(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(20 DE AGOSTO DE 2026)
GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 4ta. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. C. de la C. 391
19 DE AGOSTO DE 2026
Presentada por el representante Méndez Núñez; la representante Lebrón Rodríguez; los representantes Peña Ramírez, Torres Zamora, Román López, Aponte Hernández, Carlo Acosta, Charbonier Chinea, Colón Rodríguez; la representante del Valle Correa; los representantes Estévez Vélez, Franqui Atiles; las representantes González Aguayo, González González; los representantes Hernández Concepción, Jiménez Torres, López Román; las representantes Martínez Vázquez, Medina Calderón; los representantes Morey Noble, Muriel Sánchez, Navarro Suárez, Nieves Rosario, Ocasio Ramos, Pacheco Burgos, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz; las representantes Pérez Ramírez, Ramos Rivera; los representantes Robles Rivera, Rodríguez Aguiló, Rodríguez Torres, Roque Gracia, Sanabria Colón y Santiago Guzmán
Referida a la Comisión de Gobierno
RESOLUCIÓN CONJUNTA
Para conmemorar el Semiquincentenario de los Estados Unidos de América y solicitar al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión; para requerir que copia de esta Resolución Conjunta sea remitida al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 4 de julio de 2026, Estados Unidos de América conmemoró el 250 Aniversario de su Declaración de Independencia: carta fundacional del compromiso de nuestra Nación con el gobierno por consentimiento de los gobernados y la creencia de que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables, que entre estos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.
Los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos desde 1917 y hemos contribuido continuamente a la vida económica, militar, cultural y cívica de nuestra Nación.
Sin embargo, en 2026 más de tres millones de ciudadanos estadounidenses residen en Puerto Rico bajo un estatus territorial sujeto a la autoridad plena del Congreso bajo el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos, y el Congreso posee la autoridad bajo el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 1 para admitir nuevos Estados a la Unión.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido repetidamente que Puerto Rico sigue siendo un territorio sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución, y que cualquier cambio permanente en el estatus político de Puerto Rico requiere acción del Congreso.
La Constitución de Puerto Rico, aprobada por el Congreso bajo la Ley Federal 82-447 y posteriormente enmendada, establece una forma republicana de gobierno local compatible con la Constitución de los Estados Unidos y refleja las tradiciones e instituciones democráticas compartidas por el pueblo de Puerto Rico y los diversos Estados de la Unión.
El pueblo de Puerto Rico ha ejercido reiteradamente su derecho a determinar su futuro político a través de plebiscitos y ha expresado su preferencia por que Puerto Rico se convierta en un Estado de la Unión. En un plebiscito celebrado el 6 de noviembre de 2012, el 53.97 por ciento de los votantes participantes rechazó la continuación del estatus territorial existente. En el plebiscito celebrado el 5 de noviembre de 2024, la estadidad recibió el 58.61 por ciento de los votos legales emitidos entre las opciones de estatus presentadas al electorado.
En todos los plebiscitos realizados durante la última década, incluidos los celebrados en 2012, 2017, 2020 y 2024, la estadidad recibió la mayoría de los votos legales emitidos entre las opciones de estatus presentadas al electorado.
La existencia continua del estatus territorial deja a los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico sin representación con derecho a voto en el Congreso y sin participación en la elección del Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de América.
No obstante, generaciones de puertorriqueños han demostrado su patriotismo a través de un servicio distinguido y sacrificio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ganándose los más altos honores y reconocimientos militares de nuestra Nación, incluso cuando los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar por el Comandante en Jefe bajo el cual sirven.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que en el marco de la conmemoración del Semiquincentenario de la fundación de la Nación, representa una oportunidad histórica para que Estados Unidos reafirme su compromiso con el principio de que el gobierno deriva sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, tal como se refleja en la admisión de treinta y dos antiguos territorios estadounidenses que solicitaron al Congreso su incorporación como estados —basándose en el consentimiento expresado democráticamente por sus habitantes— y fueron debidamente admitidos como estados de la Unión. Ninguno de ellos fue rechazado, Puerto Rico no debe ser la excepción.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 2.- Petición de Estadidad.
La Asamblea Legislativa y la Gobernadora de Puerto Rico solicitan formalmente al Congreso, que de conformidad con su autoridad bajo el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 1 de la Constitución de los Estados Unidos, promulgue legislación que disponga la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión en igualdad de condiciones con los diversos Estados.
Sección 3.- Política pública presidencial.
La Asamblea Legislativa y la Gobernadora de Puerto Rico piden respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos que apoye y trabaje con el Congreso para la promulgación e implementación de legislación y todas las demás medidas necesarias para lograr la admisión de Puerto Rico como Estado.
Sección 4.– Política pública del Gobierno de Puerto Rico.
La Asamblea Legislativa y la Gobernadora de Puerto Rico declaran que los valores estadounidenses compartidos, la capacidad económica, el servicio militar, la importancia para la seguridad nacional y la integración histórica de Puerto Rico en la vida constitucional, económica y política de nuestra Nación demuestran su preparación para ser admitido como Estado de la Unión. Por lo tanto, se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico la solicitud formal de la admisiíon de Puerto Rico como Estado de la Unión para alcanzar la más completa igualdad de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico.
Sección 5.– Culminación del estatus territorial.
La Asamblea Legislativa y la Gobernadora de Puerto Rico declaran que ningún estatus territorial permanente puede satisfacer los principios de igualdad de ciudadanía y gobierno por consentimiento que inspiraron la Revolución Americana y continúan guiando el desarrollo constitucional de los Estados Unidos.
Sección 6. Recursos del Gobierno de Puerto Rico.
Siendo la Estadidad política pública de nuestro gobierno, se permite y ordena el uso de todos los recursos del gobierno que nos permitan, sin desatender las necesidades de nuestro Pueblo, dar a conocer esta Resolución Conjunta y realizar todos los esfuerzos que sean necesarios en cualquier foro disponible para cumplir y hacer cumplir los propósitos de la misma.
Sección 7.- Traducción y transmisión.
Copias de esta Resolución Conjunta serán remitidas al Presidente de los Estados Unidos, al Presidente del Senado de los Estados Unidos, al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y a cada miembro del Congreso, como una declaración de que el Pueblo de Puerto Rico busca el cumplimiento de la promesa fundacional de nuestra Nación de que el gobierno deriva sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados y de que todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de derechos, representación y responsabilidades bajo la Constitución.
Sección 8.- Puerto Rico bilingüe.
Esta Resolución Conjunta se adoptará en los dos idiomas oficiales de Puerto Rico, español e inglés. Si en su interpretación o aplicación surgiese algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en español, prevalecerá el texto en inglés.
Sección 9.– Vigencia.
Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación.
JOINT RESOLUTION
To commemorate the 250th Anniversary of the United States of America and to petition the President and the Congress of the United States for the admission of Puerto Rico as a State of the Union; to require that a copy of this Joint Resolution be transmitted to the President and the Congress of the United States of America; and for other related purposes.
MOTIVES EXPOSITION
On July 4, 2026, the United States of America commemorated the 250th anniversary of its Declaration of Independence—the founding document of our Nation’s commitment to government by the consent of the governed and the belief that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, and that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.
Puerto Ricans have been citizens of the United States since 1917 and have continuously contributed to the economic, military, cultural, and civic life of our Nation.
However, in 2026, more than three million U.S. citizens reside in Puerto Rico under a territorial status subject to the plenary authority of Congress under Article IV, Section 3, Clause 2 of the United States Constitution, and Congress possesses the authority under Article IV, Section 3, Clause 1 to admit new states to the Union.
The United States Supreme Court has repeatedly recognized that Puerto Rico remains a territory subject to the Territorial Clause of the Constitution, and that any permanent change to Puerto Rico's political status requires action by Congress.
The Constitution of Puerto Rico, approved by Congress under Federal Law 82-447 and subsequently amended, establishes a republican form of local government compatible with the United States Constitution and reflects the democratic traditions and institutions shared by the people of Puerto Rico and the various States of the Union.
The people of Puerto Rico have repeatedly exercised their right to determine their political future through plebiscites and have expressed a preference for Puerto Rico to become a State of the Union. In a plebiscite held on November 6, 2012, 53.97 percent of participating voters rejected the continuation of the existing territorial status. In the plebiscite held on November 5, 2024, statehood received 58.61 percent of the legal votes cast among the status options presented to the electorate.
In all plebiscites held over the last decade—including those in 2012, 2017, 2020, and 2024—statehood received a majority of the legal votes cast among the status options presented to the electorate.
The continued existence of the current territorial status leaves U.S. citizens residing in Puerto Rico without voting representation in Congress and without a voice in the election of the President and Vice President of the United States of America.
Yet, generations of Puerto Ricans have demonstrated their patriotism through distinguished service and sacrifice in the United States Armed Forces, earning our Nation’s highest military honors and recognitions—even though U.S. citizens residing in Puerto Rico cannot vote for the Commander-in-Chief under whom they serve.
All of this leads us to conclude that the commemoration of the Nation’s Semi quincentennial presents a historic opportunity for the United States to reaffirm its commitment to the principle that government derives its legitimate powers from the consent of the governed—a principle reflected in the admission of thirty-two former U.S. territories that petitioned Congress for statehood, based on the democratically expressed consent of their inhabitants, and were duly admitted as states of the Union. None of them were rejected; Puerto Rico should not be the exception.
BE IT RESOLVED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO:
Section 1.—Commemoration of our Nation’s Semi quincentennial.
The Legislative Assembly and the Governor of Puerto Rico, acting on behalf of the People of Puerto Rico, reaffirm their commitment to the United States Constitution, democratic self-government, and the principles articulated in the Declaration of Independence. Therefore, consistent with the principles of representative government embodied in the Declaration of Independence, the year of our Nation’s Semi quincentennial is the appropriate and historic occasion for the United States to strengthen the Union by allowing the admission of Puerto Rico as a State.
Section 2.- Petition for Statehood.
The Legislative Assembly and the Governor of Puerto Rico formally request that Congress, pursuant to its authority under Article IV, Section 3, Clause 1 of the United States Constitution, enact legislation providing for the admission of Puerto Rico as a State of the Union on an equal footing with the several States.
Section 3.—Presidential public policy.
The Legislative Assembly and the Governor of Puerto Rico respectfully request the President of the United States to support and work with Congress toward the enactment and implementation of legislation and all other measures necessary to achieve the admission of Puerto Rico as a State.
Section 4.– Public policy of the Government of Puerto Rico.
The Legislative Assembly and the Governor of Puerto Rico declare that shared American values, economic capacity, military service, importance to national security, and Puerto Rico’s historical integration into the constitutional, economic, and political life of our Nation demonstrate its readiness to be admitted as a State of the Union. Therefore, it is declared to be the public policy of the Government of Puerto Rico to formally petition Puerto Rico’s admission as a State of the Union in order to achieve full equal rights and responsibilities for the more than three million citizens of the United States residing in Puerto Rico.
Section 5.– Conclusion of territorial status.
The Legislative Assembly and the Governor of Puerto Rico declare that no enduring territorial status can satisfy the principles of equal citizenship and government by consent that inspired the American Revolution and continue to guide the constitutional development of the United States.
Section 6. Resources of the Government of Puerto Rico.
Given that statehood is the public policy of our government, the use of all government resources is authorized and mandated to—without neglecting the needs of our people—publicize this Joint Resolution and undertake all necessary efforts in any available forum to fulfill and enforce its purposes.
Section 7.—Translation and transmission.
Copies of this Joint Resolution shall be transmitted to the President of the United States, the President of the United States Senate, the Speaker of the United States House of Representatives, and each member of Congress, as a declaration that the People of Puerto Rico seek the fulfillment of our Nation’s foundational promise that government derives its legitimate powers from the consent of the governed and that all citizens are entitled to equal rights, representation, and responsibilities under the Constitution.
Section 8.—Bilingual Puerto Rico.
This Joint Resolution shall be adopted in the two official languages of Puerto Rico: Spanish and English. Should any conflict arise between the English text and the Spanish text regarding its interpretation or application, the English text shall prevail. Section 9.– Effectiveness. This Joint Resolution shall take effect immediately upon its approval.
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