GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	2da.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 334
14 de octubre de 2025
Presentada por las señoras Jiménez Santoni y Soto Tolentino
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico y a la Comisión de Salud, a realizar una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales, cantidad de casos, zonas o municipios más impactados, las razones y su impacto en la industria hospitalaria, así como que brinden posibles alternativas y protocolos que se deben implantar para eliminar esta práctica; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transformación demográfica que atraviesa Puerto Rico constituye uno de los mayores retos de política pública de nuestro tiempo. La Oficina del Censo de los Estados Unidos, estima que un 24.6% de la población de Puerto Rico cuenta con 65 años o más.  En apenas una década, la mediana de edad pasó de 36.9 años en el 2010 a 45.2 años en el 2020, lo que representa un aumento de más de ocho años. Este cambio supera de manera significativa el ritmo de envejecimiento de la población en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, donde el incremento en ese mismo periodo fue de solo tres años aproximadamente. El envejecimiento acelerado de nuestra población es una realidad ineludible que impacta de manera directa los sistemas de salud, los servicios sociales, el mercado laboral, la planificación urbana y, sobre todo, el bienestar y la dignidad de los adultos mayores.
Ante este panorama, se hace imperativo que el Estado asuma un rol activo y ágil en la elaboración de políticas públicas basadas en datos empíricos y en análisis rigurosos, que permitan identificar las verdaderas necesidades de la población adulta mayor. Estas políticas deben procurar su bienestar integral y, al mismo tiempo, fortalecer el tejido social y económico del país. Una de las problemáticas más graves que aquejan a este sector poblacional es la práctica del abandono, tanto en residencias como en instituciones de salud. Esta práctica, que se ha intensificado en los últimos años, representa no solo un grave atentado contra la dignidad humana, sino también un problema de salud pública que conlleva consecuencias físicas, emocionales y sociales de gran alcance.
Las estadísticas oficiales del Departamento de la Familia ilustran con crudeza la magnitud del problema. Desde el año 2017 hasta el 2024, se han documentado 3,888 casos de adultos mayores abandonados en hospitales. En el periodo más reciente, correspondiente al año fiscal 2023-2024, se registraron 494 casos, mientras que en el 2022-2023 se contabilizaron 769 y en el 2021-2022 un total de 709. Estas cifras confirman que el abandono hospitalario no es un fenómeno aislado, sino una tendencia en aumento que amenaza con desbordar la capacidad de respuesta del Estado y de las instituciones de salud.
El abandono de adultos mayores en hospitales responde a una multiplicidad de factores que se entrelazan y agravan entre sí. La precariedad económica es una de las causas más visibles: muchos adultos mayores dependen exclusivamente de ayudas como el Programa de Asistencia Nutricional y un número significativo subsiste con ingresos inferiores a trescientos dólares mensuales.  Esta situación limita severamente su capacidad para costear servicios de cuidado o alternativas de vivienda dignas. A lo anterior se suma la erosión de las redes familiares como consecuencia de la migración masiva de la población joven y en edad productiva, lo que ha dejado a miles de personas mayores viviendo en soledad y sin apoyo cercano. Según estimados recientes, más de doscientas mil personas de edad avanzada residen solas en Puerto Rico, circunstancia que aumenta la vulnerabilidad al abandono y al maltrato.  
Las limitaciones institucionales también constituyen un factor determinante. En muchos hospitales no existen protocolos estandarizados para manejar los casos de abandono, lo que genera vacíos en la atención y en la coordinación con otras agencias. A ello se suman las restricciones presupuestarias de los programas de servicios de transición y la falta de suficientes hogares de cuido intermedio que permitan la reubicación de pacientes luego del alta hospitalaria. Esta situación conlleva a que muchas instituciones de salud se vean obligadas a mantener a adultos mayores hospitalizados durante largos periodos, aun cuando ya no requieren atención médica aguda, convirtiéndolos en pacientes abandonados dentro de la propia institución.
El aspecto legal tampoco puede ser obviado. El Código Penal de Puerto Rico tipifica el abandono de personas mayores como delito, sin embargo, su aplicación ha sido limitada y la fiscalización ineficaz. La Ley 130-2024, que enmienda la Carta de Derechos y Política Pública a Favor del Adulto Mayor, introdujo mayores responsabilidades legales para familiares y tutores que incurran en esta práctica, incluyendo la obligación de reembolsar los gastos incurridos por las instituciones una vez culmina la fase de tratamiento médico. No obstante, si bien constituye un paso en la dirección correcta, esta legislación se enfoca principalmente en aspectos punitivos y no aborda de manera integral las dimensiones sociales, preventivas e institucionales del problema.
Las consecuencias del abandono de adultos mayores en hospitales son múltiples y devastadoras. En el plano físico, muchos experimentan deterioro acelerado de su salud debido a la falta de un entorno adecuado para su recuperación, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y reingresos hospitalarios. En el plano emocional, la experiencia del abandono genera sentimientos de desamparo, ansiedad, depresión y pérdida de autoestima, afectando seriamente la calidad de vida de los afectados. En el plano social, el abandono representa una afrenta a los valores de respeto y solidaridad intergeneracional, pilares fundamentales de nuestra convivencia. Finalmente, en el plano económico, este problema acarrea altos costos para el erario público, ya que el Estado termina asumiendo los gastos de hospitalización prolongada y otros servicios que no le corresponderían de haber existido un sistema más efectivo de apoyo familiar y comunitario.
En virtud de lo anterior, el Senado de Puerto Rico reconoce la urgencia de atender esta problemática desde una perspectiva amplia y multidimensional. Se hace necesario investigar las causas profundas del abandono de adultos mayores en hospitales, sus efectos sobre la salud y el bienestar de la población, y las fallas estructurales que perpetúan esta práctica. Solo mediante un estudio exhaustivo se podrán delinear soluciones legislativas que vayan más allá de la penalización y que incorporen medidas preventivas, de apoyo social y de fortalecimiento institucional.
La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad indeclinable de establecer un marco de política pública que garantice a nuestros adultos mayores un trato digno y humano; que promueva protocolos uniformes en los hospitales; que coordine efectivamente la acción entre las agencias del Estado; que fortalezca los programas comunitarios de apoyo y que promueva campañas de concienciación para erradicar el abandono como práctica socialmente tolerada. Se trata de construir un estado de derecho protector y solidario, capaz de responder a una realidad demográfica que ya no es futura, sino presente. De no actuar con visión y responsabilidad, pronto nos encontraremos con una mayoría poblacional sin las salvaguardas necesarias para vivir con dignidad.
Por estas razones, el Senado de Puerto Rico considera imprescindible llevar a cabo una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales, de manera que se encaminen soluciones legislativas efectivas y duraderas que respondan a este urgente problema social.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico y a la Comisión de Salud, a realizar una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales, las causas principales del abandono, las estadísticas recientes provistas por el Departamento de la Familia, el impacto de la precariedad económica, la migración y la erosión de redes familiares, así como las limitaciones de las instituciones de salud y de los servicios de transición. También deberá evaluarse el marco legal vigente, incluyendo la aplicación de la Ley 130-2024 y las disposiciones pertinentes del Código Penal de Puerto Rico, a fin de determinar su efectividad y proponer medidas adicionales que atiendan el problema de forma integral. 
Sección 2.- A los fines de esta investigación, las comisiones deberán solicitar información, datos, comparecencias y documentos de agencias tales como el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y cualquier otra entidad pública o privada pertinente la información necesaria para la redacción de un informe que contenga todos los datos requeridos.
Sección 3.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, así como las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de estudio, en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución.
Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.