GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 427

23 DE OCTUBRE DE 2026

Presentada por el representante Márquez Lebrón

y las representantes Gutiérrez Colon y Lebrón Robles

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica a proceder con la terminación de sus respectivos contratos con NFEnergía LLC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los contratos suscritos por el Gobierno de Puerto Rico con la empresa New Fortress Energy (NFE) a través de sus subsidiarias NFEnergía, LLC y Genera PR, son contrarios al interés público. El ahorro prometido en la factura de la luz con la entrega del control del muelle a NFEnergia para que construyera el único terminal de gas en el norte de Puerto Rico junto con la conversión de plantas generatrices a gas y el contrato de suplido de gas a esa misma compañía, nunca se concretó. Por el contrario, el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar la factura de luz más cara en la historia. Este es el resultado del control y monopolio sobre el suplido de gas e infraestructura vital cedido a una compañía privada en quiebra que, a su vez, controla el 60% del sistema de generación eléctrica del país.

Ese control y monopolio le ha permitido y permite a NFE mantener de rehén al pueblo de Puerto Rico. Desde los inicios de la relación contractual para el suplido de gas y control del muelle, NFE ha demostrado un patrón de incumplimiento temerario con sus obligaciones a expensas del interés público. En el año 2021, NFE anunció que interrumpiría el servicio en octubre de ese año sin proveer aviso con seis meses de anticipación exigido en el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). NFE canceló el servicio a la AEE justo cuando se disparó el precio del gas en el mercado internacional, donde podía conseguir más dinero. Puerto Rico no recibió el suplido de gas hasta abril del 2022.

El incumplimiento representó un gasto adicional de $26.8 millones para el pueblo puertorriqueño entre octubre de 2021 y abril de 2022. Situación que también ocurrió a mediados y finales del año 2025. A mediados de julio del 2025, NFE se negó a entregar el gas contratado como medida de presión durante la negociación del contrato para el suplido de gas. Para esa misma época, en medio de una crisis financiera que atravesaba NFE, la empresa dejó de remolcar sus buques con los remolcadores que cumplían con los requisitos de la Guardia Costera y comenzó a utilizar remolcadores menos costosos, de menor potencia y que no cumplían con dichos requisitos. Como consecuencia, el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico emitió in interdicto paralizando la entrega hasta tanto no se le certificara la existencia de condiciones seguras para la operación de la barcaza.

El patrón de incumplimiento temerario e ilegal de NFE con sus obligaciones contractuales para el suplido de gas continúan al día de hoy. El incidente más reciente hecho público ocurrió durante el mes de septiembre de este año. NFE atrasó nuevamente la entrega del gas contratado por no cumplir con las medidas de seguridad impuestas por las autoridades federales y luego, como medida ilegal y temeraria de coerción hasta tanto no se dejara sin efecto la determinación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que ordenó retenerle dinero de su factura por su incumplimiento en la entrega del gas. Actualmente se encuentra ante los tribunales una demanda entablada por la AEE en reclamación del costo adicional incurrido por la corporación pública para la compra de diésel como resultado del incumplimiento de NFE.

La temeridad de NFE ocasionó un déficit de $100 millones en el presupuesto de la AEE que podría aumentarle más aún la factura de la luz al pueblo. Este déficit millonario también surge como consecuencia de la negativa de Genera PR en asumir su obligación de instar acciones en contra de NFE, su matriz, para recuperar el costo generado por los incumplimientos en la entrega del gas. En adición, NFE impide que el Gobierno recurra a otras compañías suplidoras de gas ya que se niega a darle acceso al único terminal de gas en el norte, que también, controla en virtud del contrato suscrito con la Autoridad de Puertos. Esto ocurre en momentos en que esa misma empresa gestiona un permiso para llevar a cabo un dragado en la bahía de San Juan con el fin de permitir el anclaje de buques de mayor capacidad. Tanto la guardia costera como la entidad que agrupa a los pilotos encargados de guiar los barcos se oponen a la pretensión de NFE. Advierten que el proyecto propuesto obstruiría los canales navegables del puerto y con ello, la seguridad y estabilidad marítima y comercial en la bahía de San Juan.

La industria del gas es una sumamente regulada por los riesgos ambientales y de seguridad que representa para la infraestructura económica y a la seguridad del pueblo. Al día de hoy, NFE opera el terminal de gas sin la autorización final de las autoridades federales porque, entre otras cosas, no se ha completado las evaluaciones de planes de seguridad. Tampoco, NFE le ha notificado a las comunidades y negocios adyacentes al terminal, el plan de respuesta y seguridad en caso de emergencia por accidentes ambientales o explosiones. NFE ha reconocido en sus informes reglamentarios a sus inversionistas, que el futuro de las operaciones en la Bahía de San Juan están en riesgo. Admiten la posibilidad de que no puedan cumplir con los requisitos que imponga la FERC. El incumplimiento puede resultar en la suspensión de las operaciones, la imposición de multas, la cancelación de los permisos, así como potenciales penalidades administrativas, civiles y criminales, que pueden incrementar significativamente los gastos.

La zona de la bahía de San Juan no es únicamente residencial, sino que también, constituye un centro de servicios esenciales e infraestructura crítica para la estabilidad de Puerto Rico. Es por donde se reciben el 90% de las importaciones de bienes y suministros necesarios que posteriormente se distribuyen por todo el archipiélago. Esta zona alberga importantes centros de distribución de alimentos, incluida la instalación de almacenamiento de granos más grande del Caribe, lo que convierte cualquier accidente en una amenaza directa para la seguridad alimentaria de todo el archipiélago.

La relación contractual con NFE y sus subsidiarias ha tenido y tendrá consecuencias concretas y devastadoras para el bienestar y desarrollo económico del pueblo de Puerto Rico. El aumento sostenido en el costo energético provocó que el pueblo sufriera el alza en la factura de la luz más alta en su historia. Las entidades que agrupan sectores comerciales estiman que los altos costos energéticos provocaré el cierre de miles de negocios lo que a su vez resultará en la pérdida de empleos para decenas de miles de personas. Ante la dificultad de sostener los costos operacionales, los comercios empezaron a reducir sus plantillas de trabajadores o sus horarios de servicios. La crisis energética también afecta la operación de hospitales, centros de salud y los costos de mantenimiento en condominios residenciales. En comparación con el año pasado, se registró un incremento de casi un 6% en la radicación de quiebras en Puerto Rico. Mientras tanto, las personas envejecientes y con condiciones de salud cuyo tratamiento depende del uso de energía eléctrica son el sector más vulnerado con la crisis energética.

La protección de la infraestructura vital para la subsistencia de un pueblo es un asunto de seguridad nacional y de interés público apremiante. La continuación de los contratos con NFE representa una seria amenaza para la subsistencia del pueblo de Puerto Rico. NFE usa su control y monopolio sobre los muelles de la bahía de San Juan, en el suplido de gas y en el sistema de generación para adelantar sus intereses económicos en contravención de los intereses del pueblo. La crisis energética, económica y social causada por esta realidad llevó a la sociedad puertorriqueña a un punto de inflexión. La inacción ante esta coyuntura histórica no es opción.

En su función de velar y proteger el bienestar y futuro de Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa ordena a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Puertos de Puerto Rico a que, en aras de proteger el interés público, ejerza su derecho y deber de cancelar todo contrato suscrito con NFEnergía LLC y cualquiera de sus filiales o subsidiarias y a iniciar lo antes posible un proceso ordenado y responsable de transición conforme lo establecido en el contrato y en la legislación aplicable.

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. – La Asamblea Legislativa a nombre del Pueblo de Puerto Rico ordena a la Autoridad de Puertos de Puerto Rico a que, en aras de proteger el interés público, ejerza su derecho y deber de iniciar el proceso de terminación del contrato de arrendamiento de los muelles suscrito con NFEnergía LLC., con el propósito de que el Gobierno de Puerto Rico readquiera el control sobre su infraestructura portuaria para el beneficio del interés público. También, se ordena a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica a que, en aras de proteger el interés público, ejerza su derecho y deber de cancelar todo contrato suscrito con NFEnergía LLC de suplido de gas y con cualquiera de sus filiales o subsidiarias y a iniciar lo antes posible un proceso ordenado y responsable de transición conforme lo establecido en el contrato y en la legislación aplicable.

Artículo 2. – Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada.