GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma Asamblea 3 ra Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. C. de la C. 352
13 DE MAYO DE 2026
Presentada por el representante Márquez Lebrón; las representantes Gutiérrez Colón, Lebrón Robles, el representante Ferrer Santiago, Fourquet Cordero; la representante Vargas Laureano; el representante Torres Cruz; y la representante Burgos Muñiz
(Por petición de Comunidades Protectoras del Río Piedras, Inc., Comité en Defensa del Río Piedras, Guarda Río, Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca y Reparto Metropolitano y otras.)
Referida a la Comisión de Recursos Naturales
RESOLUCIÓN CONJUNTA
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) a que paralice el proyecto de canalización del Río Piedras (llamado por USACE “Puerto Nuevo Flood Risk Management Project”) y que retire el auspicio otorgado a este proyecto, hasta que se analicen rigurosamente los argumentos presentados por las comunidades residentes en la zona ribereña de dicho cuerpo de agua, por las organizaciones que representan a dichas comunidades, y por personas expertas en hidrología, ecología, planificación, ingeniería y otras ciencias aplicadas, cuyos análisis y estudios han cuestionado aspectos fundamentales relacionados con los múltiples impactos que la obra pública propuesta tendría sobre dichas comunidades, sobre el medioambiente y sobre la zona metropolitana de San Juan.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La propuesta canalización del Río Piedras (llamado por USACE “Puerto Nuevo Flood Risk Management Project”) ha suscitado gran preocupación entre los residentes de sus alrededores o de la ribera de dicho cuerpo de agua y sus quebradas tributarias, localizado en la jurisdicción del municipio de San Juan. A pesar de que esta obra pública ha sido incluida en varios planes, o ha sido discutida de manera directa o indirecta desde, por lo menos a principios de la década de 1970, las distintas agencias estatales y federales no han respondido a los reclamos de los residentes, así como de miembros de la comunidad científica expertos en hidrología, ecología, ingeniería, planificación y otras ciencias aplicadas, sobre aspectos fundamentales relacionados con los múltiples impactos que dicha obra pública tendría sobre las comunidades, sobre el medioambiente y sobre la zona metropolitana de San Juan.
En el 1978, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), fue convocado por el Gobernador Romero Barceló, por medio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para intervenir en el proceso de planificación de la canalización del Río Piedras, solicitando que se realizaran los estudios de rigor previos a la canalización del río. En 1994 el secretario de Recursos Naturales, Pedro Gelabert, firmó el Project Cooperative Agreement (acuerdo de auspicio) con el USACE. En 1997 los parámetros de ocho (8) Contratos Suplementarios ya se habían establecido, con el propósito de ensanchar el río y, potencialmente, convertirlo en una cuneta de hormigón hasta la Ave. Winston Churchill en Cupey. Ese enfoque de construcción es el que, precisamente, ha sido objetado por las comunidades y por los expertos aludidos anteriormente.
Los estudios realizados a lo largo de los pasados años no han concluido que el desbordamiento del Río Piedras sea el causante primordial de las inundaciones que han ocurrido en la zona a través de la cual discurre. De hecho, la experiencia vivida por comunidades de la Cuenca y recogida en varias investigaciones de organizaciones académicas y profesionales, revelan que la causa principal de las inundaciones es la condición de obsolescencia de los desagües pluviales y la ausencia de mantenimiento a los sistemas que canalizan las aguas de escorrentía. Además, los mapas de inundaciones de la cuenca hidrográfica del Río Piedras de FEMA, al identificar las zonas inundables, no sugieren que estas respondan al desbordamiento del río.
Históricamente, como está documentado en mapas oficiales, se conoce que se realizaron múltiples intervenciones en el cauce del río Piedras y de algunas de sus quebradas tributarias para viabilizar el desarrollo urbano cercano a esos cuerpos de agua. Desde principios de los años 1960 hasta los años de 1970, el cauce del río fue enderezado y profundizado en varios tramos como parte del proceso de urbanización, permaneciendo su cauce y su ribera en tierra, mientras varias de sus quebradas tributarias se canalizaron en hormigón (por ejemplo, Doña Ana, Josefina y Buena Vista).
En este proceso se construyeron las urbanizaciones University Gardens, Villa Nevárez, Jardines Metropolitanos, Reparto Metropolitano, La Riviera y Las Américas. También se construyó el Estadio Hiram Bithorn, Plaza las Américas y posteriormente el Coliseo Roberto Clemente y el Coliseíto Piedrín Zorrilla. Las intervenciones en el cauce del río y en algunas de sus quebradas tributarias ofrecieron protección a las estructuras construidas contra inundaciones relativamente severas, según los criterios entonces vigentes de la Junta de Planificación.
Más recientemente, a finales del siglo XX, y como parte de la intervención inicial, USACE desvió el cauce natural, construyendo un nuevo canal (Canal Puerto Nuevo), incluyendo diques y la canalización de la quebrada Margarita desde San Patricio. Todo ello, para proteger el área industrial de Bechara y la zona portuaria de la Bahía de San Juan, así como el Centro Comercial Plaza Las Américas. En estos sectores, protegidos desde las últimas décadas del siglo XX, y en las comunidades de Nemesio Canales y del área norte de Puerto Nuevo, ocurrían los mayores daños por las inundaciones del Río Piedras. A partir de esas intervenciones previas en la zona estuarina del río, la problemática histórica de daños por inundación quedó sustancialmente superada.
Es en esta región de Bechara de la cuenca del Río Piedras donde se maximizaron los beneficios económicos y sociales del Proyecto de Canalización del Río Piedras. Quedaron y están protegidas en Bechara importantes instalaciones de infraestructura crítica como: la Planta Termoeléctrica de San Juan, la Planta Regional de Tratamiento de Aguas Usadas de la AAA, el Vertedero de Desperdicios Sólidos del Municipio de San Juan, facilidades de operación y almacenaje del Puerto de San Juan, así como múltiples instalaciones industriales y comerciales que justificaron el proyecto inicial desarrollado por USACE/DRNA. Desde que están construidas esas obras de control de inundación, todas la operaciones públicas y comerciales en Bechara funcionan con gran seguridad.
Ahora bien, la nueva intervención que propone USACE y el DRNA a partir del puente del Expreso de Diego hasta la Carretera 1 entre Jardin Botánico Norte y Sur, incide sobre una realidad espacial y urbana muy diferente a las intervenciones previas de USACE en el Río Piedras. El actual escenario ambiental, social y económico del siglo XXI requiere un análisis de vulnerabilidad y viabilidad de medidas de protección de naturaleza y magnitud actualizado a la nueva realidad presente y que evidentemente es muy diferente al que consideró USACE/DRNA en el siglo XX para el Parque Industrial de Bechara. Esto implica que hoy en día el análisis de mitigación de riesgo de inundación para las comunidades adyacentes al cauce del río y sus quebradas tributarias debe diferenciarse de la visión y alcance considerados en la década de los años de 1970 para la canalización del río Piedras.
En lo que concierne a los mecanismos de divulgación y participación ciudadana utilizados por el USACE para promover la canalización del Río Piedras, estos han sido deficientes. Las comunidades reclaman que en reuniones o presentaciones públicas no se ha permitido cuestionar el proceso participativo ni la base objetiva de las conjeturas y conclusiones que ha llevado a cabo el USACE y el DRNA. Además, cientos de residentes de las comunidades concernidas reclaman que los representantes del USACE han presentado información falsa y demuestran una falta de conocimiento básico sobre la política pública y las ciencias ambientales. Específicamente se ha reclamado que los representantes del USACE desconocen que el proyecto de canalización propuesto viola la Ley del Corredor Ecológico de San Juan, la Política Ambiental de la UPR y la Constitución de Puerto Rico. Incluso, residentes de las comunidades han denunciado que durante más de dos décadas el USACE y el DRNA han dirigido una especie de guerra psicológica contra la población que reside en la ribera del Río Piedras y sus quebradas tributarias, aplicando una campaña insensible, lo que ha generado una situación de pánico y stress entre una alta proporción de los residentes de dichas comunidades, quienes en su mayoría son adultos mayores. Cientos de residentes han recibido amenazas de expropiación forzosa.
Entre los posibles impactos ambientales del proyecto de canalización propuesto para el Río Piedras, se destacan los efectos negativos que se generarían sobre poblaciones e individuos de la fauna endémica y nativa, que aún hoy existen en poblaciones saludables a lo largo del Rio Piedras, habitando tanto sus bosques ribereños como sus aguas, desde Caimito a a la Bahia; pero cuya subsistencia se ve amenazada por el cambio del clima y el calentamiento del planeta. Este rio continuo y de cauce natural compone el corredor ecológico más importante de la zona metropolitana.
A lo anterior se añade el hecho de que el bosque ribereño, junto a otras áreas verdes a lo largo de la Cuenca son zonas de recreo pasivo, reuniones entre amigos y familias, y oportunidades para fomentar la paz mental y emocional, siendo también, un importante refugio climático de la zona. Para las comunidades las áreas verdes son tan importantes como lo son los templos religiosos, los cementerios donde recordamos nuestros antepasados y las edificaciones de valor y significado histórico.
Desde el punto de vista hidrológico y en lo que concierne al manejo de los recursos de agua, se destaca el hecho de que casi toda la zona metropolitana de San Juan ha sido impermeabilizada, lo que ha reducido sustancialmente la recarga de los acuíferos. El Río Piedras es, hoy por hoy, casi la única fuente de recarga de los acuíferos de la zona. El proyecto de canalización eliminaría esa recarga y también eliminará, por lo menos, 4 pozos de reserva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en la zona, otro pozo en la confluencia del Río Piedras y la Quebrada Josefina y otros pozos que se han identificado en la orilla del río. Estos datos son absolutamente pertinentes en el contexto de los serios problemas de abastecimiento de agua potable que han sufrido durante los pasados meses cientos de miles de residentes de la zona metropolitana de San Juan y pueblos circundantes, ante un futuro que amenaza con recrudecer el acceso al vital líquido.
El largo proceso de construcción que implica esta obra, cuya mayor parte ocurre a través de vecindarios, pretende mover y operar maquinaria gigantesca frente a, y muy cerca de, cientos de residencias. Con esto, amenazando crear una huella devastadora en la integridad de las calles y de sus desagües y tuberías, de las aceras y posiblemente afectando la infraestructura de la AAA a los hogares. Además, produciendo efectos perturbadores adicionales como contaminación por ruido, gases, combustibles, polvo, la obstaculización de acceso a comercios y a hogares durante una década o más de construcción en cada una de las etapas y en cada comunidad. Sin contar la depreciación monetaria de sus viviendas. Las partes restantes del proyecto interrumpirán importantes vías de tránsito de la ciudad por un tiempo prolongado.
Ninguno de estos impactos sociales ha sido considerados ni evaluados en el análisis de impacto ambiental ni comunicado o discutido con las comunidades afectadas. El análisis de impacto social es un requisito reglamentario de la ley de Política Pública Ambiental de Estados Unidos y Puerto Rico.
Extensas áreas para almacenaje de equipo pesado, materiales y escombros, llamado por USACE “Staging Area”, impactarían seriamente cuerdas de terrenos patrimoniales como la del Parque Luis Muñoz Marín, el Jardin Botánico Norte, y los parques comunitarios como el de San Luis Rey, en Reparto Metropolitano. Para una idea de la magnitud de las extensas áreas del proyecto en progreso, se pueden observar las tres existentes a la altura del puente sobre el Rio Piedras, en la Avenida Roosevelt en Puerto Nuevo.
No debe perderse de vista que la canalización de un río no es una mera intervención de ingeniería, sino una transformación del tejido social y ecológico de una comunidad. Para las personas mayores, cuyo bienestar está estrechamente ligado a la estabilidad ambiental, los espacios públicos accesibles y las redes sociales sólidas, estos cambios pueden tener efectos profundos y duraderos. Las comunidades directamente afectadas por el proyecto de canalización del Río Piedras y sus quebradas tributarias cuentan con una población estimada de 50 a 65 mil personas, en las que, aproximadamente, el 30% de los residentes son personas mayores de 65 años. Los que, a su vez, cuentan con al menos 4 familiares y amigos cercanos, lo que totalizaría a 250 mil personas que tienen interés o preocupación con este proyecto.
Los efectos dañinos potenciales en la salud física y mental de la población, en especial la de los adultos mayores a causa de la ansiedad y angustia, ya son evidentes. Desde los sorpresivos anuncios del proyecto a las diferentes comunidades a ser impactadas, exacerbándose aún más ahora que dio inicio la construcción del Contrato 2 en la Ave. Roosevelt, mientras que USACE publica en sus medios electrónicos el inicio de la fase de construcción del Contrato 3 en la calle 25 NE de Puerto Nuevo, tan pronto como el verano del 2026; lo que directamente impactará la calidad de vida de residentes en esa calle y comunidad. Muchos de estos residentes no sobrevivirán el extenso proceso de destrucción de la ribera y el bosque urbano. Reiteramos que por los próximos 10 a 15 años, la comunidad más envejecida estaría expuesta al aumento constante en la contaminación del aire y ruidos de la maquinaria, aumento en temperaturas ambientales, aislamiento social y depreciación de sus propiedades, en menoscabo de su tranquilidad espiritual.
Un estudio publicado en febrero de 2025 por el Proyecto ITIAS-Geo de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y la organización comunitaria Guarda Río, titulado “Justicia y participación ciudadana en la gestión del agua, El conflicto en torno a la canalización del Río Piedras” reveló que el cincuenta y ocho por ciento (58%) de los encuestados que dijeron conocer sobre el proyecto en las comunidades afectadas, están completamente en desacuerdo o en desacuerdo con el mismo.
Además, el estudio recoge que el setenta y cinco por ciento (75%) de los entrevistados -una abrumadora mayoría- se mostraron preocupados por el proyecto de canalización. Las cuatro (4) razones principales en orden de frecuencia fueron:
En síntesis, la canalización innecesaria del Río Piedras, -único río de San Juan-, impactará negativamente a todos los residentes del municipio. Este proyecto atenta contra el bienestar y la salud física y mental de toda la comunidad sanjuanera. También impactará negativamente y de forma directa el tránsito y comercio de las vías importantes del área metropolitana tal como la calle Cesar González, la Avenida Jesús T. Pinero, la Avenida Américo Miranda y el Expreso Las Américas, entre otras, así como las operaciones diarias de múltiples escuelas, templos, farmacias y un sin número de pequeños y medianos negocios.
Durante la tercera Asamblea Extraordinaria, celebrada el 6 de diciembre de 2025, citada por la organización Comunidades Protectoras del Río Piedras, diversos grupos allí presentes de las comunidades impactadas directamente por el proyecto, aprobaron una Resolución en la que se destacan, entre otros aspectos, que: el Río Piedras es un ecosistema vivo de alto valor ecológico, social, cultural e histórico para sus comunidades; que, por décadas, dichas comunidades han enfrentado problemas de inundaciones, contaminación, infraestructura deficiente y falta de mantenimiento gubernamental; que el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en la cuenca ha sido inefectivo y desarticulado, permitiendo construcciones ilegales y expansiones en zonas de ribera, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades, situación que se agrava por el deterioro y falta de mantenimiento de la infraestructura de agua urbana, que provoca inundaciones recurrentes, intensificadas por medidas de austeridad y recortes presupuestarios. Además, destacan que el proyecto de canalización propuesto por el USACE y el DRNA se ha presentado como una solución técnica centrada en la canalización del río, sin considerar seriamente los efectos del cambio climático en nuestras comunidades.
Las Comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social y de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico rindieron un informe final conjunto de la investigación sobre el proyecto de canalización del río Piedras, de conformidad con la Resolución de la Cámara 438 y en sus conclusiones indica:
“En particular, las Comisiones observan que los procesos de información y participación ciudadana no han logrado satisfacer plenamente las expectativas de las comunidades impactadas, lo que ha generado incertidumbre y cuestionamientos legítimos en torno al alcance, los efectos y la ejecución del proyecto.
De igual forma, surge de la evidencia la necesidad de asegurar que la base técnica que sustenta el proyecto refleje de manera adecuada las condiciones actuales, incorporando análisis actualizados y enfoques contemporáneos que permitan una evaluación más precisa de sus implicaciones y resultados proyectados.
Asimismo, el análisis del expediente evidencia retos en la integración, accesibilidad y disponibilidad de la información relacionada al proyecto, así como la complejidad de la estructura institucional bajo la cual se desarrolla. Estos elementos subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación y transparencia interagencial.
Finalmente, estas Comisiones concluyen que, a la luz de la evidencia presentada, el proyecto requiere continuar siendo evaluado de manera rigurosa, incorporando las preocupaciones planteadas por las comunidades, los planteamientos técnicos y las consideraciones de política pública pertinentes, a fin de asegurar que cualquier acción futura responda de forma adecuada al interés público.” (Énfasis nuestro)
A la Cámara de Representes de Puerto Rico le preocupan todos y cada uno de los argumentos, señalamientos y pruebas concretas que las comunidades mencionadas, así como personas expertas en diversas materias pertinentes a la situación descrita en los párrafos anteriores, han presentado a lo largo de los pasados años, sin que haya habido un respuesta institucional satisfactoria, que tome en cuenta sus intereses y su salud física y emocional, además de las demás consecuencias que tendría la canalización propuesta para el Río Piedras.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1. – Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) a que paralice el proyecto de canalización del Río Piedras (llamado por USACE “Puerto Nuevo Flood Risk Management Project”) y que retire el auspicio otorgado a este proyecto, hasta que se analicen rigurosamente los argumentos presentados por las comunidades residentes en la zona ribereña de dicho cuerpo de agua, por las organizaciones que representan a dichas comunidades, y por personas expertas en hidrología, ecología, planificación, ingeniería y otras ciencias aplicadas, cuyos análisis y estudios han cuestionado aspectos fundamentales relacionados con los múltiples impactos que la obra pública propuesta tendría sobre dichas comunidades, sobre el medioambiente y sobre la zona metropolitana de San Juan.
Sección 2. – El proyecto deberá ser paralizado hasta que se cumpla con las siguientes exigencias comunitarias:
Sección 3. – El DRNA deberá cumplir con el mandato contenido en las Secciones 1 y 2 de esta Resolución Conjunta en un término no mayor de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de la misma.
Sección 4. – Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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