GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 3ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 640
4 DE MARZO DE 2026
Presentada por el representante Márquez Lebrón;
y las representantes Gutiérrez Colón y Lebrón Robles
Referida a la Comisión Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto acumulado, actual y prospectivo del Gasto Tributario de Puerto Rico, que calcula anualmente el Departamento de Hacienda, concepto que se refiere a los recaudos no recibidos como consecuencia de las deducciones, las exenciones, los créditos, las exclusiones, las tasas contributivas especiales, y los diferimientos o aplazamientos que forman parte del andamiaje contributivo del país. Además, se le ordena a dicha Comisión investigar en qué medida el gobierno central y la Asamblea Legislativa pueden articular la política pública necesaria para reducir sustancialmente el Gasto Tributario de Puerto Rico, antes de considerar cualquier proyecto de ley de reforma contributiva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que en junio de 2019 se publicó por primera vez el Informe sobre Gasto Tributario de Puerto Rico para el año fiscal 2017, el Departamento de Hacienda ha continuado contabilizando con rigurosidad y de manera consecuente, cuánto dinero ha dejado y deja de recaudar anualmente el gobierno central, como consecuencia de las deducciones, las exenciones, los créditos, las exclusiones, las tasas contributivas especiales, y los diferimientos o aplazamientos que forman parte del andamiaje contributivo del país. Dicho informe, conocido en inglés como Puerto Rico Tax Expenditure Report, documenta en detalle el origen o génesis de cada legislación, la justificación desde la perspectiva del enfoque de incentivos empleado, y el impacto neto anual de las cerca de 436 categorías de gastos tributarios, que muy bien pueden definirse como la suma total de los beneficios e incentivos que el gobierno del país le concede al sector privado.
Si bien es cierto que, ante la percepción pública, la mayoría de los beneficios e incentivos que provocan la drástica reducción de ingresos potenciales del gobierno central se asocian con la Ley 60 de 2019 –mejor conocida como Código de Incentivos de Puerto Rico—la verdad es que existen numerosas leyes adicionales que han contribuido y contribuyen a dicha reducción. La entidad Espacios Abiertos, dedicada a la investigación socioeconómica, advirtió en su estudio publicado en mayo de 2022, que Puerto Rico ocupa el primer lugar en el mundo en gastos tributarios, con un impacto, calculado por el Departamento de Hacienda, de $23,271 millones para el referido año fiscal. En los Informes sobre Gastos Tributarios de Puerto Rico de los años subsiguientes, incluyendo el año 2025, la cifra se ha mantenido en el mismo nivel.
De hecho, solamente en el caso de la Ley 60, en octubre de 2025, Espacios Abiertos pronosticó que los recaudos que no serán recibidos por el gobierno central excederían los $18,400 millones entre los años fiscales 2024 y 2030. Esta proyección no incluye la totalidad de las 436 categorías de gastos tributarios, por lo que no sería exagerado concluir que los recaudos TOTALES que no serán recibidos por el gobierno de Puerto Rico se mantendrán entre los $22,000 millones y los $24,000 millones para cada uno de los años fiscales del periodo citado.
Además de la ausencia de transparencia en la publicación previa de los datos contributivos, no por falta de responsabilidad del personal técnico de Hacienda, sino como una aparente política no oficial que pretende encubrir la realidad descrita en los párrafos anteriores, es evidente que tanto bajo las administraciones del PPD como del PNP, no se han tomado acciones proactivas para alterar la preocupante tendencia discutida en esta Exposición de Motivos. Es decir, lejos de legislar o de tomar determinaciones ejecutivas para comenzar a incrementar sustancialmente los recaudos del gobierno mediante la reevaluación exhaustiva y rigurosa de los gastos tributarios, el enfoque de política fiscal en nuestro país continúa siendo el mismo ensayado desde mediados de la década de 1950 hasta el presente: conceder generosamente incentivos a aquellos sectores, particularmente al capital foráneo, que tienen la capacidad de aportar más al fisco y de retribuir, de esa manera, los enormes beneficios que les ha otorgado históricamente y les otorga el gobierno de Puerto Rico.
Ante el escenario de incertidumbre que permea la realidad fiscal del país, caracterizado por las amenazas continuas y recurrentes de los portavoces de la administración del presidente Trump, dirigidas a reiterar su política de recortes en gastos sociales, acciones estas que afectarían a cerca de la mitad de la población de Puerto Rico; ante el cuadro de mayor incertidumbre aún en lo que concierne a la culminación del proceso de quiebra por el que ha atravesado el sector público luego de la aprobación de la Ley PROMESA en el 2016 y de las acciones arbitrarias y contrarias al interés público que ha tomado la Junta de Supervisión Fiscal; y ante el complejo y altamente preocupante escenario económico global, provocado por la errática política comercial del presidente Trump y su impacto directo sobre la economía puertorriqueña, resulta urgente revisar integralmente y con la mayor rigurosidad posible, el andamiaje contributivo vigente en el país, con énfasis en la política impositiva y la reconceptualización de los beneficios e incentivos que se ofrecen al sector privado.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico entiende que ha llegado la hora de iniciar un proceso mediante el cual se redefinan y se reevalúen los incentivos contributivos de todo tipo, de modo que permanezcan aquellos que han beneficiado y benefician a la economía y la sociedad puertorriqueña, y se ajusten, se reduzcan o se eliminen aquellos que no tienen justificación de continuar en vigor, y que, una vez reducidos o eliminados, contribuyan a aumentar sustancialmente los recaudos del gobierno central de Puerto Rico y a apoyar un proceso de desarrollo económico autosostenido, con los recursos fiscales que dicho proceso requiere. El estudio y análisis ordenado por esta Resolución servirá como marco conceptual y jurídico para la redacción de una reforma contributiva integral, en la que se redefinan las prioridades de la política fiscal del país y, por ende, las fuentes de fondos necesarias para el cumplimiento de los objetivos sociales que el país necesita con urgencia.
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
Sección 1 – Se ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto acumulado, actual y prospectivo del Gasto Tributario de Puerto Rico, que calcula anualmente el Departamento de Hacienda, concepto que se refiere a los recaudos no recibidos como consecuencia de las deducciones, las exenciones, los créditos, las exclusiones, las tasas contributivas especiales, y los diferimientos o aplazamientos que forman parte del andamiaje contributivo del país. Además, se le ordena a dicha Comisión investigar en qué medida el gobierno central y la Asamblea Legislativa pueden articular la política pública necesaria para reducir sustancialmente el Gasto Tributario de Puerto Rico, antes de considerar cualquier proyecto de ley de reforma contributiva.
Sección 2. – Como parte fundamental del proceso de investigación -sin entenderse como una limitación- la Comisión citará a vistas públicas a representantes de las siguientes entidades, agencias y organizaciones:
Sección 3. – Como resultado de la información que se obtenga en el proceso de vistas públicas, la Comisión deberá elaborar un informe exhaustivo y detallado sobre las consecuencias fiscales y financieras que ha tenido el enfoque de política contributiva vigente en el país durante décadas, particularmente en lo que concierne a los gastos tributarios de Puerto Rico, según estos han sido cuantificados y analizados por el Departamento de Hacienda en los Informes sobre Gastos Tributarios de Puerto Rico. El informe deberá contener, además, un análisis de las recomendaciones puntuales ofrecidas por los expertos y demás personas convocadas en el proceso de vistas públicas, sobre cuáles categorías de gastos tributarios deberían ser reducidas o eliminadas, y cuáles deberían permanecer, porque resultan ser de gran importancia para los mejores intereses del país. De ser posible, la Comisión solicitará a los deponentes un estimado de cuál sería el monto de recaudos adicionales que recibiría el gobierno de Puerto Rico como resultado de las recomendaciones sugeridas por los expertos citados en el proceso de vistas públicas. Finalmente, el informe debería enumerar recomendaciones técnicas y jurídicas que sirvan de marco conceptual para la redacción de la reforma contributiva de carácter integral que la gobernadora de Puerto Rico presentará a principios del año natural 2026 al pueblo de Puerto Rico.
La Comisión rendirá dicho informe, dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta Resolución.
Sección 4. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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