GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea 4^ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1590

9 DE NOVIEMBRE DE 2026

Presentado por la representante Pérez Ramírez

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para crear la “Ley de Ética, Transparencia y Uso Responsable de la Tecnología y la Inteligencia Artificial en el Gobierno de Puerto Rico”; establecer la política pública aplicable a la Rama Ejecutiva del Gobierno y los municipios respecto al desarrollo, adquisición, implementación, utilización y supervisión ética de tecnologías digitales, sistemas automatizados e inteligencia artificial; disponer principios rectores y normas de conducta para los servidores públicos; establecer mecanismos de evaluación de riesgos, transparencia, responsabilidad, supervisión humana efectiva, protección de datos y prevención del discrimen algorítmico; imponer deberes a las entidades gubernamentales, los municipios y sus proveedores tecnológicos; ordenar reglamentación y fiscalización; y establecer medidas correctivas y sanciones administrativas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El continuo desarrollo de la tecnología, incluyendo los sistemas automatizados y la inteligencia artificial, ha transformado la manera en que los gobiernos administran sus recursos tecnológicos, adoptan decisiones y prestan servicios a la ciudadanía. Estas herramientas ofrecen oportunidades para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de la gestión pública. Sin embargo, su utilización también presenta desafíos relacionados con la privacidad, la confiabilidad de la información, el discrimen, el debido proceso y la responsabilidad de los servidores públicos.

La incorporación de tecnologías en la administración pública exige normas claras que garanticen su utilización ética, responsable y transparente. Las decisiones gubernamentales deben permanecer sujetas al juicio y la supervisión de los funcionarios legalmente facultados, sin que la intervención de un sistema automatizado o de inteligencia artificial constituya justificación para actuaciones arbitrarias, negligentes o contrarias al interés público.

Diversas jurisdicciones han adoptado legislación dirigida a atender estos desafíos. Por ejemplo, aunque recientemente modificadas, Colorado ha establecido obligaciones relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial y la prevención del discrimen algorítmico. Por su parte, Utah ha legislado sobre la utilización y supervisión de la inteligencia artificial; y exigido, entre otras cosas, que las empresas informen de manera clara y proactiva a los consumidores cuando estén interactuando con herramientas de inteligencia artificial generativa. En el caso de la Unión Europea, se ha desarrollado un marco regulatorio fundamentado en la evaluación de riesgos y protección de los derechos fundamentales. Así, se busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente; además de ser supervisados por personas, en lugar de la automatización.

En el caso de Puerto Rico, la Ley Núm. 75-2019, según enmendada, estableció el Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS), como organismo responsable de coordinar la política pública tecnológica gubernamental. Asimismo, la Ley Núm. 40-2024, según enmendada, regula la ciberseguridad gubernamental, mientras que la Ley Núm. 116-2026, conocida como “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”, reconoce garantías de transparencia e interacción humana en determinados servicios públicos asistidos por inteligencia artificial.

El PRITS también ha desarrollado directrices administrativas relacionadas con la utilización de la inteligencia artificial en el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, independientemente de la vigencia o modificación de dichas directrices, resulta necesario establecer, mediante legislación, obligaciones específicas y permanentes de evaluación de riesgos, prevención del sesgo algorítmico, supervisión humana efectiva, verificación de resultados, transparencia y responsabilidad institucional, ya que dichas directrices no sustituyen el establecimiento de garantías expresas mediante ley.

La protección de los derechos de la ciudadanía y la integridad de la gestión pública requieren estándares uniformes, independientemente del nivel de gobierno que utilice estas tecnologías. Por ello, consideramos que dicho marco debe comprender tanto a las entidades de la Rama Ejecutiva como a los municipios de Puerto Rico. A esos efectos, mediante la presente Ley, esta Asamblea Legislativa establece un marco jurídico de ética, transparencia, responsabilidad y supervisión para el desarrollo, adquisición y utilización de tecnologías digitales, al igual que de sistemas automatizados y de inteligencia artificial. Ello, en la Rama Ejecutiva y los municipios como complemento de la legislación vigente, así como para la promoción de la innovación tecnológica en el servicio público.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título.

Esta Ley se conocerá como “Ley de Ética, Transparencia y Uso Responsable de la Tecnología y la Inteligencia Artificial en el Gobierno de Puerto Rico”.

Artículo 2.- Aplicabilidad.

Las disposiciones de esta Ley aplicarán en la Rama Ejecutiva a todo departamento, junta, dependencia, comisión, negociado, oficina, agencia, administración u organismo, subdivisión política y corporaciones públicas y a los municipios del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, se aplicarán a todos los funcionarios, empleados públicos y contratistas que, en el desempeño de sus funciones oficiales o en la prestación de servicios gubernamentales en o para las entidades antes indicadas, desarrollen, adquieran, implementen, administren, operen o utilicen tecnologías digitales, sistemas automatizados o de inteligencia artificial.

Ninguna entidad comprendida en este Artículo estará exenta del cumplimiento de esta Ley por razón de su autonomía administrativa, fiscal u operacional, sin perjuicio de las facultades que le reconozcan la Constitución de Puerto Rico y las leyes aplicables.

La aplicación de esta Ley se entenderá sin perjuicio de las disposiciones federales y estatales sobre protección de datos, confidencialidad, seguridad informática, acceso a la información, ética gubernamental y debido proceso de ley.

Artículo 3.- Política pública.

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico promover y garantizar el desarrollo, adquisición, implementación y manejo ético, seguro, transparente, responsable y fiscalizable de las tecnologías digitales y los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el ejercicio de funciones gubernamentales, tanto en la Rama Ejecutiva como en los gobiernos municipales.

Artículo 4.- Definiciones.

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

1. Agencia o entidad gubernamental – Todo departamento, junta, dependencia, comisión, negociado, oficina, agencia, administración u organismo, subdivisión política, corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, así como todo municipio, dependencia, oficina, unidad administrativa, corporación o instrumentalidad de naturaleza municipal, independientemente de su denominación o estructura organizacional.
2. Algoritmo - Secuencia ordenada y finita de instrucciones para realizar un cálculo, desarrollar una tarea, resolver un problema específico o asistir en la formulación de decisiones.
3. Alto riesgo - Condición atribuible a un sistema automatizado o a un sistema de inteligencia artificial cuya utilización pueda producir consecuencias significativas sobre los derechos fundamentales, la seguridad, la salud, el acceso a servicios esenciales, el empleo, los beneficios públicos o cualquier otra decisión de importancia comparable.
4. Auditoría algorítmica - Proceso de evaluación sistemática para examinar el diseño, los datos de entrada, confiabilidad, seguridad, exactitud, cumplimiento normativo y los resultados de un sistema automatizado o de inteligencia artificial, incluyendo, pero sin limitarse a, posibles efectos discriminatorios.
5. Discrimen algorítmico – Proceso mediante el cual los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático perpetúan o amplifican los prejuicios y sesgos humanos existentes en los datos con los que son entrenados.
6. Evaluación de impacto algorítmico - Proceso sistemático para identificar, medir y mitigar los riesgos éticos, sociales, legales y de sesgo antes de implementar un sistema de inteligencia artificial o de toma de decisiones automatizadas.
7. Inteligencia artificial (IA) – Todo sistema automatizado o tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano, así como la comprensión, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad y autonomía.
8. Inteligencia artificial generativa - Sistema capaz de crear contenido original, como texto, imágenes, video, audio o código de software, en respuesta a la instrucción o solicitud de un usuario.
9. Modelos predictivos - Herramienta que utiliza técnicas analíticas y estadísticas para analizar datos históricos y predecir el comportamiento futuro.
10. Municipio - Demarcación geográfica con todos sus barrios, que tiene nombre particular y está regida por un gobierno local compuesto de un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. Incluye sus dependencias, oficinas, unidades administrativas, corporaciones municipales e instrumentalidades.
11. PRITS – Se refiere al Puerto Rico Innovation & Technology Service creado mediante la Ley Núm. 75-2019, según enmendada.
12. Proveedor tecnológico – Persona natural o jurídica que, mediante contrato o cualquier otro acuerdo, desarrolle, suministre, administre, mantenga u opere tecnologías digitales, y sistemas automatizados o de inteligencia artificial para una entidad gubernamental o municipio.
13. Servidor público – Toda persona que ocupe un cargo, empleo o función pública en la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico o en cualquiera de sus municipios, independientemente de la naturaleza de su nombramiento.
14. Sistema automatizado – Cualquier proceso computarizado que recopile y analice data o use inteligencia artificial para tomar, modificar o ser factor en la toma de decisiones con o sin intervención humana.
15. Sistema automatizado o de inteligencia artificial de alto riesgo – Es aquel que, por su finalidad, por el contexto en el que se utiliza, o grado de autonomía, puede afectar de forma significativa la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas.
16. Supervisión humana efectiva – Se refiere a la capacidad real y efectiva que tiene una persona facultada para monitorear, comprender, intervenir, suspender y anular las decisiones o resultados generados por un sistema automatizado o de inteligencia artificial.
17. Tecnología digital - Se refiere al uso de dispositivos electrónicos para almacenar, procesar y transmitir datos.

Artículo 5.- Principios rectores.

Toda entidad gubernamental, municipio y servidor público sujeto a esta Ley deberá observar los siguientes principios:

1. Respeto a la dignidad humana y protección de la intimidad.
2. Legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
3. Primacía del interés público sobre cualquier interés particular.
4. Transparencia y rendición de cuentas.
5. Igualdad de trato y prevención del discrimen.
6. Confidencialidad de la información.
7. Seguridad, confiabilidad y exactitud de los sistemas tecnológicos.
8. Proporcionalidad en la recopilación y utilización de datos.
9. Supervisión humana efectiva y responsabilidad institucional.
10. Accesibilidad, inclusión y equidad digital.
11. Prevención de conflictos de interés y utilización indebida de fondos públicos.
12. Trazabilidad, documentación y auditorías algorítmicas.
13. Evaluación continua y corrección oportuna de errores y riesgos.

Artículo 6.- Deberes de diligencia y responsabilidad.

Todo servidor público que utilice tecnologías digitales, sistemas automatizados o de inteligencia artificial en el desempeño de sus funciones deberá ejercer un grado razonable de diligencia, cuidado y juicio profesional respecto a los resultados producidos por dichos sistemas.

Ningún servidor público podrá justificar un acto ilegal, negligente, arbitrario o contrario a sus deberes oficiales alegando que este fue recomendado, generado o ejecutado por un sistema automatizado o de inteligencia artificial.

La utilización de tecnología no eximirá a los funcionarios, entidades gubernamentales y municipios de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que les correspondan conforme a las leyes aplicables.

Artículo 7.- Verificación de información generada por inteligencia artificial.

Todo servidor público que utilice herramientas de inteligencia artificial generativa para preparar documentos oficiales, informes, memorandos, recomendaciones, comunicaciones, análisis o cualquier otro producto relacionado con sus funciones deberá verificar razonablemente la exactitud, integridad, pertinencia y legalidad de la información generada antes de utilizarla o divulgarla.

Se prohíbe la presentación consciente o temeraria de información ficticia, referencias jurídicas inexistentes, datos falsificados o documentos fraudulentos generados mediante inteligencia artificial como si constituyeran información auténtica o debidamente verificada.

La responsabilidad de la validación final corresponderá al servidor público que autorice o suscriba el documento.

Artículo 8.- Prohibición de uso indebido.

Se prohíbe a los servidores públicos los siguientes actos:

1. Utilizar sistemas tecnológicos gubernamentales para obtener beneficios personales indebidos.
2. Introducir información confidencial, privilegiada o protegida en plataformas de inteligencia artificial no autorizadas, salvo que exista fundamento legal y autorización institucional suficiente.
3. Utilizar herramientas de inteligencia artificial para falsificar documentos, evidencia, comunicaciones o registros oficiales.
4. Manipular sistemas automatizados o de inteligencia artificial para favorecer o perjudicar indebidamente a una persona o entidad.
5. Utilizar información obtenida mediante sistemas gubernamentales para fines político-partidistas, comerciales particulares o ajenos al servicio público en violación de las leyes aplicables.
6. Evadir intencionalmente los controles de seguridad, transparencia o supervisión establecidos en esta Ley.
7. Implementar sistemas automatizados o de inteligencia artificial no autorizados cuando la aprobación previa sea requerida por PRITS o por otra autoridad competente conforme a la ley o reglamentación aplicable.

Artículo 9.- Clasificación de riesgos.

El PRITS establecerá, mediante reglamento, criterios uniformes para clasificar los sistemas automatizados y de inteligencia artificial utilizados por las entidades gubernamentales y los municipios, según su nivel de riesgo. La clasificación deberá considerar, entre otros factores, la finalidad del sistema, su grado de autonomía, la naturaleza de los datos utilizados, la posibilidad de errores, los riesgos discriminatorios (incluyendo, entre otros, el discrimen algorítmico), la capacidad de supervisión humana efectiva y las consecuencias previsibles sobre las personas.

Se presumirán de alto riesgo, sujeto a evaluación particular, los sistemas utilizados para adoptar o recomendar determinaciones sustanciales relacionadas con:

1. Elegibilidad, concesión, reducción o denegación de beneficios públicos.
2. Selección, contratación, evaluación o terminación de empleo público.
3. Acceso a servicios esenciales de salud, educación, vivienda o asistencia social.
4. Evaluaciones de riesgo individual utilizadas en procesos de seguridad pública o aplicación de la ley.
5. Otorgamiento, suspensión o revocación de licencias, permisos o autorizaciones de importancia significativa.
6. Determinaciones administrativas que puedan afectar derechos fundamentales o intereses legalmente protegidos.

Artículo 10.- Evaluación de impacto algorítmico.

Antes de implementar un sistema automatizado o de inteligencia artificial de alto riesgo, la entidad gubernamental o el municipio responsable deberá realizar y documentar una evaluación de impacto algorítmico.

Dicha evaluación incluirá, como mínimo, lo siguiente:

1. Descripción de la finalidad y el funcionamiento general del sistema.
2. Identificación de las categorías de información utilizadas.
3. Determinación de los riesgos previsibles para los derechos fundamentales.
4. Evaluación de posibles resultados discriminatorios.
5. Análisis de la exactitud, confiabilidad y limitaciones conocidas del sistema.
6. Descripción de los mecanismos de supervisión humana efectiva.
7. Medidas de seguridad, privacidad y mitigación de riesgos.
8. Procedimientos de reclamación y corrección de resultados perjudiciales.
9. Determinación de si existen alternativas menos riesgosas para alcanzar el propósito gubernamental.

La evaluación deberá actualizarse cuando ocurran modificaciones sustanciales en funcionamiento, la finalidad o la utilización del sistema y, en todo caso, con la regularidad que establezca el PRITS.

Artículo 11.- Supervisión humana efectiva en decisiones de alto impacto.

Ninguna entidad gubernamental o municipio podrá adoptar una determinación administrativa que produzca efectos jurídicos significativos sobre una persona basándose exclusivamente en un sistema automatizado o de inteligencia artificial de alto riesgo, salvo cuando una ley autorice expresamente dicho procedimiento y establezca garantías suficientes de revisión y debido proceso.

Toda determinación de esta naturaleza deberá contar con supervisión humana efectiva por parte de un servidor público competente.

El funcionario responsable deberá tener autoridad real para examinar los fundamentos disponibles, identificar errores y modificar o rechazar el resultado automatizado.

Artículo 12.- Prevención del discrimen algorítmico.

Las entidades gubernamentales y los municipios deberán adoptar medidas razonables y proporcionadas para prevenir, identificar y corregir resultados discriminatorios producidos por sistemas automatizados o de inteligencia artificial.

Cuando se identifique un riesgo sustancial de discrimen, la entidad responsable deberá adoptar medidas correctivas y, cuando corresponda, suspender la utilización del sistema hasta que dicho riesgo sea mitigado adecuadamente.

La evaluación de los resultados deberá considerar tanto el diseño del sistema como sus efectos reales sobre las personas.

Artículo 13.- Derechos de las personas afectadas.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley Núm. 116-2026, conocida como “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”, y demás legislación aplicable, toda persona afectada por una determinación administrativa sustancialmente asistida por un sistema automatizado o por uno de inteligencia artificial de alto riesgo tendrá derecho a:

1. Ser informada de la utilización sustancial de dicho sistema en la determinación, salvo excepción legal aplicable.
2. Recibir una explicación comprensible de los factores principales que sustentaron la determinación, en la medida permitida por ley.
3. Solicitar revisión humana de la determinación.
4. Presentar información pertinente para corregir datos incorrectos o incompletos.
5. Utilizar los procedimientos administrativos y judiciales disponibles para impugnar la determinación.

La utilización de sistemas automatizados o de inteligencia artificial no limitará los términos, recursos o garantías procesales reconocidos por otras leyes.

Artículo 14.- Transparencia en la utilización de sistemas automatizados y de inteligencia artificial.

Toda entidad gubernamental y municipio deberá divulgar, de manera clara, accesible y comprensible, información general sobre los sistemas automatizados y de inteligencia artificial que utilice para prestar servicios públicos, asistir en decisiones administrativas o ejecutar funciones que incidan directamente sobre la ciudadanía.

La información divulgada deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

1. La finalidad del sistema.
2. La entidad gubernamental o el municipio responsable de su utilización.
3. Una descripción general de las funciones que realiza.
4. La identificación de los procesos administrativos en los cuales interviene.
5. Los mecanismos disponibles para solicitar información, presentar reclamaciones o requerir intervención humana.

No será obligatorio divulgar información cuya publicación esté prohibida por ley o protegida por algún privilegio, que comprometa la seguridad de los sistemas, revele información personal protegida o constituya un secreto comercial legítimamente protegido. Tales excepciones deberán interpretarse restrictivamente y no impedirán la fiscalización por los organismos correspondientes.

Artículo 15.- Registro de sistemas automatizados y de inteligencia artificial.

El PRITS establecerá y mantendrá un registro de sistemas automatizados y de inteligencia artificial de las entidades gubernamentales y municipios, titulado “Registro de Sistemas Automatizados y de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico”, y utilizará, en la medida posible, la infraestructura tecnológica existente.

Toda entidad gubernamental y municipio sujeto a esta Ley deberá informar al PRITS los sistemas automatizados y de inteligencia artificial que utilice en el desempeño de sus funciones oficiales, conforme a los criterios y las excepciones que establezca la reglamentación.

El registro contendrá información sobre la entidad responsable, la finalidad, la clasificación de riesgo, el proveedor, la fecha de implementación, la existencia de evaluaciones de impacto requeridas para aquellos sistemas de alto riesgo, y los mecanismos de supervisión.

El PRITS mantendrá una versión pública del registro, con las exclusiones estrictamente necesarias, a fin de proteger la información confidencial, datos personales y la seguridad gubernamental.

La información deberá actualizarse, como mínimo, anualmente y cuando ocurra un cambio sustancial en los sistemas registrados.

Artículo 16.- Protección de datos personales y/o confidenciales.

Las entidades gubernamentales y los municipios deberán garantizar que la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento, la transmisión y la utilización de información mediante tecnologías digitales, sistemas automatizados o de inteligencia artificial cumpla con las leyes aplicables sobre privacidad, confidencialidad, seguridad y protección de datos.

A tales efectos, deberán:

1. Limitar la recopilación de información personal a aquella razonablemente necesaria para cumplir con una finalidad gubernamental legítima.
2. Establecer controles de acceso basados en las funciones y responsabilidades del personal autorizado.
3. Adoptar medidas de seguridad adecuadas a la sensibilidad de la información.
4. Prohibir la utilización secundaria de información personal para propósitos incompatibles con su recopilación original, salvo autorización legal.
5. Establecer procedimientos para detectar, documentar y atender accesos no autorizados, divulgaciones indebidas o incidentes de seguridad.
6. Asegurar que los contratos con proveedores tecnológicos incluyan obligaciones de confidencialidad, seguridad, conservación y disposición de datos.

Ninguna disposición de esta Ley autorizará el acceso, intercambio o divulgación de información protegida que no esté permitido por otra disposición legal.

Artículo 17.- Seguridad y confiabilidad tecnológica.

Toda entidad gubernamental y municipio deberá adoptar medidas razonables para garantizar la seguridad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de las tecnologías digitales, así como de los sistemas automatizados y de inteligencia artificial utilizados en sus operaciones.

Los referidos sistemas, cuando sean de alto riesgo, deberán estar sujetos a pruebas y controles periódicos destinados a identificar vulnerabilidades, errores, alteraciones indebidas, resultados inconsistentes y otros riesgos previsibles.

Cuando se detecte una falla que represente un riesgo grave e inminente para los derechos de las personas, la seguridad pública o la integridad de información gubernamental, la entidad responsable deberá suspender o limitar el funcionamiento afectado, según corresponda, y notificar al PRITS conforme a los protocolos establecidos.

Artículo 18.- Conservación de registros y rastreo.

Las entidades gubernamentales y los municipios deberán mantener documentación suficiente para permitir la evaluación y fiscalización de las tecnologías digitales, y de los sistemas automatizados y de inteligencia artificial utilizados en funciones oficiales.

En los sistemas de alto riesgo, dicha documentación deberá permitir identificar, en la medida técnicamente viable, las versiones utilizadas, los cambios sustanciales, las evaluaciones realizadas, los responsables de su operación y las intervenciones humanas relacionadas con decisiones significativas.

La conservación de los registros se realizará conforme a las leyes y normas aplicables sobre administración de documentos públicos, retención de información y protección de datos personales.

Artículo 19.- Facultades del PRITS; coordinación con entidades gubernamentales y municipios.

El PRITS será la responsable de establecer, dentro de sus facultades conferidas, los protocolos de evaluación de riesgos, los mecanismos de supervisión técnica y la reglamentación necesaria para implementar esta Ley en las entidades gubernamentales y los municipios sujetos a sus disposiciones.

En el ejercicio de tales facultades, el PRITS deberá:

1. Adoptar estándares mínimos de utilización responsable de tecnologías digitales, y sistemas automatizados y de inteligencia artificial.
2. Establecer procedimientos uniformes para la evaluación del impacto de los algoritmos.
3. Desarrollar criterios para identificar y clasificar sistemas de alto riesgo.
4. Mantener el “Registro de Sistemas Automatizados y de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico”.
5. Establecer requisitos de documentación, pruebas, supervisión y auditoría.
6. Emitir guías sobre el uso de inteligencia artificial generativa en el desempeño de funciones oficiales.
7. Coordinar con las entidades gubernamentales y los municipios la identificación y mitigación de riesgos tecnológicos.
8. Publicar guías y recomendaciones dirigidas a promover el cumplimiento de esta Ley.

El PRITS tendrá autoridad para establecer mediante reglamentación los estándares mínimos de cumplimiento de esta Ley, aplicables a las entidades de la Rama Ejecutiva y a los municipios, únicamente respecto a las materias expresamente reguladas por esta y dentro de las facultades conferidas en la Ley Núm. 75-2019, según enmendada. En el caso de los municipios, dicha autoridad se ejercerá respetando las facultades de administración y organización municipal, reconocidas en la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, y no autorizará al PRITS a intervenir en materias ajenas a la gobernanza tecnológica regulada por esta Ley.

Las facultades otorgadas por este Artículo se ejercerán sin menoscabar las atribuciones de la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General, así como de las autoridades de protección de datos y cualquier otra entidad fiscalizadora correspondiente reconocida por ley.

Artículo 20.- Responsabilidad de los jefes de agencia y alcaldes.

Cada jefe y cada alcalde será responsable de procurar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en la entidad gubernamental o municipio bajo su control, respectivamente. A esos efectos, estos deberán:

1. Establecer procedimientos internos para autorizar y supervisar el uso de tecnologías digitales, sistemas automatizados y de inteligencia artificial.
2. Identificar los sistemas utilizados por la entidad o el municipio y mantener su información actualizada.
3. Designar un funcionario responsable de coordinar el cumplimiento con esta Ley.
4. Garantizar que los servidores públicos reciban orientación y capacitación adecuada.
5. Adoptar medidas correctivas cuando se identifiquen incumplimientos o riesgos sustanciales.
6. Colaborar con el PRITS y las autoridades fiscalizadoras concernidas.

Los alcaldes deberán establecer los procedimientos internos necesarios para garantizar la utilización ética, transparente y responsable de las tecnologías digitales, y de los sistemas automatizados o de inteligencia artificial en sus respectivos municipios, conforme a los estándares mínimos establecidos por esta Ley y la reglamentación adoptada a su amparo.

La designación dispuesta en el inciso (c) de este Artículo no exigirá la creación de un puesto adicional. El cumplimiento de estas obligaciones tampoco requerirá necesariamente la creación de nuevas oficinas o puestos municipales.

Artículo 21.- Contratación de sistemas tecnológicos.

Toda adquisición o contratación gubernamental o municipal, relacionada con tecnologías digitales, y sistemas automatizados o de inteligencia artificial, deberá cumplir con las normas aplicables de contratación pública y con los requisitos técnicos y éticos establecidos en esta Ley.

Los contratos de sistemas de alto riesgo deberán incorporar, según corresponda, disposiciones que garanticen lo siguiente:

1. La identificación de la finalidad, además de las capacidades y limitaciones conocidas del sistema.
2. El acceso de la entidad contratante a la documentación necesaria para evaluar su funcionamiento y sus riesgos.
3. La realización de pruebas y evaluaciones de cumplimiento.
4. La protección de datos personales y confidenciales.
5. La obligación del proveedor de informar oportunamente sobre fallas, vulnerabilidades y riesgos sustanciales conocidos.
6. La posibilidad de realizar auditorías por las autoridades concernidas, sujetas a las protecciones legales correspondientes.
7. La conservación, devolución o eliminación segura de la información gubernamental o municipal al concluir la relación contractual.
8. La identificación de los mecanismos de supervisión humana efectiva y de corrección de errores.

Ninguna disposición contractual podrá impedir el cumplimiento de los deberes de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas establecidos por ley.

Artículo 22.- Evaluaciones y auditorías.

PRITS podrá requerir a las entidades gubernamentales y a los municipios evaluaciones técnicas y auditorías de los sistemas de alto riesgo cubiertos por esta Ley, conforme a criterios de materialidad, exposición al riesgo y necesidad de fiscalización.

Las auditorías podrán comprender la evaluación de la exactitud, seguridad, confiabilidad, documentación, prevención del sesgo algorítmico y efectividad de los controles de supervisión humana efectiva.

Cuando la naturaleza del sistema lo amerite, el PRITS podrá requerir una evaluación independiente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las normas aplicables de contratación pública.

Los resultados deberán utilizarse para identificar deficiencias, requerir medidas correctivas y prevenir daños a la ciudadanía. Toda medida correctiva deberá adoptarse conforme al Artículo 25 de esta Ley y a las garantías aplicables del debido proceso.

Artículo 23.- Capacitación y educación ética.

Toda entidad gubernamental y municipio deberá ofrecer orientación y capacitación periódica a los servidores públicos que utilicen tecnologías digitales, y sistemas automatizados o de inteligencia artificial en el desempeño de sus funciones oficiales. Dicha capacitación comprenderá lo siguiente:

1. Los principios y obligaciones establecidos por esta Ley.
2. Los riesgos asociados con la inteligencia artificial generativa.
3. La protección de datos personales y confidenciales.
4. La identificación de errores, sesgos y resultados discriminatorios.
5. La verificación de información producida mediante sistemas automatizados y de inteligencia artificial.
6. Los mecanismos de supervisión humana efectiva y responsabilidad administrativa.
7. Los procedimientos para informar incidentes o posibles incumplimientos.

El PRITS podrá desarrollar módulos uniformes de capacitación y coordinar su ofrecimiento con las entidades gubernamentales, los municipios y los organismos de capacitación existentes.

Artículo 24.- Notificación de incumplimiento.

Todo servidor público que, en el ejercicio de sus funciones oficiales, advenga en conocimiento de una falla grave, utilización indebida o incumplimiento sustancial de esta Ley, deberá informarlo mediante los canales establecidos.

Las entidades gubernamentales y los municipios deberán adoptar reglamentación u ordenanzas municipales, según corresponda, sobre los procedimientos confidenciales y accesibles para recibir, documentar y atender tales notificaciones.

De conformidad con el Artículo 4.2 de la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, se prohíben las represalias contra cualquier servidor público que, de buena fe, informe sobre una posible violación de esta Ley o colabore con una investigación sobre el asunto.

Artículo 25.- Medidas correctivas.

Cuando el PRITS determine, mediante un procedimiento que garantice notificación y oportunidad razonable de respuesta, que una entidad gubernamental o municipio ha incumplido sustancialmente con los estándares tecnológicos establecidos al amparo de esta Ley, podrá requerir la adopción de un plan de acción correctiva.

El plan deberá identificar las deficiencias encontradas, las medidas necesarias para corregirlas y los términos de cumplimiento.

En casos de riesgo grave o inminente para la seguridad, la confidencialidad de la información o los derechos fundamentales de las personas, el PRITS podrá requerir o recomendar la suspensión provisional del uso de un sistema sujeto a esta Ley. Cuando el PRITS tenga autoridad legal para ordenar dicha suspensión, podrá hacerlo mediante determinación escrita y fundamentada, con oportunidad de revisión expedita. En la eventualidad de que la autoridad para requerir la referida suspensión corresponda a otra entidad, el PRITS referirá el asunto al organismo con jurisdicción y podrá recomendar las medidas provisionales pertinentes.

Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y al riesgo identificado.

Artículo 26.- Sanciones administrativas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley podrá constituir fundamento para la imposición de medidas disciplinarias o sanciones administrativas, conforme a la naturaleza de la infracción y a las disposiciones legales aplicables al servidor público, entidad gubernamental o municipio concernido.

Cuando la conducta constituya una posible violación de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”; Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; Ley Núm. l07-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; las normas legales aplicables a la contratación pública; o de cualquier otra legislación aplicable, el asunto será referido a la autoridad con jurisdicción sobre el asunto.

Ninguna disposición de esta Ley se interpretará como una autorización para imponer sanciones disciplinarias sin observar las garantías del debido proceso de ley.

La imposición de medidas administrativas al amparo de esta Ley no impedirá la aplicación de otras consecuencias civiles, administrativas o penales expresamente autorizadas por la legislación vigente.

Artículo 27.- Reclamaciones.

Toda entidad gubernamental o municipio que utilice sistemas automatizados o de inteligencia artificial de alto riesgo deberá establecer un mecanismo accesible para recibir reclamaciones relacionadas con errores sustanciales, utilización indebida de datos, resultados discriminatorios o incumplimiento de los deberes establecidos por esta Ley.

Las reclamaciones deberán ser examinadas por personal competente con autoridad para recomendar o adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Cuando una reclamación esté relacionada con una determinación administrativa impugnable, se tramitará conforme a los procedimientos y términos establecidos en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, o en la legislación u ordenanzas municipales aplicables, según corresponda.

La presentación de una reclamación bajo este Artículo no sustituirá ni ampliará automáticamente los términos de los recursos administrativos o judiciales disponibles.

Artículo 28.- Primer informe e informes anuales.

En un término no mayor a treinta (30) días a partir de la aprobación de esta Ley, toda entidad gubernamental y municipio que actualmente utilice alguna modalidad de inteligencia artificial tendrá la obligación de presentar ante el PRITS un Informe de Uso de Inteligencia Artificial, en el cual abordará taxativamente los siguientes aspectos:

1. Objetivos, enfoque técnico y alcance detallado de sus modelos predictivos.
2. Mecanismos o licencias específicas de inteligencia artificial en uso, incluyendo, proveedor, cantidad de licencias y costos.
3. Costo incurrido, proyección de costos y fuente de fondos.
4. Entidades públicas o privadas envueltas en el desarrollo.
5. Fuentes de información utilizadas para adiestrar sus modelos predictivos, proceso de recopilación y actualización, y metodología para garantizar la evaluación continua de la calidad de los datos.
6. Clasificación de datos accedidos, utilizados, manejados y/o manipulados por inteligencia artificial.
7. Producto específico del algoritmo de inteligencia artificial.
8. Descripción del proceso de revisión o correctivo a aplicarse en resultados erróneos, así como mecanismos para evitar el procesamiento de datos erróneos, obsoletos, incompletos o parcializados.
9. Política de retención de datos del portal, plataforma, aplicación, sistema, y política de retención del mecanismo o licencia de inteligencia artificial.
10. Política de privacidad utilizada en la integración de la inteligencia artificial en uso.
11. Texto en uso para la divulgación a usuarios sobre la utilización de la inteligencia artificial en el portal, plataforma, aplicación o sistema.
12. Análisis de riesgo, dependiendo de los datos de entrada que se le proporcionarán.
13. Reporte sobre los derechos de autor de los datos presentados.
14. Protocolo para evitar que se exponga información confidencial.

El PRITS rendirá a la Asamblea Legislativa y publicará en su portal electrónico, no más tarde del 31 de marzo de cada año, un informe sobre la implementación de esta Ley durante el año natural anterior.

El informe deberá incluir lo siguiente:

1. La cantidad y clasificación general de sistemas automatizados o de inteligencia artificial registrados, distinguiendo entre entidades de la Rama Ejecutiva y municipios.
2. El número de evaluaciones de impacto algorítmico realizadas.
3. Los principales riesgos identificados y las medidas para mitigarlos.
4. La cantidad de incidentes sustanciales notificados, sin divulgar información protegida o confidencial.
5. Las acciones correctivas requeridas y su estado de cumplimiento.
6. Las iniciativas de capacitación desarrolladas.
7. El nivel general de cumplimiento de las entidades gubernamentales y los municipios.
8. Las recomendaciones legislativas o administrativas necesarias para fortalecer la utilización ética y responsable de la tecnología gubernamental y municipal.

Artículo 29.- Reglamentación.

El PRITS adoptará la reglamentación necesaria para la implementación de esta Ley dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su aprobación.

La reglamentación deberá establecer, como mínimo, los criterios de clasificación de riesgo, los requisitos de evaluación de impacto algorítmico, los procedimientos de registro, los estándares de documentación, los protocolos de seguridad, los mecanismos de supervisión humana efectiva y los procedimientos para la adopción de medidas correctivas.

El PRITS deberá considerar las necesidades y capacidades operacionales de los municipios al establecer los procedimientos de cumplimiento, sin que ello implique relevarlos de las obligaciones dispuestas en esta Ley.

Artículo 30.- Relación con otras leyes.

Las disposiciones de esta Ley serán complementarias a la Ley Núm. 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”; Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”; Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; la Ley Núm. 116-2026, conocida como “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”; y cualquier otra legislación aplicable en materia de ética gubernamental, transparencia, protección de datos, seguridad informática, contratación pública y procedimiento administrativo.

Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una derogación o limitación de los derechos, obligaciones o garantías establecidos en las referidas leyes.

En caso de concurrencia de disposiciones protectoras de derechos, se aplicará la norma que otorgue mayor protección, siempre que ello sea jurídicamente compatible con el ordenamiento aplicable.

Artículo 31.- Implementación escalonada.

Las entidades gubernamentales y los municipios deberán iniciar y concluir la identificación y el inventario de sus sistemas automatizados o de inteligencia artificial, no más tarde de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de esta Ley.

Dentro de los doce (12) meses a partir de la aprobación de esta Ley, las entidades gubernamentales y los municipios deberán completar la clasificación inicial de sus sistemas y las evaluaciones de impacto requeridas para aquellos identificados como de alto riesgo; y adoptar, enmendar o derogar la reglamentación u ordenanzas municipales necesarias, según corresponda, sobre los procedimientos confidenciales y accesibles para recibir, documentar y atender las notificaciones de incumplimiento referidas en el Artículo 24 de esta Ley.

El PRITS podrá establecer calendarios razonables de cumplimiento para sistemas previamente implementados, tomando en consideración su complejidad, nivel de riesgo, importancia operacional y disponibilidad de recursos. Disponiéndose, además, que establecerá un calendario de implementación razonable para los municipios, tomando en consideración su capacidad administrativa, disponibilidad de recursos tecnológicos, complejidad operacional y nivel de riesgo de los sistemas utilizados. Dicho calendario no podrá constituir una exención permanente del cumplimiento de esta Ley.

Los sistemas nuevos de alto riesgo que se implementen después de la aprobación de esta Ley deberán cumplir con las evaluaciones y autorizaciones aplicables previo al inicio de su operación.

Artículo 32.- Recursos.

Las entidades gubernamentales y los municipios implementarán las disposiciones de esta Ley dando prioridad a sus recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios existentes, sin perjuicio de las asignaciones que puedan autorizarse conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

El PRITS podrá desarrollar herramientas, modelos de evaluación, guías y programas de capacitación comunes para facilitar el cumplimiento por parte de los gobiernos municipales y reducir la duplicación de costos administrativos.

Artículo 33.- Cláusula de separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de sus disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitado exclusivamente a la cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley que así hubiere sido declarada inconstitucional o nula.

Artículo 34.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación a los únicos efectos de que el PRITS adopte, enmiende o derogue la reglamentación necesaria para su ejecución; y las entidades gubernamentales y los municipios inicien y concluyan la identificación y el inventario de sus sistemas automatizados o de inteligencia artificial. Las restantes disposiciones de esta Ley entrarán en vigor a partir de los ciento ochenta (180) días de su aprobación.