GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1591

10 DE NOVIEMBRE DE 2026

Presentado por el representante Carlo Acosta

Referido a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales

LEY

Para crear la “Ley de Licencia Especial con Paga para el Acompañamiento Médico, Terapéutico y Educativo de Hijos con Necesidades Especiales”, a los fines de establecer una licencia especial con paga para los empleados de los sectores público y privado que sean madres, padres, tutores o custodios legales de menores y otras personas con impedimentos, condiciones del desarrollo o condiciones crónicas de salud que requieran servicios médicos, terapéuticos o educativos recurrentes; disponer su utilización por semestre, por horas o por jornadas completas; establecer requisitos de elegibilidad, notificación y certificación; garantizar la protección del empleo, la confidencialidad de la información y la prohibición de represalias; disponer los remedios y las penalidades administrativas aplicables; facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico para adoptar la reglamentación correspondiente; enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”; el acápite 6 del inciso b del numeral 6 de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; y el numeral 7 del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de armonizar dichos estatutos con la licencia especial que aquí se crea; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La familia constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es en el seno familiar donde nuestros niños reciben amor, protección, orientación y el apoyo indispensable para alcanzar su máximo desarrollo físico, emocional, intelectual y social.

Sin embargo, miles de madres, padres y encargados en Puerto Rico enfrentan diariamente una realidad que merece mayor atención y sensibilidad por parte del Estado: la responsabilidad de trabajar para sostener económicamente a sus familias mientras atienden las necesidades médicas, terapéuticas y educativas de sus hijos con impedimentos o necesidades especiales.

Para estas familias, una cita médica no representa simplemente una visita rutinaria. En muchas ocasiones constituye un turno que han esperado durante semanas o meses para obtener un diagnóstico, comenzar una terapia, recibir tratamiento especializado o completar una evaluación indispensable para el desarrollo y el bienestar de sus hijos.

Las terapias del habla y lenguaje, ocupacionales, físicas, psicológicas y conductuales, así como las evaluaciones neurológicas, del desarrollo y de educación especial, frecuentemente se ofrecen durante el horario regular de trabajo. A ello se suman las reuniones del Comité de Programación y Ubicación (COMPU), en las cuales se elabora y revisa el Programa Educativo Individualizado del estudiante conforme a la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, y a la ley federal Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. § 1400 et seq., que reconocen a los padres como partícipes indispensables de ese proceso. Esta circunstancia obliga a muchos trabajadores a enfrentar una difícil decisión: cumplir con sus responsabilidades laborales o acompañar a sus hijos cuando más los necesitan.

Ninguna madre ni ningún padre debería verse obligado a escoger entre conservar su empleo y garantizar la salud, la educación y el bienestar de sus hijos. La pérdida de ingresos por ausencias justificadas, el agotamiento de las licencias acumuladas y el temor a medidas disciplinarias representan cargas adicionales para familias que ya enfrentan importantes desafíos económicos, emocionales y sociales.

La Constitución de Puerto Rico consagra en la Sección 1 de su Artículo II que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos los seres humanos son iguales ante la ley, y reconoce en la Sección 16 del mismo Artículo derechos fundamentales de los trabajadores. Asimismo, el ordenamiento jurídico estatal y federal reconoce la importancia de proteger a las personas con impedimentos y garantizarles acceso a servicios esenciales, como lo hacen, entre otras, la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, y la ley federal Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12101 et seq.

El ordenamiento vigente ofrece alternativas que, aunque valiosas, resultan insuficientes para atender esta realidad. En el sector privado, el inciso (n) del Artículo 4 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, permite al empleado disponer de hasta cinco (5) días de su licencia por enfermedad acumulada, siempre que mantenga un balance de cinco (5) días, para el cuidado y la atención por razón de enfermedad de sus hijos y de menores o personas con impedimentos sobre los cuales tenga custodia o tutela legal. En el servicio público, la Sección 9.1 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, autoriza un uso similar de hasta cinco (5) días de la licencia por enfermedad acumulada, siempre que el empleado conserve un balance mínimo de doce (12) días, mientras que el Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, concede hasta diez (10) horas por semestre a los empleados públicos cuyos hijos estén registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.

Estos mecanismos comparten limitaciones importantes. Dependen de que el trabajador haya acumulado licencia por enfermedad, la cual deja de estar disponible para atender su propia salud; están concebidos para episodios de enfermedad y no para servicios terapéuticos o educativos recurrentes; o se limitan a un número de horas que una sola evaluación especializada puede agotar. Por su parte, la licencia que concede la ley federal Family and Medical Leave Act of 1993, 29 U.S.C. § 2601 et seq., no es remunerada y, en el sector privado, solo cobija a empleados de patronos con cincuenta (50) empleados o más que cumplan determinados requisitos de antigüedad y horas trabajadas. De igual forma, la Ley 82-2023, conocida como “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico”, reconoce el valor del cuidador informal, pero no crea una licencia laboral remunerada.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que el bienestar de un menor con necesidades especiales no puede depender exclusivamente de la disponibilidad de licencias ordinarias de sus padres ni de la discreción de un patrono.

Por ello, mediante esta Ley se crea una licencia especial con paga de hasta diez (10) días laborables por cada semestre del año natural, adicional e independiente de las licencias de vacaciones y enfermedad, que permita a los trabajadores elegibles ausentarse justificadamente de sus labores para acompañar a sus hijos a citas médicas, terapias, tratamientos, evaluaciones y reuniones educativas relacionadas con su condición. La licencia podrá utilizarse de manera fraccionada por horas o por jornadas completas, según las circunstancias particulares de cada servicio.

La medida también establece garantías para evitar que el ejercicio legítimo de este derecho constituya motivo de despido, suspensión, reducción salarial, discrimen, represalias o cualquier otra acción laboral adversa, y protege la confidencialidad de la información médica y educativa de los menores.

Para cubrir de manera uniforme a los trabajadores de los sectores público y privado, la licencia se establece mediante una ley especial. Ello responde a que la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, no aplica a los empleados del Gobierno de Puerto Rico ni a los empleados municipales, y excluye a otras categorías de trabajadores, mientras que los beneficios marginales de los empleados públicos se rigen por la Ley 26-2017, según enmendada, y la Ley 8-2017, según enmendada. A fin de preservar la coherencia del ordenamiento, esta Ley enmienda, además, esos tres estatutos para incorporar en cada uno una referencia expresa a la nueva licencia especial y aclarar que esta es adicional a las licencias que ya reconocen.

Al mismo tiempo, esta Ley procura un balance razonable con la realidad operacional de los patronos, en particular de los pequeños comerciantes y empresas que constituyen la base de nuestra economía. A esos fines, establece requisitos sencillos de notificación y certificación, limita la licencia a los servicios directamente relacionados con la condición del menor, sanciona su uso indebido y dispone que no será acumulable ni liquidable.

Esta legislación busca reconocer el esfuerzo extraordinario de las familias cuidadoras, fomentar la continuidad de los tratamientos, prevenir interrupciones en los servicios esenciales y promover una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Su propósito no es conceder privilegios, sino garantizar que el derecho de un niño a recibir atención no se convierta en una amenaza para la estabilidad laboral y económica de su familia.

En virtud de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer un mecanismo uniforme de protección laboral que responda con humanidad, responsabilidad y justicia a las necesidades de estas familias puertorriqueñas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título.

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley de Licencia Especial con Paga para el Acompañamiento Médico, Terapéutico y Educativo de Hijos con Necesidades Especiales”.

Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

Se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar que los trabajadores que sean madres, padres, tutores o custodios legales de menores y otras personas con impedimentos o necesidades especiales de salud puedan cumplir con sus responsabilidades familiares sin menoscabo injustificado de su estabilidad económica y laboral.

Será responsabilidad del Estado promover condiciones de empleo que faciliten el acceso oportuno y la continuidad de los servicios médicos, terapéuticos y educativos especializados que estas personas requieran, en armonía con las necesidades operacionales razonables de los patronos.

Artículo 3.- Definiciones.

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) Certificación de asistencia: Documento, en formato físico o electrónico, emitido por el proveedor del servicio o la institución correspondiente, que acredite la fecha y el horario del servicio elegible al cual el empleado acompañó a su hijo, sin necesidad de divulgar el diagnóstico de este.

(b) Certificación de la condición: Documento que acredite que el hijo del empleado es un hijo con necesidades especiales conforme a esta Ley, el cual podrá consistir en cualquiera de los siguientes:

(1) una certificación emitida por un médico o profesional de la salud debidamente licenciado en Puerto Rico o en la jurisdicción donde se ofrezca el servicio;

(2) evidencia de que el hijo está registrado en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, cuenta con un Programa Educativo Individualizado vigente o recibe servicios bajo un plan de acomodo razonable al amparo de la Sección 504 de la ley federal Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. § 794; o

(3) evidencia de que el hijo recibe servicios de intervención temprana del Departamento de Salud.

(c) Empleado elegible: Toda persona que preste servicios remunerados a un patrono bajo una relación de empleo, a tiempo completo o parcial, en el sector público o privado, que sea madre, padre, tutor o custodio legal de un hijo con necesidades especiales y que haya completado al menos noventa (90) días de servicio con dicho patrono.

(d) Hijo: Hijo biológico o adoptivo del empleado, así como el menor o la persona sobre la cual el empleado ostente la patria potestad, la custodia legal o la tutela, incluido el menor ubicado en el hogar del empleado como hogar de crianza debidamente autorizado por el Departamento de la Familia.

(e) Hijo con necesidades especiales: Hijo del empleado que:

(1) sea menor de dieciocho (18) años y presente un impedimento físico, mental, intelectual, sensorial o del desarrollo, o una condición crónica de salud, que requiera de manera recurrente servicios elegibles;

(2) tenga entre dieciocho (18) y veintiún (21) años y esté registrado en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación; o

(3) sea mayor de edad y, por razón de un impedimento físico, mental, intelectual, sensorial o del desarrollo, esté bajo la tutela del empleado o dependa sustancialmente de este para acudir a los servicios elegibles.

(f) Licencia especial: Período de ausencia con paga autorizado por esta Ley para que el empleado elegible acompañe a su hijo con necesidades especiales a los servicios elegibles.

(g) Patrono: Toda persona natural o jurídica que emplee a uno o más empleados en Puerto Rico, así como toda agencia, departamento, instrumentalidad, corporación pública y municipio del Gobierno de Puerto Rico, la Rama Legislativa y la Rama Judicial.

(h) Servicios elegibles: Citas médicas, procedimientos y tratamientos; terapias físicas, ocupacionales, del habla y lenguaje, psicológicas o conductuales; evaluaciones médicas, neurológicas, psicológicas, del desarrollo y de educación especial; reuniones del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) y otras reuniones convocadas para preparar o revisar el Programa Educativo Individualizado o el plan de acomodo razonable del hijo; servicios de intervención temprana; y cualquier otro servicio directamente relacionado con la condición certificada del hijo que requiera la presencia del empleado, incluidos los servicios ofrecidos mediante telemedicina o telesalud.

Artículo 4.- Creación de la Licencia Especial con Paga.

Se establece una licencia especial con paga de hasta diez (10) días laborables por cada semestre del año natural para los empleados elegibles, destinada exclusivamente al acompañamiento de sus hijos con necesidades especiales a los servicios elegibles contemplados en esta Ley.

Para fines de esta Ley, el año natural se dividirá en dos (2) semestres: el primero comprenderá desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, y el segundo, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Los días no utilizados en un semestre no se transferirán al semestre siguiente.

Para empleados con jornada ordinaria de ocho (8) horas diarias, la licencia especial equivaldrá a ochenta (80) horas por semestre. En el caso de empleados cuya jornada ordinaria sea distinta de ocho (8) horas diarias o que trabajen a tiempo parcial, el beneficio se computará en proporción a su jornada ordinaria semanal. Durante el semestre en que el empleado advenga elegible, la licencia se concederá en proporción a los meses completos que resten de dicho semestre.

El beneficio corresponde a cada empleado elegible, independientemente del número de hijos con necesidades especiales que tenga.

Artículo 5.- Naturaleza de la Licencia y Pago.

La licencia especial será adicional e independiente de las licencias de vacaciones y enfermedad y de cualquier otra licencia reconocida por ley, reglamento, convenio colectivo o contrato de empleo. El patrono no podrá descontar el tiempo utilizado del balance de ninguna otra licencia ni exigir que el empleado agote previamente otras licencias como condición para su disfrute.

El tiempo de licencia especial se pagará a razón del salario regular del empleado y se considerará tiempo trabajado para fines de la acumulación de licencias, la antigüedad y cualquier otro beneficio que dependa de las horas trabajadas. El patrono no podrá requerir que el empleado reponga las horas utilizadas.

La licencia especial no será acumulable de un semestre a otro ni de un año natural a otro, ni será liquidable en caso de separación del empleo.

Cuando una ausencia al amparo de esta Ley también esté protegida por la ley federal Family and Medical Leave Act of 1993, 29 U.S.C. § 2601 et seq., el patrono podrá computarla simultáneamente contra ambos beneficios, siempre que lo notifique por escrito al empleado conforme a la reglamentación federal aplicable.

Artículo 6.- Utilización de la Licencia por Horas o Jornadas Completas.

El empleado elegible podrá utilizar la licencia especial:

(a) por horas, en fracciones no menores de una (1) hora, según el tiempo razonablemente necesario para acudir al servicio;

(b) por una jornada laboral completa, cuando las circunstancias así lo requieran;

(c) en días consecutivos o no consecutivos; y

(d) para cubrir el tiempo razonable de transportación, espera y acompañamiento relacionado con el servicio elegible.

El patrono no podrá exigir que el empleado utilice una jornada completa de licencia cuando la ausencia justificada requiera solamente una fracción de su jornada laboral.

Artículo 7.- Notificación y Certificación.

El empleado notificará al patrono, por escrito o por cualquier medio electrónico aceptado en el lugar de trabajo, la necesidad de utilizar la licencia especial con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, cuando el servicio haya sido programado previamente y ello sea razonablemente posible.

Cuando la cita sea notificada al empleado con menor anticipación, surja una cancelación que permita adelantar un turno o exista una situación urgente, el empleado informará al patrono tan pronto como razonablemente pueda hacerlo. La falta de notificación anticipada en estas circunstancias no será motivo para denegar la licencia.

Cuando el servicio elegible pueda programarse con flexibilidad, el empleado procurará, en la medida en que sea razonablemente posible, coordinarlo de forma que se minimice la interrupción de las operaciones del patrono. Ello no autoriza al patrono a denegar la licencia cuando el servicio solo esté disponible en horario laborable.

El patrono podrá requerir la certificación de la condición una vez por año natural. Cuando dicha certificación acredite que la condición es permanente, no podrá requerirse nuevamente mientras el empleado permanezca al servicio del mismo patrono y el hijo continúe cualificando como hijo con necesidades especiales.

El patrono podrá requerir, además, una certificación de asistencia, la cual el empleado deberá presentar dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a su reintegro al trabajo.

No podrá exigirse la divulgación de diagnósticos detallados, expedientes clínicos o educativos completos, ni información médica que resulte innecesaria para justificar la utilización de la licencia especial.

Artículo 8.- Protección del Empleo y Prohibición de Represalias.

Ningún patrono podrá despedir, suspender, sancionar, discriminar, reducir injustificadamente la jornada laboral, afectar ascensos, evaluaciones de desempeño o beneficios, ni tomar represalias contra un empleado por solicitar o utilizar de buena fe la licencia especial, por presentar una reclamación al amparo de esta Ley o por participar en una investigación o procedimiento relacionado con ella.

Una ausencia debidamente justificada bajo esta Ley no podrá considerarse falta disciplinaria, abandono de empleo ni incumplimiento de las normas de asistencia, ni podrá contabilizarse para fines de políticas de ausentismo.

Toda acción patronal contraria a las disposiciones de este Artículo estará sujeta a los remedios y las penalidades establecidos en esta Ley y en la demás legislación aplicable.

Artículo 9.- Uso Indebido.

La utilización de la licencia especial para fines distintos de los dispuestos en esta Ley, o mediante la presentación de información o documentación falsa, constituirá causa para la imposición de medidas disciplinarias conforme a las normas del patrono y a la legislación aplicable. El tiempo utilizado indebidamente podrá descontarse del balance de licencia especial disponible o, en su defecto, del balance de vacaciones del empleado.

Artículo 10.- Aplicabilidad a los Sectores Público y Privado.

Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a los empleados del sector privado y a los empleados de las agencias, departamentos, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico, así como de la Rama Legislativa y la Rama Judicial, no obstante lo dispuesto en la Ley 8-2017, según enmendada, en la Ley 26-2017, según enmendada, o en cualquier otra ley que regule de manera uniforme los beneficios marginales de los empleados públicos.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico coordinará la implantación de la licencia especial en las entidades de la Rama Ejecutiva y emitirá guías para las demás entidades públicas. La Rama Legislativa, la Rama Judicial, los municipios y las corporaciones públicas con autonomía en materia de personal adoptarán las normas internas necesarias para su implantación, en armonía con esta Ley.

En el sector público, la licencia especial se sufragará con los recursos presupuestarios asignados a cada entidad.

Los patronos privados estarán sujetos a la fiscalización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Artículo 11.- Derechos de Ambos Progenitores.

Cuando ambos progenitores, tutores o custodios sean empleados elegibles, cada uno tendrá derecho a la licencia especial establecida en esta Ley.

No obstante, cuando ambos trabajen para el mismo patrono y soliciten utilizarla simultáneamente para un mismo servicio, el patrono podrá requerir una justificación razonable de la necesidad de acompañamiento de ambos, sin imponer restricciones que impidan la atención adecuada del hijo.

La existencia de un beneficio similar concedido al otro progenitor no constituirá, por sí sola, motivo para denegar la licencia especial.

Artículo 12.- Confidencialidad.

Toda información médica, terapéutica, educativa o personal presentada para justificar el uso de la licencia especial será tratada como confidencial y se mantendrá en un expediente separado del expediente de personal del empleado.

Los patronos limitarán el acceso a dicha información al personal autorizado y la utilizarán exclusivamente para administrar el beneficio, de conformidad con las leyes de privacidad estatales y federales aplicables.

Artículo 13.- Protección de Derechos Adquiridos y Beneficios más Favorables.

Nada de lo dispuesto en esta Ley podrá interpretarse para reducir, eliminar o limitar derechos, licencias o beneficios más favorables reconocidos mediante leyes especiales, convenios colectivos, contratos de empleo, reglamentos o políticas vigentes. En particular, la licencia especial será adicional a los beneficios que reconocen el inciso (n) del Artículo 4 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, la Sección 9.1 de la Ley 8-2017, según enmendada, y el Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada.

Cuando concurran beneficios laborales aplicables a una misma ausencia, el empleado podrá acogerse al que le resulte más favorable, sin recibir doble compensación por las mismas horas de ausencia.

Artículo 14.- Reclamaciones y Remedios.

Todo empleado del sector privado que entienda que sus derechos bajo esta Ley han sido vulnerados podrá presentar una querella ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o acudir al Tribunal de Primera Instancia, incluso mediante el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada.

En el sector público, las reclamaciones se tramitarán mediante los procedimientos administrativos y judiciales aplicables a la entidad empleadora.

El empleado que prevalezca en una reclamación podrá obtener, según corresponda, la restitución en el empleo, el pago de los salarios y beneficios dejados de percibir, el cese de las represalias, honorarios de abogado razonables y cualquier otro remedio autorizado por el ordenamiento jurídico.

Las acciones al amparo de esta Ley deberán presentarse dentro del término de un (1) año a partir de la fecha en que ocurrió la violación alegada.

Artículo 15.- Penalidades Administrativas.

Todo patrono privado que incurra en una violación de esta Ley podrá estar sujeto a una multa administrativa no menor de quinientos dólares ($500) ni mayor de dos mil quinientos dólares ($2,500) por cada infracción. En caso de reincidencia, la multa podrá alcanzar hasta cinco mil dólares ($5,000) por infracción.

Las multas serán impuestas por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, previa notificación y oportunidad de ser oído, conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y a la reglamentación aplicable. Al fijar la cuantía de la multa, el Departamento considerará el tamaño del patrono, la gravedad de la infracción y la existencia de infracciones previas.

En el sector público, el incumplimiento estará sujeto a las medidas correctivas y disciplinarias que correspondan conforme al régimen legal de cada entidad.

Artículo 16.- Divulgación.

Todo patrono informará a sus empleados sobre los derechos que reconoce esta Ley mediante la colocación de un aviso en un lugar visible del lugar de trabajo o por medios electrónicos. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico prepararán y publicarán en sus portales electrónicos un aviso modelo dentro del término dispuesto en el Artículo 17 de esta Ley.

Artículo 17.- Reglamentación.

Se faculta al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, respecto al sector privado, y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, respecto a la Rama Ejecutiva, para adoptar, dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación de esta Ley, los reglamentos, procedimientos y guías necesarios para su implantación, conforme a la Ley 38-2017, según enmendada.

Dicha reglamentación deberá contemplar mecanismos sencillos de solicitud, utilización por horas, certificación de la condición y de asistencia, confidencialidad y protección contra represalias. La falta de adopción de la reglamentación no impedirá el disfrute de los derechos reconocidos en esta Ley a partir de su vigencia.

Artículo 18.- Evaluación de Impacto e Implantación.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, rendirá a la Asamblea Legislativa un informe de evaluación dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

El informe deberá incluir, en la medida en que existan datos disponibles, información agregada sobre la utilización del beneficio, las dificultades de implantación, las querellas recibidas, el impacto administrativo y económico en los patronos y las recomendaciones de política pública, sin divulgar información personal de los menores ni de los trabajadores.

Artículo 19.- Enmienda a la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998.

Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso (r), que leerá como sigue:

“Artículo 4. — Disposiciones sobre vacaciones y licencia por enfermedad.

…

(a) …

…

(q) …

(r) Todo empleado que sea madre, padre, tutor o custodio legal de un hijo con necesidades especiales tendrá derecho, además, a la licencia especial con paga dispuesta en la Ley ___-____, conocida como “Ley de Licencia Especial con Paga para el Acompañamiento Médico, Terapéutico y Educativo de Hijos con Necesidades Especiales”, conforme a los términos y condiciones allí establecidos. Dicha licencia será adicional e independiente de las licencias reconocidas en este Artículo, incluido el uso de la licencia por enfermedad dispuesto en el inciso (n), y su disfrute no se descontará de los balances de vacaciones o enfermedad del empleado. Las exclusiones dispuestas en el Artículo 6 de esta Ley y en el inciso (n) de este Artículo no limitarán el alcance de la referida licencia especial.”

Artículo 20.- Enmienda a la Ley 8-2017.

Se enmienda el acápite 6 del inciso b del numeral 6 de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 9.— Beneficios marginales.

Sección 9.1.— …

1. …

…

6. Licencias sin paga

a. …

b. Además de las licencias sin paga que puedan otorgarse por cada Agencia mediante reglamento, se concederán las siguientes:

1. …

…

6. Además se concederán licencias especiales por causa justificada, con o sin paga, según fuera el caso, tales como, pero sin limitarse a: licencia para fines judiciales; licencia con sueldo para participar en actividades en donde se ostente la representación del país; licencia militar; licencia de cuatro (4) horas laborables al principio y al final de cada semestre escolar para asistir a la escuela de sus hijos y conocer del aprovechamiento escolar; licencia para vacunar a sus hijos; licencia por servicios voluntarios a los Cuerpos de la Defensa Civil en casos de desastre; licencia para prestar servicios voluntarios a la Cruz Roja Americana; licencia deportiva [y]; licencia para donar sangre y licencia especial con paga para el acompañamiento médico, terapéutico y educativo de hijos con necesidades especiales, la cual será adicional e independiente de las demás licencias dispuestas en esta Sección. Disponiéndose que las referidas licencias se regirán por las leyes especiales que las otorgan mediante reglamentación, y que la licencia especial para el acompañamiento médico, terapéutico y educativo de hijos con necesidades especiales se regirá por la Ley ___-____, conocida como “Ley de Licencia Especial con Paga para el Acompañamiento Médico, Terapéutico y Educativo de Hijos con Necesidades Especiales”.”

Artículo 21.- Enmienda a la Ley 26-2017.

Se enmienda el numeral 7 del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para añadir un nuevo inciso l. y redesignar el actual inciso l. como inciso m., para que lea como sigue:

“Artículo 2.04. — Beneficios Marginales.

…

1. …

…

7. Licencias especiales

Se concederán a los funcionarios o empleados públicos, sean unionados o no unionados, las siguientes licencias especiales por causa justificada, con o sin paga, según fuera el caso. Disponiéndose que las referidas licencias se regirán por las leyes especiales que las otorgan.

a. …

…

k. …

l. licencia especial para el acompañamiento médico, terapéutico y educativo de hijos con necesidades especiales – Todo funcionario o empleado público, sea unionado o no unionado, que sea madre, padre, tutor o custodio legal de un hijo con necesidades especiales tendrá derecho a la licencia especial con paga dispuesta en la Ley ___-____, conocida como “Ley de Licencia Especial con Paga para el Acompañamiento Médico, Terapéutico y Educativo de Hijos con Necesidades Especiales”, conforme a los términos y condiciones allí establecidos. Esta licencia será adicional e independiente de las demás licencias dispuestas en este Artículo, incluidas la licencia especial dispuesta en el inciso e. del numeral 2 y la licencia para asistir a la escuela de sus hijos dispuesta en el inciso e. de este numeral.

[l.] m. Nada de lo dispuesto en esta Ley afectará los derechos del Federal and Medical Leave Act (FMLA) de los empleados públicos que por ley federal estén cobijados por sus disposiciones en la actualidad.”

Artículo 22.- Supremacía.

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, reglamento o norma que no estuviere en armonía con ellas, salvo que dicha disposición conceda un beneficio más favorable al empleado.

Artículo 23.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier artículo, inciso, párrafo, oración o disposición de esta Ley fuese declarado inconstitucional o nulo por un tribunal competente, tal determinación no afectará, perjudicará ni invalidará las restantes disposiciones de esta Ley, cuyo efecto quedará limitado a la disposición así declarada, y las demás permanecerán en pleno vigor y efecto.

Artículo 24.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor ciento ochenta (180) días después de su aprobación, a fin de permitir la adopción de la reglamentación correspondiente y la preparación administrativa de los patronos públicos y privados.