GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 608

12 DE FEBRERO DE 2026

Presentada por la representante Vargas Laureano;

y el representante Torres Cruz

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las imputaciones divulgadas en la prensa el 11 de febrero de 2026 relacionadas con alegadas irregularidades que involucran a la Secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña en la administración de un negocio de inspección de vehículos de motor en Yabucoa, de nombre Yabucoa Auto Service; así como sobre las imputaciones hechas por un funcionario público que labora en el Departamento de Transportación y Obras Públicas a los fines de que la secretaria Pérez Peña reclamó su despido y que se tomaran represalias contra él por haber intervenido, ejerciendo las funciones de su cargo, con la administración alegadamente fraudulenta de procesos de inspección de vehículos de motor en el referido negocio; asimismo, se deberá investigar si la secretaria Ciary Pérez Peña obtuvo una reducción de multa impuesta por irregularidades en las operaciones del negocio Yabucoa Auto Service y, de haber sido así, deberá investigarse la forma en que se gestionó tal reducción de multa y los fundamentos para su otorgación; también deberá auscultarse si, de ser veraces las imputaciones publicadas, la Secretaria del Departamento de la Vivienda pudo haber incurrido en violación de la Ley de Ética Gubernamental, del Código Penal, o de cualquier otra ley que rija en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el día 11 de febrero surgieron en la prensa del país una serie de imputaciones relacionadas con alegadas irregularidades que involucran a la Secretaria del Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico, Ciary Pérez Peña. La inmediatez con la que estos señalamientos han trascendido ha generado un ambiente de preocupación pública y ha suscitado cuestionamientos legítimos sobre la integridad de los procesos administrativos, la existencia de posibles conflictos de interés y el cumplimiento de las normas éticas que rigen la función pública.

Según los reportes periodísticos, las alegaciones están vinculadas a la operación de un negocio familiar dedicado a la inspección de vehículos de motor en el municipio de Yabucoa, establecimiento con el cual la funcionaria mantuvo vínculos previos, del cual presuntamente fue o es dueña y cuya administración recae en familiares directos.

La información publicada hoy destaca que, mientras la Secretaria ocupa su cargo, han surgido interrogantes sobre la manera en que dicho negocio operaba y sobre la posible intervención directa o indirecta de la funcionaria en asuntos relacionados con su funcionamiento. Se ha planteado que el negocio incurrió en actividades fraudulentas contra el Estado y contra los consumidores. Se ha informado también que, durante el proceso de confirmación ante el Senado, la entonces nominada consignó que su hermano y su padre manejaban el negocio, pero el informe positivo emitido por la Comisión correspondiente no incluyó referencia alguna a experiencia o participación en el sector privado. A ello se suma que, según ha trascendido hoy, a Pérez Peña se le habría fijado una deuda de $25,000, de la cual solo ha abonado $5,000, desconociéndose si dicha obligación fue notificada al Senado durante el proceso de evaluación de su nombramiento. Esta posible omisión ha levantado cuestionamientos adicionales sobre la transparencia y completitud de la información provista al Cuerpo Legislativo.

Tan preocupante como lo anterior son las alegaciones bajo juramento de un funcionario público que denuncia que ha sido víctima de discrimen y represalias por parte de la secretaria del Departamento de la Vivienda por el simple hecho de haber hecho su trabajo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Este hecho, de ser corroborado, inhabilita a la señora Ciary Pérez Peña para ejercer el cargo que ostenta por designación de la gobernadora Jenniffer González.

La publicación de estas alegaciones provocó reacciones inmediatas de altos funcionarios del gobierno. Muy pronto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, emplazó públicamente al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) y al Departamento de Justicia a expresarse sobre la información divulgada y a aclarar si la funcionaria violó alguna ley, cuál fue el curso de acción tomado y cuál ha sido el resultado final de cualquier intervención previa. Rivera Schatz destacó que la Secretaria había informado su vinculación familiar con el negocio, pero insistió en que las agencias pertinentes debían aclarar las alegaciones para detener la especulación pública. Más tarde, la gobernadora de Puerto Rico anunció mediante su cuenta oficial en la red X que había instruido al Secretario de Transportación y Obras Públicas a investigar las alegaciones contra la titular de Vivienda.

La Secretaria de la Vivienda, por su parte, autorizó un comunicado de prensa en el que sostuvo que no ha cometido acto indebido alguno y que, en su momento, aclarará cualquier duda. No obstante, la persistencia de señalamientos divulgados, la naturaleza de los posibles conflictos de interés, la alegada existencia de una deuda sustancial probablemente no informada y la intervención pública de la Gobernadora y del Presidente del Senado subrayan la necesidad de una investigación independiente, rigurosa y objetiva por parte de la Cámara de Representantes. La función fiscalizadora de este Cuerpo no solo es un mandato constitucional, sino un componente esencial para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y en la correcta administración de los recursos públicos.

Dado que el Departamento de la Vivienda maneja programas críticos para la recuperación, reconstrucción y estabilidad social de miles de familias puertorriqueñas, cualquier alegación que pueda comprometer la integridad de su liderato debe ser atendida con la mayor seriedad. Una investigación legislativa permitirá examinar documentos, comunicaciones, procesos administrativos, posibles conflictos de interés y cualquier otra información pertinente para determinar si se actuó conforme a la ley, los reglamentos y los principios éticos que rigen el servicio público. Asimismo, permitirá identificar fallas sistémicas, evaluar la veracidad de las imputaciones y, de ser necesario, recomendar acciones correctivas o referidos a las autoridades competentes.

Por todo lo anterior, y considerando que las alegaciones surgieron muy recientemente y continúan desarrollándose en tiempo real, resulta indispensable que la Cámara de Representantes ejerza su facultad investigativa y ordene una pesquisa exhaustiva sobre los hechos divulgados, con el fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de nuestros empleados y funcionarios públicos honestos, así como la protección del interés público.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1. — Se ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las imputaciones divulgadas en la prensa el 11 de febrero de 2026 relacionadas con alegadas irregularidades que involucran a la Secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña en la administración de un negocio de inspección de vehículos de motor en Yabucoa, de nombre Yabucoa Auto Service; así como sobre las imputaciones hechas por un funcionario público que labora en el Departamento de Transportación y Obras Públicas a los fines de que la secretaria Pérez Peña reclamó su despido y que se tomaran represalias contra él por haber intervenido, ejerciendo las funciones de su cargo, con la administración alegadamente fraudulenta de procesos de inspección de vehículos de motor en el referido negocio.

Asimismo, se deberá investigar si la secretaria Ciary Pérez Peña obtuvo una reducción de multa impuesta por irregularidades en las operaciones del negocio Yabucoa Auto Service y, de haber sido así, deberá investigarse la forma en que se gestionó tal reducción de multa y los fundamentos para su otorgación.

También deberá auscultarse si, de ser veraces las imputaciones publicadas, la Secretaria del Departamento de la Vivienda pudo haber incurrido en violación de la Ley de Ética Gubernamental, del Código Penal, o de cualquier otra ley que rija en Puerto Rico.

Sección 2. — La Comisión estará facultada para requerir documentos, citar funcionarios, empleados, contratistas y cualquier otra persona cuyo testimonio o información sea pertinente para los fines de esta investigación, conforme a las facultades que le confieren la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes y el Reglamento de la Cámara de Representantes.

Sección 3. — La Comisión deberá rendir un informe final a este Cuerpo, incluyendo hallazgos, conclusiones y recomendaciones, dentro de un término razonable que responda a la urgencia y gravedad de los hechos investigados y que no deberá exceder de treinta (30) días.

Sección 4. — Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.