GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 4 ^ta Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. Conc. de la C. 49

6 DE NOVIEMBRE DE 2026

Presentada por la representante Gutiérrez Colón;

el representante Márquez Lebrón y la representante Lebrón Robles

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para exigir a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, la destitución inmediata del ingeniero Josué A. Colón Ortiz de su designación como Zar de Energía; exigir a la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas su destitución inmediata como director ejecutivo de dicha Autoridad; y expresar la pérdida de confianza de esta Asamblea Legislativa en su gestión, a raíz de los hechos relacionados con la contratación de Power Expectations.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gobernadora emitió la Orden Ejecutiva OE-2025-005 para establecer la Oficina del Zar de Energía, adscrita a su Oficina. La Orden dispone que su titular será nombrado por la Gobernadora y responderá directamente a ella. También le encomienda supervisar, coordinar y fiscalizar la reconstrucción y modernización del sistema eléctrico, promover la comunicación entre los componentes gubernamentales y documentar incumplimientos y posibles negligencias de los operadores. Así mismo le asigna supremacía sobre cualquier disposición de ley general o especial o reglamento vigente.

Por su parte, la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público-Privadas”, creó la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y dispuso que sus poderes serían ejercidos por una Junta de Directores. Su Artículo 5 establece que esa Junta nombrará al Director Ejecutivo, quien dirigirá los aspectos operacionales y administrativos de la Autoridad, administrará su presupuesto, supervisará sus activos y empleados e implantará la política pública establecida por ley.

El ingeniero Josué A. Colón Ortiz asumió simultáneamente las responsabilidades de Zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP. Esa dualidad de funciones lo situó en una posición de especial responsabilidad sobre la coordinación de la política energética y la supervisión de procesos vinculados a la contratación pública. El ejercicio de esas responsabilidades exigía asegurar que las entidades llamadas a decidir recibieran información completa y oportuna, atender las advertencias sobre irregularidades y responder por las actuaciones de los contratistas bajo la supervisión de la AAPP.

La doble función de Colón Ortiz compromete la fiscalización al concentrar en una misma persona la dirección de la AAPP y la supervisión de los componentes gubernamentales del sistema energético. En la vista del 3 de septiembre de 2026, sostuvo que la AAPP no era parte del proceso regulatorio, pero reconoció que desde su oficina como Zar de Energía se habían establecido parámetros para la contratación. Esa dualidad dificulta precisar responsabilidades y permite invocar los límites de un cargo al responder por las obligaciones del otro. La concentración de funciones no puede servir para diluir el deber de asegurar la comunicación, la transparencia y la supervisión.

Los hechos relacionados con la contratación de Power Expectations demuestran fallas graves en el cumplimiento de esas responsabilidades. Se trató de un contrato de aproximadamente $5,887 millones, por diez años, para proveer 400 megavatios de generación temporera. Su propósito era atender una necesidad urgente del país, en momentos en que los apagones continuaban afectando la salud, el trabajo, la educación y la actividad económica. La magnitud del compromiso y la importancia del servicio exigían una evaluación rigurosa y una supervisión efectiva.

El proceso competitivo fue administrado por la Oficina de Adquisiciones de Terceros (3PPO, por sus siglas en ingles), presidida por el licenciado Osvaldo Carlo Linares, a través de su compañía Regulatory Compliance Services, Corp., contratista de la AAPP. Desde sus etapas de evaluación surgieron advertencias sobre la capacidad organizacional, financiera y operacional de Power Expectations y Reyes Contractor para ejecutar un proyecto de esa escala. La participación de Enchanted Rock resultaba esencial para aportar capacidades que las otras empresas no habían acreditado por sí solas. Toda esta información era de conocimiento, tanto del licenciado Carlo Linares como del ingeniero Colón Ortiz.

Las advertencias sobre la participación de Enchanted Rock precedieron a la firma del contrato. En una reunión virtual del 14 de mayo de 2026, el presidente de Power Expectations informó al 3PPO que esa empresa tendría una participación limitada, no asumiría responsabilidad durante los diez años del contrato y sería sustituida en el mantenimiento de los equipos por otra compañía. Las facturas de Regulatory Compliance Services, notificadas a la AAPP como agente de la AEE, también reflejan discusiones desde mediados de mayo sobre ese rol limitado y la capacidad financiera de Power Expectations para continuar sin Enchanted Rock. Estos antecedentes exigían verificar, antes de la firma, si el consorcio conservaba las capacidades y los compromisos que habían sustentado su selección.

A pesar de esas advertencias, el contrato fue suscrito el 10 de junio de 2026. Poco después, representantes de Enchanted Rock cuestionaron su inclusión como parte contratante y denunciaron el uso no autorizado de su nombre y firma. Tanto Colón como Linares conocieron esa controversia en junio. Sin embargo, la información no fue comunicada oportunamente a la entonces directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, quien debía tomar decisiones sobre el contrato.

Mientras esa controversia permanecía bajo revisión, se tramitó la sustitución de Enchanted Rock por Flotek Industries. Carlo Linares recomendó la sustitución el 30 de julio de 2026 y la ingeniera Zapata Acosta consintió al día siguiente, sin conocer los señalamientos que habían llegado a la AAPP y al 3PPO varias semanas antes. La Junta de Supervisión Fiscal tampoco recibió oportunamente esa información ni había aprobado la sustitución.

Esta secuencia impidió que quienes tenían que decidir contaran con información esencial. Ante un cuestionamiento que comprometía la participación de una empresa determinante para la viabilidad del proyecto, correspondía advertir de inmediato a la entidad contratante y asegurar que cualquier decisión posterior considerara la controversia. Remitir el asunto al mismo contratista que había administrado el proceso no agotaba la responsabilidad de supervisión de la AAPP.

El informe parcial de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre la R. de la C. 42 atribuye a la AAPP, por conducto de su director ejecutivo, responsabilidad principal de carácter institucional. La Comisión fundamenta esa determinación en que la AAPP contrató al 3PPO, le impartió instrucciones sobre precios, términos y calendario, participó mediante sus representantes en las negociaciones y conoció la controversia sobre la autoridad de firma, sin asegurar que la AEE recibiera esa información antes de decidir. También señala que la AAPP fue advertida de la falta de definición sobre la administración del contrato y no actuó, y que el 3PPO recomendó la sustitución por Flotek cuando su propio contrato había vencido. (Informe parcial, pág. 107).

La investigación también documentó comunicaciones de Colón Ortiz que requieren evaluarse frente a sus explicaciones públicas. En junio de 2026, el funcionario requirió verificar los procesos y planteó la posibilidad de referidos a Justicia y a la Fiscalía Federal si se había mentido o timado al Gobierno. Posteriormente, declaró bajo juramento que en junio no tenía ante su consideración las alegaciones que trascendieron en agosto. La Comisión identificó una contradicción entre esas expresiones y los mensajes, reconociendo tanto el carácter condicional de estos como las explicaciones ofrecidas por el funcionario.

Asimismo, los intercambios examinados reflejan instrucciones de Colón Ortiz sobre la duración y el precio del contrato, así como sobre el contenido de las contestaciones que el 3PPO debía presentar a la prensa y a la Junta de Supervisión Fiscal. Estas últimas instrucciones se impartieron antes de que concluyeran las verificaciones. Tales actuaciones profundizan los cuestionamientos sobre la independencia atribuida al 3PPO y sobre la transparencia e integridad con que se atendieron las advertencias.

A estas fallas se sumaron el incumplimiento con los hitos contractuales y la falta de entrega de la garantía de cumplimiento requerida. En agosto de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal revocó su aprobación e instruyó terminar el contrato. La AEE notificó su terminación antes de efectuar pago alguno. Aunque el valor total del contrato no constituyó una pérdida desembolsada, el proceso fracasó sin ofrecer la solución de generación para la cual se había promovido.

La Comisión dispuso referidos a las autoridades competentes, incluidas las declaraciones de Colón Ortiz que pueden implicar perjuicio. A pesar de estos referidos que comprometen la confianza en su gestión, no recomienda su destitución ni formula una determinación sobre su permanencia en ambos cargos. Aunque esos referidos no constituyen determinaciones de culpabilidad, la responsabilidad política y administrativa exige, sin embargo, atender desde ahora las omisiones y fallas de supervisión documentadas.

El pueblo de Puerto Rico necesita una dirección energética capaz de actuar con diligencia, comunicar los riesgos y proteger el interés público. La confianza necesaria para ejercer esas responsabilidades se pierde cuando información esencial no llega a quienes deben decidir, las advertencias no producen respuestas efectivas y las explicaciones ofrecidas dejan contradicciones sustanciales sin aclarar.

Por estos fundamentos, esta Asamblea Legislativa exige a la Gobernadora de Puerto Rico la destitución inmediata del ingeniero Josué A. Colón Ortiz de su designación como Zar de Energía y la revocación de las encomiendas y delegaciones conferidas en esa capacidad. Asimismo, exige a la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas su destitución inmediata como Director Ejecutivo. Las fallas documentadas en la contratación de Power Expectations y la pérdida de confianza en su gestión hacen necesaria su separación de ambas responsabilidades.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. –. Exigir a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, la destitución inmediata del ingeniero Josué A. Colón Ortiz de su designación como Zar de Energía y la revocación de las encomiendas y delegaciones que le haya conferido en esa capacidad.

Sección 2. –. Exigir a la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas que, en el ejercicio de sus facultades bajo la Ley 29-2009, según enmendada, destituya inmediatamente al ingeniero Josué A. Colón Ortiz del cargo de Director Ejecutivo de dicha Autoridad.

Sección 3. –. Expresar la pérdida de confianza de esta Asamblea Legislativa en la gestión del ingeniero Josué A. Colón Ortiz, por las omisiones y fallas de supervisión relacionadas con la contratación de Power Expectations descritas en esta Resolución Concurrente y documentadas en el informe parcial de la Comisión de Gobierno sobre la R. de la C. 42, sin prejuzgar las determinaciones que correspondan a los organismos investigativos y a los tribunales.

Sección 4. –. Disponer que copia de esta Resolución Concurrente sea remitida a la Gobernadora de Puerto Rico y a cada integrante de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.

Sección 5. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.