GOBIERNO de Puerto Rico

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

Cámara DE REPRESENTANTES

R. de la C. 560

27 de enero de 2026

Presentada por el representante López Román

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para expresar la más enérgica censura por parte de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, frente a los acontecimientos y el uso excesivo de fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, que han resultado en la muerte de ciudadanas y ciudadanos estadounidenses; manifestar el más solidario apoyo a las familias de las víctimas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física constituye el pilar fundamental de todo orden democrático y del Estado de Derecho. Estos principios están consagrados no solo en los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En virtud de estos principios, el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado debe estar estrictamente limitado por los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata del uso de fuerza letal.

En las pasadas semanas, la ciudad de Minneapolis, Minnesota, ha sido escenario de una serie de operativos federales de aplicación de la ley migratoria que han culminado en la pérdida de vidas humanas. Estos acontecimientos, protagonizados por agentes federales adscritos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y entidades relacionadas, han generado una profunda conmoción social, protestas multitudinarias y una seria preocupación pública respecto a la actuación de dichas autoridades y al respeto debido a los derechos civiles de la ciudadanía.

Uno de los hechos que más consternación ha provocado ocurrió el 7 de enero de 2026, cuando una ciudadana estadounidense, Renée Nicole Good, de treinta y siete 37 años, perdió la vida tras recibir disparos durante un operativo federal en Minneapolis. Posteriormente, el 24 de enero de 2026, otro ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, también de treinta y siete 37 años y enfermero de cuidados intensivos dedicado al servicio de veteranos, fue abatido por agentes federales durante una intervención similar. Ambas muertes se produjeron en circunstancias que han sido objeto de versiones oficiales controvertidas y que han suscitado serias dudas sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de fuerza letal.

De manera particular, el fallecimiento del señor Pretti ha generado un profundo impacto por tratarse de un profesional de la salud que, según múltiples testimonios, se encontraba ejerciendo funciones de auxilio y observación ciudadana cuando fue intervenido fatalmente. La divulgación de material audiovisual y declaraciones de testigos presenciales ha puesto en entredicho las narrativas iniciales ofrecidas por las autoridades federales, intensificando el reclamo ciudadano por investigaciones independientes, transparentes y creíbles.

Estos acontecimientos no solo representan tragedias personales irreparables para las familias afectadas, sino que también han sembrado un clima de temor, desconfianza e inseguridad jurídica en amplios sectores de la población. La percepción de que agentes del Estado pueden emplear fuerza letal sin una supervisión efectiva ni consecuencias claras erosiona la confianza pública en las instituciones y debilita el tejido democrático que sustenta el respeto al orden constitucional.

La protesta pacífica, la observación ciudadana y el registro audiovisual de actuaciones oficiales constituyen expresiones legítimas de participación cívica y están protegidas por los principios fundamentales de libertad de expresión y fiscalización del poder público. La criminalización directa o indirecta de estas conductas, o su utilización como justificación para el uso de fuerza letal, resulta incompatible con los valores democráticos y los estándares modernos de derechos humanos.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico, como cuerpo legislativo comprometido con la defensa de la vida, la dignidad humana y los derechos civiles, no puede ni debe permanecer en silencio ante hechos de tal gravedad. Aunque los sucesos descritos ocurrieron fuera de nuestra jurisdicción territorial, involucran la muerte de ciudadanos estadounidenses y reflejan prácticas que afectan principios universales que Puerto Rico ha reafirmado históricamente: el respeto irrestricto a la vida humana, la exigencia de transparencia gubernamental y la rendición de cuentas como elementos esenciales del poder público.

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende necesario expresar su censura institucional frente al uso excesivo de la fuerza, manifestar su solidaridad con las familias de las víctimas y exhortar a las autoridades federales correspondientes a garantizar investigaciones independientes y exhaustivas que restablezcan la confianza pública, aseguren justicia y prevengan la repetición de hechos similares.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.- La Cámara de Representantes de Puerto Rico expresa su más enérgica y firme censura institucional ante los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos, en los cuales agentes federales adscritos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y entidades relacionadas, emplearon fuerza letal en el curso de operativos de aplicación de la ley, resultando en la pérdida de vidas de ciudadanas y ciudadanos estadounidenses, en circunstancias que han suscitado serias y legítimas dudas sobre la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad del uso de dicha fuerza. Dicha censura se fundamenta en la obligación ineludible del Estado de proteger la vida humana, en el deber de garantizar el pleno respeto a los derechos civiles y constitucionales, y en la necesidad de que toda actuación gubernamental, particularmente aquella que conlleva el uso de fuerza letal, esté sujeta a los más altos estándares de legalidad, transparencia, supervisión y rendición de cuentas, conforme a los principios democráticos y al orden constitucional vigente.

Sección 2.- Manifestar la más sincera y solidaria expresión de condolencias a las familias, seres queridos y comunidades afectadas por la pérdida de vidas humanas en los referidos acontecimientos, reconociendo el profundo dolor, la angustia y el impacto irreparable que tales muertes han ocasionado. Asimismo, afirmar solidaridad con el legítimo reclamo de las familias y de la ciudadanía por verdad, justicia y transparencia, y reconocer el derecho de las víctimas a que los hechos sean esclarecidos de manera plena, objetiva e independiente, así como a que se garantice el respeto a su dignidad, memoria y derechos fundamentales en todo proceso investigativo o institucional relacionado con estos sucesos.

Sección 3. —La Cámara de Representantes de Puerto Rico exhorta respetuosamente, a las autoridades federales y estatales competentes de los Estados Unidos a que ordenen y garanticen la realización de investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y transparentes sobre los hechos que dieron lugar a la pérdida de vidas humanas en los referidos operativos. Asimismo, se exhorta a que, de confirmarse violaciones a la ley o a los derechos constitucionales, se adopten las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes, y se implementen reformas institucionales orientadas a prevenir la repetición de hechos similares y a restablecer la confianza pública en las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Sección 4. — Copia de esta Resolución será enviada a las familias de las víctimas, a las autoridades competentes de los Estados Unidos, y a los medios de comunicación para su divulgación.

Sección 5- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.