GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma. Asamblea 4ta. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 836
8 DE OCTUBRE DE 2026
Presentada por el representante Márquez Lebrón
y las representantes Gutiérrez Colón y Lebrón Robles
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la situación socioeconómica del estudiantado de los once recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el propósito de determinar en qué medida la reducción sustancial del presupuesto de la institución, como consecuencia de los recortes de fondos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, así como del aumento sin precedentes en el costo del crédito subgraduado y graduado, además de la eliminación y/o reducción de programas de ayuda económica, incluyendo exenciones de matrícula al estudiantado, han provocado un aumento en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de una proporción creciente de dicho estudiantado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante aproximadamente cincuenta años (desde 1966 hasta 2016) la asignación del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se determinó bajo la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, mediante una fórmula fija equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio de los ingresos totales del Fondo General del estado en los dos años fiscales inmediatamente anteriores al año en cuestión. La Ley Núm. 2, vigente hasta el presente, permitió mantener el costo del crédito, tanto a nivel subgraduado (grados asociados y bachilleratos), como graduado (maestrías, doctorados y programas de investigación) a niveles accesibles, particularmente para estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos y de clase asalariada.
No obstante, durante la última década, específicamente a partir del año fiscal 2017, el presupuesto asignado del Fondo General para la UPR se ha reducido, aproximadamente, entre 45% a 49%. Para el año fiscal citado dicha asignación fue de $911 millones. Esa cifra ha sido la mayor asignación de la pasada década, si tomamos como punto de partida el año fiscal 2016 hasta el presente, según se detalla en la siguiente tabla:
Asignaciones del Fondo General a la UPR para los años 2016 al 2027
Es decir, para los años fiscales recientes, la aportación del gobierno central ha oscilado entre $407 millones y $566 millones, lo que representa una caída de casi la mitad de los fondos estatales asignados en el año fiscal 2017. La cifra acumulada de reducción presupuestaria para el periodo consignado se aproxima a los $5,000 millones. Esta merma, impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al amparo de la Ley PROMESA, ha resultado en el aumento de los costos de matrícula del estudiantado, el cierre de programas académicos y recortes severos en investigación y servicios a la comunidad universitaria. Durante el periodo consignado, y a pesar de la vigencia de la Ley Núm. 2 de 1966, la JSF eliminó, unilateralmente, la utilización de la fórmula fija equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio de los ingresos totales del Fondo General del estado en los dos años fiscales inmediatamente anteriores.
Si tomamos en cuenta que el presupuesto consolidado de la UPR, que incluye ingresos propios, fondos federales, becas y asignaciones especiales, la cifra total para el año fiscal 2017 fue de $1,469.5 millones ($1,469,531,000), vis-a-vis $1,326.0 millones ($1,326,047,000) para el año fiscal 2026. Por consiguiente, la reducción neta de casi $143.5 millones (cerca de 9.8%) en 10 años ha sido consecuencia de las reducciones anuales del Fondo General, enumeradas en la tabla anterior, ya que las distintas administraciones de la UPR se han encargado de buscar, de manera agresiva y consecuente, fondos provenientes de ingresos propios, de fondos federales, y de asignaciones especiales.
Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho irrefutable de que el precio mayor de las reducciones sustanciales en el presupuesto de la UPR, impuestas por la JSF, ha sido pagado por el estudiantado de los once recintos que componen la institución. Específicamente, mediante la imposición de tres incrementos en 10 años, el costo del crédito subgraduado en la UPR aumentó de $57 a $157 entre los años fiscales 2016 y 2026, lo que representa un alza de $100 por crédito (un aumento aproximado de 175%). Esta cifra no toma en cuenta el costo de los créditos en los programas graduados a nivel del sistema, cuyo aumento fue, igualmente, sustancial. Es obvio que, como resultado de la implementación de una política fiscal basada en una visión neoliberal de nuestra universidad pública, el estudiantado de la UPR ha sido el sector más afectado, como secuela de las determinaciones de la JSF.
En el año 2014, es decir, tres años antes de que la JSF impusiera a la Junta de Gobierno de la UPR el aumento en el costo del crédito subgraduado y graduado, descrito en el párrafo anterior, la comunidad del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) puso en marcha, como iniciativa de la estudiante subgraduada Fabiola Medina, y de la consejera académica Lucy Serrano Gastón, el programa Come Colegial, cuyo lema es «Porque ningún cerebro puede pensar con un estómago vacío» (o «Porque un cerebro no se puede alimentar con el estómago vacío»). Dicho programa surgió como respuesta a una situación preocupante que había sido identificada en aquellos años por varios sectores de la comunidad del RUM. De hecho, durante el año académico 2013-2014, el Senado Académico del RUM recibió información fidedigna que aseguraba que un número indeterminado de estudiantes de dicho recinto se “hospedaba” en sus automóviles (es decir, dormía en sus vehículos), porque el ingreso mensual que recibían no era suficiente para enfrentar los gastos mensuales, entre los cuales la alimentación era el gasto principal. Come Colegial ha tenido desde entonces hasta el día de hoy la misión de “combatir la inseguridad alimentaria mediante la entrega de alimentos no perecederos, desayunos y almuerzos calientes”. Actualmente el programa impacta y atiende de forma directa a más de 450 estudiantes semanalmente, ya sea a través de la entrega de compras de comestibles o de almuerzos calientes. Mediante donativos provenientes del sector privado, incluyendo residentes de la ciudad de Mayagüez, comerciantes y supermercados de la zona, Come Colegial organiza actividades masivas como los Free Mini Markets o la entrega de almuerzos especiales auspiciados, logrando atender a grupos de 300 a 500 estudiantes en un solo día. Debe resaltarse el hecho de que, desde su fundación en 2014, la organización estudiantil (que cuenta con más de 120 voluntarios activos) ha beneficiado a más de 14,000 estudiantes.
El éxito del programa Come Colegial en el RUM sentó las bases para que en noviembre de 2019 se expandiera ese modelo de impacto directo al estudiantado que sufría inseguridad alimentaria, al resto de los once recintos del sistema de la UPR, bajo el nombre de Come UPR. Se ha documentado que la inseguridad alimentaria en los recintos de la UPR se manifiesta a través de recortes de comidas (es decir, comer menos de tres veces al día y menos cantidad de alimentos en cada comida), presupuestos extremadamente limitados, impacto en la salud y el rendimiento, y riesgo de deserción. Por ejemplo, se sabe que el 62% del estudiantado del recinto de Río Piedras sobrevive con menos de $500 mensuales tras cubrir costos fijos de alojamiento y otros. Se presume que esta realidad ha normalizado pasar por alto la nutrición adecuada o depender de opciones baratas y poco nutritivas. Además, no alimentarse adecuadamente se asocia de manera directa con cansancio, menor rendimiento cognitivo, alta carga de estrés y ansiedad. Esto ha contribuido a que un porcentaje significativo de estudiantes haya considerado una baja total o temporal de la institución.
Los datos sobre lo que ocurre en gran parte de los recintos del sistema de la UPR son, ciertamente, sorprendentes: entre el 25% al 41% del estudiantado (según recintos y estudios recientes del Instituto de Investigación Psicológica y el Centro de Investigaciones Sociales) experimenta inseguridad alimentaria. Esta realidad se correlaciona con vulnerabilidad de vivienda o sinhogarismo, o dificultades para pagar hospedajes. De ahí la importancia de iniciativas de apoyo estudiantil como Come Colegial y Come UPR, además de mercados o almuerzos comunitarios.
No cabe duda de que la reducción del presupuesto de la UPR, como consecuencia de la visión impuesta por la JSF, ha afectado –y afectará en el futuro previsible—a una cantidad creciente del estudiantado que ha enfrentado, y enfrenta actualmente, la realidad descrita en los párrafos anteriores. A la Cámara de Representantes le preocupa que el panorama socioeconómico del estudiantado de la UPR empeore, sin que se investiguen con rigurosidad las causas de esta situación, especialmente porque la UPR es receptora de fondos públicos. Por consiguiente, es deber de la Asamblea Legislativa analizar el aumento en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de una proporción creciente del estudiantado de nuestra institución pública de educación superior.
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
Sección 1.–Se ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la situación socioeconómica del estudiantado de los once recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el propósito de determinar en qué medida la reducción sustancial del presupuesto de la institución, como consecuencia de los recortes de fondos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, así como del aumento sin precedentes en el costo del crédito subgraduado y graduado, además de la eliminación y/o reducción de programas de ayuda económica, incluyendo exenciones de matrícula al estudiantado, han provocado un aumento en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de una proporción creciente de dicho estudiantado.
Sección 2.–Como parte fundamental del proceso de investigación, la Comisión citará a vistas públicas a representantes de las siguientes entidades, agencias y organizaciones científicas y profesionales relacionadas, de forma directa o indirecta, con la Universidad de Puerto Rico:
Sección 3.–Como resultado de la información que se obtenga en el proceso de vistas públicas, la Comisión deberá elaborar un informe exhaustivo y detallado, en un término no mayor de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Resolución, que incluya sus hallazgos sobre las consecuencias actuales y prospectivas de la inseguridad alimentaria y los niveles de pobreza del estudiantado de la UPR, y su vínculo con la reducción sustancial del presupuesto de la institución, a raíz de la eliminación de la fórmula contemplada en la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, así como de la asignación arbitraria del presupuesto de la institución por parte de la Junta de Supervisión Fiscal.
Sección 4.–Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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