GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 3ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. C. de la C. 267
22 DE ENERO DE 2026
Presentada por el representante Ferrer Santiago
Referida a la Comisión de Transportación e Infraestructura
RESOLUCIón CONJUNTA
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la creación de un Grupo de Trabajo Interagencial encargado de realizar un estudio técnico sobre la capacidad estructural de estacionamientos en Puerto Rico ante el aumento en el uso de vehículos eléctricos.; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La incorporación de vehículos híbridos y eléctricos al mercado constituye una evolución natural del sector transporte ante los retos energéticos y ambientales contemporáneos. Su adopción progresiva plantea nuevos desafíos y oportunidades para la planificación gubernamental, particularmente en lo relacionado con infraestructura, regulación y acceso equitativo.
De igual forma, las transformaciones en la política pública federal de los Estados Unidos en materia de transporte y energía inciden de manera directa y obligada en la planificación y acción gubernamental del Gobierno de Puerto Rico. En particular, la Infrastructure Investment and Jobs Act, (Ley Pública 117-58) establece un marco de financiamiento y ejecución para el desarrollo de una red nacional de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, así como para la sustitución progresiva de flotas de autobuses escolares y de transporte colectivo por alternativas eléctricas. Estas políticas federales generan responsabilidades concretas para los estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico, que debe articular su política pública local a través de sus agencias pertinentes —como el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio— a fin de planificar, canalizar y administrar los fondos disponibles, diseñar programas de incentivos y garantizar que la infraestructura necesaria se desarrolle de forma equitativa y estratégica. La falta de alineación entre las prioridades federales y la acción gubernamental local podría traducirse en la pérdida de recursos, oportunidades de desarrollo económico y beneficios ambientales, lo que hace imperativo que Puerto Rico adopte medidas legislativas y administrativas que integren estas iniciativas federales a su política pública de movilidad, energía y desarrollo económico.
En el caso de Puerto Rico, datos divulgados por el Grupo Unido de Importadores de Autos reflejan un crecimiento significativo en la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos durante los primeros meses del año 2022, al registrarse un aumento de aproximadamente cuarenta y cinco por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque hacia finales del año 2024 se observó una reducción en el volumen de ventas de vehículos eléctricos, ello no altera la tendencia a largo plazo hacia su adopción. La transición hacia este tipo de transporte continúa siendo una realidad, particularmente en la medida en que se expanda la infraestructura de apoyo necesaria. En ese sentido, la Autoridad de Carreteras y Transportación ha informado que, mediante una asignación de fondos federales ascendentes a aproximadamente $51.48 millones, se proyecta el desarrollo de al menos diez estaciones de recarga distribuidas estratégicamente a través de la Isla.
Con la introducción y el crecimiento sostenido en el uso de vehículos eléctricos en las vías públicas, también surge una preocupación legítima relacionada con su impacto sobre la infraestructura existente. El peso considerablemente mayor de estos vehículos, según ha sido reconocido por agencias federales y por la propia industria automotriz, plantea interrogantes sobre la capacidad de estacionamientos y estructuras construidas conforme a estándares diseñados para vehículos más livianos. En particular, dichas estructuras podrían enfrentar cargas no anticipadas y un deterioro acelerado. Sobre todo, si consideramos que según expertos, el setenta por ciento (70%) de las estructuras en Puerto Rico fueron construidas previo al 1980.
Estados como Nueva Jersey y ciudades como Nueva York han introducido legislación de inspección estructural obligatoria y recertificaciones periódicas para estacionamientos, mientras que Minnesota ha iniciado estudios sobre el impacto del peso de EV en infraestructura pública[1].
En el caso de Puerto Rico, mediante la Resolución Conjunta Núm. 16 de 7 de junio de 2022 se ordenó a la Oficina de Gerencia de Permisos adoptar y atemperar con carácter mandatorio dentro de los Códigos de Construcción de Puerto Rico, un Código de Mantenimiento de Propiedades, e incluir dentro del mismo un proceso uniforme de inspección, certificación y recertificación de edificaciones existentes cuya área sea mayor a los dos mil (2,000) pies cuadrados, con el objetivo de asegurar elementos tales como: seguridad, estabilidad estructural y resistencia a eventos naturales. No obstante, ante la situación real del aumento de uso de vehículos eléctricos, resulta indispensable para la seguridad y protección de la ciudadanía que Puerto Rico conduzca un estudio técnico con participación experta en ingeniería estructural, planificación urbana, movilidad eléctrica y seguridad pública que permita evaluar la capacidad real de los estacionamientos y estructuras existentes para soportar el aumento en cargas vehiculares, identificar posibles riesgos de seguridad, examinar la suficiencia de los códigos y normas vigentes, y formular recomendaciones concretas de política pública y acción legislativa orientadas a prevenir fallas estructurales, proteger la vida y la propiedad, y garantizar una transición segura y ordenada hacia la movilidad eléctrica en Puerto Rico.
ResuélvEse POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1. – Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas la creación de un Grupo de Trabajo Interagencial encargado de realizar un estudio técnico y legislativo sobre la capacidad estructural de estacionamientos en Puerto Rico ante el aumento en el uso de vehículos eléctricos.
Sección 2.- El Grupo de Trabajo Interagencial estará compuesto por:
Sección 3.- Alcance del Estudio
El Grupo de Trabajo tendrá un plazo de ciento veinte (120) días para rendir un informe que incluya:
1. Análisis comparativo del peso de EV versus vehículos de combustión.
2. Evaluación de riesgos en estacionamientos a nivel isla.
3. Identificación de estructuras vulnerables.
4. Propuestas de estándares técnicos aplicables a Puerto Rico.
5. Recomendaciones de legislación, reglamentos o protocolos de inspección y/o parámetros para la recertificación.
Sección 4. - Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Minnesota Department of Transportation, Electric Vehicle Infrastructure Needs Assessment (EViNA), informe preparado para evaluar las necesidades de infraestructura de vehículos eléctricos y orientar la planificación estatal, State of Minnesota (2020). New York Local Law 126 of 2021 – requiere inspecciones periódicas de estructuras de estacionamientos cada seis años con reportes presentados ante el Departamento de Edificios de NY. ↑
Documento oficial de SUTRA convertido a texto para facilitar la lectura. El formato puede variar respecto al original; para la versión exacta usa “Descargar original”.