GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 318

19 DE MARZO DE 2026

Presentada por el representante Torres Cruz

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realice todas las gestiones necesarias y pertinentes para que evalúe una posible acción de recobro o restitución de los fondos públicos que se asignaron a los beneficios de seguridad y protección provistos a la exfuncionaria, Wanda Vázquez Garced, hoy eliminados en virtud de opinión emitida por este mismo departamento a raíz de la controversia sobre la facultad por parte de la Policía de Puerto Rico a tales fines por razón de la admisión de culpabilidad por la exfuncionaria desde el 27 de agosto de 2025 ante el Tribunal Federal de Distrito en cuanto a violaciones de la Ley Federal de Campañas Electorales; así como se determine la responsabilidad, si alguna, de los funcionarios a cargo de mantenerlos o eliminarlos en este caso; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone en su Artículo VI, Sección 9, que: “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funciones de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.” Conforme a este mandato constitucional, nuestro marco legal vigente encarna este principio a través de diferentes leyes, reglamentación y la continua fiscalización de las actuaciones y ejecución de los funcionarios públicos e instituciones del Gobierno con la mayor rigurosidad, responsabilidad y rendición de cuentas en cuanto al uso y disposición de los recursos del Estado a su cargo.

En este sentido, es importante contextualizar que desde el pasado 27 de agosto de 2025, la exfuncionaria, Wanda Vázquez Garced, se declaró culpable ante el Tribunal Federal de Distrito de una violación a la Ley Federal de Campañas Electorales, convirtiéndose en la primera funcionaria que ejerció el cargo de Gobernador(a) en la historia del país en admitir un delito. A tenor con dicha admisión, se radicó legislación específica para la eliminación del privilegio de seguridad y escoltas a esta funcionaria. Así también, se radicaron y consideraron proyectos de ley sobre el privilegio de escoltas dirigidos a atender esta situación. Al presente, no se ha aprobado legislación a tales fines que se haya convertido en Ley, lo cual resulta que no ha habido cambios a dicho marco legal.

Actualmente, los beneficios de escolta y seguridad a la exfuncionaria Vázquez Garced, costeados con fondos públicos, tan reciente como el pasado día 18 de marzo de 2026, se informa se le eliminaron. Esto, fundamentado en una opinión del Departamento de Justicia que avala la autoridad del Poder Ejecutivo para dicha acción y la discreción del Superintendente de la Policía sobre el particular. Más aún, se determinó, según informado, que la exfuncionaria Vázquez Garced no cumplía con los criterios en ley para ser considerada como exgobernadora, ya que no fue electa a dicho puesto, ni ocupó la posición por un periodo de cuatro (4) años. Ambos argumentos, que se habían planteado públicamente, pero no habían sido acogidos, lo que redundó que se retuviera este privilegio acorde a una opinión de la División Legal de la Policía de Puerto Rico. Opinión, que tampoco al presente ha sido divulgada y que fue objeto de una acción judicial bajo la Ley de Transparencia del Gobierno, Ley 141-2019, según enmendada, por considerarse documentos públicos, para poder tener acceso a las mismas. Además, se argumentaba como requisito para eliminar este privilegio había que legislar, para entonces proceder a la eliminación de estos beneficios, ya que se le estaban brindando bajo el argumento de que era exgobernadora y tenía un derecho adquirido sobre éstos.

Como hemos señalado, desde el 27 de agosto del pasado año 2025, hasta que en la práctica se eliminen los servicios de escolta y protección a la exfuncionaria Vázquez Garced se habrán destinado una cantidad ascendente a miles de dólares del erario público para cubrir el pago de salarios y horas extras de los agentes asignados a estas labores, los vehículos destinados a tales fines, su mantenimiento, gastos de transportación, entre otros. Particularmente, en momentos en que Puerto Rico enfrenta graves limitaciones en recursos de seguridad y se ha cuestionado por años el costo de estos servicios de escoltas a ex -funcionarios por ser onerosos.

Así, teniendo presente que el Departamento de Justicia conforme lo dispuesto en la Sec. 6 del Art. IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como su Ley Orgánica y leyes especiales esta investido de los más amplios poderes y facultades como el representante legal del Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, corresponde en esta caso específico realice todas las gestiones necesarias y pertinentes a los fines de que se evalúe una posible acción de recobro o restitución de los fondos públicos que se asignaron a los beneficios de seguridad y protección provistos a la exfuncionaria, Wanda Vázquez Garced, hoy eliminados. De igual forma, se determine la responsabilidad, si alguna, de los funcionarios que mantuvieron los mismos y hoy los eliminan. Una acción, que por la presente Resolución Conjunta mandata esta Asamblea Legislativa acorde a los amplios poderes de legislar y de fiscalización delegados como Rama Constitucional del Estado libre Asociado de Puerto Rico, que incluyen las facultades para crear y reorganizar departamentos del Poder Ejecutivo, así como la responsabilidad de velar por el uso prudente de los recursos públicos de acuerdo con el marco legal.

A tenor con lo expuesto, entendemos que con la evaluación de un posible recurso de restitución o recobro de los fondos públicos asignados a los hoy eliminados servicios de escoltas y seguridad a la exfuncionaria Wanda Vázquez Garced y el fijar las responsabilidades, si alguna, a los funcionarios a cargo de mantenerlos o eliminarlos, por parte del Departamento de Justicia, garantizamos que el alto interés público que reviste el buen uso de los fondos del Estado asignados a la seguridad pública de Puerto Rico sirva de manera concreta y eficiente a la ciudadanía. Nuestros constituyentes, que legítimamente reclaman trasparencia, rendición de cuentas y una política pública que sea responsiva a sus necesidades.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realice todas las gestiones necesarias y pertinentes para que evalúe una posible acción de recobro o restitución de los fondos públicos que se asignaron a los beneficios de seguridad y protección provistos a la exfuncionaria, Wanda Vázquez Garced, hoy eliminados en virtud de opinión emitida por este mismo departamento a raíz de la controversia sobre la facultad por parte de la Policía de Puerto Rico a tales fines por razón de la admisión de culpabilidad por la exfuncionaria desde el 27 de agosto de 2025 ante el Tribunal Federal de Distrito en cuanto a violaciones de la Ley Federal de Campañas Electorales; así como se determine la responsabilidad, si alguna, de los funcionarios a cargo de mantenerlos o eliminarlos en este caso; y para otros fines relacionados.

Sección 2. – El Departamento de Justicia remitirá a la Cámara de Representantes y al Senado de Puerto Rico, a través de sus respectivas secretarías, un informe detallado de las acciones tomadas para el cumplimiento de lo aquí dispuesto, en un plazo no mayor de treinta (30) días de aprobada esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.