GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 650

10 DE MARZO DE 2026

Presentada por el representante López Román

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre todo asunto relacionado con la política pública del salario mínimo en Puerto Rico; el funcionamiento y desempeño de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo; las implicaciones económicas y laborales de su posible eliminación o reorganización institucional; la interacción entre el sistema salarial estatal y las normas federales aplicables; la estructura salarial de empleados exentos, trabajadores agrícolas y trabajadores que reciben propinas; así como la necesidad de revisar el salario mínimo requerido para la clasificación de empleados exentos conforme a la legislación y reglamentación vigente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política pública relacionada con el salario mínimo constituye uno de los instrumentos más relevantes dentro del ordenamiento laboral y económico de cualquier jurisdicción. Las determinaciones que se adopten en torno a este asunto impactan directamente la estabilidad del mercado laboral, la competitividad económica, la estructura de costos de las empresas, el poder adquisitivo de los trabajadores y, en términos más amplios, la calidad de vida de la ciudadanía.

Históricamente, la determinación del salario mínimo en Puerto Rico ha sido objeto de intervención legislativa directa. La Asamblea Legislativa ha adoptado medidas dirigidas a establecer salarios mínimos estatales y mecanismos para su revisión periódica, atendiendo factores como el costo de vida, el desempeño de la economía y la realidad del mercado laboral. Como parte de esa evolución legislativa, se creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo de Puerto Rico con el propósito de analizar periódicamente la situación económica del País y formular determinaciones o recomendaciones relacionadas con ajustes al salario mínimo estatal.

No obstante, desde su creación han surgido diversas interrogantes sobre el alcance de sus facultades, su funcionamiento institucional y el impacto económico de sus determinaciones. En los últimos meses se ha planteado públicamente la posibilidad de eliminar dicha Comisión mediante legislación, lo que ha generado un debate público significativo sobre la estructura institucional más adecuada para formular la política salarial en Puerto Rico.

En las últimas semanas, el debate público sobre la política salarial en Puerto Rico se ha intensificado a raíz de propuestas legislativas dirigidas a eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Diversos sectores empresariales han respaldado dichas iniciativas, mientras que otros analistas, economistas y comentaristas han planteado preocupaciones sobre los fundamentos empíricos de tales planteamientos y sus posibles efectos económicos y sociales. Este tipo de planteamientos evidencia la existencia de un debate sustantivo en torno a la efectividad de la política pública vigente y la conveniencia de eliminar o modificar los mecanismos institucionales existentes para evaluar el salario mínimo. Precisamente por ello, resulta indispensable que la Asamblea Legislativa examine rigurosamente la evidencia económica, los estudios disponibles, las experiencias comparadas en otras jurisdicciones y los planteamientos de los distintos sectores del País.

Distintos análisis económicos presentados ante la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes han señalado que el aumento escalonado del salario mínimo dispuesto bajo la Ley 47-2021 implicó un aumento acumulado cercano al cuarenta y cinco por ciento (45 %) en el salario mínimo en un periodo relativamente corto de tiempo. Según análisis presentados ante la Asamblea Legislativa, dicho aumento impactó aproximadamente a 261,000 trabajadores en Puerto Rico y generó presiones adicionales en la estructura de costos laborales de numerosos sectores productivos.

Asimismo, economistas han señalado que los aumentos en el salario mínimo pueden generar efectos secundarios en la estructura salarial de la economía, incluyendo fenómenos como la compresión salarial, mediante la cual los aumentos en el salario mínimo reducen las diferencias salariales entre trabajadores con distintos niveles de experiencia o responsabilidad, generando presiones adicionales para ajustar salarios en niveles superiores de la estructura laboral. De igual forma, diversos análisis han señalado que aumentos significativos en los costos laborales pueden generar incentivos hacia la informalidad laboral o acelerar procesos de automatización y sustitución de trabajo por tecnología en determinados sectores económicos. Tales consideraciones subrayan la necesidad de analizar cuidadosamente los efectos económicos amplios de la política salarial.

Otro asunto de gran relevancia que merece evaluación legislativa es la estructura salarial de los empleados clasificados como exentos del pago de horas extras bajo la legislación laboral vigente. Bajo el Reglamento Núm. 13 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para que un empleado pueda ser clasificado como administrador, ejecutivo o profesional exento debe recibir una compensación mínima de al menos $455 semanales.

Diversos analistas han señalado que dicho umbral salarial se encuentra actualmente muy cercano al ingreso que recibiría un trabajador remunerado al salario mínimo estatal vigente que trabaje una jornada completa de cuarenta (40) horas semanales, lo cual podría generar distorsiones en la clasificación de empleados exentos dentro del mercado laboral. En ese contexto, se ha recomendado evaluar la posibilidad de revisar dicho umbral salarial, incluyendo propuestas dirigidas a aumentarlo a aproximadamente $580 semanales, con el propósito de preservar la coherencia de la estructura salarial y evitar distorsiones en las clasificaciones laborales.

Asimismo, la política salarial en Puerto Rico opera dentro de un sistema dual donde interactúan normas estatales y federales, incluyendo disposiciones de la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (Fair Labor Standards Act), así como normas federales aplicables a sectores específicos como los trabajadores agrícolas bajo programas federales de visas temporales y los trabajadores que reciben propinas.

Por todo lo anterior, la Cámara de Representantes entiende necesario realizar una investigación legislativa amplia y abarcadora que examine la estructura institucional de la política salarial en Puerto Rico, el funcionamiento de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, el impacto económico de los aumentos recientes en el salario mínimo, la estructura salarial de distintos sectores laborales y la necesidad de revisar los parámetros salariales aplicables a la clasificación de empleados exentos.

La facultad investigativa de la Asamblea Legislativa constituye una herramienta fundamental para garantizar que las decisiones de política pública se fundamenten en análisis rigurosos, evidencia empírica y la participación de los sectores afectados.

Por todo lo anterior, esta Cámara de Representantes estima necesario ordenar la investigación que se dispone mediante esta Resolución.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre todo asunto relacionado con la política pública del salario mínimo en Puerto Rico.

Sección 2.-La investigación deberá examinar, entre otros asuntos:

a) el funcionamiento y desempeño de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo de Puerto Rico;

b) las implicaciones económicas y laborales de su posible eliminación, reorganización o transferencia institucional;

c) el impacto económico de los aumentos recientes en el salario mínimo estatal;

d) los efectos de dichos aumentos sobre el mercado laboral, incluyendo fenómenos como compresión salarial, informalidad laboral y sustitución tecnológica;

e) la interacción entre la legislación estatal y las disposiciones federales relacionadas con el salario mínimo;

f) la estructura salarial de trabajadores agrícolas y trabajadores que reciben propinas;

g) la clasificación de empleados exentos bajo la legislación laboral vigente;

h) la pertinencia de revisar el salario mínimo requerido para la clasificación de empleados exentos bajo el Reglamento Núm. 13 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos;

i) el posible impacto económico y laboral de ajustar el umbral salarial aplicable a dichos empleados; y

j) cualquier otro asunto relacionado con la política pública salarial que la Comisión estime pertinente investigar.

Sección 3.-La Comisión podrá celebrar vistas públicas o ejecutivas, citar testigos, requerir documentos y solicitar estudios técnicos a agencias gubernamentales, universidades, economistas, organizaciones laborales y asociaciones empresariales.

Sección 4.-La Comisión podrá requerir la producción de documentos, estudios económicos, informes técnicos, estadísticas y cualquier otra información necesaria para realizar la investigación ordenada mediante esta Resolución.

Sección 5.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico los informes parciales que estime necesarios o convenientes en los que incluya sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y someterá un informe final antes de la conclusión de la Vigésima Asamblea Legislativa.

Sección 6.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.