CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 617

17 de FEBRERO de 2025

Presentada por los representantes Ferrer Santiago, Torres García, Feliciano Sánchez, Figueroa Acevedo, Fourquet Cordero; las representantes Hau, Higgins Cuadrado, Martínez Soto, Rosas Vargas; los representantes Rivera Ruiz de Porras, Torres Cruz, Varela Fernández; y la representante Vargas Laureano

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para crear la Comisión Especial para la Integración de Puerto Rico al SNAP como una comisión especial de la Cámara de Representantes que tendrá el propósito de supervisar y dar seguimiento a los procesos de preparación administrativa y operacional necesarios para encaminar a Puerto Rico hacia una eventual integración al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico administra actualmente el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) mediante un subsidio federal en bloque que se limita a una asignación fija anual y es separado del sistema SNAP que opera en los Estados Unidos. El PAN atiende a más de 1.4 millones de personas cada mes y representa uno de los principales programas de seguridad alimentaria en la isla. A diferencia del PAN, el SNAP es un programa federal de asistencia nutricional basado en criterios de elegibilidad más amplios y ajustados a la necesidad económica, y está diseñado como un programa de derecho garantizado (entitlement) que responde automáticamente al aumento de necesidad durante crisis económicas. Bajo SNAP existen componentes federales adicionales, como SNAP Employment & Training (SNAP E&T), que promueven formalmente la integración laboral de participantes mediante educación, capacitación profesional, búsqueda de empleo y otros servicios de apoyo.

La aplicación de SNAP a Puerto Rico requeriría actualizar sistemas de elegibilidad, redistribuir recursos administrativos, adaptar tecnología y coordinar con agencias municipales y regionales para cumplir con los estándares de procesamiento, supervisión y envío de informes. Otros requisitos federales típicos del SNAP incluyen límites de ingreso y recursos basados en parámetros federales (por ejemplo, límite de ingreso bruto al 130 % del nivel de pobreza federal). Para adultos sin dependientes hábiles para trabajar, hay un requisito de trabajo de 80 horas mensuales o participación en programas de formación laboral o capacitación aprobados para seguir recibiendo beneficios pasados los tres meses dentro de un período de 36 meses.

Como parte de los esfuerzos para lograr que Puerto Rico sea incluido en este programa, el Comisionado Residente Pablo José Hernández Rivera, presentó el HR 5168 el cual dispone entre otras cosas, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá 180 días para presentar al Secretario de Agricultura de Estados Unidos su plan de operación, incluyendo un plan de transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria como solicitud para participar en dicho Programa. Si el Secretario aprueba el plan presentado, este deberá certificar al Congreso, dentro de un término que no excederá de 90 días, que Puerto Rico reúne los requisitos para participar en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria como un “Estado”, según definido en la sección 3(r) de la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008.

Para lograr estos objetivos, es ineludible que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con realizar los cambios administrativos que requiere el gobierno federal. Sin embargo, según ha trascendido, a más de dos años después de que el Gobierno anunciara un plan piloto para adelantar los procesos administrativos necesarios para la transición del PAN al SNAP, la administración actual reconoce que el proyecto no logró cumplir las metas propuestas, particularmente en la inserción laboral de participantes. El programa, denominado Cuna de Talentos e iniciado en octubre de 2023 en Carolina, buscaba capacitar y ubicar en empleo a beneficiarios del PAN entre 18 y 54 años —un grupo que ronda las 220,000 personas en Puerto Rico—, requisito clave bajo SNAP para adultos hábiles sin dependientes. Sin embargo, el número de participantes integrados al empleo quedó por debajo de lo proyectado y, además, muchos beneficiarios evitaron participar por temor a perder inmediatamente sus ayudas. Aun así, el Departamento de la Familia sostiene que la iniciativa permitió adelantar procesos y estructuras necesarias para cumplir con requisitos federales y que parte de la población sí logró beneficiarse del programa.

Según explicó la secretaria del Departamento de la Familia, la actual administración ha mantenido un programa de naturaleza similar, aunque actualmente se encuentra en proceso de ajuste para cumplir con las normas federales del SNAP, en especial con el componente de Empleo y Adiestramiento (Employment and Training Program, E&T). En ese sentido, indicó que continúan trabajando en la estructuración formal de dicho programa para que responda a los parámetros federales aplicables y no se limite a un modelo local que pudiera no satisfacer todos los requisitos exigidos por SNAP.

Como parte de los esfuerzos de ajuste en marcha, la secretaria del Departamento de la Familia indicó que ha iniciado procesos para modernizar operaciones mediante la digitalización de expedientes, la actualización de la plataforma utilizada para determinar elegibilidad, la revisión de políticas internas, el fortalecimiento de los mecanismos de control de calidad y una mejor recopilación y manejo de datos. Estas iniciativas se están implementando principalmente con recursos humanos y presupuestarios propios utilizando tanto fondos estatales como federales asignados a la agencia. Además, el Departamento de la Familia ha ampliado la colaboración con otras entidades gubernamentales, incluyendo el Departamento del Trabajo y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para facilitar que participantes referidos por ADSEF accedan a servicios de orientación, capacitación y apoyo dirigidos a su inserción en empleo, estudios o actividades de servicio comunitario mediante programas como Conexión Laboral.

Si bien se han iniciado esfuerzos importantes para modernizar sistemas, fortalecer controles administrativos y coordinar servicios de inserción laboral, la experiencia reciente demuestra que iniciativas previas no lograron cumplir sus metas. Estos continuos atrasos funcionan como barreras para que Puerto Rico pueda lograr su meta. Por ello, resulta indispensable asegurar que los cambios actualmente en curso se concreten de manera efectiva y sostenida, evitando que el País enfrente nuevamente un proceso fallido que afecte tanto a las familias participantes como a la capacidad del Gobierno para cumplir con requisitos federales. Esta transformación requiere mayor integración entre agencias, prioridad operacional, asignación adecuada de recursos y un seguimiento continuo que garantice resultados medibles. En ese contexto, la Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de ejercer su función fiscalizadora para supervisar este proceso, asegurar su transparencia y dar visibilidad a una política pública que impacta directamente la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de cientos de miles de familias en Puerto Rico. La intervención legislativa, por tanto, no busca sustituir la gestión administrativa, sino garantizar que esta transición se realice de manera coordinada, responsable y efectiva, evitando repetir errores del pasado y protegiendo el bienestar de nuestra población.

Ante la magnitud e importancia de este proceso para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de miles de familias en Puerto Rico, resulta necesario que la Cámara de Representantes establezca un mecanismo formal que permita supervisar, dar seguimiento y fiscalizar los esfuerzos en curso, a la vez que facilite la colaboración interagencial y el diálogo con los distintos sectores involucrados. Con ese propósito, se crea una Comisión Especial que tendrá la encomienda de evaluar la preparación administrativa y operacional del Gobierno, monitorear el cumplimiento de los ajustes requeridos, promover la coordinación entre agencias y formular recomendaciones que aseguren que cualquier transición futura se lleve a cabo de manera ordenada, efectiva y centrada en el bienestar de la ciudadanía.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Creación

Se crea la Comisión Especial para la Integración de Puerto Rico al SNAP para supervisar y dar seguimiento a los procesos de preparación administrativa y operacional necesarios para encaminar a Puerto Rico hacia una eventual integración al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Sección 2. – Facultades

La Comisión Especial tendrá facultad para:

a. Celebrar vistas públicas y ejecutivas;

b. Requerir información y comparecencia de agencias y funcionarios públicos;

c. Solicitar informes y datos estadísticos pertinentes;

d. Evaluar la capacidad operacional y administrativa del Gobierno para cumplir con los requisitos federales de SNAP (por ejemplo, límites de ingreso, verificación de recursos, criterios de elegibilidad y cumplimiento de tiempos de procesamiento);

e. Examinar sistemas tecnológicos y administrativos relacionados con elegibilidad y operación del programa;

f. Evaluar programas de integración laboral del PAN que podrían impactar el cumplimiento de requisitos federales de SNAP;

g. Evaluar el impacto que una eventual transición pudiera tener sobre los municipios;

h. Evaluar mecanismos que garanticen la continuidad de beneficios a participantes elegibles durante cualquier proceso de transición;

i. Recomendar medidas legislativas o administrativas necesarias para preparar al Gobierno de Puerto Rico ante dicho escenario.

Sección 3. – Composición

La Comisión estará compuesta por cinco (5) integrantes designados por el Presidente de la Cámara de Representantes, entre los que deberá haber representación de todas las Delegaciones Parlamentarias. Además, designará de entre los integrantes de la Comisión Especial al Presidente o Presidenta de ésta.

Sección 4. – Informes

La Comisión Especial deberá rendir al menos:

1. Un informe preliminar dentro de los primeros sesenta (60) días de su constitución;

2. Informes periódicos intermedios según estime necesario;

3. Un informe final con hallazgos y recomendaciones legislativas y administrativas para atender una eventual transición del PAN al SNAP dentro de los primeros 180 días de su constitución.

Sección 5. – Vigencia

Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

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