GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 3 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 694

6 DE MAYO DE 2026

Presentada por el representante Márquez Lebrón;

y las representantes Gutiérrez Colón y Lebrón Robles

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos al interior de las cárceles de Puerto Rico para el beneficio electoral de la presente administración.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 5 de mayo de 2026 un medio noticioso estadounidense divulgó los detalles de un alegado esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos al interior de las cárceles de Puerto Rico. Según narrado, la conspiración criminal organizada para el beneficio electoral de la presente administración en Puerto Rico involucra a individuos privados de libertad y a funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación.^[1] Ofrecer dinero o regalos a cambio de apoyo en las urnas es un delito grave cuya convicción conlleva multas de hasta 250,000 dólares y penas de prisión de hasta dos años.

La información reseñada indica que los líderes de una pandilla carcelaria conocida como Los Tiburones vendían drogas a la población recluida, no solo por dinero, sino a cambio de que en el proceso electoral del año 2024 favorecieran con su voto a la ahora gobernadora Jenniffer González Colón, partidaria pública del presidente Donald J. Trump. Para asegurarse de que los reclusos —muchos de los cuales eran personas que confrontaban problemas de uso de sustancias— cumplieran, los líderes de la pandilla amenazaban con violencia y con negarle el acceso a las drogas, según descubrieron los investigadores federales que iniciaron la pesquisa. Se alega además que ciertos empleados de Corrección implicados en el plan permitían la ejecución del operativo criminal que dirigía la organización conocida como “Grupo 31”.

Los investigadores federales habrían reunido pruebas sólidas de fraude electoral que implicaban tanto a reclusos como a empleados, y estaban trabajando para determinar si González Colón o su campaña estaban involucrados, expone el medio. No obstante, mientras los fiscales federales preparaban una acusación formal (indictment) contra los reclusos y empleados en noviembre de 2024 —apenas días después de que Trump ganara las elecciones y González Colón asegurara la gobernación— alegadamente recibieron una directriz de sus superiores en la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, quienes les ordenaron que se excluyera del pliego acusatorio toda mención de cargos relacionados con la participación de los reclusos en la votación para seleccionar a la Gobernadora de Puerto Rico. En efecto, en diciembre del 2024 presentaron una acusación formal contra 34 reclusos y asociados por delitos que incluían distribución de drogas (cuyo uso resultó en al menos cuatro muertes por sobredosis), lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Según el escrito de Fiscalía Federal, las drogas eran introducidas a los centros carcelarios mediante el uso de drones, con pleno conocimiento y colaboración de empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, cuya participación en el esquema incluía la no intervención en agresiones infligidas por los integrantes de la organización de reclusos que manejaba la operación ilegal. La pandilla, expone el reportaje, imponía tanto la afiliación política de los presos como “por quién votar en elecciones primarias y generales”. Según testimonios de familiares, las personas recluidas tenían que mostrar sus papeletas a los líderes de la pandilla para evitar castigos. El Informe preparado por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico en torno al proceso electoral en las cárceles denunció que había reclusos votando en espacios reducidos que no permitían privacidad y teniendo que entregar sus papeletas a otras personas para depositarlas en la urna. Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la comisión, dijo a ProPublica que los reclusos enviaron quejas escritas describiendo experiencias de presión para votar en la primaria —algunos por González Colón y otros por su oponente, Pedro Pierluisi— aunque manifestaron sentir miedo de ofrecer más información.

Las denuncias expuestas en la prensa requieren la acción inmediata de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, no sólo para investigar, documentar, esclarecer y exponer la realidad de lo ocurrido, sino para proteger la pureza de los pocos poderes y procesos democráticos en el Territorio.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos al interior de las cárceles de Puerto Rico para el beneficio electoral de la presente administración.

Sección 2. - La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta (180) días después de la aprobación de esta Resolución.

Sección 3. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

1. Raquel Rutledge, Prosecutors Had a Drugs-for-Votes Scheme “Locked Up.” Under Trump, They Were Told Not to Pursue Charges, ProPublica, May 5, 2026, 5:00 am: https://www.propublica.org/article/trump-doj-puerto-rico-election-fraud-prison-drugs-votes. ↑