mayores y personas con diversidad funcional.

Asimismo, destacó que la experiencia municipal permite aportar información práctica sobre programas locales, necesidades regionales y mecanismos de intervención inmediata, lo cual fortalece la capacidad de la Comisión para formular recomendaciones ajustadas a la realidad social del país.

Como parte de su memorial, la entidad también hizo referencia a datos estadísticos sobre pobreza infantil y sus efectos en áreas como salud mental, educación, nutrición, vivienda, seguridad económica y migración, subrayando que las consecuencias sociales de este fenómeno requieren respuestas articuladas entre el Gobierno central y los gobiernos municipales.

Finalmente, la Asociación expresó que endosa el proyecto, aunque advirtió que una Comisión compuesta por veintitrés integrantes podría enfrentar retos operacionales en su funcionamiento, por lo que exhortó a procurar mecanismos que permitan mantener operatividad, eficiencia y capacidad real de ejecución dentro de la estructura propuesta.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Del análisis legislativo realizado sobre el Proyecto de la Cámara 1034, esta Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social concluye que la medida responde a una intención legislativa legítima y necesaria de robustecer la composición de la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico, reconociendo que las realidades asociadas a pobreza, desigualdad y exclusión social requieren estructuras institucionales capaces de integrar de forma permanente sectores directamente vinculados a la formulación, implantación y evaluación de política pública social.

La Comisión reconoce que la pobreza infantil no constituye un fenómeno aislado ni limitado exclusivamente a la niñez, sino una realidad que impacta de forma directa la estabilidad de núcleos familiares completos, incluyendo adultos mayores responsables del cuido de menores, mujeres jefas de familia, personas con diversidad funcional y hogares que dependen de múltiples apoyos institucionales para sostener condiciones mínimas de bienestar social. Desde esa perspectiva, fortalecer la estructura multisectorial de la Comisión creada por la Ley 84-2021 resulta consistente con la complejidad social que esta política pública procura atender.

Uno de los elementos medulares considerados por esta Comisión es que no resulta equivalente la participación ocasional o discrecional de sectores externos, sujeta a convocatoria administrativa por parte del Departamento de la Familia, que su integración formal y permanente mediante disposición expresa de ley dentro de la estructura decisional de la Comisión. Si bien la legislación vigente faculta convocar colaboradores, expertos o entidades según las necesidades del momento, ello no garantiza continuidad institucional, corresponsabilidad permanente ni participación estable en la toma de decisiones.

Esta Comisión entiende que combatir la pobreza infantil y la desigualdad social constituye una responsabilidad de todos los sectores llamados a intervenir en el diseño de política pública social. No puede considerarse una justificación razonable la dificultad para convocar agencias, lograr comparecencias o asegurar participación cuando precisamente la magnitud del problema exige compromiso institucional directo, continuo y estructurado. La integración formal mediante ley fortalece el deber de participación activa, distribuye responsabilidades y promueve una respuesta pública articulada y permanente.

En ese contexto, esta Comisión considera correcta y necesaria la integración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por cuanto el componente laboral constituye una herramienta indispensable para romper ciclos de pobreza mediante empleo, capacitación y movilidad económica; así como la incorporación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, reconociendo que gran parte de los hogares afectados por pobreza infantil descansan sobre mujeres jefas de familia expuestas a desigualdad económica, vulnerabilidad estructural y cargas de cuido.

De igual forma, esta Comisión concluye que la representación municipal dentro de la estructura propuesta resulta pertinente y necesaria, toda vez que los municipios constituyen el nivel de gobierno con contacto más inmediato con las comunidades y con conocimiento directo de las manifestaciones concretas de pobreza, exclusión, vulnerabilidad social y necesidad de servicios esenciales que afectan diariamente a niños, adultos mayores, personas con diversidad funcional y familias en condición de fragilidad económica.

Aun cuando dicha representación se canaliza mediante entidades representativas del ámbito municipal, esta Comisión evaluó distintas alternativas para instrumentar dicha participación y concluye que la fórmula contenida en la medida permite incorporar de manera inmediata y funcional experiencia acumulada proveniente de organismos que agrupan administraciones municipales activamente vinculadas a la prestación de servicios directos, manejo comunitario y respuesta territorial ante situaciones de vulnerabilidad social. Ello responde a que ambas entidades reúnen conocimiento práctico sobre realidades municipales diversas, mantienen capacidad de articulación entre múltiples jurisdicciones locales y poseen experiencia directa en la implantación de iniciativas dirigidas a atender necesidades sociales, económicas y comunitarias en distintos contextos poblacionales del país.

Asimismo, esta Comisión entiende pertinente la inclusión de representantes del interés público recomendados por la Presidencia de la Cámara de Representantes y la Presidencia del Senado de Puerto Rico, por cuanto ello fortalece el vínculo directo entre los trabajos de la Comisión y la capacidad legislativa de transformar hallazgos, recomendaciones y necesidades identificadas en propuestas concretas de política pública y legislación futura. La presencia de representación vinculada al Poder Legislativo facilita además que las discusiones desarrolladas dentro del organismo tengan proyección inmediata hacia iniciativas legislativas capaces de responder con mayor agilidad a las realidades sociales identificadas.

Finalmente, esta Comisión concluye que la ampliación propuesta fortalece la representatividad multisectorial, distribuye de manera más efectiva la responsabilidad institucional y robustece la capacidad de respuesta pública frente a uno de los problemas sociales más complejos y persistentes que enfrenta Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 1034, con enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Hon. Ricardo R. Ocasio Ramos

Presidente

Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social