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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 356

Informe Positivo

22 de junio de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 356, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LAS MEDIDAS

La Resolución Conjunta de la Cámara Número 356, según radicada tiene el propósito de asignar la cantidad de trece mil ciento ochenta millones quinientos treinta y dos mil (13,180,532,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2027, las siguientes cantidades o la porción de estas fuese necesario; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para el análisis y dar cumplimiento a las disposiciones de la R. C. de la C. 356, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizó vistas públicas los días 17 y 23 de marzo de 2026, el 7, 14, 16, 21, 22, 23 y el 30 de abril de 2026 y los días 4, 6, 7, 11 y 13 de mayo de 2026, sobre la Evaluación del Presupuesto General de Puerto Rico Año Fiscal 2026-2027 la cual estuvo bajo la consideración la R. de la C. 60. Durante estas vistas públicas en la Comisión de Hacienda comparecieron 46 entidades de Gobierno, las cuales componen y/o representan más del 85 % del Presupuesto del Fondo General.

En las vistas públicas participaron las siguientes Agencias:

17 de marzo de 2026

EQUIPO FISCAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Compareció el Equipo Fiscal de la Gobernadora de Puerto Rico, compuesto por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), para presentar los comentarios y estatus relacionado al proceso de aprobación del presupuesto, prioridades presupuestarias, proyecciones de ingresos y gastos para el Presupuesto del Año Fiscal 2025-2026 y Año Fiscal 2026-2027, bajo la R. de la C. 60.

ROL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento nace en virtud de la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico. Conforme a ello, se les delegó la responsabilidad de administrar las leyes tributarias y política fiscal de la isla, de una manera eficiente para así maximizar los recursos del erario. Por tanto, el Departamento funge como el principal recaudador de fondos públicos.

Así las cosas, el Departamento tiene dentro de su haber la administración de las leyes y política pública contributiva a través de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" (Código), la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" (Ley 230) y cualquier ley de materia contributiva aplicable al Departamento.

ROL DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 (Ley 147), según enmendada, conocida como la Ley de la Oficina de Gerencia y Presupuesto se aprobó con el fin de crear la OGP adscrita a la Oficina del Gobernador. Conforme a dicha Ley, la Asamblea Legislativa estableció como política del Gobierno de Puerto Rico: "implantar medidas rigurosas de control y eficiencia fiscal por medio del control adecuado de partidas presupuestarias relacionadas con nombramientos, transacciones de personal, contrataciones y del control general del gasto gubernamental”.

A su vez, la OGP es el organismo asesor y auxiliar para ayudar al Gobernador en el descargue de sus funciones y responsabilidades de dirección y administración. La OGP bajo las reglas, reglamentos, instrucciones y órdenes que el Gobernador prescribiere, asesora a éste, a la Asamblea Legislativa y a los organismos gubernamentales en los asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa, así como en asuntos de naturaleza fiscal relativos a sus funciones; lleva a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa la propuesta del Presupuesto General del Gobierno, incluyendo las Corporaciones Públicas. La OGP también vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzcan de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones, con las más sanas y adecuadas normas de administración fiscal y gerencial, entre otras.

ROL DE LA AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO (AAFAF)

La AAFAF fue creada mediante la Ley Núm. 2-2017, conocida como Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Ley 2), con el propósito de actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones públicas y municipios, asumiendo así las responsabilidades de agencia fiscal y asesoría anteriormente ejercidas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

Además, la Ley 2, establece a la AAFAF como el ente gubernamental encargado de la colaboración, comunicación y cooperación entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico ("JSAF"). A tales fines, la Ley 2 dispone que la AAFAF:

Presupuesto del Fondo General

Como parte del proceso de formulación del presupuesto para el AF2027, la OGP estableció al inicio del ciclo presupuestario un Target de gasto de $12,892 millones para las agencias e instrumentalidades del GPR. Este parámetro fue comunicado a las agencias como referencia para la preparación de sus solicitudes presupuestarias y se fundamentó en un análisis detallado de la ejecución del gasto durante el AF2026, así como en evaluaciones internas dirigidas a identificar oportunidades de contención y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2026 la JSAF emitió la carta presupuestaria correspondiente al proceso del AF2027, mediante el cual estableció el calendario presupuestario y proyectó ingresos del Fondo General por $13,180 millones.

Esta proyección de ingresos representa un incremento aproximado de $85 millones en comparación con el presupuesto aprobado para el AF2026, el cual ascendió a $13,095 millones.

No obstante, es importante destacar que el target operacional de $12,892 millones utilizado por la OGP durante la fase de formulación presupuestaria refleja un objetivo de gasto operacional más restrictivo, diseñado para fortalecer la disciplina fiscal y asegurar que las agencias sometieran solicitudes alineadas con la capacidad real de ejecución del GPR.

La diferencia entre el target operacional utilizado por la OGP y la proyección total de ingresos establecida por la JSAF responde principalmente a la incorporación de reservas presupuestarias y otros ajustes fiscales necesarios para atender riesgos presupuestarios, contingencias fiscales y obligaciones gubernamentales que puedan surgir durante el año fiscal.

En consecuencia, esta diferencia no representa un aumento estructural en el gasto operacional de las agencias gubernamentales, sino un mecanismo prudente de manejo fiscal dirigido a preservar la estabilidad presupuestaria y asegurar la capacidad del GPR para responder a presiones fiscales imprevistas.

Por otro lado, es importante destacar que, gracias a los controles de gasto implementados durante el AF2026, fue posible realizar diversos ajustes presupuestarios que permitieron atender riesgos fiscales identificados durante el proceso presupuestario. Estos ajustes también facilitaron la reasignación de recursos para atender necesidades prioritarias de nuestra Gobernadora, Hon. Jenniffer González Colón. Particularmente en áreas relacionadas con la seguridad pública.

Por ejemplo, en el presupuesto propuesto para el AF2027, se contemplan aumentos presupuestarios significativos dirigidos a fortalecer las capacidades operacionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (“DCR”) y del Negociado de la Policía de Puerto Rico (“NPPR”).

En el caso del DCR, se incorpora una asignación adicional de $20 millones destinado a cubrir el aumento salarial de los Oficiales Correccionales, como parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la retención y el reclutamiento de personal en el sistema correccional.

De igual forma, el NPPR recibirá un aumento presupuestario de $44 millones, dirigido a la implementación de nuevas escalas salariales para los distintos rangos dentro de la fuerza policial. Esta asignación permitirá ajustar el salario base de los policías a niveles más competitivos, alineados con estudios de mercado, con el objetivo de fortalecer la estabilidad de la fuerza laboral y mejorar la capacidad del NPPR para atraer y retener talento.

A continuación, se presenta un resumen comparativo del presupuesto del Fondo General entre el AF2026 y el presupuesto propuesto para el AF2027, junto con los principales impulsores de los cambios.

Comparativa de Presupuesto Fondo General entre AF 2026 y AF 2027 (propuesto)

Presupuesto Consolidado del GPR

El Presupuesto Consolidado Propuesto para el AF2027 asciende a $33,515 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente $803 millones en comparación con los $32,712 millones del AF2026. Este aumento se debe principalmente a aumentos en la asignación de fondos federales en diversas agencias gubernamentales.

Del total propuesto consolidado, $13,181 millones provienen del Fondo General, $5,467 millones de Fondos de Ingresos Especiales, y $14,866 millones de Fondos Federales.

Desglose del Presupuesto Propuesto por Fuentes de Ingreso

A continuación, presentamos una ilustración gráfica del presupuesto consolidado propuesto del AF2027 en comparación con el AF2026:

Por otro lado, los Fondos Federales reflejan un aumento de $678 millones. Este aumento se debe principalmente a aumentos en subvenciones federales bajo la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de la Vivienda.

Riesgos Presupuestarios

El proceso de formulación del Presupuesto AF2027 incluyó la evaluación de diversos factores que podrían afectar la estabilidad fiscal y la ejecución presupuestaria del GPR durante el período fiscal correspondiente. Como parte de este análisis la OGP, en coordinación con el equipo fiscal del GPR, identificó una serie de riesgos potenciales que fueron considerados en el diseño del presupuesto y en la implementación de mecanismos de monitoreo y control.

Entre los principales factores de riesgo evaluados se encuentran:

Como parte del proceso de planificación presupuestaria, estos riesgos fueron incorporados en el análisis fiscal realizado por la OGP y discutidos en coordinación con las entidades fiscales del Gobierno, incluyendo el Departamento de Hacienda y la AAFAF.

Asimismo, el presupuesto propuesto incorpora reservas presupuestarias, mecanismos de control de gasto y procesos de monitoreo continuo que permiten mitigar estos factores de riesgo y fortalecer la capacidad del Gobierno para responder oportunamente a presiones fiscales que puedan surgir durante el año fiscal.

Principales iniciativas

El Presupuesto Propuesto para el AF2027 se encuentra alineado con las prioridades estratégicas establecidas por la Gobernadora y con los parámetros de disciplina fiscal contenidos en el Plan Fiscal certificado. A través de este presupuesto, la administración reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, la estabilidad fiscal del Gobierno y la promoción de un entorno propicio para el desarrollo económico sostenible. En ese contexto, el presupuesto prioriza la asignación de recursos hacia áreas fundamentales que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la capacidad operativa del Gobierno. Entre las principales prioridades del Presupuesto AF2027 se destacan las siguientes:

En conjunto, estas iniciativas reflejan un enfoque de política pública dirigido a fortalecer los servicios esenciales, promover la estabilidad fiscal y consolidar una administración pública más eficiente, moderna y orientada a resultados.

Análisis de Nómina y Sostenibilidad de la Fuerza Laboral

La OGP llevó a cabo un análisis detallado de la nómina y la plantilla activa del Gobierno como parte del proceso de formulación del presupuesto y de las iniciativas dirigidas a fortalecer la planificación fiscal.

La revisión incluyó información correspondiente a 67,501 empleados en 90 agencias, y comparó los gastos de nómina proyectados con las asignaciones presupuestarias disponibles, considerando los niveles de personal, los costos equivalentes a tiempo completo y tendencias observadas desde el AF2024.

Durante este proceso se identificaron deficiencias en la información sometida por algunas agencias, lo que requirió esfuerzos adicionales de validación por parte de la OGP. El análisis se concentró particularmente en aquellas entidades con mayores niveles de personal y gasto de nómina, con el objetivo de identificar oportunidades de ajuste y asegurar una mejor alineación entre las solicitudes presupuestarias y la ejecución histórica observada.

Como resultado de este análisis, se identificaron ajustes en nóminas en 21 agencias, los cuales totalizan aproximadamente $175.1 millones en comparación con las metas presupuestarias inicialmente establecidas. Estos ajustes respondieron principalmente a casos en los que las asignaciones solicitadas excedían el nivel de gasto real observado o la capacidad demostrada de ejecución en nóminas.

Asimismo, este ejercicio permitió reasignar recursos para atender necesidades prioritarias en otras agencias, incluyendo el Instituto de Ciencias Forenses, la OGP, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), el Centro Comprensivo de Cáncer, y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre otras, por un total aproximado de $45.5 millones.

En términos generales, el análisis de nómina evidenció que, en varias agencias, los gastos reales se han mantenido consistentemente por debajo de los niveles presupuestados en años recientes. Esto permitió identificar oportunidades para realinear las asignaciones propuestas para el AF2027 con patrones históricos de ejecución, manteniendo a la vez recursos suficientes para sostener las operaciones esenciales y las necesidades reales de personal.

Este análisis fortalece la sostenibilidad de la fuerza laboral del Gobierno, mejora la precisión de la planificación presupuestaria y permite que las asignaciones de nómina respondan a criterios de capacidad real de ejecución, disciplina fiscal y continuidad operacional.

Análisis de Gastos Operacionales (“OPEX”) y Medidas de Eficiencia

Durante el proceso de formulación del Presupuesto del AF2027, la OGP realizó un análisis detallado de los gastos operacionales de las agencias gubernamentales. Este ejercicio evaluó las tendencias de gasto utilizando información proveniente de SID, mediante la comparación de presupuestos certificados y ajustados con los desembolsos reales de las agencias.

El objetivo fue determinar si las solicitudes presupuestarias para el AF2027 se alineaban con los patrones históricos de ejecución de gastos y con las reducciones implementadas durante el AF2026. Como resultado, se identificaron áreas con oportunidades para optimizar el uso de los recursos públicos, sin afectar la continuidad de las operaciones gubernamentales.

Entre las principales categorías de gasto evaluadas se incluyeron: Servicios Comprados, Servicios Profesionales, Compras de Equipo y Otros Gastos Operacionales.

Adicionalmente, la OGP utilizó la herramienta Contract List, mediante la cual se compararon los contratos reportados por las agencias con los pagos históricos registrados en el SID. Este ejercicio permitió validar que los ajustes presupuestarios propuestos fueran consistentes con los compromisos contractuales existentes y con los patrones reales del gasto.

Ajustes Presupuestarios Identificados

El análisis permitió identificar ajustes en los gastos operacionales de 13 agencias gubernamentales, los cuales totalizan aproximadamente $23.4 millones en comparación con las metas presupuestarias evaluadas por la JSAF. En términos agregados, estos ajustes contribuyeron a reducciones operacionales cercanas a $40 millones en diversas categorías de gasto.

Las reducciones más significativas se concentraron en Servicios Comprados, Servicios Profesionales y Compras de Equipo, categorías en las que se observaron excedentes recurrentes entre los presupuestos asignados y la ejecución real del gasto.

Los recursos identificados mediante este ejercicio de eficiencia fueron asignados a la Reserva Especial de Estabilización, con el objetivo de fortalecer la resiliencia fiscal del Gobierno y atender posibles presiones presupuestarias durante el año fiscal. B. Principales Agencias Evaluadas

Entre las agencias donde se identificaron ajustes relevantes en gastos operacionales se encuentran el Departamento de Salud, el DCR, el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), el Departamento de Hacienda, la Junta de Retiro del Gobierno, la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la Administración de Servicios Generales (ASG), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Departamento de Estado, y la Oficina para el Manejo de Emergencias y Desastres.

En estos casos, el análisis evidenció que los niveles de gasto observados históricamente se mantenían por debajo de los presupuestos asignados, lo que permitió recomendar ajustes moderados sin afectar la continuidad de los servicios gubernamentales ni los compromisos contractuales existentes.

Los análisis detallados de tendencias de gasto por agencia, así como las gráficas y comparativas utilizadas para sustentar estos ajustes, se incluyen en los Anejos IV y V de este memorial.

Reservas y Estabilización Fiscal

Como parte del proceso de fortalecimiento de la disciplina fiscal del GPR, el presupuesto propuesto para el AF2027 incorpora la creación y capitalización de dos reservas estratégicas dirigidas a fortalecer la resiliencia fiscal del Gobierno y mejorar su capacidad para atender presiones presupuestarias futuras.

Estas reservas permiten utilizar eficiencias identificadas durante el proceso de formulación presupuestaria para atender necesidades estratégicas del Gobierno sin comprometer la estabilidad fiscal ni la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Reserva de Mejoras de Capital

El presupuesto propuesto incluye la creación de una Reserva de Mejoras de Capital financiada con $159 millones, destinada a apoyar inversiones de capital no recurrentes.

Esta reserva estará dirigida principalmente a financiar proyectos que contribuyan a la modernización de la infraestructura gubernamental, particularmente en áreas relacionadas con: modernización de sistemas tecnológicos, digitalización de procesos gubernamentales, fortalecimiento de capacidades de manejo y análisis de datos y mejoras en eficiencia operativa del Gobierno

La creación de esta reserva permite atender necesidades estratégicas de inversión sin generar presiones recurrentes sobre el presupuesto operacional del Gobierno.

Reserva Especial de Estabilización Presupuestaria

El presupuesto propuesto también contempla la creación de una Reserva Especial de Estabilización, consistente con las disposiciones del Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (Ley 147).

Dicho artículo establece la creación de un fondo presupuestario concebido como un mecanismo de estabilización fiscal. No obstante, por décadas las disposiciones contenidas en dicha ley no fueron implementadas plenamente.

Las mejores prácticas en administración fiscal reconocen la importancia de contar con un fondo de estabilización presupuestaria, comúnmente conocido como “Rainy Day Fund”, que permita mitigar los riesgos asociados a reducciones en los ingresos o a presiones fiscales imprevistas durante el año fiscal.

En esa misma línea, el Plan Fiscal establece como política fiscal a un plazo de 10 años, la creación de un fondo de estabilización con una meta equivalente al 13.5% de los ingresos netos del Fondo General. Sin embargo, durante ciclos presupuestarios anteriores no se había contemplado la capitalización necesaria para avanzar hacia dicha meta.

Como parte del presupuesto para el AF2027, se propone la asignación de $254 millones destinada a iniciar la capitalización de este fondo de estabilización. Estos recursos provienen de ahorros generados durante los años fiscales 2025 y 2026 como resultado de controles de gastos, mejoras en los procesos de planificación presupuestaria y la implementación de herramientas analíticas más robustas.

En conjunto, estas reservas fortalecen la estabilidad fiscal del Gobierno y promueven una planificación más prudente y contribuyen a consolidar un marco de administración fiscal más resiliente y sostenible.

La proyección certificada por la JSAF supone una reducción de 1.4 por ciento en la base de ingresos comparable con respecto al Año Fiscal 2025-2026 equivalente a $186 millones. Para el Año Fiscal 2026-2027, la proyección del Plan Fiscal Certificado proyecta $13,047 millones, lo que representa una reducción marginal de 0.1 por ciento, o $9 millones en comparación con el Año Fiscal 2025-2026. No obstante, al considerar los ingresos clasificados bajo el renglón de “Otros conceptos”, los ingresos totales al Fondo General ascienden nuevamente a $13,918 millones, conforme a lo certificado en el Plan Fiscal vigente.

Desempeño de Ingresos al Fondo General – Años Fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026

Para los años fiscales correspondientes a 2023, 2024, 2025 y 2026, los ingresos netos al Fondo General mostraron una trayectoria de crecimiento moderado pero consistente, seguida por señales de normalización en el año fiscal en curso.

En el Año Fiscal 2023, los ingresos netos ascendieron a $12,597.6 millones, sirviendo como base de comparación para los años siguientes. Durante el Año Fiscal 2024, los ingresos aumentaron a $13,362.0 millones, lo que representó un incremento de $764.4 millones (6.1 %) con respecto al año anterior. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el desempeño de los renglones contributivos asociados a corporaciones y retenciones a no residentes, así como por el impacto de la transición al nuevo régimen contributivo bajo la Ley 52. Asimismo, los recaudos del Año Fiscal 2024 superaron las proyecciones originales del Plan Fiscal, confirmando un desempeño más sólido de lo anticipado.

En el Año Fiscal 2025, los ingresos netos ascendieron a $13,633.8 millones, lo que equivale a un incremento de $271.8 millones (2.0 %) frente al Año Fiscal 2024. No obstante, este crecimiento fue más moderado, reflejando un proceso de estabilización tras el aumento observado en el año anterior, así como ajustes en las fechas de vencimiento de los pagos de contribuciones y la frecuencia de pagos de estimadas contributivas.

Para el Año Fiscal 2026 corriente, para el período de julio 2025 y enero 2026, los ingresos netos alcanzan $7,069.6 millones, lo que representa unos $223 millones por encima de la proyección y una diferencia de $305.1 millones (‑4.1 %) en comparación con el mismo período del Año Fiscal 2025. Aunque estos datos son parciales y no comparables directamente con totales anuales, el comportamiento observado sugiere un entorno de recaudos más moderado y normalizado, consistente con condiciones financieras más restrictivas y la disipación de factores que impulsaron los ingresos en años previos.

Para el Año Fiscal 2026, los datos preliminares acumulados de julio a enero muestran que los recaudos del IVU al Fondo General ascendieron a $1,579.0 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente $29.0 millones, o cerca de 1.9 por ciento, en comparación con el mismo período del Año Fiscal 2025, cuando se registraron $1,550.0 millones.

Para el Año Fiscal 2026, los recaudos acumulados de julio a enero por concepto de arbitrios sobre productos del petróleo ascendieron a $291.3 millones.

El proceso presupuestario para el AF2027 refleja avances significativos en la evolución de la gobernanza fiscal del GPR. La certificación del presupuesto bajo la presente administración evidencia la consolidación de una coordinación efectiva entre la AAFAF, el Departamento de Hacienda y la OGP, así como el fortalecimiento institucional de los procesos de planificación, formulación y ejecución presupuestaria desarrollado por el CIEP. Estos avances encuentran respaldo en el reconocimiento reciente de Moody’s Ratings, que, por primera vez en cinco años, publicó un informe sustantivo sobre Puerto Rico en el cual destaca mejoras significativas en indicadores económicos clave, incluyendo niveles históricos de empleo, crecimiento sostenido en sectores estratégicos como manufactura, turismo y salud, así como importantes inversiones privadas y avances en la infraestructura energética.[1] La agencia vincula expresamente estos resultados con la disciplina fiscal y la certificación del primer presupuesto balanceado bajo PROMESA, validando el impacto y ejecución de las políticas públicas implementadas por esta Administración.

Estos aciertos se apoyan en reformas estructurales y herramientas modernas que robustecen la gestión fiscal del Gobierno. Entre ellas se destacan la implementación de un "Budget Master Plan", un Manual Presupuestario uniforme, el desarrollo del Sistema de Inteligencia de Datos (SID), la incorporación analítica avanzada y la transformación digital de los procesos fiscales. En conjunto, estas iniciativas fortalecen la disciplina presupuestaria, el monitoreo continuo del gasto y la capacidad del Gobierno para tomar de decisiones fiscales informadas.

Asimismo, el presupuesto propuesto para el AF2027 refleja un modelo de gestión fiscal más disciplinado y basado en datos, que incorpora procesos institucionales más robustos de planificación, evaluación y supervisión presupuestaria. Este enfoque permite que el proceso presupuestario no se limite únicamente a la formulación anual del presupuesto, sino que incorpore mecanismos permanentes de monitoreo, evaluación de riesgos fiscales y ajustes durante la ejecución del año fiscal.

De igual forma, dicho presupuesto se encuentra alineado con las prioridades estratégicas establecidas por la Gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón, incluyendo el fortalecimiento del sistema educativo, la seguridad pública, los servicios de salud y apoyo a las familias, el desarrollo económico, la modernización de la infraestructura y la transformación digital del Gobierno. Estas prioridades, que cumplen con el mandato del Programa de Gobierno de la Gobernadora Jenniffer González Colón, se sustentan en proyecciones de ingresos realistas, en una evaluación rigurosa de la capacidad de ejecución del GPR y en la aplicación de medidas de eficiencia dirigidas a fortalecer la sostenibilidad fiscal.

En conjunto, estas iniciativas reflejan un aparato gubernamental con mayores capacidades técnicas, mayor integración institucional y un proceso presupuestario cada vez más basado en datos, evidencia y planificación estratégica. Este progreso confirma que Puerto Rico continúa avanzando hacia un modelo de administración fiscal más sólido, transparente y resiliente, y prepara al Gobierno para un eventual escenario posterior al marco de supervisión fiscal establecido por PROMESA.

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23 de marzo de 2026

OFICINA DE LA CONTRALORA GOBIERNO DE PUERTO RICO

La Oficina de la Contralora es la entidad responsable de fiscalizar el uso de los fondos y propiedad pública del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo agencias, instrumentalidades, municipios y entidades bajo fideicomiso. Su funci6n central es realizar auditorías e investigaciones conforme a los “Generally Accepted Government Auditing Standards” (GAGAS) o Yellow Book.

Cuenta con plena autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal, lo que le permite gestionar su organización interna, sus fondos y sus transacciones sin intervenci6n de otras agencias.

Entre sus responsabilidades principales se encuentran:

  1. Examinar las cuentas, los ingresos, los desembolsos y las propiedades del gobierno.
  2. Emitir informes especiales a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa cuando identifique irregularidades o violaciones de la ley.
  3. Solicitar y obtener de las agencias todos los documentos necesarios para sus investigaciones y auditorias, incluyendo la potestad de citar testigos y requerir evidencia.
  4. Supervisar los procesos de transici6n del gobierno con fines de fiscalizaci6n, preparando informes internos y, si es necesario, iniciando auditorias adicionales.
  5. Adoptar reglamentos propios con fuerza de ley para garantizar la ejecución de sus funciones.

La OCPR tiene el mandato constitucional de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos públicos, en las tres ramas de Gobierno para determinar si las mismas se han realizado conforme a las leyes, las normas y los reglamentos que apliquen. Es por esta razón que la figura de la Contralora es una de rango constitucional.

La Oficina de la Contralora administra los adiestramientos requeridos por la Ley Núm. 58 de 2020, como parte de las funciones adicionales que se le han asignado para promover transparencia y buenas prácticas en la administración pública.

La Ley Núm. 190 de 2006 posiciona a la Oficina de la Contralora como un pilar en la supervisión ética y el manejo responsable de fondos públicos al obligarte a capacitar a funcionarios públicos de alto nivel mediante un curso oficial y estructurado. Esto refuerza su fiscalizador y ayuda a promover una administración pública más integra, preparada y transparente.

Además, del adiestramiento en contratación requerido por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta), dirigidos a empleados y funcionarios involucrados en la adquisición de bienes y servicios. De igual forma, brindamos capacitación en diversos temas relacionados con la administración pública, reconociendo la importancia de que los servidores públicos cuenten con el conocimiento adecuado para desempeñar sus funciones correctamente.

Como organismo fiscalizador, la OCPR goza de autonomía en su proceso de toma de decisiones, lo que le permite desempeñar sus funciones de manera ágil y eficaz, promoviendo el uso responsable, eficiente, económico y ético de los recursos público. La relevancia de la independencia administrativa, presupuestaria y fiscal de la OCPR se fundamenta en la naturaleza de la labor de supervisión que la ha sido asignada.

Precisamente por su función fiscalizadora, la OCPR forma parte de la Rama Legislativa y no está sujeta ni rinde cuentas a las entidades de la Rama Ejecutiva.

En resumen, la Oficina de la Contralora actúa como el ente independiente de auditoría gubernamental, encargado de velar por la transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de las leyes fiscales en Puerto Rico.

Aunque la Oficina es uno de varios organismos que garantizan la gestión gubernamental que el uso de sus recursos económicos responda a la realidad de las necesidades, la OCPR es la única entidad reconocida como Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) en Puerto Rico. Esto se debe a la responsabilidad asignada a nuestra Oficina.

Para cumplir con estas responsabilidades, tanto constitucionales como legales, la OCPR debe disponer de los recursos humanos y financieros necesarios.

Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2025-26 (Vigente)

El presupuesto asignado del Fondo General a la Oficina de la Contralora, conforme a lo

dispuesto en la Resolución Conjunta Núm.136 para el Año Fiscal 2025-2026, asciende a

$56,135,000. Dichos recursos se distribuyen entre las siguientes partidas principales:

$40,181,000 destinados a nómina y costos relacionados, $9,186,000 para gastos operacionales y $6,768,000 para el pago de Pensiones (Pay- Go)

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPFI) no cuenta con un edificio propio que funcione como su sede oficial. Actualmente, ocupa espacios arrendados en tres estructuras distintas, cuyo gasto anual asciende a $2,389,021. Estas instalaciones resultan inadecuadas para el desempeño óptimo de las funciones constitucionales que ejerce la Oficina.

La Ley Núm. 38 del 10 de enero de 1999 enmendó la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada, con el propósito de conferir a la Contralora la facultad de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes muebles para la ubicaci6n de sus oficinas, entre otros fines. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, la Oficina de la Contralora goza de completa autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal, lo que incluye la facultad expresa de adquirir, arrendar, subarrendar, poseer, usar y disponer de bienes inmuebles necesarios para su operación (Art. 4). Esta disposici6n legal responde a la necesidad de asegurar la independencia y eficiencia requeridas en la fiscalizaci6n del uso de fondos y propiedad pública.

La adquisición de un edificio institucional propio permitirá consolidar las operaciones en una sola sede, reducir los costos recurrentes asociados a arrendamientos y garantizar la estabilidad operativa a largo plazo. En resumen, la compra de un edificio para albergar la sede de la Oficina de la Contralora no solo se encuentra plenamente sustentada en la legislaci6n vigente, sino que constituye una estrategia esencial para optimizar los recursos públicos, fortalecer la autonomía institucional y asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones fiscalizadoras delegadas por la Constitución y las leyes del Gobierno.

Análisis del Presupuesto para el año fiscal 2026-2027

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico presentó ante la Asamblea Legislativa la solicitud de asignación de fondos correspondientes al año Fiscal 2026-2027, en cumplimiento con su obligación constitucional de fiscalizar el uso adecuado de los recursos y la propiedad pública del Gobierno de Puerto Rico. Durante los años fiscales recientes, la OCPR ha enfrentado diversos retos operacionales y presupuestarios que impactan directamente la capacidad institucional para ejecutar de manera efectiva su mandato constitucional, atender las obligaciones del sistema de retiro (Pay-Go) y sostener los costos recurrentes asociados al alquiler de facilidades ubicadas en distintos edificios.

La presente solicitud expone los elementos operacionales, presupuestarios y de infraestructura que fundamentan la asignación de fondos requerida para garantizar la continuidad de los servicios, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento institucional de la Oficina. Esta petición tiene como objetivo apoyar la misión de transparencia, integridad y rendición de cuentas que rige la gestión gubernamental en Puerto Rico.

El Presupuesto Solicitado para el Año Fiscal 2026-2027, para la Oficina de la Contralora de Puerto Rico es de $77,481,177. Dichos recursos se distribuyen entre las siguientes partidas principales:

Además, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPFI), solicita la asignación de $10,950,000 para la remodelación y reubicación de la Oficina en el edificio Empire Plaza Office Building, ubicado en la Avenida Muñoz Rivera #1052, esquina con Baylor Street, Rio Piedras, San Juan, Puerto Rico. Esta instalación cumple con los requisitos de espacio, seguridad y accesibilidad necesarios para el adecuado desempeño de la misión institucional de la OCPR.

La inversión proyectada para año Fiscal 2026-2027 no solo permitirá consolidar las operaciones y garantizar la continuidad de los servicios, sino que representa una medida de prudencia fiscal y visión estratégica, al sustituir décadas de gasto en renta por la construcción de un activo institucional permanente que optimice el uso de fondos públicos y fortalezca la estabilidad operacional de la Oficina a largo plazo.

En consideración a todo lo expuesto, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico reitera la importancia de los recursos solicitados para el Año Fiscal 2026-2027, los cuales resultan esenciales para garantizar la continuidad de sus operaciones, atender obligaciones presupuestarias impostergables y fortalecer la capacidad institucional necesaria para cumplir con su mandato constitucional.

La asignación de fondos aquí presentada no solo permitirá sostener las funciones de fiscalización y control que rigen la administración pública, sino que habilitará iniciativas estratégicas dirigidas a modernizar los procesos internos, mejorar la eficiencia administrativa y promover una mayor transparencia en la gesti6n gubernamental.

Asimismo, la inversión propuesta para la adquisición, remodelación y consolidación de una sede oficial constituye un paso decisivo hacia la estabilidad operacional de la Oficina, at transformar gastos recurrentes en una inversión pública responsable y sostenible. Este esfuerzo, unido a los proyectos de transformación digital, fortalecimiento de controles internos y optimización de servicios, refleja un compromiso firme con la excelencia operacional, la integridad fiscal y la protección adecuada de los recursos del Gobierno de Puerto Rico.

7 de abril de 2026

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANO (DTRH)

La ponencia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) fue presentada ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con el propósito de exponer el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026-2027, así como las prioridades programáticas y administrativas de la agencia.

En su exposición, el Departamento explicó que su gestión se fundamenta en la Ley Núm. 15 de 1931, la cual le asigna la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legislación laboral, promover el equilibrio entre trabajadores y patronos y fomentar la creación de empleo. Bajo esta base, la agencia destacó esfuerzos recientes dirigidos a mejorar la eficiencia de sus servicios, particularmente mediante iniciativas de modernización tecnológica, digitalización de procesos y expansión de programas de empleo y capacitación.

En cuanto al Presupuesto Vigente (Año Fiscal 2025-2026), se indicó que asciende a $393,405,000. Este se compone de:

Se resaltó que una porción significativa de los fondos especiales (casi $199 millones) se destina al pago de beneficios como el Seguro por Desempleo, SINOT y otros programas de protección laboral.

Por otro lado, el Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2026-2027 asciende a $397,314,000, lo que representa un aumento neto de aproximadamente $3.9 millones respecto al año anterior. Su desglose es el siguiente:

La ponencia destacó que el incremento en el presupuesto responde principalmente al aumento en los fondos especiales estatales, utilizado para compensar reducciones en otras partidas y garantizar la continuidad de servicios esenciales y beneficios laborales.

Asimismo, se subrayó una reducción significativa en gastos de servicios profesionales (alrededor de 25.9%), en línea con una política de mayor eficiencia fiscal y menor dependencia de contrataciones externas.

Finalmente, el Departamento presentó un presupuesto orientado a la modernización tecnológica, la eficiencia administrativa y la sostenibilidad fiscal, asegurando la continuidad de programas clave y fortaleciendo su rol como facilitador del desarrollo laboral en Puerto Rico.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (OATRH)

La OATRH administra la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como: “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” (en adelante, Ley 8-2017), la cual tiene como objetivo, reconociendo que nuestros servidores públicos son el recurso más importante para el Gobierno de Puerto Rico, transformar el sistema de personal del servicio público e instituir al Gobierno de Puerto Rico como Empleador Único.

El Director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), el licenciado Facundo Di Mauro Vázquez, indicó que la OATRH atiende sus deberes ministeriales con una plantilla de ochenta y cuatro (84) empleados y con un presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2025-2026 de doce millones sesenta mil dólares ($12,060,000.00).

De esta cantidad, seis millones cincuenta y nueve mil dólares ($6,059,000.00) fueron asignados a la partida de nómina. Destaca que para el cierre del Año Fiscal 2025-2026, la Oficina proyecta terminar con un presupuesto balanceado.

Para el próximo Año Fiscal 2026-2027, el presupuesto propuesto es de once millones ochocientos cuarenta y un mil dólares ($11,841,000.00), de los cuales cinco millones ochocientos ochenta y cuatro mil dólares ($5,884,000.00) serán asignados para la partida de nómina y costos relacionados.

El presupuesto propuesto de once millones ochocientos cuarenta y un mil dólares ($11,841,000.00) se desglosa de la siguiente manera:

El presupuesto propuesto refleja una disminución neta de doscientos diecinueve mil dólares ($219,000.00) en comparación con el presupuesto vigente. Esta variación responde a una reducción de doscientos sesenta y seis mil dólares ($266,000.00) en el Fondo General, parcialmente compensada por un aumento de cuarenta y siete mil dólares ($47,000.00) en los Fondos Especiales Estatales. Los recursos provenientes del Fondo General se utilizan para cubrir la nómina y los gastos operacionales de los cuatro (4) programas de la Agencia.

14 de abril de 2026

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (DTOP)

El Ing. Edwin E. González Montalvo, Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mencionó en su ponencia que la misión del Departamento establece como objetivo primordial el desarrollo de un sistema de transportación masivo integrado que, unido a la infraestructura vial y a la prestación de servicios, facilite el desarrollo económico de Puerto Rico en armonía con el ambiente.

Además, indicó que en el Secretariado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ofrecen servicios a la ciudadanía a través de tres directorias:

El Ing. Edwin E. González Montalvo, explicó que conforme con el Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, transfiere, agrupa y consolida en el Departamento a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y a la Autoridad de los Puertos. Trabajan incansablemente para llevar a Puerto Rico hacia un mayor desarrollo económico, a través de una infraestructura moderna, un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente.

Como parte del compromiso que tiene esta administración, el Ing. González destacó que han adoptado medidas inmediatas para atender, estabilizar, reparar y mitigar las áreas afectadas por deslizamientos, que coloquialmente conocemos en la agencia como los deslizamientos huérfanos. Estos son deslizamientos que algunos datan de hace más de 20 años y no cuentan con una fuente de financiamiento.

Además, el Secretario del DTOP, señaló que el presupuesto propuesto y consolidado para el Año Fiscal 2026-2027 asciende a la cantidad de $193,409,000 de los cuales, $54,978,000 provienen de la Resolución Conjunta del Fondo General y $138,431,000 provienen del Fondo Especial Estatal.

Como parte de las metas establecidas por el DTOP, el enfoque está en mejorar su funcionamiento mediante cambios significativos que se están desarrollando y ejecutando junto al equipo de trabajo. Entre las iniciativas principales, la administración continuará identificando oportunidades para mejorar el servicio al ciudadano en los CESCO, ampliando el acceso mediante ubicaciones más convenientes y horarios más abarcadores. En esa misma línea, con el objetivo de mejorar la experiencia del ciudadano, se está evaluando la reubicación de algunas oficinas a espacios más accesibles, incluyendo centros comerciales, para facilitar el acceso y optimizar el flujo de atención. A modo de ejemplo, el CESCO de Sagrado Corazón será reubicado a Plaza Las Américas, con el inicio de esta transición estimada para el mes de septiembre de 2026. Asimismo, desde la implantación del requisito federal de REAL ID, se ha registrado un aumento considerable en el volumen de gestiones y transacciones en los CESCO, ya que más ciudadanos han acudido a actualizar su identificación y a completar documentación pendiente. Este aumento de demanda reafirma la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad operacional y de servicio al ciudadano. De igual forma, se estará optimizando la gestión interna para agilizar trámites administrativos, incluyendo el pago a contratistas y suplidores, y atendiendo mejoras necesarias en las facilidades del Departamento. En el componente de recuperación, se seguirán encaminando las subastas de proyectos bajo FEMA, reforzando controles para asegurar el uso correcto de los fondos y promover el máximo nivel de utilización posible. Finalmente, se continuará incorporando tecnología para modernizar la agencia y mantener al DTOP en ruta hacia una operación más ágil y moderna. En cuanto a recursos humanos, el DTOP cuenta actualmente con 1,116 empleados y se encuentra realizando un análisis integral de su plantilla y capacidad operacional para validar, de forma responsable, las necesidades reales de personal por áreas críticas y por región, alineadas a las funciones y servicios esenciales del Departamento.

En adición el Departamento identificó necesidades puntuales que forman parte de su solicitud presupuestaria, entre ellas: fondos para el reclutamiento de 28 empleados esenciales (aprox. $997,000) dirigidos a reforzar funciones críticas; una asignación estimada de $7.323 millones para atender pagos de sentencias en casos civiles; y una asignación para apoyar el cumplimiento del Programa MS4 mediante servicios profesionales y especializados para manejo, limpieza y mantenimiento de sistemas pluviales (monto consignado en la solicitud: $2,256).

Para culminar, el DTOP solicito respetuosamente la colaboración de esta Comisión para que, durante este cuatrienio, se consideren medidas y asignaciones que fortalezcan la capacidad del DTOP y la ACT para sostener y mejorar la infraestructura vial del País.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT)

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin E. González Montalvo, indicó que la ACT es una corporación pública con personalidad jurídica separada y distinta del gobierno central, creada en virtud de la Ley 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada. La ACT tiene como deber la construcción y reconstrucción de la red vial de Puerto Rico, la administración y mantenimiento de la red de autopistas de Puerto Rico (PR-18, PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66), y los sistemas de transportación colectivo del Tren Urbano, Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano.

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) estableció que el Presupuesto Recomendado contará con una inversión sustancial en mejoras permanentes, financiada principalmente con fondos federales de la Administración Federal de Carreteras, Administración Federal de Tránsito, Emergencia Federal y del Programa de Mitigación de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG-MIT). Los programas que tendrá uso en el presupuesto son:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), explicó que el DTOP y la ACT han contribuido históricamente en el desarrollo económico que tanto Puerto Rico necesita, en especial para la industria de la construcción. Más importante aún, han mejorado significativamente la vida de los residentes de Puerto Rico renovando las condiciones de muchas vías de redaje por donde se transita diariamente, a la vez ha mitigado considerablemente los dañas asociados a las emergencias.

Actualmente la ACT cuenta con una empleomanía de 793 empleados; buscando como mejorar sus servicios el próximo año fiscal luego de la aprobación del plan de clasificación han pensado convocar unos 99 puestos. El director destaco que entiende que esta ronda de reclutamientos será una exitosa, ya que luego de la aprobación del plan de clasificación han logrado atraer nuevos talentos a la ACT.

El Secretario del DTOP y Director de la ACT mencionó que la Junta de Supervisión Fiscal le remitió carta a la ACT el 11 de marzo, la cual establece el calendario de entrega del Plan Fiscal y Presupuesto de la ACT. El calendario de trabajo comienza el 24 de abril de 2026 y finaliza el 30 de junio de 2026.

Una vez la Junta apruebe el presupuesto de la ACT según el calendario establecido la ACT remitirá copia a esta Comisión para nuestro conocimiento y análisis correspondiente.

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO (ATI)

El Director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) de Puerto Rico, el Sr. Josué Meléndez, indicó que la ATI es responsable de proveer una gama de servicios de transporte colectivo destinados a mejorar la infraestructura de transporte público de la isla y facilitar el acceso de los ciudadanos a opciones de transporte seguras y eficientes. Los servicios de transporte que ofrece la ATI incluyen el Tren Urbano, Autobuses, Lanchas y Paratránsito (Llame y Viaje)

Según indica el memorial explicativo sometido a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el Presupuesto Consolidado Recomendado para el año fiscal 2027 de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) de Puerto Rico es de $139,086,000.

Como parte de los proyectos que está trabajando la ATI el Director destacó:

16 de abril de 2026

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA (DV)

El Secretario del Departamento de la Vivienda (DV) indicó que el Departamento fue creado en virtud de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, como el organismo gubernamental responsable de elaborar y ejecutar la política pública de vivienda y desarrollo comunal del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el desarrollo de las actividades en el campo de la vivienda de interés social, así como promover la participación de entidades privadas en el desarrollo de vivienda de interés social y subsidiada.

Además, comentó que el Departamento se compone de la Secretaría de Recursos Humanos, Secretaría de Planificación Estratégica, Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Viviendas, Secretaría de Subsidio y Desarrollo Comunitario, Secretaría de Adquisición y Ventas de Propiedades y la Oficina de Sistemas de Información. También administra los Programas de Community Development Block Grant (CDBG) Estatal y Disaster Recovery y Continuum of Care Program (CDBG DR).

También cuenta con oficinas regionales en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan y tiene actualmente una plantilla de 694 empleados. Los cuales se desglosas en 238 empleados pagados con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General y 459 con Fondos Federales.

El presupuesto solicitado por el Departamento de la Vivienda para el año fiscal 2027 es de: $3,306,471,000 el cual se desglosa entre los fondos:

El Departamento de la Vivienda detalla que el presupuesto vigente refleja un uso intensivo de fondos federales, particularmente los asociados a los programas CDBG‑DR y CDBG‑MIT, cuyos desembolsos y obligaciones responden a los distintos periodos de ejecución establecidos por HUD. La agencia explica que la variabilidad en estos fondos se debe a la apertura, cierre y comportamiento de los programas, lo que obliga a ajustar continuamente las proyecciones presupuestarias. En el caso del Fondo General, se proyecta un balance en nómina sujeto a una solicitud de aumento pendiente ante la Junta de Supervisión Fiscal, mientras que se anticipa una redistribución interna para fortalecer partidas operacionales esenciales.

En cuanto a los Ingresos Propios y Fondos Especiales Estatales, Vivienda destaca que una parte significativa de los recursos se destina al subsidio de arrendamiento bajo la Ley 173‑1996, cuyo gasto proyectado es menor al asignado, permitiendo redirigir remanentes a necesidades de nómina y aumentos solicitados. La agencia también identifica deudas pendientes con suplidores y con la Administración de Vivienda Pública, relacionadas principalmente a proyectos en curso, para las cuales se gestionan redistribuciones presupuestarias que permitan su pago sin afectar operaciones.

El Secretario además presento los programas federales administrados por Vivienda, incluyendo Continuum of Care, CDBG Municipal y los múltiples componentes de CDBG‑DR y CDBG‑MIT. Estos programas abarcan desde asistencia directa al comprador, reparación y reconstrucción de viviendas, planificación municipal y comunitaria, hasta iniciativas de desarrollo económico, resiliencia energética e infraestructura crítica. Vivienda informa que, al 31 de marzo de 2026, se han desembolsado más de $5,044 millones en CDBG‑DR y cerca de $509 millones en CDBG‑MIT, reflejando el avance en la recuperación y mitigación tras huracanes, terremotos y otros eventos.

Asimismo, la agencia detallo el estado de varios proyectos de mejoras permanentes financiados con asignaciones especiales, incluyendo la culminación del Proyecto Luján en Vieques, la adquisición e instalación de generadores eléctricos, la construcción del Almacén de Manejo de Emergencias de San Juan y la compra de equipos e infraestructura para oficinas regionales. Muchos de estos proyectos han requerido extensiones de vigencia presupuestaria debido a aumentos en costos de construcción o a la magnitud de las obras.

ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA (AVP)

El Administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP) el Sr. Juan A. Rosario Hernández, indicó que el Departamento de la Vivienda (DV), fue creado en virtud de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, como el organismo gubernamental responsable de elaborar y ejecutar la política pública dé vivienda y desarrollo comunal del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el desarrollo de las actividades en el campo de la vivienda de interés social, así como promover la participación de entidades privadas en el desarrollo de vivienda de interés social y subsidiada.

Además, comentó que la Administración de Vivienda Pública (AVP), es una agencia adscrita al Departamento de la Vivienda, la cual fue creada por virtud de la Le Número 66 del 17 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "La Orgánica de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico". La AVP constituye un instrumento fundamental para administrar efectivamente los recursos de Vivienda pública, contribuir al mejoramiento de la calidad de Vida, en los residenciales públicos y fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo personal familiar de los residentes de nuestras comunidades.

El Administrador de la AVP presento un presupuesto recomendado para el año fiscal 2026‑2027 ascendente a $762.7 millones, compuesto en un 99.2 % por fondos federales. Este presupuesto refleja la magnitud de las operaciones de la agencia y su dependencia de programas federales para sostener la administración de los complejos de vivienda pública, los vales de subsidio de renta y los proyectos de rehabilitación y modernización de unidades habitacionales en toda la isla.

La distribución de gastos propuesta incluye $55.9 millones en nómina, $107.9 millones en servicios profesionales, $21.2 millones en facilidades y servicios públicos, y $222 millones en servicios comprados. Además, se asignan $90.5 millones a mejoras permanentes y capitales, $35 millones al pago de deuda pública, $48.3 millones en materiales y suministros, $68.3 millones en compra de equipos, $103.9 millones en gastos operacionales, y $3.6 millones en otros conceptos. Esta estructura evidencia un enfoque en la continuidad de servicios esenciales y en la inversión en infraestructura física y tecnológica.

La AVP destaco que el presupuesto recomendado incluye una partida de $5.8 millones en fondos estatales, destinada principalmente a cubrir la nómina de diez proyectos estatales y el gasto de nómina de empleados transferidos desde la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta integración busca optimizar los recursos humanos y fortalecer la capacidad operativa de la agencia en áreas de mantenimiento y movilidad.

En su exposición, el Administrador resalto la importancia de los programas federales que administra, como el Programa de Sección 8, que actualmente beneficia a 12,854 familias mediante vales de subsidio, incluyendo los Project‑Based Vouchers (PBV) y los vales para veteranos (VASH). Estos programas constituyen el eje de la política pública de vivienda asequible y representan una herramienta clave para atender la población de bajos ingresos y promover la estabilidad residencial.

Finalmente, la AVP reafirmó su compromiso con la modernización de los proyectos de vivienda pública, la mejora de la infraestructura y la eficiencia administrativa. El presupuesto propuesto busca garantizar la sostenibilidad de los programas federales y estatales, fortalecer la fiscalización y asegurar que los recursos asignados se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias residentes en los complejos de vivienda pública de Puerto Rico.

21 de abril de 2026

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE PUERTO RICO

El Presupuesto Vigente y el Presupuesto Propuesto del Departamento de Justicia de Puerto Rico reflejan una estrategia institucional orientada a fortalecer la administración de la justicia mediante una estructura más eficiente, accesible y sensible a las necesidades sociales del país. La propuesta presupuestaria no se limita a una distribución de recursos económicos, sino que constituye un instrumento para consolidar la capacidad operacional del Departamento, garantizar la continuidad de sus funciones esenciales y ampliar los servicios dirigidos a la ciudadanía.

El Departamento de Justicia sostiene una estructura organizacional amplia y compleja, integrada por múltiples componentes especializados que permiten atender las distintas áreas del sistema judicial y administrativo. Entre ellos se destacan las trece fiscalías regionales bajo la Oficina del Jefe de los Fiscales, las procuradurías adscritas a la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, así como divisiones técnicas especializadas en delitos económicos, crimen organizado, extradiciones, integridad pública, crímenes cibernéticos y fraude al Medicaid. Además, el Departamento administra el Registro de la Propiedad, la Oficina del Procurador General y el Albergue para Víctimas y Testigos de Delito, junto a diversas oficinas administrativas y de apoyo operacional que sostienen el funcionamiento institucional.

Dentro de esta estructura, el Departamento ha impulsado una agenda estratégica enfocada en la modernización del sistema de justicia, el fortalecimiento de la protección de víctimas y testigos y la especialización de las fiscalías. Particularmente relevante resulta la División de Coordinación de Unidades Especializadas, creada para atender asuntos de alta sensibilidad y complejidad, incluyendo violencia doméstica, delitos sexuales, maltrato de menores, conductores ebrios y atención a adultos mayores. Estas iniciativas evidencian un enfoque dirigido a ofrecer respuestas más ágiles y técnicas en áreas de alta prioridad social.

Para el año fiscal vigente, el Departamento cuenta con un presupuesto consolidado certificado de $186.5 millones, financiado principalmente mediante el Fondo General, complementado por fondos especiales estatales y federales. El Fondo General constituye la principal fuente de financiamiento de las operaciones esenciales, especialmente en lo relacionado con nómina, procesamiento criminal y servicios a víctimas. Durante el transcurso del año fiscal, la agencia ha realizado ajustes presupuestarios dirigidos a fortalecer áreas críticas, redistribuyendo recursos hacia servicios profesionales, materiales, equipos y servicios comprados para garantizar la continuidad operacional.

Al 15 de febrero de 2026, el presupuesto del Fondo General fue ajustado a aproximadamente $161.8 millones con el propósito de cubrir obligaciones legales, incluyendo el pago de sentencias, así como reforzar partidas operacionales esenciales. Asimismo, se reprogramaron cerca de $3.9 millones provenientes de subvenciones estatales para atender insuficiencias operacionales. Estas acciones reflejan un manejo fiscal activo y responsable, orientado a sostener las operaciones del Departamento dentro de un escenario de limitaciones presupuestarias.

En términos de ejecución, el Departamento mantiene niveles consistentes con las proyecciones establecidas, anticipando un cierre fiscal balanceado y con cuentas por pagar manejables. Paralelamente, continúa desarrollando proyectos de infraestructura mediante el Programa de Mejoras Permanentes, enfocados en optimizar las facilidades y centros operacionales para mejorar tanto el ambiente de trabajo como la prestación de servicios al público.

En el área de recursos humanos, el Departamento posee 1,511 puestos ocupados, aunque enfrenta vacantes en áreas altamente especializadas y de difícil reclutamiento. A pesar de estas limitaciones, la agencia ha realizado esfuerzos para fortalecer su capital humano, reconociendo que el personal constituye el eje central del sistema de justicia. Parte de la presión presupuestaria responde también a plazas creadas por ley que deben presupuestarse independientemente de su ocupación.

Los fondos especiales estatales y federales continúan desempeñando un rol complementario importante. Los fondos estatales mantienen un comportamiento estable, aunque su utilización está limitada por disposiciones legales específicas. Por su parte, los fondos federales respaldan programas de asistencia a víctimas, iniciativas tecnológicas y programas especializados; sin embargo, gran parte de estos recursos se canaliza hacia entidades no gubernamentales y su disponibilidad depende de requisitos externos, por lo que no constituyen una base estructural permanente para el presupuesto institucional.

Para el año fiscal 2026-2027, el Departamento propone un presupuesto consolidado de $182.7 millones. De esta cantidad, aproximadamente $102.2 millones se destinan a nómina, $21.2 millones a gastos operacionales y cerca de $30.2 millones a la partida de “Pay as You Go”, correspondiente al pago de obligaciones relacionadas con pensiones. Aunque el presupuesto propuesto representa una reducción de $12.7 millones respecto a la solicitud original, la diferencia frente al presupuesto vigente se reduce a aproximadamente $6.2 millones, permitiendo preservar la continuidad de las operaciones esenciales.

El desglose presupuestario evidencia que las partidas responden a necesidades operacionales concretas. En servicios profesionales, cerca del noventa y cinco por ciento de los fondos se utiliza para contratar peritos, psicólogos, traductores, intérpretes y otros profesionales indispensables para la presentación adecuada de evidencia en los tribunales. Esta inversión resulta esencial para sostener la capacidad investigativa y litigiosa del Departamento, particularmente en casos complejos que requieren prueba pericial especializada.

Asimismo, las partidas destinadas a utilidades, transportación, materiales y tecnología responden al incremento en costos operacionales y a la necesidad de modernizar sistemas esenciales como el centro de datos y las plataformas tecnológicas institucionales. Los gastos de transportación incluyen principalmente traslados de testigos y procesos de extradición, además de viajes relacionados con adiestramientos especializados requeridos para fiscales.

Un componente significativo del presupuesto propuesto corresponde al fortalecimiento del Albergue para Víctimas y Testigos de Delito. Actualmente, esta instalación se encuentra en la etapa final de reconstrucción de su primera fase, lo que permitirá ampliar su capacidad y reforzar los servicios de protección y apoyo ofrecidos a víctimas, testigos y cooperadores. La operación a plena capacidad requerirá mayores recursos en personal, seguridad, alimentación, atención médica y mantenimiento, reconociendo que algunos de estos gastos no serán recurrentes en años futuros. Esta inversión tiene un impacto directo sobre la cooperación de testigos y el procesamiento efectivo de casos criminales.

Igualmente, el presupuesto contempla iniciativas dirigidas al fortalecimiento del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico, mediante programas de formación especializada para fiscales y profesionales del derecho. Los adiestramientos ofrecidos abarcan áreas críticas como violencia doméstica, delitos sexuales, ética profesional y uso de tecnología, contribuyendo a elevar la calidad de las investigaciones y litigios.

En síntesis, el presupuesto vigente y el presupuesto solicitado reflejan un balance entre la disciplina fiscal y la necesidad de sostener funciones esenciales dentro del sistema de justicia. La propuesta presupuestaria busca garantizar la continuidad operacional del Departamento, fortalecer áreas críticas de servicio, proteger a las víctimas y modernizar la infraestructura institucional, todo ello dentro de un marco de restricciones fiscales y crecientes demandas operacionales. A través de esta asignación, el Departamento de Justicia procura continuar fortaleciendo su capacidad institucional para cumplir eficazmente con su misión constitucional y responder a las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES

La Dra. María Conte Miller, Directora del ICF, indicó que el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico fue originalmente creado bajo el amparo de la Ley Núm. 13 del 24 de julio de 1985. Actualmente, la ley orgánica es la Ley Núm. 135 del 1 de septiembre de 2020, conocida como la ‘Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico’. Su misión es analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la Verdad en Beneficio de la Sociedad. Una parte de nuestra visión es ofrecer un servicio de calidad con prontitud, caracterizado por la calidad y la sensibilidad dentro de un ambiente de compañerismo, comunicación efectiva, respeto, confianza y profesionalismo.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) presenta su memorial de presupuesto para el año fiscal 2026‑2027 en un momento en que la estabilidad fiscal y operativa de la institución es esencial para sostener el funcionamiento del sistema de justicia criminal del país. El documento expone una solicitud presupuestaria que responde a dos imperativos principales: cubrir adecuadamente los gastos recurrentes, particularmente en nómina, y atender la creciente presión sobre los costos operacionales, derivados de los avances tecnológicos, la inflación y los aumentos sustanciales en los servicios esenciales como la energía eléctrica.

Durante el año fiscal 2025‑2026, al ICF se le aprobó un presupuesto de $25,062,000, que posteriormente fue ajustado a $28,623,630 mediante fondos adicionales para deudas de años anteriores, CAPEX y una asignación extraordinaria de $2,861,630 para cubrir insuficiencias en la partida de nómina. Esta realidad sirve como antecedente directo para justificar la petición del nuevo ejercicio fiscal, dado que la institución continúa enfrentando un déficit estructural en su partida más crítica: los costos asociados al reclutamiento y retención del personal altamente especializado que sostiene sus operaciones científicas.

Este ajuste es esencial para detener la fuga de talentos, que en los pasados años ha representado pérdidas de más de $5 millones en costos asociados al adiestramiento y a la necesidad de suplir puestos críticos mediante servicios profesionales externos.

Más allá de la nómina, el Instituto advierte que el costo de operar laboratorios acreditados internacionalmente continúa en ascenso. La partida de facilidades y pagos por servicios también evidencia presiones significativas. La facturación de LUMA Energy ha generado una deuda acumulada que asciende a más de $1.6 millones, situación que se proyecta continuará empeorando en el próximo año fiscal. Los pagos por servicios de AAA también presentan deficiencias presupuestarias, demostrando que los costos fijos de operación superan consistentemente las asignaciones actuales.

En cuanto a los servicios comprados, utilizados para el mantenimiento de equipos y la contratación de especialistas esenciales para acreditaciones (como radiólogos, neurocirujanos y personal de transporte forense), el ICF indica que la asignación recomendada $1,307,000 resulta inferior al presupuesto ajustado del año previo. Esta reducción ocurre a pesar de que la dependencia ha adquirido recientemente tecnología avanzada como CT Scan Post Mortem, sistemas de ADN de lectura rápida, plataformas de análisis balístico y equipos digitales de criminalística, todos los cuales requieren contratos de mantenimiento obligatorios para conservar las acreditaciones de ANAB y NAME.

Los ajustes propuestos en las partidas de materiales, suministros y equipos también reflejan las presiones de costos ocasionadas por la inflación global y la interrupción de cadenas de suministros. Aunque la institución solicita $723,000 para materiales partida que incluye reactivos, consumibles científicos y sustancias químicas esenciales este monto representa una reducción respecto al año fiscal anterior. En cuanto a la adquisición de equipos, el ICF solicita $100,000, una cifra modesta en comparación con las necesidades reales impuestas por el desgaste natural y la obsolescencia tecnológica.

Finalmente, la institución destaca que, aunque cuenta con fondos federales y genera ingresos propios mediante servicios directos, estas fuentes son complementarias y no pueden sustituir la inversión recurrente del Fondo General. La OGP ha recomendado que el ICF aporte $534,000 en ingresos propios para el AF 2027, lo cual la agencia se compromete a alcanzar mediante esfuerzo administrativo, aunque advierte que dichas partidas no están diseñadas para cubrir costos operacionales de alto impacto.

En síntesis, el ICF solicita la aprobación consolidada de su presupuesto argumentando que la estabilidad financiera es indispensable para sostener sus acreditaciones, prevenir la fuga de profesionales y mantener el nivel de excelencia que hoy coloca al Instituto entre los mejores del mundo. La insuficiencia en partidas críticas perjudicaría directamente la capacidad del sistema de justicia para esclarecer casos criminales con prontitud y rigor científico. Por ello, la agencia enfatiza que su petición presupuestaria no representa un lujo, sino una inversión necesaria para la seguridad pública, la justicia y la confianza ciudadana.

22 de abril de 2026

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (DRNA)

La comparecencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) resalta la función esencial de la agencia y la necesidad imperativa de contar con recursos suficientes para cumplir con sus deberes legales, operacionales y constitucionales. La solicitud presupuestaria presentada se centra en garantizar la continuidad de los servicios ambientales, de conservación y de infraestructura crítica, cuya interrupción representaría riesgos directos a la vida, la propiedad y el bienestar del Pueblo de Puerto Rico.

La agencia opera al amparo de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, conocida como su Ley Orgánica, la cual le delega la responsabilidad de implantar la política pública ambiental contenida en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, el DRNA opera bajo la Ley de Política Pública Ambiental Ley Núm. 416‑2004 y la Ley Núm. 171‑2018, que consolida funciones de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales dentro del Departamento. Conforme a estas leyes, el DRNA es responsable de manejar, proteger y administrar los recursos naturales y ambientales, incluyendo aire, agua, costas, vida silvestre, bosques, parques nacionales y bienes públicos marítimo‑terrestres.

En su misión institucional, el DRNA establece como propósito proteger, conservar y administrar los recursos ambientales de la isla de forma balanceada, garantizando el disfrute intergeneracional y la calidad de vida del pueblo. Su visión es propiciar un ambiente sano mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la transformación de la cultura ambiental hacia la conservación, en colaboración con todos los sectores sociales.

El DRNA opera múltiples funciones esenciales, entre ellas regulación ambiental, manejo de parques nacionales, control de inundaciones, administración de casas bombas, conservación de recursos naturales, respuesta ambiental a emergencias, evaluación de permisos y fiscalización ambiental. La agencia advierte que la insuficiencia de recursos presupuestarios amenaza la continuidad de estas funciones, afectando desde la operación de infraestructura crítica hasta los procesos de permisos, las labores del Cuerpo de Vigilantes y la protección de ecosistemas y vida silvestre.

Según el memorial, el presupuesto vigente aprobado para el AF 2025‑26 bajo el Fondo General ascendió a $122,469,000, cifra que aumentó durante el año a $135,554,459 por reasignaciones relacionadas con servicios críticos como el arrendamiento de bombas portátiles para controlar inundaciones. Al mes de febrero de 2026, el DRNA había utilizado el 77% de estos fondos y se proyectaba culminar el año con un 98% de utilización, reflejando eficiencia en el manejo de recursos. No obstante, la agencia destaca limitaciones sustanciales en ingresos propios y fondos especiales cuya disponibilidad depende de procesos de recaudación tardíos y aprobaciones federales, lo cual afecta su liquidez operacional.

Para el AF 2026‑2027, la agencia solicitó un presupuesto consolidado de $391,365,000, distribuido entre Fondo General, ingresos propios y fondos federales. Sin embargo, el presupuesto propuesto preliminarmente por OGP asciende a $298,638,000, reflejando recortes en partidas del Fondo General. La agencia recalca que estos recortes impactan directamente funciones que lleva a cabo el Departamento.

El DRNA justifica su solicitud en partidas específicas, incluyendo nómina, servicios públicos, servicios comprados, servicios profesionales, mejoras permanentes (CAPEX) y pareo de fondos federales. La agencia explica que estos aumentos no responden a expansión institucional, sino a necesidades reales y verificables relacionadas al cumplimiento con acuerdos federales, obligaciones legales, proyectos de infraestructura crítica y obligaciones ambientales estatales y federales. Por ejemplo, la partida de pareo federal que asciende a más de $40 millones solicitados es indispensable para poder acceder a sobre $163 millones en fondos federales, particularmente para proyectos de agua limpia, mitigación de inundaciones y mejoras ambientales de gran escala. De igual forma, la ponencia del Departamento incluye un desglose de los programas operacionales del DRNA, entre ellos el Cuerpo de Vigilantes, la administración de casas bombas, la conservación de áreas naturales protegidas, la gestión de permisos y endosos, la educación ambiental y la respuesta a emergencias ambientales.

En su conclusión, el DRNA enfatiza que el presupuesto recomendado para el AF 2026‑2027 debe evaluarse considerando la naturaleza esencial de sus funciones y el impacto directo que cualquier limitación presupuestaria tendría sobre la seguridad pública, la salud ambiental y el cumplimiento estatal y federal. El Departamento solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa que considere favorablemente la aprobación de las partidas necesarias para garantizar una operación mínima eficaz, evitando riesgos que comprometan la vida, la propiedad y la integridad ecológica del país.

23 de abril de 2026

JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

El Memorial Explicativo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026-2027 presenta un análisis de las necesidades fiscales y operacionales de la entidad encargada de administrar los sistemas de pensiones de los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico. La agencia tiene como misión garantizar la administración y el pago de beneficios de retiro a empleados activos, pensionados y beneficiarios del Gobierno Central, la Judicatura y el magisterio, incluyendo la gestión de los planes de beneficios definidos y el Plan de Aportaciones Definidas establecido bajo la Ley 106-2017.

La Junta de Retiro opera bajo el marco legal de las distintas leyes que regulan los sistemas de retiro gubernamentales, particularmente la Ley 106-2017, que reorganizó el sistema de pensiones del sector público bajo el modelo “PayGo” y el Plan de Aportaciones Definidas. La agencia señala que sus funciones son únicas dentro del Gobierno de Puerto Rico y que no existen otras entidades que ofrezcan servicios equivalentes.

En términos fiscales, el presupuesto vigente para el año fiscal 2025-2026 asciende a aproximadamente $79.5 millones provenientes del Fondo General, incluyendo $23 millones en asignaciones especiales. Estas asignaciones cubren beneficios del programa PayGo, seguros de vida para policías y oficiales de alto riesgo, y aportaciones patronales relacionadas con el Retiro Mejorado de la Policía.

Para el año fiscal 2026-2027, la Junta de Retiro recibió una recomendación presupuestaria de $52.5 millones, cifra menor al presupuesto solicitado de $59 millones. La agencia advierte que esta reducción la capacidad de llenar plazas vacantes y podría impactar los servicios que ofrece la entidad a pensionados y empleados públicos.

El memorial también destaca que la Junta mantiene obligaciones significativas relacionadas con el sistema PayGo y otros beneficios de retiro. Para el año fiscal 2027 se proyecta recibir aproximadamente $31 millones para cubrir reembolsos de aportaciones y beneficios por muerte bajo PayGo, además de cerca de $42 millones para aportaciones patronales vinculadas al retiro mejorado de la Policía. De igual forma se proyecta un gasto a través del sistema PayGo por $2,042,000,000.

Asimismo, la agencia expone varios retos administrativos y de infraestructura. Entre ellos se encuentran deudas acumuladas de años anteriores, proyectos de mejoras permanentes y reclamaciones relacionadas con daños ocasionados por los huracanes Irma y María. La Junta informó que trabaja con FEMA en un proyecto de rehabilitación del edificio de la Administración de los Sistemas de Retiro, estimado en más de $26 millones, financiado principalmente con fondos federales y CDBG-DR.

En términos generales, el memorial refleja la importancia de la Junta de Retiro dentro de la estructura gubernamental de Puerto Rico, particularmente por su responsabilidad en la administración de pensiones y beneficios de retiro para miles de servidores públicos. A pesar de las limitaciones presupuestarias y los retos operacionales, la agencia sostiene que continúa enfocada en garantizar la estabilidad y continuidad de los servicios esenciales relacionados con el retiro y la seguridad económica de los pensionados del gobierno.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El Departamento de Agricultura comparece ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto para detallar el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2026‑2027, subrayando su importancia para la continuidad de las funciones que le confiere su ley orgánica y para el fortalecimiento del sector agropecuario del país. La estructura del Departamento responde al Plan de Reorganización 4‑2010, según enmendado, que reorganizó al Departamento y agrupa sus agencias adscritas: la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la Autoridad de Tierras (AT), la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA), el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Esta estructura organizativa permite articular política pública desde la planificación hasta la ejecución en todos los componentes de la industria agrícola.

La misión del Departamento de Agricultura consiste en implantar la política pública agraria del Gobierno de Puerto Rico, estableciendo y ejecutando planes, programas e iniciativas para promover, desarrollar e impulsar la economía agropecuaria. El Departamento tiene la responsabilidad de garantizar un sistema agrícola dinámico, sostenible, competitivo y capaz de responder a los retos ambientales, económicos y regulatorios del país.

En el análisis presupuestario, el memorial presenta un contraste entre el presupuesto consolidado vigente para el Año Fiscal 2025‑2026 y el presupuesto recomendado para el 2026‑2027. Actualmente, el Departamento opera con un presupuesto consolidado de $43,416,000, compuesto por $38,911,000 del Fondo General, $3,558,000 de ingresos especiales y $947,000 en fondos federales. Para el próximo año fiscal, el presupuesto recomendado asciende a $42,821,000, lo que implica una reducción en el Fondo General ahora de $38,228,000 y un aumento moderado en los ingresos especiales $3,646,000 manteniéndose inalterado el nivel de fondos federales.

Sin embargo, el Departamento mencionó la necesidad de una asignación presupuestaria mayor para sostener la operación completa del conglomerado que compone el Departamento y atender prioridades programáticas.

El desglose del presupuesto solicitado resalta áreas fundamentales: $11,039,000 para nómina y costos relacionados, esenciales para mantener la fuerza laboral; $12,000,000 en subsidios y donativos, que apoyan directamente a agricultores y agroempresas; $15,000,000 en aportaciones a entidades no gubernamentales, que reflejan la colaboración multisectorial en proyectos agrícolas; $12,194,000 para PayGo,relacionado a obligaciones de retiro; y $1,080,000 para compra de equipo, necesario para actualizar infraestructura, laboratorios y servicios operacionales. La asignación también incluye partidas dirigidas a servicios profesionales, transportación, materiales, suministros y mantenimiento, componentes indispensables para la ejecución de programas técnicos y regulatorios.

El Fondo de Ingresos Especiales incrementado a $3,646,000 proviene de trámites e inspecciones, permisos de importación agrícola, multas y servicios de laboratorio veterinario, entre otros. Estos fondos están regulados por las leyes que establecen que solo pueden utilizarse para sostener la operación de las oficinas que los generan.

Por su parte, los $947,000 en fondos federales respaldan iniciativas programáticas críticas relacionadas con la prevención de plagas, certificación de aplicadores de plaguicidas, monitoreo estadístico, inspecciones agrícolas y proyectos de desarrollo sostenible. Entre las iniciativas apoyadas se destacan: acceso a fincas para jóvenes agricultores, fortalecimiento de la industria lechera, expansión de la acuicultura, desarrollo de fincas orgánicas, creación de sistemas de riego resilientes en el sur y conservación de recursos hídricos.

El Departamento enfatiza que el presupuesto recomendado permitirá cumplir cabalmente con su misión y con los propósitos de su ley orgánica, especialmente al promover una agricultura sostenible, tecnológicamente moderna y resiliente al cambio climático. La inversión en nuevas tecnologías, en la capacitación del personal y en la consolidación de funciones regulatorias permitirá reducir burocracia, mejorar servicios y aumentar la competitividad del sector agrícola. Para el Departamento, esta asignación no solo garantiza la continuidad de servicios esenciales, sino que representa una inversión estratégica para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de Puerto Rico.

Finalmente, el memorial exhorta a la Asamblea Legislativa a considerar favorablemente la aprobación del presupuesto solicitado, al constituir un plan fiscal alineado con la política pública vigente y capaz de impulsar el desarrollo rural, proteger los recursos naturales y apoyar a los agricultores, quienes son pilares fundamentales de la economía puertorriqueña.

AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO (ATPR)

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) presenta un panorama detallado sobre la situación fiscal, operacional y administrativa de la agencia, así como las necesidades presupuestarias identificadas para continuar apoyando el desarrollo agrícola del país. El documento expone cómo la Autoridad de Tierras, creada mediante la Ley Núm. 26 de 1941 y adscrita al Departamento de Agricultura, mantiene la responsabilidad de custodiar y administrar terrenos agrícolas para garantizar su uso productivo y preservar los recursos agrícolas de Puerto Rico.

El memorial destaca que la misión principal de la ATPR es poner terrenos agrícolas a disposición de agricultores mediante arrendamientos viables que permitan el desarrollo de proyectos agrícolas y contribuyan a la seguridad alimentaria del país. La agencia también tiene la responsabilidad de proteger terrenos con alto valor agrícola y evitar la pérdida de tierras destinadas a la producción de alimentos. Esta función cobra mayor importancia en el contexto actual, donde el fortalecimiento de la agricultura local es considerado un componente estratégico para el desarrollo económico y la reducción de la dependencia de importaciones.

En el análisis del presupuesto vigente para el año fiscal 2025-2026, el documento refleja que la Autoridad operó con un presupuesto consolidado de aproximadamente $12.2 millones, financiado principalmente con ingresos propios. La mayor parte de estos recursos se destinó a nómina, gastos operacionales y obligaciones relacionadas con el sistema de retiro “Pay Go”. No obstante, el memorial evidencia las presiones fiscales que enfrenta la agencia, particularmente debido a deudas acumuladas relacionadas con contribuciones sobre la propiedad, multas ambientales, préstamos y obligaciones de retiro. Estas deudas representan una carga significativa para la estabilidad financiera de la Autoridad y limitan su capacidad operacional.

Asimismo, señala que durante el año fiscal se realizaron ajustes presupuestarios mediante transferencias y aumentos autorizados para atender obligaciones legales y operacionales, incluyendo pagos relacionados con expropiaciones y seguros de propiedad. A pesar de estas medidas, la Autoridad continúa enfrentando limitaciones económicas y una reducción en su plantilla laboral. El memorial muestra una disminución progresiva en los puestos ocupados durante los últimos años fiscales, reflejando los retos administrativos y fiscales que enfrenta la institución.

Para el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027, la ATPR solicitó una asignación de aproximadamente $13.1 millones, aunque la recomendación presupuestaria fue reducida a cerca de $12.5 millones. Según el memorial, esta diferencia impacta particularmente áreas relacionadas con servicios profesionales, limpieza de canales, seguros de propiedad y el pago de intereses de préstamos. La agencia argumenta que estos recursos son necesarios para mantener operaciones y atender programas de infraestructura rural y mantenimiento agrícola.

El memorial también resalta la importancia de los fondos federales recibidos a través del programa Local Food Purchase Assistance Cooperative Agreement Program (LFPA). Mediante esta iniciativa, se proyecta distribuir cientos de miles de cajas de alimentos con productos agrícolas locales a comunidades vulnerables en Puerto Rico. Este programa busca fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro alimentaria y apoyar directamente a los agricultores puertorriqueños, promoviendo simultáneamente la seguridad alimentaria y el desarrollo económico rural.

Otro tema importante abordado en el documento es el deterioro de la infraestructura física de la agencia. La sede de la Autoridad de Tierras enfrenta problemas estructurales significativos, incluyendo daños en techos y necesidades de reparación en sus instalaciones. Además, el memorial menciona reclamaciones pendientes relacionadas con los daños ocasionados por el huracán María, los cuales afectaron tanto las estructuras de la agencia como los terrenos agrícolas administrados por la entidad.

En términos generales, el memorial presenta a la Autoridad de Tierras como una institución fundamental para la preservación y desarrollo del sector agrícola puertorriqueño. A pesar de las dificultades fiscales, operacionales y estructurales, la agencia plantea que las inversiones solicitadas son necesarias para continuar administrando terrenos agrícolas, apoyar a los agricultores y fortalecer la capacidad productiva del país. Enfatizan que la agricultura continúa siendo un elemento estratégico para la estabilidad económica y alimentaria de Puerto Rico, por lo que resulta indispensable mantener el respaldo gubernamental a las funciones y programas de la Autoridad de Tierras.

FONDO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA DE PUERTO RICO (FIDA)

El Memorial Explicativo del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA) para el Año Fiscal 2026-2027 expone las prioridades fiscales y programáticas de la corporación, resaltando su función como instrumento principal de financiamiento, promoción y desarrollo del sector agrícola en Puerto Rico. La entidad enfatiza que su misión es apoyar al agricultor mediante incentivos, capacitación, acceso a mercados y programas de financiamiento que fomenten la producción local y la seguridad alimentaria.

El presupuesto vigente para el año fiscal 2025-2026 asciende a $13.9 millones, financiados completamente con ingresos propios. La mayor parte de estos recursos se destina a incentivos y subsidios agrícolas, aportaciones a entidades no gubernamentales y gastos operacionales relacionados con servicios al agricultor. Para el año fiscal 2026-2027, FIDA solicita un presupuesto de $14.186 millones, lo que representa un aumento de $274 mil respecto al año anterior. Este incremento responde principalmente a ajustes en nómina, servicios profesionales y obligaciones relacionadas con el sistema de retiro PayGo.

Entre las partidas más significativas se encuentran los $6 millones destinados a incentivos y subsidios agrícolas, los cuales representan una de las principales herramientas de financiamiento para pequeños y medianos agricultores. Asimismo, se asignan $4.205 millones para aportaciones a entidades no gubernamentales, dirigidas a proyectos de mercadeo agrícola, energía renovable, infraestructura agrícola, promoción de productos locales y programas de capacitación agroempresarial.

El memorial destaca programas estratégicos como “Placita en Plaza” y la marca “Delpaís”, iniciativas enfocadas en aumentar el consumo de productos locales y mejorar el acceso de los agricultores a mercados comerciales. También se resaltan los incentivos para sistemas de energía renovable en proyectos agrícolas, mediante subvenciones de hasta el 50 % del costo de instalación de sistemas fotovoltaicos y otras tecnologías energéticas.

Además, FIDA enfatiza la importancia de la capacitación agrícola y empresarial mediante cursos relacionados con mercadeo, exportación, inocuidad de alimentos y cumplimiento con regulaciones federales. Estos programas buscan fortalecer la competitividad agrícola y fomentar el relevo generacional en la industria.

En términos generales, el memorial presenta a FIDA como una corporación esencial para el desarrollo agrícola de Puerto Rico. A pesar de operar con una estructura administrativa pequeña y depender completamente de ingresos propios, la agencia sostiene que sus programas de financiamiento, mercadeo y capacitación son fundamentales para fortalecer la agricultura local, apoyar a los agricultores y contribuir al desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.

ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) presentó su Memorial Explicativo correspondiente al Año Fiscal 2026‑2027 como parte de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda. ADEA forma parte del Departamento de Agricultura, organismo al que la Constitución de Puerto Rico, mediante su Artículo IV, Sección 6, le otorga la autoridad para establecer la política pública agrícola y ejecutar programas dirigidos a promover, desarrollar y facilitar la producción agrícola en beneficio del país. Dicha política pública se materializa mediante programas de apoyo técnico, incentivos, subsidios e infraestructura agrícola que buscan garantizar el abasto de alimentos y promover el desarrollo económico. Dentro de este marco legal, la misión de ADEA se orienta a fortalecer las empresas agropecuarias mediante servicios directos al agricultor, incentivos económicos, programas de mercadeo y apoyo logístico y operacional.

La comparecencia de ADEA se concentra en el análisis y justificación del presupuesto solicitado para el Año Fiscal 2026‑2027, el cual, según expone, es indispensable para sostener los programas que dan estabilidad al sector agrícola y asegurar el funcionamiento operacional de la agencia. El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2025‑2026 asciende a aproximadamente $160.7 millones, mientras que ADEA solicita para el Año Fiscal 2026‑2027 un total de $263.9 millones. Sin embargo, el presupuesto propuesto por las entidades fiscales se reduce a $159.7 millones. La ADEA justifico su petición presupuestaria para atender necesidades en área o partidas de tastos tales como nómina, gastos operacionales, incentivos agrícolas y mejoras permanentes.

ADEA detalla que, los gastos incurridos totalizan $98.3 millones y se concentran mayormente en programas como Dirección y Administración General, Incentivos y Subsidios para el Sector Agrícola, Mercadeo y Servicios al Sector Agrícola. Al desglosar por fuentes de financiamiento, se observa que la mayor carga presupuestaria proviene del Fondo General, complementado por ingresos especiales, mientras que la agencia no administra fondos federales directos ni recibe asignaciones federales para transferencia a otras entidades. Esto enfatiza la necesidad de un financiamiento adecuado por parte del Estado, dado que la estructura operacional de ADEA depende fundamentalmente del presupuesto local.

La agencia también resalta la necesidad de financiamiento para completar proyectos de mejoras permanentes, esenciales para modernizar sistemas tecnológicos, fortalecer la infraestructura operativa y optimizar servicios dirigidos al agricultor. Entre las necesidades identificadas se incluyen la actualización de sistemas Oracle, la adquisición de equipos de comunicación, la modernización de servidores, la optimización de la red informática y la reestructuración de servicios en la nube. Muchos de estos proyectos se encuentran en curso y requieren asignaciones adicionales para poder completarse.

El memorial destaca además la importancia de los programas de incentivos agrícolas administrados por ADEA, que incluyen subsidios salariales, incentivos por cosecha, ayudas a industrias específicas como la porcina, avícola, pesquera y apícola, mecanismos de inversión para infraestructura agrícola, reemplazo de ganado lechero, apoyo a pequeños empresarios agrícolas, compra y distribución de semillas, servicios de mercadeo agrícola y manejo de Centros de Mercadeo a nivel regional. Estos programas, esenciales para fomentar la producción agrícola local y apoyar a los agricultores frente a los altos costos de operación, requieren recursos presupuestarios adecuados para continuar impactando positivamente al sector. La reducción en partidas solicitadas pone en riesgo la otorgación de estos incentivos, que constituyen una herramienta crítica para mantener la competitividad del agricultor puertorriqueño.

En su conclusión, ADEA advierte que el presupuesto recomendado por el aparato fiscal no atiende todas las necesidades de la agencia para cumplir con su misión institucional. ADEA solicita la aprobación de un presupuesto que permita sostener una operación adecuada y garantizar la continuidad de sus programas para cumplir con la política pública agrícola del Gobierno de Puerto Rico.

30 de abril de 2026

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO

El Departamento de Educación presentó su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2026‑2027 destacando que su función emana del mandato constitucional de garantizar una educación pública gratuita y de calidad, conforme al Artículo II, Sección 5, y a la Ley 85‑2018, que estructura su organización y responsabilidades. La agencia subrayó que opera además bajo un marco federal amplio (ESSA, ESEA, IDEA y la Ley Perkins) que impone obligaciones programáticas y de cumplimiento que inciden directamente en la planificación fiscal del sistema educativo.

La solicitud presupuestaria del Departamento de Educación para el año fiscal 2026‑2027 asciende a un total consolidado de $4,665,660,000. De esta cantidad, $3,586,995,000 provienen del Fondo General, mientras que $1,074,229,000 corresponden a fondos federales y $354,000 de fondos especiales y $4,682,000 de ingresos propios. El desglose por partidas refleja asignaciones significativas en áreas esenciales como nómina, servicios educativos, remedio provisional, servicios relacionados a Educación Especial y mantenimiento de planteles. Esta estructura presupuestaria evidencia que la mayor parte del financiamiento solicitado depende de recursos estatales, mientras que los restantes fondos están sujetos a las restricciones y requisitos de cumplimiento de los programas federales.

La ponencia enfatiza la magnitud y complejidad operacional del Departamento, que atiende 231,010 estudiantes en 872 escuelas, con una plantilla de 47,878 empleados y una infraestructura de más de 5,300 edificios, muchos con décadas de antigüedad. El sistema no solo ofrece servicios académicos, sino también transportación, comedores, enfermería, apoyo socioemocional, educación ocupacional y postsecundaria, además de servir como infraestructura crítica en procesos electorales y emergencias.

Un componente central de la exposición es el Programa de Educación Especial, que atiende 86,949 estudiantes en escuelas públicas y 22,545 adicionales en escenarios no tradicionales. El Departamento recalca que esta población representa una porción sustancial del presupuesto debido a obligaciones fijas y servicios especializados. Por ello, aunque el presupuesto consolidado pueda percibirse como elevado, gran parte está precomprometida y limita la flexibilidad fiscal.

El Memorial detalla que el sistema impacta realmente a 255,377 estudiantes, más allá de la matrícula oficial, al incluir estudiantes en escuelas privadas a costo público, Head Start, centros de cuido, Proyecto CASA e instituciones juveniles. Esta amplitud de responsabilidades explica que solo $246.8 millones, equivalentes a 4.74 % del presupuesto consolidado, constituyan el margen real de discreción del Departamento, una vez descontados nómina, pensiones, servicios esenciales, remedio provisional y otros compromisos ineludibles.

La agencia también destacó avances administrativos significativos, incluyendo un 99 % de cumplimiento del Comprehensive Corrective Action Plan (CCAP), la digitalización de procesos, la modernización fiscal, la implantación del modelo de presupuesto basado en el estudiante y una ejecución de fondos que ha alcanzado hasta 96 % en las escuelas. Estas mejoras buscan fortalecer la eficiencia, la transparencia y la toma de decisiones basada en datos.

En el ámbito académico, el Departamento reportó aumentos sostenidos en los niveles de proficiencia en Español, Matemáticas, Inglés y Ciencias, superando incluso los niveles previos a la pandemia. Según la ponencia, estos resultados responden a “mejores materiales, mayor alineación curricular y apoyo directo al maestro”. Asimismo, la tasa de graduación aumentó de 73 % en 2021‑2022 a 77 % en 2024‑2025, reflejando mejoras en retención y culminación de estudios.

El Memorial también aborda la reducción sostenida en la matricula, un 41 % en 30 años, y una disminución reciente de 2.03 % entre 2024‑2025 y 2025‑2026, atribuida a factores demográficos como la baja natalidad y la migración. Las proyecciones apuntan a una reducción adicional de 13.85 % al 2029‑2030. Aun así, el sistema ha mantenido estabilidad en la cantidad de escuelas y ha diversificado su oferta educativa, incluyendo programas bilingües, ocupacionales, Montessori y especializados.

Finalmente, el Departamento enmarca su solicitud presupuestaria dentro del Plan Estratégico 2026‑2030, que establece seis metas: mejorar el aprovechamiento académico; promover el bienestar integral del estudiante mediante un modelo biopsicosocial; fortalecer la participación familiar; empoderar a líderes educativos; modernizar la infraestructura tecnológica; y optimizar la gestión administrativa mediante descentralización, eficiencia y uso de datos. La agencia sostiene que el presupuesto solicitado es esencial para sostener la operación, cumplir con obligaciones legales y continuar la transformación educativa del país.

4 de mayo de 2026

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO (DDEC)

El Hon. Sebastián Negrón Reichard, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), explicó que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se presenta, para el año fiscal 2026-2027, como el eje fundamental del Gobierno de Puerto Rico para fomentar el desarrollo económico sostenible y competitivo de la Isla. Esta agencia, que consolida diversas oficinas y programas bajo una sola estructura organizativa, está estratégicamente posicionada para enfrentar los retos del presente y capitalizar las oportunidades del futuro. Su enfoque holístico e integrado permite coordinar esfuerzos antes dispersos, aumentando así su efectividad e impacto en los sectores económicos clave.

Además, indicó que con una fuerza laboral de aproximadamente 500 empleados distribuidos entre oficinas como la de Incentivos para Negocios, Gerencia de Permisos, Desarrollo de Negocios y Energía, así como entidades como la Compañía de Fomento Industrial y la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, el DDEC ha consolidado un modelo operativo que busca maximizar la inversión pública en proyectos de alto impacto.

El Memorial Explicativo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las prioridades fiscales y estratégicas de la agencia encargada de promover el desarrollo económico, la inversión y la creación de empleos en Puerto Rico. El Departamento opera bajo la Ley 141-2018, que reorganizó y consolidó las funciones relacionadas con permisos, incentivos, desarrollo empresarial y política económica. Su misión es fomentar el crecimiento económico sostenible mediante la atracción de inversión, el fortalecimiento del empresarismo local y la modernización de la economía puertorriqueña.

En el aspecto fiscal, el DDEC solicita para el AF2027 un presupuesto consolidado de aproximadamente $107.4 millones, compuesto por $29.7 millones del Fondo General y $77.7 millones en ingresos propios. Esta cifra representa un aumento significativo respecto al presupuesto vigente del AF2026, que asciende a $78.6 millones. El incremento responde principalmente a gastos relacionados con nómina, servicios profesionales, obligaciones PayGo y proyectos de mejoras capitales.

El memorial destaca que el Departamento genera una cantidad considerable de ingresos propios, particularmente mediante arrendamientos de propiedades comerciales administradas por la agencia. Actualmente, estas instalaciones producen cerca de $15 millones anuales en ingresos. Como parte de su propuesta presupuestaria, el DDEC solicita $14.8 millones para mejoras de infraestructura en propiedades ubicadas en Guaynabo, Mayagüez, Hato Rey y Ponce, argumentando que estas inversiones son necesarias para preservar empleos, mantener operaciones y proteger activos económicos importantes.

Además del presupuesto estatal, el Departamento administra aproximadamente $297 millones en fondos federales vinculados a programas de desarrollo laboral, energía, innovación y apoyo empresarial. Entre los principales programas se encuentran las asignaciones bajo la ley Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA), aunque el memorial advierte sobre una reducción proyectada de fondos federales para el AF2027.

El documento también identifica varias prioridades estratégicas para el AF2027, incluyendo la modernización del sistema de permisos mediante un nuevo Código de Planificación y Permisos, la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la logística de carga aérea y una estrategia para atraer industrias de alto valor como la manufactura de semiconductores. Para estas iniciativas, el DDEC solicita asignaciones específicas destinadas a tecnología, reorganización institucional y desarrollo económico.

En términos generales, el memorial proyecta al DDEC como la principal agencia de desarrollo económico de Puerto Rico, enfocada en modernizar la estructura gubernamental, atraer inversión privada y fortalecer la competitividad de la isla. La agencia sostiene que las inversiones y aumentos presupuestarios solicitados son necesarios para impulsar el crecimiento económico, agilizar servicios y posicionar a Puerto Rico en sectores estratégicos de la economía global.

AUTORIDAD DE REDESARROLLO LOCAL PARA ROOSEVELT ROADS

Memorial Explicativo de la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads para el Año Fiscal 2026-2027 expone las necesidades fiscales y operacionales de la entidad encargada del redesarrollo de los terrenos y facilidades anteriormente ocupados por la Marina de los Estados Unidos en Roosevelt Roads, Ceiba. La misión principal de la Autoridad consiste en impulsar el desarrollo económico sostenible de esta antigua base naval mediante proyectos de infraestructura, inversión privada y rehabilitación de propiedades estratégicas. Además, la entidad administra servicios esenciales dentro de Roosevelt Roads, incluyendo los sistemas de agua potable, alcantarillado, electricidad, mantenimiento y seguridad de las instalaciones.

La Autoridad señala que requiere una estructura presupuestaria más robusta para cumplir con los objetivos establecidos en los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal y en la política pública de desarrollo económico del Gobierno de Puerto Rico. Para el AF2027, la agencia solicita aproximadamente $9.8 millones para gastos operacionales, de los cuales $8.8 millones provendrían del Fondo General y $1 millón de ingresos propios, además de una asignación adicional de $15 millones para proyectos de inversión de capital (CapEx). La agencia sostiene que históricamente ha operado con presupuestos insuficientes, cercanos a $3 millones anuales, lo que ha limitado su capacidad de ejecutar proyectos estratégicos y mejorar la infraestructura de Roosevelt Roads.

Asimismo, la Autoridad destaca que dejará de recibir subvenciones federales que anteriormente ayudaban a sufragar gastos de nómina y servicios profesionales. En años previos recibió fondos federales bajo el programa Community Economic Adjustment Assistance del Departamento de Defensa federal; sin embargo, para el AF2027 ya no se proyectan nuevas asignaciones federales para operaciones. Esta situación aumenta la dependencia del Fondo General para garantizar la continuidad operacional y el cumplimiento de obligaciones regulatorias y fiscales.

Entre las principales necesidades presupuestarias identificadas se encuentra el reclutamiento de personal técnico especializado, particularmente ingenieros y profesionales en áreas regulatorias, fiscales y de infraestructura. La Autoridad explica que actualmente cuenta con personal limitado para supervisar múltiples proyectos de desarrollo y rehabilitación en Roosevelt Roads, afectando la capacidad operacional y el cumplimiento con auditorías estatales y federales. También se enfatiza la necesidad de fortalecer las áreas de mantenimiento, rehabilitación de propiedades vacantes y modernización tecnológica para aumentar los ingresos propios mediante nuevos arrendamientos e inversión privada.

Otro aspecto prioritario es la inversión en infraestructura crítica, especialmente en los sistemas de agua potable, energía eléctrica y saneamiento sanitario. Aunque se han realizado avances importantes, aún existen sectores de Roosevelt Roads que requieren rehabilitación y mejoras permanentes para apoyar el desarrollo residencial, comercial e industrial proyectado para la región este de Puerto Rico. La Autoridad sostiene que sin una asignación presupuestaria adecuada se pone en riesgo la capacidad de atraer inversión y continuar el proceso de redesarrollo económico del área.

En términos generales, el memorial presenta a la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads como una entidad clave dentro de la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico. Las solicitudes presupuestarias para el AF2027 están dirigidas principalmente a fortalecer la infraestructura, ampliar la capacidad operacional y acelerar el redesarrollo de Roosevelt Roads como motor de inversión, creación de empleos y crecimiento económico sostenible para la isla.

COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO (PRIDCO)

Memorial Explicativo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las prioridades operacionales y fiscales de la corporación pública encargada de administrar propiedades industriales y promover el desarrollo económico de Puerto Rico. PRIDCO opera bajo la Ley Núm. 188 de 1942, conocida como la Ley de la Compañía de Fomento Industrial, y su misión consiste en atraer inversión, facilitar el establecimiento de empresas y administrar estratégicamente activos públicos para fomentar la creación de empleos y el crecimiento económico.

La corporación destaca que su modelo operacional se basa en la autosuficiencia fiscal, principalmente mediante ingresos generados por arrendamientos y administración de propiedades industriales, sin depender del Fondo General. Entre sus principales funciones se encuentran el arrendamiento de edificios industriales, disposición y venta de propiedades públicas, rehabilitación de facilidades y promoción de inversión en coordinación con otras agencias del componente económico del gobierno.

En el aspecto fiscal, PRIDCO resalta un amplio programa de demoliciones estructurado en tres fases para eliminar edificios obsoletos y peligrosos dentro de su inventario. La Fase 1 ya fue completada con la demolición de 10 edificios en 7 municipios, con una inversión de aproximadamente $5.9 millones. La Fase 2 contempla 9 edificios adicionales con una inversión proyectada de $6.6 millones, mientras que la Fase 3 incluye 26 edificios en 15 municipios con un presupuesto estimado de $16.8 millones. En total, el programa abarca 44 edificios y una inversión superior a $29.4 millones.

Asimismo, la corporación administra una cartera significativa de fondos federales relacionados con la recuperación de desastres naturales. Bajo proyectos vinculados al Huracán María, PRIDCO tiene asignados aproximadamente $274.3 millones para restauración y mitigación de daños en 359 edificios alrededor de la isla, de los cuales ya se han desembolsado $45.3 millones y se proyectan pagos adicionales de $57 millones durante el AF2027. También administra fondos relacionados con el Huracán Fiona, terremotos de 2020 y proyectos de mitigación HMGP, elevando considerablemente la inversión en infraestructura y recuperación de propiedades industriales.

Otro tema importante es la propuesta de consolidación entre PRIDCO y la Administración de Terrenos mediante legislación pendiente, con el objetivo de eliminar duplicidad de funciones en la administración y disposición de propiedades públicas para desarrollo económico. La corporación sostiene que esta integración permitiría maximizar recursos, agilizar procesos y mejorar la experiencia de inversionistas y desarrolladores.

Para el Año Fiscal 2025-2026, PRIDCO opera con un presupuesto vigente de $96,514,000, financiado íntegramente con fondos propios, sin depender del Fondo General. Este presupuesto ha permitido a la corporación mantener sus operaciones, avanzar en proyectos de mejoras permanentes y continuar cumpliendo con sus compromisos de deuda, todo dentro de un marco de disciplina fiscal y autosuficiencia.

De cara al Año Fiscal 2026-2027, PRIDCO proyecta un presupuesto de $109,609,000, lo que representa un aumento de aproximadamente $14,095,000 sobre el presupuesto vigente. Este incremento no es arbitrario, sino que responde a necesidades operacionales concretas y planificadas.

Entre los factores que justifican este aumento se encuentran el crecimiento en la plantilla de empleados, que pasará de 46 a 70 puestos ocupados, con el correspondiente aumento en el gasto de nómina, la ejecución de un ambicioso programa de mejoras permanentes valorado en $45,539,881.89 de fondos CAPEX para rehabilitación y modernización de facilidades industriales y la continuación de los planes de pago de las obligaciones de deuda existentes con los bonos de PRIDCO y la EPA.

En términos generales, el memorial presenta a PRIDCO como una entidad clave dentro de la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico. La corporación enfatiza que sus inversiones en infraestructura, recuperación de propiedades y modernización de activos públicos buscan fortalecer la competitividad económica, aumentar la inversión privada y promover la creación de empleos en toda la isla.

6 de mayo de 2026

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Lcdo. Francisco A. Quiñones Rivera, Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) indicó que el Departamento unifica bajo una misma estructura organizacional el sistema correccional para menores transgresores (antes Administración de Instituciones Juveniles) y para adultos (antes Administración de Corrección), el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, el Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, el Programa de Salud Correccional y la agencia adjunta conocida como Junta de Libertad Bajo Palabra.

El Memorial Explicativo del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para el Año Fiscal 2026-2027 expone la misión, estructura operacional y necesidades presupuestarias de la agencia, destacando la importancia de mantener un sistema correccional funcional, seguro y orientado a la rehabilitación. El DCR fundamenta su gestión en el mandato constitucional y en el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, con el propósito de garantizar la seguridad pública, ofrecer servicios de salud, educación y apoyo psicosocial, así como promover la reinserción social de la población correccional.

El documento resalta que el DCR administra un sistema amplio y complejo que incluye instituciones para adultos y menores, programas comunitarios, supervisión electrónica, servicios con antelación al juicio y programas de rehabilitación. La agencia atiende una población promedio de casi 15 mil personas bajo custodia o supervisión, lo que requiere una operación continua y un uso responsable de los recursos públicos.

En el aspecto fiscal, el memorial enfatiza que el presupuesto vigente del Año Fiscal 2025-2026 asciende a aproximadamente $443.6 millones provenientes del Fondo General. De esa cantidad, alrededor de $255.3 millones se destinan a nómina, $130 millones a gastos operacionales y $58.3 millones al pago de obligaciones de retiro bajo el programa PayGo. Además, el DCR cuenta con ingresos propios estimados en $23.9 millones y fondos federales por cerca de $510 mil para gastos operacionales.

Para el Año Fiscal 2026-2027, la agencia solicita un presupuesto de aproximadamente $490 millones del Fondo General, reflejando un aumento dirigido principalmente a cubrir costos de nómina, reclutamiento, ascensos y necesidades operacionales esenciales dentro de las instituciones correccionales. La solicitud incluye $274.5 millones para nómina y costos relacionados, $157.8 millones para gastos operacionales y $57.6 millones para PayGo.

El memorial también destaca varios logros fiscales y administrativos alcanzados durante el año en curso, incluyendo aumentos salariales para oficiales correccionales, adquisición de vehículos y equipos de seguridad, mejoras a instalaciones y fortalecimiento de programas institucionales. Estas iniciativas responden a la necesidad de mantener la seguridad, cumplir con requerimientos federales y fortalecer los procesos de rehabilitación dentro del sistema correccional de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE PUERTO RICO

El Memorial Explicativo del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las prioridades fiscales y programáticas de la agencia encargada de promover la recreación, la actividad física y el deporte en Puerto Rico. El Departamento opera bajo la Ley Núm. 8 de 2004, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, la cual establece la política pública deportiva y recreativa del país. Su misión consiste en fomentar estilos de vida saludables, fortalecer el deporte competitivo y comunitario, y garantizar el acceso de la ciudadanía a programas recreativos y deportivos en toda la isla.

La agencia administra programas relacionados con recreación comunitaria, deporte escolar, alto rendimiento, mantenimiento de instalaciones deportivas y actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos mayores. Asimismo, coordina esfuerzos con municipios, federaciones deportivas y organizaciones sin fines de lucro para ampliar el acceso a actividades recreativas y promover el bienestar físico y social de la población.

En el aspecto fiscal, el presupuesto recomendado para el Departamento asciende a $35.5 millones. La mayor parte de los recursos se concentra en nómina y costos relacionados, con una asignación de aproximadamente $16.9 millones, incluyendo $11.7 millones en salarios, $1.9 millones para puestos de confianza y cerca de $800 mil para aportaciones al plan médico. Además, se asignan $9.7 millones para obligaciones relacionadas con el sistema PayGo, reflejando el impacto de los costos de retiro sobre el presupuesto operacional de la agencia.

El memorial también incluye $3.7 millones para facilidades y pagos de utilidades, destacándose pagos a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Asimismo, se presupuestan $3.3 millones en servicios comprados, incluyendo pagos a PRIMAS, arrendamientos y otros servicios operacionales. Otras partidas relevantes incluyen $402 mil para materiales y suministros, $190 mil para gastos de transportación y $76 mil para compra de equipo.

Además, el Departamento contempla $1.068 millones en aportaciones a entidades no gubernamentales y programas deportivos especializados. Entre estas asignaciones sobresalen fondos dirigidos al entrenamiento de atletas de alto rendimiento bajo la Ley 119-2001, aportaciones para torneos de béisbol Clase A y recursos destinados a la Organización Antidopaje conforme a la Ley 108-2022. También se incluyen incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía.

En términos generales, el memorial refleja que el Departamento de Recreación y Deportes busca mantener y fortalecer los servicios recreativos y deportivos en Puerto Rico a pesar de las limitaciones fiscales. Las prioridades presupuestarias para el AF2026-2027 están enfocadas en sostener las operaciones de la agencia, mejorar instalaciones deportivas y continuar promoviendo el deporte y la recreación como herramientas de salud, desarrollo social y bienestar colectivo.

7 de mayo de 2026

SECRETARIADO DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Memorial Explicativo del Departamento de la Familia para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las prioridades fiscales y programáticas del principal componente gubernamental encargado de implementar la política pública de bienestar social y protección de poblaciones vulnerables en Puerto Rico. El Departamento opera bajo la Ley Núm. 171 de 1968, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de la Familia, la cual consolidó múltiples programas y servicios sociales bajo una sola estructura administrativa. Su misión consiste en promover el bienestar y la autosuficiencia de las familias puertorriqueñas mediante servicios de protección, asistencia económica, desarrollo comunitario y apoyo integral a menores, adultos mayores y personas vulnerables.

El Departamento coordina y supervisa varias administraciones adscritas, entre ellas la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la Administración para Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y la Administración de Sustento de Menores (ASUME), las cuales administran programas financiados mayormente con fondos federales relacionados con asistencia nutricional, protección de menores, desarrollo infantil temprano y cumplimiento de pensiones alimentarias.

El presupuesto consolidado del Departamento de la Familia, que integra todos sus componentes programáticos y operacionales, asciende a tres mil ochocientos veinticinco millones setecientos veinticuatro mil dólares ($3,825,724,000) para el año fiscal 2027. De este total el 11% corresponde al Fondo General y el 89% corresponden a asignaciones de Fondos Federales. Los Fondos Federales se destinan principalmente al beneficio de asistencia nutricional (PAN), la protección y seguridad de menores, incluyendo hogares de crianza (Foster Care) y el desarrollo integral de la niñez (Child Care), entre otros.

El presupuesto consolidado recomendado para el Secretariado asciende a sesenta y ocho millones doscientos noventa y cuatro mil dólares ($68,294,000). De esta cantidad, cincuenta millones setecientos sesenta y ocho mil dólares ($50,768,000) provienen del Presupuesto del Fondo General, y diecisiete millones quinientos veintiséis mil dólares ($17,526,000) de Fondos Federales. Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen el Emergency Solution Grant, el Child Care and Development Block Grant, el Continuum of Care Program y el Social Security Disability Insurance. Los fondos federales permitirán sufragar en su totalidad los gastos relacionados con el Programa de Determinación de Incapacidad del Seguro Social (DDS), así como el financiamiento parcial de los procesos de licenciamiento de lugares para el cuido de niños y adultos mayores. Además de subvencionar iniciativas para combatir el sinhogarismo en Puerto Rico.

La Secretaria indicó que el Presupuesto Consolidado Recomendado para el año fiscal 2026-2027 del Secretariado es de $68,294,000 dólares compuesto de fondos estatales y federales. La ADFAN tiene un presupuesto consolidado recomendado de $288,813,000 dólares. Por su parte, la ADSEF, tiene un presupuesto consolidado de $3,207,990,000 dólares. La ASUME tiene un presupuesto consolidado recomendado de $41,720,000 dólares. Finalmente la ACUDEN tiene un presupuesto consolidado recomendado, de $151,970,000 dólares. Esto representa un gran total de tres mil ochocientos veinticinco millones setecientos veinticuatro mil dólares ($3,825,724,000) entre fondos estatales y federales para el bienestar de los residentes en nuestra Isla.

A continuación, se presenta el desglose del presupuesto por cada administración del Departamento de la Familia, segregado por el Fondo General y los Fondos Federales, en miles

Agencia

Fondo General

Fondos Federales

Total

Secretariado del Departamento de la Familia

$50,768

$17,526

$68,294

Administración de Familias y Niños

223,851

69,459

293,310

Administración para el Sustento de Menores

17,794

23,997

41,791

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

99,131

3,145,018

3,244,149

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez

24,536

153,644

178,180

Grand Total

$416,080

$3,409,644

$3,825,724

En el aspecto fiscal, el memorial refleja la alta dependencia del componente de fondos federales para sostener la mayoría de sus programas y servicios. Gran parte de los recursos presupuestarios se concentran en subsidios, beneficios directos a ciudadanos, programas de protección social y servicios comunitarios. El Departamento también enfrenta presiones fiscales relacionadas con gastos de nómina, costos operacionales, sistemas tecnológicos y obligaciones bajo el sistema PayGo.

El memorial enfatiza además la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad operacional y administrativa de las agencias adscritas para cumplir con requisitos federales, auditorías y métricas de desempeño. Entre las prioridades presupuestarias para el AF2026-2027 se encuentran la modernización tecnológica, el fortalecimiento de servicios directos a menores y familias, la continuidad de programas de asistencia nutricional y económica y el mantenimiento de iniciativas de protección social para poblaciones vulnerables.

Asimismo, el Departamento resalta la importancia de garantizar el pareo estatal requerido para maximizar la captación de fondos federales, particularmente en programas relacionados con cuidado infantil, bienestar de menores, asistencia temporal y desarrollo comunitario. La agencia sostiene que cualquier reducción significativa en asignaciones estatales podría afectar la capacidad de recibir y administrar fondos federales esenciales para la continuidad de los servicios.

En términos generales, el memorial presenta al Departamento de la Familia como uno de los componentes sociales más importantes del Gobierno de Puerto Rico. Las prioridades fiscales para el AF2026-2027 están dirigidas a sostener programas de asistencia y protección social, fortalecer la capacidad operacional de sus administraciones adscritas y garantizar la continuidad de servicios esenciales dirigidos a miles de familias y ciudadanos vulnerables en Puerto Rico.

ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA (ADSEF)

La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) tiene la misión de administrar programas de asistencia económica y nutricional dirigidos a familias y personas de escasos recursos en Puerto Rico, promoviendo la autosuficiencia y el bienestar social. La agencia opera como parte del Departamento de la Familia de Puerto Rico y administra programas federales y estatales relacionados con asistencia nutricional, ayuda temporera y servicios de apoyo económico para poblaciones vulnerables.

En el aspecto fiscal, ADSEF depende mayormente de fondos federales para sostener programas esenciales como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Temporary Assistance for Needy Families (TANF) y el Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP). Estas asignaciones representan una de las mayores partidas dentro del componente del Departamento de la Familia, debido al alcance de los beneficios distribuidos a miles de familias de bajos ingresos en Puerto Rico.

El memorial enfatiza que gran parte de los recursos asignados a la administración se destinan directamente a beneficios y ayudas para participantes, además de gastos operacionales relacionados con sistemas tecnológicos, manejo de casos, elegibilidad y cumplimiento federal. También se incluyen partidas para nómina, servicios profesionales, procesamiento de beneficios electrónicos y modernización de plataformas digitales utilizadas para administrar los programas de asistencia.

Asimismo, la agencia destaca la importancia de mantener la continuidad operacional y el cumplimiento con requisitos federales para evitar riesgos sobre la disponibilidad de fondos. Entre las prioridades fiscales para el AF2026-2027 se encuentran fortalecer los sistemas de administración de beneficios, mejorar procesos de elegibilidad y garantizar la distribución eficiente de ayudas económicas y nutricionales a las poblaciones más vulnerables.

ADMINISTRACIÓN DE SUSTENTO DE MENORES (ASUME)

La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) tiene la misión de garantizar el derecho de los menores a recibir sustento económico de ambos padres mediante mecanismos administrativos y judiciales de cumplimiento y recaudo. La agencia opera bajo la Ley Núm. 5 de 1986, conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, la cual establece la política pública para la fijación, modificación y cobro de pensiones alimentarias en Puerto Rico.

ASUME administra procesos relacionados con determinación de pensiones, localización de padres no custodios, retención de ingresos, manejo de casos y distribución de pagos de sustento. Además, mantiene coordinación con entidades federales y estatales para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias y proteger el bienestar económico de los menores.

En el aspecto fiscal, la agencia opera con una combinación de fondos estatales y federales dirigidos principalmente a nómina, sistemas tecnológicos, cumplimiento regulatorio y manejo operacional de casos. El memorial destaca la necesidad de continuar fortaleciendo las plataformas digitales y los mecanismos de recaudo para mejorar la eficiencia administrativa y garantizar servicios ágiles a custodios y menores.

Asimismo, la administración enfatiza la importancia de mantener recursos suficientes para atender el alto volumen de casos activos y cumplir con métricas federales de desempeño vinculadas al recaudo y distribución de pensiones alimentarias. Las prioridades presupuestarias para el AF2026-2027 están dirigidas a sostener las operaciones, fortalecer los procesos de fiscalización y mejorar el acceso ciudadano a los servicios de ASUME.

ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS (ADFAN)

La ADFAN tiene la misión de proteger a menores, adultos mayores y personas vulnerables contra el maltrato, negligencia y explotación, además de garantizar servicios de protección social, hogares sustitutos y procesos de reunificación familiar. Su base legal surge de las disposiciones del Departamento de la Familia y de legislación relacionada con la protección de menores y servicios sociales.

En el aspecto fiscal, la administración depende en gran medida de fondos federales dirigidos a programas de protección y bienestar infantil. Entre las principales asignaciones federales para el AF2026-2027 se encuentran aproximadamente $39.7 millones bajo el programa Title IV-E Foster Care para servicios de hogares sustitutos y cuidado temporero de menores, $8.2 millones del Social Services Block Grant (Title XX) y $4 millones para servicios de adopción bajo Title IV-E Adoption Assistance. También se incluyen fondos para prevención de maltrato, violencia doméstica, programas de vida independiente para jóvenes y apoyo a familias sustitutas.

La agencia indicó además que no mantiene reclamaciones pendientes con FEMA relacionadas con los huracanes Irma y María.

ADMINISTRACIÓN PARA CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ (ACUDEN)

La ACUDEN tiene como misión promover el desarrollo integral de la niñez temprana mediante programas de cuido, educación y apoyo familiar. La administración supervisa iniciativas relacionadas con Head Start, Child Care y otros programas de atención temprana para niños y familias de bajos ingresos.

Para el AF2025-2026, ACUDEN cuenta con un presupuesto consolidado ajustado de aproximadamente $166.9 millones, de los cuales cerca de $137.9 millones provienen de fondos federales y alrededor de $29 millones del Fondo General. La mayor parte de los recursos se destina a subsidios, incentivos y distribuciones relacionadas con servicios de cuido y desarrollo infantil.

Entre las principales partidas presupuestarias se destacan aproximadamente $92.6 millones en donativos, subsidios y otras distribuciones; $33 millones en incentivos y subsidios para el bienestar ciudadano; $14.1 millones en nómina y costos relacionados; y $3.4 millones en servicios profesionales. Asimismo, la administración contempla aproximadamente $3.3 millones para obligaciones relacionadas con el sistema PayGo.

El memorial también refleja un crecimiento en la plantilla de empleados, proyectándose un total de 314 puestos ocupados para el cierre del AF2026, comparado con 252 puestos en el AF2024. Además, ACUDEN reportó deudas acumuladas ascendentes a aproximadamente $578 mil, incluyendo obligaciones relacionadas con la Autoridad de Edificios Públicos.

En términos generales, el memorial presenta al Departamento de la Familia y sus administraciones como componentes esenciales dentro de la política pública social de Puerto Rico. Las prioridades fiscales para el AF2026-2027 están enfocadas en sostener programas de protección social, fortalecer servicios dirigidos a menores y familias vulnerables y garantizar la continuidad de iniciativas financiadas principalmente con fondos federales.

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

El Memorial Explicativo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las prioridades fiscales y operacionales de la entidad encargada de promover y desarrollar la industria turística del país. La Compañía tiene la misión de posicionar a Puerto Rico como un destino turístico competitivo a nivel internacional, fomentando el desarrollo económico mediante la promoción, planificación y fortalecimiento de la oferta turística. Entre sus funciones se encuentran el mercadeo del destino, la regulación de hospederías y servicios turísticos, así como el impulso de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico sostenible.

En el aspecto fiscal, la agencia destaca que su presupuesto se financia en su totalidad mediante ingresos propios, principalmente provenientes del “Room Tax” asociado a la ocupación de hospederías y de las transferencias relacionadas con las operaciones de máquinas tragamonedas bajo la jurisdicción de la División de Juegos de Azar. Para el AF2025-2026, el presupuesto vigente asciende a $152.2 millones. De esa cantidad, aproximadamente $12.1 millones corresponden a nómina y costos relacionados, $65.4 millones a aportaciones a entidades no gubernamentales y $30.3 millones a asignaciones englobadas. Además, se destinan $5.9 millones para obligaciones bajo el sistema PayGo.

La Compañía proyecta que el gasto total para el cierre del AF2026 alcance aproximadamente $223.7 millones, lo que representa una variación de $71.5 millones respecto al presupuesto autorizado. Este aumento responde principalmente a iniciativas operacionales, proyectos de mejoras permanentes y una asignación adicional de $28 millones destinada al Destination Marketing Organization (DMO). Según la agencia, estas iniciativas serían financiadas mediante excedentes y fondos propios acumulados de años fiscales anteriores.

Para el AF2026-2027, la Compañía solicita un presupuesto de $180.9 millones, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal recomendó aproximadamente $155.6 millones. Entre las partidas principales se destacan $13.7 millones para nómina y costos relacionados, $12.8 millones en servicios comprados, $10.9 millones en servicios profesionales, $10.1 millones para anuncios y pautas en medios y $37.4 millones en aportaciones a entidades no gubernamentales. Asimismo, se incluyen $30.3 millones en asignaciones englobadas y $5.8 millones para PayGo.

El memorial también resalta que aproximadamente el 70 % del presupuesto de la Compañía se transfiere por disposición legal a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, situación que, según la agencia, limita parcialmente su capacidad operacional. A pesar de ello, la entidad sostiene que el aumento solicitado es necesario para fortalecer la promoción turística, ampliar iniciativas de mercadeo internacional, modernizar operaciones y continuar impulsando el turismo como uno de los principales motores económicos de Puerto Rico.

En términos generales, el memorial presenta a la Compañía de Turismo como una entidad clave dentro de la estrategia de desarrollo económico del país. Las prioridades presupuestarias para el AF2026-2027 están enfocadas en fortalecer la promoción turística, apoyar el desarrollo de infraestructura y aumentar la competitividad de Puerto Rico como destino turístico internacional.

11 de mayo de 2026

POLICIA DE PUERTO RICO

La Policía de Puerto Rico presentó el Memorial Justificativo del Presupuesto para el Año Fiscal 2026-2027 conforme a la Ley 83-2025, legislación que restableció a la institución como una agencia independiente del Gobierno de Puerto Rico. Esta nueva estructura administrativa representa un cambio significativo para la agencia, ya que le permite presentar de manera directa y transparente sus necesidades fiscales y operacionales, separadas del presupuesto consolidado del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La Policía enfatizó que el presupuesto solicitado no contempla gastos relacionados con la transición administrativa, mudanzas o duplicación de funciones, sino que responde exclusivamente a necesidades operacionales reales y recurrentes.

La Policía de Puerto Rico es la entidad encargada de garantizar la seguridad pública, proteger vidas y propiedades, prevenir delitos, investigar actividades criminales y responder a emergencias en todo el territorio puertorriqueño. Sus funciones abarcan operaciones terrestres, marítimas y aéreas, además de programas comunitarios, investigaciones especializadas y coordinación con agencias estatales y federales. Debido a la complejidad de estas responsabilidades, la institución requiere una estructura presupuestaria sólida que garantice personal capacitado, equipos modernos, sistemas tecnológicos eficientes y una infraestructura adecuada para sostener operaciones continuas las veinticuatro horas del día.

Durante el Año Fiscal 2025-2026, la Policía de Puerto Rico operó bajo el presupuesto consolidado del DSP, situación que dificultaba identificar claramente las necesidades particulares de la agencia y limitaba la planificación estratégica independiente. Para ese año fiscal, la Policía contó con un presupuesto autorizado bajo el Fondo General ascendente a $860,938,000.00. De esa cantidad, $15,030,000.00 permanecieron bajo custodia del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La distribución del presupuesto vigente estuvo concentrada principalmente en la nómina y gastos relacionados con el recurso humano, reflejando que la Policía es una agencia intensiva en personal. El resto de los fondos se destinó a gastos operacionales esenciales como utilidades, mantenimiento de facilidades, servicios contratados, materiales y suministros.

Al cierre del tercer trimestre del Año Fiscal 2025-2026, la Policía había incurrido en gastos por $582,623,000.00 y mantenía obligaciones adicionales comprometidas por $21,359,000.00. Esto demuestra que gran parte del presupuesto disponible ya había sido utilizada para cubrir gastos recurrentes indispensables para mantener la operación continua de la institución. La proyección de gastos para el cierre del año fiscal ascendió a $256,956,000.00 adicionales, lo que implicaba que prácticamente la totalidad del presupuesto autorizado sería comprometida y utilizada. Este comportamiento fiscal reflejó una administración prudente y ajustada a las necesidades reales de la agencia, aunque con limitaciones para realizar inversiones mayores en modernización tecnológica, infraestructura y adquisición de equipos.

Para el Año Fiscal 2026-2027, la Policía de Puerto Rico presentó por primera vez un presupuesto independiente conforme a la Ley 83-2025. El presupuesto total solicitado para administrar la agencia asciende a $846,967,000.00, incluyendo tanto gastos operacionales como administrativos.

La nueva estructura presupuestaria incorpora además la nómina de empleados civiles que anteriormente figuraban dentro del presupuesto del DSP, pero que laboraban directamente para la Policía. Esta integración no representa un aumento en gastos salariales, sino una reorganización administrativa que ofrece mayor transparencia y claridad en la distribución de los recursos.

El presupuesto solicitado y recomendado para el Año Fiscal 2026-2027 se divide principalmente en tres áreas fundamentales: nómina, gastos operacionales y PayGo. La partida de nómina constituye el componente principal del presupuesto, con una asignación de aproximadamente $750,878,000.00. Esta cantidad garantiza el pago de salarios, beneficios marginales y obligaciones relacionadas con el personal existente, además de permitir el reclutamiento necesario para sostener las operaciones de la agencia. La Policía destacó que la estabilidad del recurso humano es esencial para garantizar la continuidad y efectividad de los servicios policiacos.

En cuanto a los gastos operacionales, el presupuesto recomendado asigna aproximadamente $116,816,000.00 para cubrir costos recurrentes indispensables para el funcionamiento diario de la institución. Esta partida incluye gastos de utilidades, mantenimiento de facilidades, materiales y suministros, contratos de servicios profesionales, primas de seguros, tecnología, mantenimiento vehicular y compra de equipos especializados. Asimismo, se contemplan fondos dirigidos a la modernización tecnológica, adquisición de sistemas y licencias, renovación de la flota vehicular y fortalecimiento de programas de prevención e investigación criminal.

Por otra parte, el sistema PayGo, destinado al pago de pensiones de la Policía de Puerto Rico, se maneja como una asignación separada que no forma parte del presupuesto operacional de la agencia. Este mecanismo garantiza el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el retiro de los miembros de la institución sin afectar directamente los recursos destinados a las operaciones diarias.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendó un presupuesto de aproximadamente $867,694,000.00, cifra alineada con la solicitud presentada por la Policía de Puerto Rico. En comparación con el presupuesto vigente del Año Fiscal 2025-2026, que ascendía a $881,462,000.00, se refleja una reducción aproximada de $13,768,000.00. Esta disminución se distribuye principalmente en los gastos operacionales, los cuales presentan una reducción cercana a $12,906,000.00, mientras que la nómina experimenta una reducción menor de aproximadamente $862,000.00.

La Policía explicó que esta reducción responde a un ejercicio responsable de disciplina fiscal basado en la ejecución real del presupuesto vigente y en la identificación de oportunidades de ahorro y eficiencia administrativa. Entre las medidas implementadas se encuentran controles en gastos operacionales, mejor utilización del recurso humano y planificación estratégica en el uso de fondos complementarios. La institución sostuvo que estas reducciones fueron cuidadosamente evaluadas para evitar impactos negativos sobre las funciones esenciales relacionadas con la seguridad pública.

A pesar de los esfuerzos de ajuste y eficiencia, la Policía indicó que originalmente solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal un presupuesto superior, ascendente a aproximadamente $1,242 millones. Sin embargo, debido a las limitaciones fiscales del Gobierno de Puerto Rico, la cantidad finalmente aprobada quedó reducida a $867 millones. Ante esta diferencia, la institución informó que trabaja en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el desarrollo de estrategias y planes de trabajo que permitan atender aquellas necesidades operacionales que no pudieron ser cubiertas completamente dentro de la asignación aprobada.

En conclusión, el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2026-2027 refleja el esfuerzo de la Policía de Puerto Rico por mantener un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la necesidad de garantizar la seguridad pública. La independencia administrativa otorgada mediante la Ley 83-2025 representa una oportunidad para mejorar la transparencia, fortalecer la planificación estratégica y alinear los recursos con las verdaderas necesidades operacionales de la institución. Aunque el presupuesto presenta una reducción en comparación con el año fiscal vigente, la Policía sostiene que continuará cumpliendo con su misión esencial mediante una administración eficiente, la optimización de recursos y la priorización de las áreas críticas para la protección y bienestar del pueblo de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PUERTO RICO (DSP)

El Memorial Explicativo del Departamento de Seguridad Pública (DSP) para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las necesidades operacionales y presupuestarias de los negociados adscritos al sistema de seguridad pública de Puerto Rico. El documento enfatiza que la mayor parte de los recursos se destina a nómina, beneficios marginales, gastos operacionales esenciales y cumplimiento de obligaciones gubernamentales, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la respuesta a emergencias y la continuidad de los servicios públicos.

Secretariado del Departamento de Seguridad Pública (Servicios Compartidos)

El memorial identifica una partida de $33.9 millones correspondiente a los servicios compartidos incluidos en el Departamento de Seguridad Pública, los cuales corresponden al Secretariado de Seguridad Pública. Este componente centraliza funciones administrativas y de apoyo para los distintos negociados.

De esta cantidad, $13.1 millones se destinan a nómina y costos relacionados, incluyendo salarios y puestos de confianza. Además, se asignan $18.8 millones al pago de obligaciones bajo el programa PayGo, reflejando el impacto significativo de las obligaciones de retiro sobre las finanzas del DSP.

El presupuesto también contempla servicios profesionales, arrendamientos, materiales y suministros, así como aportaciones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones creado bajo la Ley 80-2020. El memorial resalta que estos servicios compartidos son esenciales para la coordinación administrativa, financiera y operacional de todos los componentes del DSP.

Finalmente, el Secretario del Departamento de Seguridad Pública reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la seguridad pública en Puerto Rico mediante la implementación de proyectos estratégicos y la búsqueda de recursos adecuados para cada negociado. El informe concluyó destacando que la seguridad pública constituye un componente esencial para el desarrollo y estabilidad del país, y que garantizar recursos suficientes para los primeros respondedores representa una inversión directa en la protección de la vida, la propiedad y el bienestar de toda la ciudadanía puertorriqueña.

NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO

El presupuesto recomendado para el Negociado del Cuerpo de Bomberos asciende a $82.5 millones. La mayor parte de los recursos, aproximadamente $73 millones, se destina a nómina y costos relacionados, incluyendo salarios, beneficios marginales y reclutamiento de nuevos bomberos. Se asignan $57.1 millones para salarios regulares, $500 mil para horas extra y $2.55 millones para el reclutamiento de personal adicional.

En el área operacional, el negociado destina $4.1 millones a facilidades y pagos de servicios públicos, destacándose pagos de energía eléctrica, agua y combustibles. Además, se incluyen $1.24 millones en servicios comprados, principalmente para pagos a PRIMAS, y $2.84 millones en otros gastos de funcionamiento, de los cuales $1.9 millones se utilizarán para cubrir gastos relacionados con la Academia de Bomberos y procesos de reclutamiento. También se asignan fondos para materiales y suministros, así como para el pago de deudas de años anteriores.

NEGOCIADO DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS

El Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas cuenta con un presupuesto total de $27 millones. De esta cantidad, $24.9 millones corresponden a nómina y costos relacionados, reflejando que el componente principal del gasto operacional recae sobre el personal paramédico y administrativo. Se incluyen $20.2 millones para salarios, además de beneficios marginales y costos de retiro.

El negociado asigna $1.3 millones para facilidades y servicios públicos, incluyendo combustible para ambulancias, y $813 mil para servicios comprados, principalmente pagos a PRIMAS y arrendamientos. Aunque el presupuesto operacional es relativamente limitado, el memorial destaca la necesidad de mantener servicios de emergencia prehospitalaria de manera continua en toda la isla.

NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

El presupuesto del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres asciende a $7.2 millones. La estructura fiscal del negociado refleja un enfoque operacional y de coordinación de emergencias. Aproximadamente $3 millones se destinan a nómina y beneficios relacionados.

El negociado también asigna $1.15 millones para facilidades y servicios públicos, $1.48 millones en servicios comprados y $1.28 millones para compra de equipo, lo que evidencia esfuerzos dirigidos a fortalecer la capacidad operacional y tecnológica para atender emergencias y desastres naturales. Asimismo, se incluyen fondos para materiales, suministros y gastos de transportación.

NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES

El Negociado de Investigaciones Especiales cuenta con un presupuesto de $5.8 millones. La mayor parte de los fondos, cerca de $5 millones, está destinada a nómina y costos relacionados, incluyendo salarios y beneficios marginales.

El resto del presupuesto se distribuye entre facilidades y pagos de servicios públicos, servicios comprados, materiales y suministros, y gastos operacionales. Además, se asignan $185 mil en aportaciones a entidades no gubernamentales. El memorial destaca que este negociado requiere recursos especializados para investigaciones de alto nivel y apoyo técnico en asuntos sensitivos de seguridad pública.

13 de mayo de 2026

DEPARTAMENTO DE SALUD

El Dr. Víctor M. Ramos Otero compareció ante la Comisión correspondiente con el propósito de presentar y justificar el presupuesto recomendado del Departamento de Salud (DS) para el año fiscal 2026-2027. En su exposición, destacó que el presupuesto constituye una herramienta indispensable para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud en Puerto Rico, fortalecer la infraestructura sanitaria y responder a las necesidades crecientes de la población. A través del memorial explicativo presentado, el describió tanto el estado financiero actual del Departamento como las prioridades programáticas y operacionales que sustentan la petición presupuestaria.

El análisis comenzó con una explicación del presupuesto vigente para el año fiscal 2025-2026. El Departamento de Salud cuenta con un presupuesto operacional de aproximadamente $1,316.4 millones y una asignación adicional de $38.9 millones para mejoras permanentes, para un total consolidado de $1,355.3 millones. Este presupuesto proviene de tres fuentes principales: el Fondo General y asignaciones especiales, los ingresos propios y fondos estatales especiales, y los fondos federales. La mayor parte del gasto operacional se concentra en materiales y suministros, nómina y costos relacionados, servicios comprados y servicios profesionales, lo que refleja la amplitud de operaciones clínicas, administrativas y de salud pública que maneja la agencia.

El informe también detalló el comportamiento del gasto durante el año fiscal. Hasta marzo de 2026, el Departamento había incurrido y obligado aproximadamente $1,077.3 millones, distribuidos entre nómina, gastos operacionales y pagos relacionados al sistema PayGo. La mayor carga de gasto provino de los fondos federales y de los costos operacionales asociados a programas de salud y servicios especializados. Asimismo, se proyectó que al cierre del año fiscal el gasto total ascendería a unos $1,337 millones, lo que evidencia un nivel de ejecución presupuestaria cercano al total autorizado.

Como parte de la administración fiscal, el Departamento realizó múltiples transferencias presupuestarias dirigidas a atender necesidades urgentes y proyectos estratégicos. Entre estas se destacaron las subvenciones para Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), financiamiento para residencias médicas, estudios relacionados con la fuerza laboral de salud, pagos a Centros 330 y la adquisición de equipos médicos para el CDT de Maunabo. También se identificaron solicitudes en evaluación ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), particularmente relacionadas con aumentos salariales para enfermeras, extensiones de fondos y pago de deudas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Otro elemento relevante fue la situación de las deudas acumuladas del Departamento. Se informó que la agencia mantiene obligaciones pendientes con suplidores y corporaciones públicas, incluyendo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, LUMA, PRITS y la AAA, las cuales totalizan aproximadamente $11.9 millones. Según el memorial, el Departamento se encuentra negociando mecanismos para saldar estas obligaciones y ha solicitado apoyo interagencial para cubrir parte de la deuda.

En materia de recursos humanos, el Departamento presentó un análisis comparativo de la nómina y la cantidad de empleados entre los años fiscales 2024 y 2027. Aunque el número total de empleados ha disminuido ligeramente en los últimos años, la proyección para 2027 refleja un aumento en plazas ocupadas y vacantes, particularmente en hospitales y servicios clínicos relacionados con iniciativas de expansión de camas. La nómina proyectada para 2027 asciende a $160 millones y contempla personal financiado por fondos estatales, ingresos propios y fondos federales. Este incremento responde principalmente a la necesidad de reforzar la capacidad operacional de hospitales y programas especializados.

El Secretario también enfatizó la importancia del pareo estatal requerido para acceder a fondos federales. Durante el año fiscal 2026 se autorizaron más de $31 millones para este propósito, y para el año fiscal 2026-2027 se proyecta la necesidad de sobre $30 millones adicionales, particularmente vinculados a proyectos tecnológicos asociados a Medicaid. Esto evidencia la dependencia significativa del sistema de salud pública de los fondos federales y la necesidad de mantener aportaciones estatales que permitan acceder a dichos recursos.

En relación con las mejoras permanentes y proyectos de infraestructura, el Departamento destacó una inversión acumulada de aproximadamente $374.7 millones distribuidos en múltiples años fiscales. Estas inversiones abarcan hospitales universitarios, infraestructura tecnológica, sistemas de información de Medicaid y proyectos de modernización de instalaciones. El informe resalta que ya se ha ejecutado una gran parte de los fondos asignados y que continúan en proceso de adjudicación varios proyectos de construcción y rehabilitación.

Asimismo, se explicó el estado de los reclamos sometidos a FEMA por daños ocasionados por los huracanes María y Fiona, los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19. En total, se han obligado 87 proyectos que representan cerca de $236.9 millones en reclamaciones federales, manteniéndose aún un balance considerable pendiente de desembolso.

Respecto al presupuesto recomendado para el año fiscal 2026-2027, el Departamento recibió una recomendación de aproximadamente $1,340 millones por parte de la OGP. Aunque los fondos federales e ingresos propios reflejan aumentos, el Fondo General presenta una reducción cercana a $28.8 millones. Esta disminución impacta principalmente partidas relacionadas con nómina, servicios públicos, servicios comprados y pagos de deudas previas. Sin embargo, aumentan algunas asignaciones destinadas a servicios profesionales y otras áreas estratégicas.

El memorial dedicó un segmento amplio a describir las solicitudes de mejoras permanentes para 2026-2027. Entre los proyectos prioritarios se encuentran el pareo estatal para los sistemas tecnológicos de Medicaid, la implementación de un nuevo sistema de facturación en el Hospital Ramón Ruiz Arnau, la construcción de una nueva sala de emergencias en San Lorenzo, la reconstrucción y relocalización del Laboratorio de Salud Pública, y la construcción del nuevo CDT de Maunabo. También se incluyen proyectos en Ponce, Mayagüez y Río Grande destinados a fortalecer servicios pediátricos, infraestructura regional y centros de apoyo comunitario. Estos proyectos persiguen modernizar la infraestructura sanitaria, mejorar el acceso a servicios médicos y fortalecer la resiliencia del sistema de salud ante emergencias y desastres naturales.

El documento también detalló la estructura organizacional y programática del Departamento de Salud. La Oficina del Secretario encabeza la formulación de política pública y coordinación institucional, mientras las áreas administrativas y gerenciales apoyan la operación financiera, tecnológica, legal y de recursos humanos. Las distintas Secretarías Auxiliares concentran funciones especializadas relacionadas con servicios integrales de salud, vigilancia epidemiológica, regulación sanitaria, coordinación de servicios médicos y administración de programas como Medicaid y WIC.

La Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral atiende programas dirigidos a la salud familiar, rehabilitación, bienestar comunitario y prevención de enfermedades. Por su parte, la Secretaría de Vigilancia y Protección de la Salud Pública supervisa la epidemiología, salud ambiental, vacunación y preparación ante emergencias. La Secretaría de Regulación fiscaliza hospitales, profesionales de la salud, sustancias controladas y cannabis medicinal. Finalmente, la Secretaría para la Coordinación de Servicios y Asistencia en Salud administra Medicaid, el Registro Demográfico, WIC y los servicios hospitalarios públicos.

En conclusión, el Departamento de Salud sostuvo ante la Comisión que la asignación presupuestaria recomendada es esencial para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a servicios de salud de calidad. El memorial subraya que, aunque el presupuesto propuesto enfrenta limitaciones y reducciones en algunas áreas, la agencia continúa enfocada en mantener la continuidad operacional, fortalecer la infraestructura hospitalaria y tecnológica, expandir servicios clínicos y proteger la salud pública de Puerto Rico. De esta manera, el Departamento argumentó que el financiamiento solicitado no solo representa una necesidad administrativa, sino una inversión estratégica para la estabilidad y el bienestar del país.

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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)

El Memorial Explicativo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las prioridades fiscales y programáticas de la agencia encargada de implementar la política pública relacionada con la salud mental, prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos de salud mental y uso de sustancias controladas en Puerto Rico. La agencia opera bajo la Ley Núm. 67 de 1993, según enmendada, conocida como la Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Su misión consiste en promover la salud mental, prevenir la adicción y garantizar servicios de tratamiento, recuperación y apoyo a poblaciones vulnerables mediante programas clínicos, comunitarios y preventivos.

La Dra. Catherine Oliver Franco, Administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) detalló que la ASSMCA administra programas relacionados con salud mental comunitaria, prevención del suicidio, tratamiento residencial y ambulatorio, manejo de crisis, servicios dirigidos a menores y adultos, y programas especializados para personas con trastornos por uso de sustancias. Asimismo, coordina esfuerzos con hospitales, municipios, organizaciones comunitarias y entidades federales para ampliar el acceso a servicios de salud conductual en Puerto Rico.

En el aspecto fiscal, el memorial enfatiza la alta dependencia de fondos federales para sostener programas de salud mental y tratamiento de adicciones, particularmente aquellos relacionados con subvenciones de SAMHSA y otros programas de asistencia federal. Además, la agencia identifica presiones presupuestarias relacionadas con nómina, servicios profesionales, contratación de personal clínico especializado, mantenimiento de facilidades y costos operacionales asociados a centros de tratamiento y programas comunitarios.

La agencia también destaca la necesidad de continuar fortaleciendo los servicios de intervención temprana, prevención y tratamiento, particularmente ante el aumento en la demanda de servicios de salud mental y abuso de sustancias. Entre las prioridades presupuestarias para el AF2026-2027 se encuentran la retención de profesionales de la salud, la modernización de servicios clínicos y tecnológicos, el fortalecimiento de programas de prevención y la continuidad de iniciativas dirigidas a poblaciones de alto riesgo.

Asimismo, el memorial resalta la importancia de mantener recursos suficientes para cumplir con requisitos federales, garantizar la continuidad operacional de programas subvencionados y ampliar servicios comunitarios de salud mental en distintas regiones de Puerto Rico. La agencia sostiene que las inversiones presupuestarias solicitadas son necesarias para atender de forma efectiva la crisis de salud mental y adicción que enfrenta el país.

En términos generales, el memorial presenta a ASSMCA como una entidad esencial dentro del sistema de salud pública de Puerto Rico. Las prioridades fiscales para el AF2026-2027 están enfocadas en fortalecer la red de servicios de salud mental y adicción, mejorar la capacidad operacional de la agencia y garantizar servicios accesibles y continuos para las poblaciones más vulnerables.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (ASEM)

El Memorial Explicativo de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) para el Año Fiscal 2026-2027 presenta la situación fiscal y operacional de la principal institución hospitalaria supraterciaria del país y componente esencial del Centro Médico de Puerto Rico. La ASEM tiene la misión de garantizar servicios médicos especializados y de emergencia de alta complejidad a toda la población, independientemente de la capacidad de pago de los pacientes. Además de operar el único Centro de Trauma Nivel I de Puerto Rico y el Caribe, la agencia ofrece servicios esenciales como laboratorio clínico, banco de sangre, farmacia, radiología, lavandería y apoyo operacional a las demás instituciones del Centro Médico.

En el aspecto fiscal, la agencia reconoce enfrentar un déficit estructural debido al alto costo de los servicios médicos especializados y al hecho de que los planes médicos reembolsan aproximadamente solo el 51 % del costo real de los tratamientos. Para el AF2025-2026, la ASEM opera con un presupuesto de aproximadamente $244.8 millones, compuesto por $99.1 millones del Fondo General y $145.7 millones en ingresos propios. Sin embargo, proyecta insuficiencias presupuestarias relacionadas con nómina, utilidades, materiales médicos e intereses acumulados de la línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento.

El memorial también señala que la ASEM mantiene cuentas por pagar ascendentes a $106.8 millones, además de obligaciones relacionadas con deuda y pensiones que superan los $800 millones combinados. La nómina representa el principal gasto operacional de la institución, con una proyección de aproximadamente $123.7 millones y más de 1,500 puestos ocupados para atender la demanda de servicios clínicos especializados.

Para el AF2026-2027, la agencia propone un presupuesto cercano a $245.8 millones y destaca importantes proyectos de reconstrucción y mejoras permanentes, incluyendo una asignación federal de $250 millones bajo el programa CDBG-MIT para el desarrollo del nuevo Hospital de Trauma y mejoras estructurales en el Centro Médico.

En términos generales, el memorial presenta a la ASEM como una institución indispensable dentro del sistema de salud pública de Puerto Rico y enfatiza la necesidad de apoyo presupuestario para garantizar la continuidad de servicios médicos especializados y la modernización de la infraestructura hospitalaria del país.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

El Memorial Explicativo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) para el Año Fiscal 2026-2027 presenta las prioridades fiscales y operacionales de la entidad responsable de administrar el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, conocido como Plan Vital. La agencia opera bajo la Ley Núm. 72 de 1993, según enmendada, y tiene la misión de garantizar acceso a servicios de salud a poblaciones médico-indigentes y otros grupos elegibles mediante la contratación y fiscalización de aseguradoras y proveedores de salud. Entre sus responsabilidades se encuentran la negociación de contratos con organizaciones de cuidado coordinado (MCOs), la supervisión de beneficios de salud física, mental, dental y farmacia, así como el cumplimiento de requisitos federales relacionados con Medicaid y CHIP.

En el aspecto fiscal, ASES administra uno de los presupuestos más altos del Gobierno de Puerto Rico debido al alcance del Plan Vital y la dependencia del sistema Medicaid. Para el AF2027, la agencia solicitó un presupuesto consolidado de aproximadamente $5,858 millones, compuesto por $1,475 millones del Fondo General, $199.7 millones en fondos especiales y $4,183 millones en fondos federales. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal recomendó inicialmente un presupuesto significativamente menor debido a que las proyecciones actuariales no estaban disponibles al momento de preparar el “Baseline”.

El memorial destaca que gran parte del presupuesto corresponde al pago de primas a las aseguradoras contratadas para administrar los servicios de salud del Plan Vital. Solamente en gastos operacionales relacionados con primas de seguros, la proyección para el AF2027 asciende a aproximadamente $1,456 millones del Fondo General y más de $4,168 millones en fondos federales. Además, la agencia contempla cerca de $8.3 millones en gastos de nómina y $24.6 millones en gastos administrativos operacionales.

ASES enfatiza además la importancia del pareo estatal para garantizar el acceso a fondos federales Medicaid. La agencia proyecta utilizar aproximadamente $814.8 millones en recursos estatales durante el AF2026 y solicita cerca de $1,456 millones del Fondo General para el AF2027 con el propósito de maximizar los reembolsos federales. Según el memorial, la continuidad de estos fondos es esencial para sostener la cobertura médica de más de 1.3 millones de beneficiarios del Plan Vital y garantizar pagos a más de 10,000 proveedores de salud alrededor de Puerto Rico.

El memorial también detalla obligaciones fiscales relacionadas con cuentas por pagar, reservas actuariales y compromisos con aseguradoras. Al 28 de febrero de 2026, la agencia reportó obligaciones acumuladas asociadas a primas, reservas de reclamaciones y posibles devoluciones de fondos federales. Asimismo, ASES indicó que mantiene una estructura operacional compuesta por más de 100 puestos entre empleados regulares y de confianza, y subrayó la necesidad de contar con personal técnico altamente especializado para fiscalizar contratos, monitorear cumplimiento federal y prevenir fraude en Medicaid.

En términos generales, el memorial presenta a ASES como una de las entidades más críticas dentro del sistema de salud pública de Puerto Rico. Las prioridades presupuestarias para el AF2026-2027 están enfocadas en garantizar la estabilidad financiera del Plan Vital, fortalecer la capacidad fiscalizadora de la agencia y asegurar la continuidad de servicios médicos esenciales para cientos de miles de beneficiarios en la isla.

CENTRO CARDIOVASCULAR DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE

El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCCPRC), creado mediante la Ley Núm. 51 de 1986 y enmendada por la Ley Núm. 2 de 1990, reafirma en su Memorial Explicativo del Año Fiscal 2026–2027 su función pública esencial como institución líder en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares en Puerto Rico y el Caribe. Según detalla la propia agencia, su misión consiste en proveer servicios de salud cardiovascular de excelencia, costo-efectivos y centrados en el paciente, integrando además educación, adiestramiento profesional e investigación como pilares para el mejoramiento continuo de la calidad clínica. Esta visión se sostiene mediante una infraestructura quirúrgica y tecnológica de alto nivel, respaldada por un equipo multidisciplinario especializado que opera con los más altos estándares de seguridad y eficiencia.

En el Memorial, la corporación expone la estructura fiscal que enmarca sus operaciones y los desafíos económicos que enfrenta. El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2026–2027 asciende a $97.065 millones, integrando $87.665 millones en ingresos propios y $9.4 millones del Fondo General, cuya aprobación resulta indispensable para sostener la prestación de servicios, atender presiones salariales y fortalecer la capacidad operativa. De la asignación solicitada al Fondo General, $5.8 millones se dirigirían a la implementación del Plan de Clasificación y Retribución al 90%, necesario para detener la fuga de talento clínico frente a otras instituciones del sistema público. De igual modo, se solicitan $1.6 millones para la contratación de médicos especialistas, medida que permitirá ampliar la oferta de servicios, reducir tiempos de espera y aumentar el volumen de ingresos asociados a la producción clínica. Finalmente, el Memorial detalla una solicitud de $2 millones en CapEx para la modernización de equipo médico esencial, particularmente aquel que ha superado su vida útil y cuya sustitución es crítica para garantizar operaciones seguras.

El documento presenta un desglose minucioso de partidas operacionales, destacando los costos de nómina, materiales, suministros médicos e infraestructura. La nómina y costos relacionados constituyen una de las partidas más significativas, reflejando tanto los ajustes salariales aprobados como las limitaciones de reclutamiento que afectaron el uso completo del presupuesto vigente. Asimismo, el informe discute el impacto inflacionario en los costos de materiales y suministros, un factor que ha generado aumentos relevantes en medicamentos, efectos quirúrgicos y otros insumos esenciales, requiriendo reprogramaciones para garantizar continuidad de servicios. La institución también detalla las deudas pendientes con suplidores y entidades gubernamentales, así como las estrategias de cobro implementadas para agilizar la recuperación de cuentas por cobrar, que ascendían a aproximadamente $8.5 millones para febrero de 2026.

Un componente fiscal crucial del Memorial es el análisis del avance en proyectos de infraestructura financiados mediante fondos estatales CapEx y asignaciones federales de FEMA, incluyendo el ambicioso PW 1051, uno de los proyectos más abarcadores de reconstrucción y modernización hospitalaria. Para marzo de 2026, el Centro había recibido más de $19 millones en adelantos (“Working Capital Advances”), sometido más de $18.6 millones en solicitudes de reembolso, y se encontraba ejecutando proyectos de reemplazo de sistemas esenciales tales como generadores de emergencia, impermeabilización de techos, reparación de torres de enfriamiento y modernización del sistema de alarmas contra incendios. Estos proyectos representan una inversión estratégica para fortalecer la resiliencia de la institución frente a emergencias y asegurar la continuidad de su misión clínica.

En conclusión, el Memorial Explicativo 2026–2027 refleja un ejercicio fiscal responsable que combina la operación eficiente, la modernización de la infraestructura y la protección del capital humano como ejes centrales para sostener un servicio cardiovascular de excelencia. El documento resalta la necesidad urgente de apoyo presupuestario del Fondo General para corregir inequidades salariales, detener la pérdida de personal, expandir servicios y garantizar que la corporación pueda operar bajo un modelo financiero estable y sustentable. En última instancia, la Corporación reafirma su compromiso con la salud pública y con la misión de ofrecer a Puerto Rico y el Caribe un modelo clínico cardiovascular de referencia regional.

CENTRO COMPRENSIVO DE CÁNCER DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico comparece ante la consideración legislativa con una petición presupuestaria orientada a consolidar su rol como eje principal de la política pública oncológica en Puerto Rico. La solicitud para el Año Fiscal 2026–2027 no solo responde a necesidades operacionales inmediatas, sino que se articula como una estrategia institucional de largo plazo dirigida a fortalecer la infraestructura clínica, investigativa y científica del País frente a una de las enfermedades de mayor impacto social y económico: el cáncer.

Desde el año 2022, la institución ha demostrado un crecimiento operacional significativo como resultado de la implantación de un Plan de Negocios revisado enfocado en eficiencia administrativa, expansión de servicios y sostenibilidad fiscal. En ese periodo, el CCCUPR logró aumentar sus recaudos en aproximadamente $30.7 millones, equivalente a un crecimiento de 264 %. Este desempeño fue posible mediante el reclutamiento de personal altamente especializado, la expansión de servicios clínicos, la adquisición de nuevas tecnologías médicas y la optimización de procesos internos relacionados con el ciclo de ingresos y la operación hospitalaria.

Estos avances evidencian una transición institucional hacia un modelo operacional más eficiente y autosostenible. En esa dirección, el Centro ha diseñado una hoja de ruta proyectada para el periodo FY2027–FY2031, orientada a alcanzar autosuficiencia operacional parcial mediante el fortalecimiento de servicios ambulatorios, la modernización tecnológica, el control de costos y la maximización de ingresos propios. Sin embargo, el CCCUPR sostiene que, aun bajo escenarios de eficiencia máxima, la naturaleza especializada de los servicios oncológicos requiere apoyo recurrente del Estado. Ello se debe a que la institución no solo ofrece tratamiento médico, sino que también cumple funciones de investigación científica, prevención poblacional, educación médica y formación de capital humano, responsabilidades que forman parte de su mandato legal.

En términos presupuestarios, el CCCUPR presenta una solicitud total ascendente a $134,078,152. Esta cantidad se divide en tres componentes principales: $64,690,152 provenientes del Fondo General, $59,991,000 en ingresos propios y $9,397,000 en fondos federales. La distribución propuesta refleja un modelo de financiamiento mixto donde el apoyo estatal funciona como base estructural para sostener operaciones esenciales y, simultáneamente, facilitar la captación de recursos externos.

El desglose del presupuesto solicitado revela prioridades estratégicas claras. Del total solicitado al Fondo General, $51,048,152 corresponden a gastos operacionales recurrentes y $13,642,000 están destinados a mejoras permanentes y proyectos de infraestructura (CapEx). Estas partidas buscan sostener las cuatro divisiones medulares del Centro: la División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales, la División de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer, la División de Recursos Compartidos y Operaciones Científicas y la División de Medicina de Cáncer, donde operan el Hospital y el Centro de Radioterapia.

El presupuesto vigente para el Año Fiscal 2026 asciende a aproximadamente $106.5 millones. No obstante, la recomendación presupuestaria preliminar para el Año Fiscal 2027 reduce esa cifra a $95.5 millones, lo que representa una disminución de $10.8 millones respecto al presupuesto actual.

Al comparar la necesidad operacional identificada por el CCCUPR con la recomendación presupuestaria vigente, surge una brecha de financiamiento estimada en $38.6 millones. Esta diferencia evidencia que el presupuesto recomendado resulta insuficiente para sostener las operaciones actuales y atender las metas estratégicas institucionales. La institución plantea que, sin una inversión adecuada, se limitaría la capacidad de ampliar servicios especializados, fortalecer programas de investigación y responder de forma efectiva al aumento en la demanda de atención oncológica en Puerto Rico.

Uno de los componentes más relevantes de la petición es la solicitud de una asignación recurrente de $22 millones anuales dirigidos específicamente a investigación oncológica. Esta inversión tiene como propósito sostener la infraestructura científica y la capacidad de ensayos clínicos requerida para alcanzar la designación del Instituto Nacional del Cáncer (NCI). El CCCUPR argumenta que estos fondos no sustituyen los recursos federales, sino que constituyen el apoyo institucional indispensable para competir exitosamente por subvenciones del NIH, del propio NCI y de la industria farmacéutica. Bajo este modelo, el financiamiento estatal sirve como mecanismo multiplicador de recursos externos y posiciona al Centro dentro de los estándares de los principales centros oncológicos de Estados Unidos.

Además de la solicitud operacional, el CCCUPR ha sometido ante el Departamento de Vivienda una petición de inversión de capital aproximada de $71.3 millones para completar el nuevo Centro de Radioterapia y el Centro de Investigación Clínica. Este proyecto representa la continuación de una iniciativa previamente aprobada por el Gobierno de Puerto Rico, cuyo diseño ya ha sido completado y cuya ejecución parcial ya comenzó. La culminación de esta obra es considerada crítica debido a la expiración del contrato de arrendamiento del actual Centro de Radioterapia a finales de 2026. La nueva infraestructura permitiría integrar servicios clínicos y de investigación en un mismo espacio, mejorar la experiencia del paciente y fortalecer la capacidad institucional del CCCUPR como plataforma central del sistema oncológico puertorriqueño.

Desde la perspectiva fiscal y de política pública, el Centro sostiene que la inversión solicitada generaría beneficios económicos y sociales a largo plazo. La ampliación de servicios y la consolidación de capacidades científicas permitirían contener costos asociados al tratamiento tardío del cáncer, aumentar la captación de fondos federales y estudios clínicos financiados externamente, y reducir duplicidades dentro del sistema de salud. Asimismo, la integración de servicios especializados contribuiría a mejorar el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento, reduciendo barreras administrativas y fortaleciendo la continuidad de cuidado para pacientes oncológicos.

El fundamento legal de esta petición descansa en la Ley Núm. 230 de 2004, legislación que creó al CCCUPR como corporación pública responsable de liderar y coordinar la política pública de prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer en Puerto Rico. Este marco legal se complementa con la Ley Núm. 49 de 2011 y otras leyes especiales orientadas a proteger los derechos de pacientes oncológicos, incluyendo la Ley Núm. 79 de 2020, que garantiza acceso oportuno a tratamiento y diagnóstico.

En síntesis, la petición presupuestaria del CCCUPR trasciende una solicitud operacional ordinaria y se presenta como una propuesta estratégica de inversión pública en salud, investigación y desarrollo científico. La institución argumenta que el fortalecimiento de su capacidad operacional y científica constituye una herramienta indispensable para reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer en Puerto Rico, al tiempo que posiciona al País para atraer mayores recursos federales y consolidar un sistema oncológico moderno, integrado y sostenible. Top of Form

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPR)

La Universidad de Puerto Rico (UPR), principal institución pública de educación superior del país ha sometido una solicitud presupuestaria para el Año Fiscal 2026-2027 fundamentada en la necesidad de fortalecer sus operaciones académicas, investigativas y de servicio público. La institución sostiene que, aunque ha realizado esfuerzos significativos para maximizar la eficiencia administrativa y aumentar la captación de ingresos externos, los retos actuales y futuros requieren una inversión pública adicional que garantice la continuidad y calidad de sus servicios.

La propuesta presupuestaria se desarrolla en un contexto de transformación institucional y de crecientes exigencias en áreas estratégicas como la investigación científica, la innovación tecnológica, la formación de profesionales especializados y la prestación de servicios esenciales a la comunidad. Según la Universidad, mantener su competitividad académica requiere asegurar recursos suficientes para sostener proyectos de investigación vigentes, cumplir con las aportaciones institucionales exigidas por subvenciones federales y expandir programas académicos de alta demanda.

Asimismo, la UPR identifica como prioridad el fortalecimiento de iniciativas dirigidas a atraer nuevos sectores estudiantiles, incluyendo estudiantes adultos, miembros de la diáspora puertorriqueña y estudiantes internacionales. Esta estrategia busca ampliar la matrícula universitaria y consolidar el papel de la institución como centro de formación y producción de conocimiento para Puerto Rico y la región.

La solicitud presupuestaria se sustenta en diversas disposiciones legales, entre ellas la Ley 2 de 1966, la Ley 53 de 2021 y la Ley 92 de 2024, las cuales garantizan una aportación gubernamental irrestricta destinada a la operación de la Universidad. Sobre esta base jurídica, la institución solicita recursos para sus operaciones regulares y para una serie de programas especializados relacionados con la salud, la investigación científica y los servicios comunitarios.

El componente principal de la petición corresponde a las asignaciones provenientes del Fondo General, que totalizan $560.9 millones. Dentro de esta partida, la mayor asignación solicitada es la correspondiente a la fórmula de financiamiento universitario, que asciende a $441.2 millones, representando cerca del 79% del total solicitado bajo el Fondo General. A esta cantidad se añaden $60 millones para apoyo operacional adicional, destinados a reforzar la capacidad institucional ante las crecientes demandas académicas y administrativas.

En el área de salud y educación médica, la Universidad solicita $20 millones para financiar los programas de médicos internos y residentes en Medicina y Medicina Dental. También incluye $9.5 millones para el Fondo Especial de Cirugía y Trauma del Recinto de Ciencias Médicas, así como $2.5 millones para la prestación de servicios médicos a pacientes indigentes. Estas asignaciones reflejan la función esencial que desempeña la UPR en la formación de profesionales de la salud y en la provisión de servicios clínicos especializados a la población.

La propuesta contempla además $20.9 millones para becas legislativas dirigidas a estudiantes universitarios, reafirmando el compromiso institucional con el acceso a la educación superior. Se incluyen también fondos para programas de investigación y servicio público, entre ellos la Red Sísmica de Puerto Rico y la Red de Movimiento Fuerte con $1.7 millones, el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico con $1.66 millones, el Centro Ponceño de Autismo con $1.33 millones y diversas iniciativas vinculadas a emergencias médicas, estudios sobre Alzheimer y protección de menores víctimas de abuso sexual.

Además de las asignaciones directas del Fondo General, la Universidad proyecta recibir $71.3 millones provenientes de ingresos de juegos de azar administrados a través del Gobierno de Puerto Rico. Esta aportación eleva los recursos gubernamentales directos a aproximadamente $632.2 millones.

La solicitud también incluye recursos que permanecerían bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), por un total de $11.9 millones. Estos fondos están destinados principalmente a mejorar la compensación de médicos internos y residentes, apoyar los procesos de acreditación de programas de residencia y financiar especialistas que contribuyen a la formación médica avanzada. La Universidad considera estas asignaciones fundamentales para preservar la calidad de los programas de educación médica y cumplir con los estándares de acreditación profesional.

Uno de los aspectos más significativos de la propuesta es la reforma salarial para el personal universitario. Con este propósito, la institución solicita $118 millones en asignaciones especiales adicionales. De esta cantidad, $60 millones estarían destinados a mejorar la retribución del personal docente, mientras que $43.5 millones financiarían un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para empleados no docentes. Asimismo, se incluyen $14.5 millones para la actualización salarial del personal de confianza. La Universidad argumenta que estas medidas son indispensables para retener talento, fortalecer la estabilidad laboral y mantener la competitividad institucional frente a otros mercados académicos y profesionales.

Al integrar todas las fuentes de financiamiento solicitadas, la petición total de recursos públicos para el Año Fiscal 2026-2027 asciende a $762.2 millones. Esta cifra se compone de $560.9 millones del Fondo General y programas especiales, $71.3 millones provenientes de ingresos gubernamentales adicionales, $11.9 millones bajo custodia de OGP y ASEM, y $118 millones en asignaciones especiales para mejoras salariales.

En conclusión, la Universidad de Puerto Rico presenta su solicitud presupuestaria como una inversión estratégica para el desarrollo económico, científico y social del país. La institución sostiene que su función trasciende la educación formal, al constituirse como un centro de investigación, innovación y servicio público que contribuye al bienestar colectivo y a la competitividad de Puerto Rico. Desde esta perspectiva, los recursos solicitados buscan fortalecer la capacidad institucional para continuar formando profesionales, generando conocimiento y ofreciendo servicios esenciales, al tiempo que impulsan la modernización administrativa, la excelencia académica y la sostenibilidad de la principal universidad pública del país.Top of Form

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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

La Constitución delega en la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva la formulación y aprobación del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Este proceso exige un análisis cuidadoso de las prioridades del Gobierno y las necesidades ciudadanas.

Para su adecuada elaboración, se requiere que cada departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico documente y justifique, en función del beneficio social y económico que aporte y en consideración de los recursos disponibles, cada programa que se pretenda incorporar al presupuesto. De igual forma, la formulación de un presupuesto responsable demanda la aplicación de un riguroso criterio en el control de gastos, de modo que los logros alcanzados no se vean comprometidos.

Adicionalmente, desde 2016, el Gobierno de Puerto Rico debe gestionar la solicitud presupuestaria en conformidad con las disposiciones establecidas en la Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187.

La Comisión de Hacienda inició el 17 de marzo de 2026 las vistas públicas con la participación del equipo fiscal del Gobierno de Puerto Rico, finalizando el 13 de mayo de 2026 con la comparecencia del Departamento de Salud. Durante este proceso de vistas públicas llevamos a cabo un total de 14 vistas públicas en donde comparecieron más de 45 entidades de Gobierno que representen más del 85% del presupuesto del Fondo General.

El Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico para el AF 2027 es de $33,570.9 millones: $13,180.5 millones para el Fondo General, $5,457.7 millones para Fondos de Ingresos Especiales y $14,932.6 millones en Fondos Federales. El Fondo General aumenta $85.2 millones respecto al AF 2026. El presupuesto propuesto se presentó el 18 de mayo como la Resolución Conjunta de la Cámara 356.

Como parte del deber continuo de revisar y actualizar los ingresos del Gobierno de Puerto Rico durante el proceso de evaluación presupuestaria, esta Comisión ha confirmado que los ingresos netos al Fondo General hasta abril alcanzan los $10,966,389,000. Esta cantidad supera en $589,974,000 las proyecciones de ingresos para ese período. Esto garantiza que la estimación de ingresos presentada para el presente y el próximo año fiscal este respaldada por datos verificables. Además, esta información fue discutida y analizada por economistas de diversas organizaciones durante el Simposio Económico organizado por la Junta de Supervisión Fiscal en febrero de este año, antes del inicio del proceso de evaluación presupuestaria por parte de esta Comisión.

Esta Asamblea Legislativa tiene el deber y responsabilidad constitucional de evaluar y aprobar la Resolución Conjunta de la Cámara 356 de cumpliendo con las fechas establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal; en su carta fechada el 13 febrero de 2026 y enmendada en varias instancias durante el mes de junio de 2026. Ambos cuerpos, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico deberán aprobar esta resolución en o antes de la fecha establecida en dichas comunicaciones. Una vez aprobada, la Junta de Supervisión Fiscal evaluará las enmiendas realizadas y de tener alguna observación, deberá comunicarlas por escrito a la Asamblea Legislativa. De ser necesario hacer enmiendas a la Resolución, estas deben ser realizadas y aprobadas antes del 30 de junio de 2026. De esta manera se espera lograr la certificación de presupuesto por parte de la Junta de Supervisión Fiscal en o antes de 30 de junio de 2026.

CONCLUSIÓN

La realidad económica actual exige que se adopte un enfoque prudente al analizar el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. La responsabilidad fiscal y presupuestaria ha sido fundamental para realizar una evaluación integral del presupuesto, mediante vistas públicas con diversas agencias y un análisis detallado de los datos económicos y fiscales pertinentes. El proceso comenzó con la presentación del presupuesto propuesto por el Gobierno de Puerto Rico ante Junta de Supervisión Fiscal, bajo la premisa de que se implementarían ajustes de política pública como parte de la revisión y elaboración presupuestaria.

El Presupuesto General ha sido diseñado con una clara prioridad hacia la inversión social, por encima de otros tipos de gastos gubernamentales. Este enfoque responde al compromiso asumido por la Asamblea Legislativa de ejercer plenamente sus facultades constitucionales para evaluar y aprobar un presupuesto fiscalmente responsable y equilibrado. El presente informe refleja el rigor aplicado durante el proceso de aprobación de la ley presupuestaria, considerada la más relevante para Puerto Rico. Esta labor facilita la alineación entre la Asamblea Legislativa, la Junta de Supervisión Fiscal y el Poder Ejecutivo conforme a los parámetros establecidos por el Plan Fiscal certificado y el Programa de Gobierno de la Gobernadora, garantizando así la certificación de un presupuesto equilibrado y conforme a los estándares exigidos de responsabilidad fiscal.

Más del 64% del Fondo General se destina a educación, seguridad pública, salud y al pago de pensiones, lo que refuerza el compromiso del Gobierno con los servicios esenciales y empleados públicos. El aumento en gastos se asigna principalmente a inversiones específicas no recurrentes, orientadas a fortalecer la responsabilidad fiscal y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, evitando obligaciones que impliquen nuevos gastos públicos fijos.

De igual forma, el presupuesto recomendado dirige recursos hacia áreas estratégicas esenciales para promover el desarrollo económico y social de Puerto Rico, fundamentándose en un análisis riguroso de los factores que inciden en la estabilidad fiscal del Gobierno. En su formulación se consideraron los efectos de la Fase III de la Reforma del Servicio Civil, los riesgos en la nómina asociados a la culminación de fondos federales temporeros, las deficiencias de infraestructura y la necesidad de modernizar los sistemas tecnológicos. Asimismo, se evaluaron las iniciativas del Plan Fiscal y las obligaciones de pareo de fondos federales. Cada uno de estos elementos fue examinado en función de su impacto fiscal y de la capacidad de las agencias para administrar sus recursos de manera responsable y eficiente, asegurando así que el presupuesto responda a las necesidades operacionales y a los objetivos de política pública.

Como parte de esta visión de planificación fiscal, la Resolución Conjunta establece varias reservas presupuestarias dirigidas a fortalecer la solidez financiera del Gobierno y a garantizar la disponibilidad de recursos ante contingencias operacionales. Entre estas se destaca, el mantener la reserva presupuestaria en un 5%, la creación de la Reserva de Estabilización Presupuestaria, por $51.2 millones, nutrida de ahorros identificados durante el proceso de formulación del presupuesto, incluyendo reducciones en gastos operacionales a nivel gubernamental. Asimismo, se dispone una reserva de $31.6 millones para atender presiones en la nómina, mientras que la Reserva de Emergencia permanece disponible para responder a catástrofes naturales u otros eventos extraordinarios que excedan la capacidad de los recursos presupuestarios ordinarios. En conjunto, estas reservas permiten sostener un marco fiscal disciplinado, prudente y a la vez flexible, fortaleciendo la capacidad del Gobierno para manejar riesgos y asegurar la continuidad de los servicios esenciales durante el Año Fiscal 2027. De igual forma con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, se aplaza la liberación de ciertos fondos destinados a la expansión de servicios hasta que se obtenga mayor claridad sobre el alcance de las reducciones en el financiamiento federal. En el caso de que dichos fondos se vean reducidos y no puedan compensarse, los recursos inicialmente orientados a la expansión podrán redirigirse para financiar servicios esenciales que anteriormente se cubrían con fondos federales.

El presupuesto consolidado asciende a $33,570 millones distribuidos de la siguiente manera: $13,180.5 millones para el Fondo General, $5,457.7 millones para los Fondos de Ingresos Especiales y $14,932.6 millones en Fondos Federales., manteniéndose la partida del Fondo General aproximadamente $312 millones por debajo de las proyecciones de ingresos del Plan Fiscal Certificado, reflejando un enfoque de responsabilidad y prudencia fiscal.

La propuesta presupuestaria fortalece áreas prioritarias como seguridad pública, salud, adultos mayores, infraestructura, tecnología y apoyo a los municipios.

Entre las principales iniciativas se destacan:

la Policía de Puerto Rico y $15.6 millones para la adquisición de equipos

de seguridad.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico continuará impulsando una política pública presupuestaria que establezca disciplina fiscal y rendición de cuentas necesarias para cumplir los requisitos de una gobernanza futura, que asegure la sostenibilidad financiera a largo plazo para Puerto Rico.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes tiene el firme compromiso de presentar este Informe, a los fines de proveer las herramientas necesarias para que se cumpla con nuestra obligación Constitucional a través de la legislación necesaria para tener un presupuesto que atienda las necesidades y obligaciones del Gobierno de Puerto Rico con sus constituyentes. La Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 356, busca aprobar un Presupuesto General con cargo al Fondo General para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva, de la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2027.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representante de Puerto Rico, somete el presente Informe Positivo en el que recomendamos a este Honorable Cuerpo la aprobación de la Resolución Conjunta de Cámara 356, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Eddie Charbonier Chinea

Presidente

Comisión de Hacienda

  1. Newsroom, W Journal. (2026, 5 marzo). Moody’s highlights increased employment in Puerto Rico and fiscal progress. WJournal PR. https://www.wjournalpr.com/business/moody-shighlights-increased-employment-in-puerto-rico-and-fiscal-progress/article_cf107161859d-48b9-afb5-ce727e7b1006.html ↑

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