GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma Asamblea 4^ta Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1593

12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Presentado por los representantes Méndez Núñez y Colón Rodríguez

Referido a la Comisión de Agricultura

LEY

Para crear la “Ley del Departamento de Agricultura de 2026”, a los fines de investirlo de las facultades necesarias y suficientes para atender de manera integral y eficaz la situación actual de la agricultura puertorriqueña; enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de Tierras de Puerto Rico”; y derogar la Ley Núm. 107 de 30 de junio de 1955, según enmendada; la Ley Núm. 102 de 26 de junio de 1963, según enmendada; la Ley Núm. 6 de 8 de diciembre de 1966, según enmendada; la Ley Núm. 8 de 8 de diciembre de 1966, según enmendada; la Ley Núm. 82 de 29 de octubre de 1992, según enmendada; la Ley Núm. 53 de 21 de junio de 1971, según enmendada; y el Plan de Reorganización Núm. 4-2010; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 2010, según enmendado, conocido formalmente como el Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010, se aprobó con el objetivo principal de reestructurar el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y sus entidades asociadas para hacerlos más eficiente y funcional dentro de la Rama Ejecutiva del Gobierno. Posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como PROMESA, por sus siglas en inglés (Pub. L. 114-187), y delegó poderes en una Junta de Supervisión y Control Fiscal (en adelante “Junta de Supervisión”). Conforme a PROMESA, las acciones de planificación fiscal, los recortes presupuestarios y las reestructuraciones de deuda están sujetos a medidas de control presupuestario. La obligación de cumplir con las disposiciones de PROMESA llevó al Gobierno de Puerto Rico a crear un sistema de empleador único, a uniformar y centralizar las adquisiciones gubernamentales, y a implantar una entidad financiera que llevara las riendas del Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión. Todas las acciones antes mencionadas han resultado en nuevos retos para poder ejecutar la política pública del Departamento de Agricultura.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que Puerto Rico solo produce el quince por ciento (15%) de sus alimentos, lo que nos coloca en una precaria situación a la hora de velar por nuestra seguridad alimentaria. Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico es consciente de la necesidad de reducir la burocracia y la duplicidad de esfuerzos en la gestión agrícola. Es necesario rediseñar los procesos gubernamentales para mejorar la experiencia del ciudadano con el Departamento de Agricultura, aumentar la visibilidad de la gestión gubernamental y asegurar que los servicios sean accesibles para todos los agricultores de Puerto Rico.

Con esta nueva Ley, el Departamento de Agricultura está encaminado a ser un ente facilitador que promueva la productividad, estimule la inversión y premie el éxito de nuestros agricultores. Reconocemos la importancia de apoyar a nuestros agricultores en procesos de revitalización luego de fenómenos atmosféricos y desastres, de auspiciar la modernización de las prácticas agrícolas y de promover la diversificación de la oferta agropecuaria. Esta legislación provee herramientas que facilitan las ayudas a nuestros agricultores ante las necesidades antes descritas.

Cónsono con lo antes expuesto, el Departamento de Agricultura redactará y aprobará la reglamentación necesaria para los propósitos establecidos al igual que para fomentar la sanidad vegetal en cultivos agrícolas y la salud de animales pecuarios, velar por la integridad comercial de los insumos agrícolas y propiciar relaciones mercantiles sanas entre agricultores, mayoristas y detallistas, así como definir cuáles son las mejores prácticas aceptables en el desarrollo de la agricultura para minimizar molestias al resto de la ciudadanía y preservar los terrenos de alto valor agrícola.

Con estos propósitos, se hace necesario crear un nuevo Departamento de Agricultura que pueda atender las necesidades actuales y futuras en la producción de alimentos, fibras y biomasa, aprovechar de manera más eficiente los recursos, y responder a las necesidades actuales del sector agrícola.

Las medidas aquí dispuestas son necesarias para impartir mayor agilidad en la toma de decisiones dentro de la estructura del Departamento de Agricultura e incorporan enfoques adicionales para fortalecer el acceso a datos necesarios para armonizar el desarrollo agrícola, la preservación del ambiente y el fomento de la economía agropecuaria y rural.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.1.- Título.

Esta Ley se conocerá como “Ley del Departamento de Agricultura de 2026”.

Artículo 1.2.- Política Pública.

Esta Ley tiene como propósito promover una estructura gubernamental ágil que responda a los retos fiscales del momento y que pueda atender de manera integral y eficaz la situación actual de la agricultura puertorriqueña, de forma que sea un marco normativo idóneo para la solución de las necesidades del pueblo puertorriqueño en cuanto a la producción de alimentos y fibras se refiere. Esta Ley persigue la optimización de los procesos gubernamentales, la reducción del gasto público mediante la asignación estratégica de los recursos y acuerdos de colaboración con otras entidades gubernamentales y entes privados, y la modernización de la actividad agrícola local. El Departamento de Agricultura y sus componentes proveerán una mayor uniformidad y accesibilidad de sus programas y servicios a los agricultores y la ciudadanía en general.

De igual forma, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico fomentará, impulsará y desarrollará los intereses agropecuarios de Puerto Rico, como parte del desarrollo económico de Puerto Rico. Adicionalmente, el Departamento de Agricultura gerenciará aquellas iniciativas para garantizar la capacidad productiva necesaria para ofrecer seguridad alimentaria en Puerto Rico en momentos de necesidad.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce al agricultor como eje principal del desarrollo en el sector agropecuario y está comprometido en desarrollar una agricultura intensiva y de precisión, que sea responsable con el ambiente y de provecho para el entorno rural, económicamente viable y de alta demanda. Esta Ley reconoce la necesidad de capacitar al agricultor puertorriqueño para que participe plenamente en una economía competitiva, y alcance la capacidad óptima de producción de alimentos y fibras.

Conforme a este compromiso, el Departamento de Agricultura está encaminado a ser un ente facilitador que promueva la productividad, estimule la inversión y premie el éxito. El Departamento actuará como organismo de apoyo en procesos de recuperación y revitalización luego de fenómenos atmosféricos y desastres, auspiciará la modernización de las prácticas agrícolas y promoverá la diversificación de la oferta agropecuaria.

Al mismo tiempo, se le encomienda al Departamento de Agricultura adoptar la reglamentación necesaria para fomentar la sanidad vegetal en cultivos agrícolas y la salud de animales pecuarios, velar por la integridad comercial de los insumos agrícolas, regular la actividad agropecuaria y propiciar relaciones mercantiles sanas entre agricultores, mayoristas y detallistas, así como definir cuáles son las mejores prácticas aceptables en el desarrollo de la agricultura para minimizar molestias al resto de la ciudadanía y preservar los terrenos de alto valor agrícola.

Mediante esta Ley, se le otorga al Departamento de Agricultura y sus componentes la flexibilidad administrativa necesaria para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades y obligaciones. De igual forma, se faculta al Secretario de Agricultura para que pueda desarrollar aquellas estructuras que entienda necesarias, apropiadas y convenientes para suplir las necesidades agropecuarias del Puerto Rico moderno, así como la capacidad de eliminar aquellas estructuras que ya no producen los debidos resultados, ya sea por desuso o por obsolescencia.

Por otro lado, las disposiciones contenidas en esta Ley eliminan toda aquella legislación que, tras casi un siglo de aprobada, ha perdido su relevancia, y definen funciones y responsabilidades enmarcadas en los siguientes pilares: (a) la producción agrícola; (b) los mercados agrícolas; (c) el acceso a capital; (d) los servicios de inspección agropecuaria; (e) el desarrollo rural; (f) la preservación de terrenos agrícolas; y (g) la sana administración. Además, el Departamento de Agricultura tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento con las leyes y reglamentos agropecuarios de Puerto Rico, para atender disloques en el mercado.

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) será un importante componente dentro del Departamento de Agricultura, como administrador independiente de recursos públicos. Este componente tendrá a su cargo asistir en la administración de los programas de servicios a los agricultores que disponga el Secretario, mientras que la Autoridad de Tierras y la Corporación de Seguros Agrícolas serán componentes del Departamento de Agricultura, de conformidad con los lineamientos administrativos del Secretario. La Autoridad de Tierras seguirá siendo el banco de terrenos agrícolas de Puerto Rico donde los agricultores puedan llevar a cabo sus empresas agrícolas. Este banco de terrenos es a su vez una herramienta útil para preservar terrenos de alto valor agrícola. Por otra parte, la Corporación de Seguros Agrícolas continuará ofreciendo soluciones para que los agricultores puedan mitigar financieramente los riesgos por fenómenos atmosféricos, entre otros.

Artículo 1.3.- Definiciones de Términos.

Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a continuación:

1. Acuicultura - Conjunto de actividades técnicas que combina conocimientos para el cultivo de especies acuáticas, tanto vegetales como animales.
2. Administración - Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, creada en virtud de esta Ley.
3. Administrador - Administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.
4. Agricultor - Todo aquel que se dedique a la agricultura, según lo definido en las leyes y reglamentos aplicables. En términos generales, abarca a quienes se dedican a la horticultura, la actividad pecuaria, la pesca y cualquier otra actividad destinada a la producción de alimentos, fibras y otros productos derivados de la agricultura.
5. Agricultura - Conjunto de actividades, técnicas y prácticas combinadas de conocimientos que permiten aprovechar los recursos naturales para obtener los productos necesarios para la vida y el desarrollo de la sociedad. Esto incluye la producción de alimentos y fibras, o combustibles provenientes de biomasa y otros productos resultantes de la labranza de la tierra, el cultivo de plantas y la cosecha de frutos, cuyas prácticas incluyen el control de plagas, enfermedades y malezas, y que puede extenderse al empaque, distribución y elaboración mientras se trate de un mismo agricultor. Para efectos de esta Ley, también incluye, en su acepción general, actividades pecuarias en todas sus ramas.
6. Agricultura Orgánica - Se refiere a la aplicación de un conjunto de prácticas culturales, biológicas y mecánicas que apoyan el reciclaje de los recursos dentro de la propia finca, promueven el equilibrio ecológico y conservan la biodiversidad. Estas prácticas incluyen mantener o mejorar la calidad del suelo y del agua; conservar los humedales, bosques y vida silvestre; y evitar el uso de fertilizantes sintéticos, lodos de depuradora, la irradiación y la ingeniería genética.
7. Agricultura Sostenible - Sistema integrado de prácticas agropecuarias con una aplicación específica al sitio donde se realiza, que en el presente y a largo plazo:
   • 1. satisfaga las necesidades humanas de alimentos y fibras;
     2. conserve dentro de lo posible la calidad ambiental y la base de recursos naturales de la cual depende la economía agrícola;
     3. haga el uso más eficiente de los recursos no renovables y de los recursos disponibles en la finca, e integre, cuando sea apropiado, los ciclos y controles biológicos naturales;
     4. mantenga la viabilidad económica de las operaciones agrícolas; y
     5. mejore la calidad de vida de los agricultores, los trabajadores agrícolas y la sociedad en general.
8. Agrivoltaico - Tecnología que combina el uso agrícola con la generación de energía solar o eólica. Generalmente, esto implica la instalación de sistemas fotovoltaicos elevados del suelo mediante estructuras de soporte o cables, o generadores eólicos con suficiente distancia entre sí, lo que permite el acceso de maquinaria agrícola para el cultivo de la tierra o el pastoreo de animales pecuarios.
9. Agroempresario - Agricultor que desarrolla un negocio a escala comercial de manera planificada, con claras estrategias de comercialización, buen sistema de contabilidad, adecuada capacidad financiera, y que se rige por las normas legales vigentes.
10. Agropecuario - Que tiene relación con la agricultura y la crianza de animales para consumo humano, producción de fibra o combustibles.
11. Animales Pecuarios - Incluye todas las clases de ganado vacuno, lechero y de carne, ganado porcino, caballos, asnos y mulas; cabras y ovejas, conejos y aves de corral, todos dedicados a la producción comercial de carne, leche o huevos. Puede incluir peces y otras especies, en la medida en que estén sometidos a algún medio de crianza controlado por el ser humano, tal como la maricultura. Los animales pecuarios no se consideran animales domésticos, domesticados, ni silvestres, ni están sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada.
12. Autoridad - Autoridad de Tierras de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de Tierras de Puerto Rico”.
13. Componentes - Se refiere a los componentes del Departamento de Agricultura de Puerto Rico dispuestos en esta Ley: la Autoridad de Tierras y sus subsidiarias; la Corporación de Seguros Agrícolas; y la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.
14. Departamento - Departamento de Agricultura de Puerto Rico.
15. Inspector - Funcionario del Departamento con poderes y facultades para investigar, fiscalizar y hacer cumplir las leyes y la política pública inherentes a la agricultura en Puerto Rico, así como los reglamentos promulgados por el Secretario de Agricultura.
16. Instalaciones - Significará las propiedades y los servicios que, a juicio del Secretario de Agricultura, sean necesarios o útiles para la administración y mejor mercadeo de los productos agrícolas.
17. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o LPAU - Ley Núm. 38-2017, según enmendada.
18. Maricultura - Rama especializada de la acuicultura dedicada al cultivo de organismos marinos para la producción de alimentos, en estructuras ubicadas en mar abierto o en una sección cerrada del océano.
19. Mercado Agrícola - En general, se refiere al conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes agrícolas. Se refiere también al sitio o instalaciones usados para vender, almacenar, reunir, clasificar, empacar, elaborar o en cualquier otra forma manipular productos agrícolas.
20. Operación Agrícola - Se refiere a cualquier lugar o instalación donde se lleven a cabo actividades relacionadas con la agricultura, incluidas las actividades pecuarias, de pesca o forestales y la acuicultura, así como la elaboración de dichos productos.
21. Pecuario - Perteneciente o relativo a la ganadería o crianza de animales para consumo humano, producción de fibras, o cualquier otra actividad de valor económico. Para efectos de esta Ley se extiende, sin que se entienda como limitación, al ganado bovino, de leche y de carne, al caprino y al porcino, al ovino y al equino, así como también a la cunicultura, la avicultura, la acuicultura, incluida la maricultura, y la apicultura.
22. Pesca - Acción y efecto de pescar peces u otros animales acuáticos. Para efectos de esta Ley se trata de aquella pesca que sea de índole comercial o industrial, no recreativa.
23. Plaga - Se refiere a cualquier forma de vida que compita con el ser humano, animales y plantas por alimento y nutrientes, o que cause daño a los animales, a las plantas o al ser humano o sus propiedades; o cause molestia o incomodidad al ser humano, sus cultivos y animales pecuarios; o disemine organismos que causan enfermedades al ser humano, animales y plantas, y que el Secretario declare como tal bajo la reglamentación vigente.
24. Producto agrícola - Todo aquello que se obtiene del ejercicio de la actividad agropecuaria, para uso y consumo del ser humano y de los animales pecuarios, como alimento, fibra, combustibles, incluidos los procedentes de biomasa, y ornamentales, así como los productos derivados de estos, bien sean frescos o en cualquier forma de elaboración o de conservación; así como los productos derivados de la ganadería en todas sus ramas, incluidas la apicultura y la avicultura, y se extiende a la pesca. Esta definición ha de aplicar a la actividad forestal destinada a la producción de fibras, biomasa, materiales de construcción o cualquier otra actividad según lo defina el Secretario.
25. Secretario - Secretario del Departamento de Agricultura.
26. Subsidiarias - Aquellas corporaciones públicas creadas o por crearse por la Junta de Gobierno de la Autoridad mediante resolución.

Artículo 1.4.- Uso de Términos.

Se entenderá que toda palabra usada en singular en esta Ley también incluye el plural cuando así lo justifique su uso y, de igual forma, el masculino incluirá el femenino, y viceversa.

CAPÍTULO II

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Artículo 2.1.- Departamento de Agricultura.

Se establece el Departamento de Agricultura como el organismo dentro de la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública agrícola de Puerto Rico y de establecer y llevar a cabo, por sí o a través de sus componentes, planes y programas dirigidos a promover, desarrollar y acrecentar la actividad agropecuaria, de acuerdo con los poderes, facultades y funciones que le son conferidos por la Constitución, esta Ley y otras leyes vigentes aplicables.

Artículo 2.2.- Composición del Departamento.

El Departamento quedará constituido de la siguiente forma:

1. El Secretariado del Departamento de Agricultura;
2. La Autoridad de Tierras y sus subsidiarias;
3. La Corporación de Seguros Agrícolas; y
4. La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, creada por esta Ley.

Los componentes del Departamento le responderán directamente al Secretario en aspectos programáticos, de política pública, coordinación, supervisión y evaluación.

Artículo 2.3.- Funciones, Facultades y Deberes del Departamento de Agricultura.

El Departamento será responsable de implantar y supervisar la política pública sobre el desarrollo agropecuario de Puerto Rico, enfocándose en la capacitación del agricultor como cimiento.

El Departamento tendrá, entre otras, las siguientes funciones, facultades y deberes:

1. Producción Agrícola.

Con el fin de fomentar la producción agropecuaria, incluidas la investigación científica y tecnológica y la información estadística que la sustentan, el Departamento tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades, deberes y poderes:

1. Estudiar los problemas y necesidades de los sectores agropecuarios;
2. Adoptar estrategias, planes y programas para ofrecer soluciones a los componentes de los sectores agropecuarios;
3. Divulgar las mejores prácticas agrícolas conocidas de cultivo y cosecha, crianza, manejo, empaque, producción, elaboración, almacenamiento y distribución, entre otras, que sean conducentes a una comercialización exitosa;
4. Implementar proyectos de investigación y educación sobre las prácticas regenerativas y de precisión, el uso inteligente de recursos, la biotecnología, el uso de ambiente controlado, la digitalización, la trazabilidad y los sistemas analíticos aplicados a la producción agropecuaria;
5. Estimar costos de producción, salarios promedio, retorno de inversión y cualquier otro análisis relacionado con la administración de negocios agropecuarios, incluida la recomendación de métodos de contabilidad;
6. Desarrollar investigación científica y tecnológica en materia agropecuaria, con el propósito de mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos, así como la productividad agropecuaria. Dicha investigación será aplicada y participativa mediante un sistema de transferencia tecnológica, a fin de proporcionar asistencia técnica a los agricultores de Puerto Rico, en particular a los pequeños y medianos productores;
7. Fomentar la participación de las universidades y colegios técnicos en la investigación agropecuaria, su divulgación y su implementación, acorde con las exigencias de los sectores agropecuarios;
8. Mantener un sistema de recopilación de estadísticas agrícolas confiable, adoptando estándares reconocidos, siguiendo las pautas de la Ley Núm. 209-2003, según enmendada, que refleje anualmente la situación de los diversos sectores agrícolas, incluidos la producción y los precios; las finanzas y demografía de los agricultores; y cualquier otro asunto de interés;
9. Publicar estudios, investigaciones, datos, información o estadísticas sobre asuntos que le afecten o que propendan al mejoramiento de la agricultura, según definida en esta Ley; y
10. Realizar estudios econométricos, proyecciones económicas y herramientas de planificación financiera para que los agroempresarios puedan tomar decisiones informadas en sus negocios.
11. Mercados Agrícolas.

Con el fin de regular los mercados agrícolas y facilitar la promoción para el consumo de productos agropecuarios producidos localmente, el Departamento tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades, deberes y poderes:

1. Recolectar, compilar y difundir datos relativos a los mercados de productos agrícolas y derivados de estos en los puntos de venta. Además, realizará investigaciones concernientes al mercadeo de los productos de Puerto Rico;
2. Organizar los sectores agropecuarios de productos de Puerto Rico, promoviendo un sistema justo y distributivo;
3. Desarrollar y mantener condiciones satisfactorias de mercado para los agricultores;
4. Establecer un registro de los productores, intermediarios, elaboradores e importadores relacionados con las industrias agropecuarias con el fin de mantener un rastreo eficaz de la producción agrícola;
5. Requerir a las personas que operan negocios dentro de la industria agropecuaria aquella información que sea necesaria para la implementación de los reglamentos que se promulguen al amparo de esta Ley, garantizando la protección de información confidencial cuya divulgación pueda perjudicar a la persona ante sus competidores o ante otras personas relacionadas con dicha industria, mediante pacto o acuerdo;
6. Promover, mediante reglamentación, la justa competencia en los mercados agrícolas;
7. Fiscalizar la integridad de los participantes en los mercados agrícolas, sobre todo el de insumos necesarios para la producción agropecuaria;
8. Facilitar el diálogo entre los productores, elaboradores, distribuidores y consumidores de los distintos mercados agrícolas de Puerto Rico;
9. Asistir a los agricultores para mejorar sus ventas mediante campañas publicitarias y certificaciones de denominación de origen, para promover el consumo, dentro o fuera de Puerto Rico, de los productos producidos localmente;
10. Proponer, cuando sea necesario, políticas fiscales, tributarias, arancelarias y de otro tipo que, sin violentar las leyes federales y estatales, ayuden a equiparar y fortalecer la competitividad del sector agropecuario de Puerto Rico;
11. Asegurar la veracidad en los reclamos de atributos de los alimentos, ya sea en términos de origen, calidad, valor nutritivo, cualidades curativas, medidas, cumplimiento ambiental, método de producción y cualquier otro elemento que para el Departamento sea necesario regular, ya sea mediante reglamentación propia u otras normas ya adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico o por el Gobierno de los Estados Unidos;
12. Fijar precios u ofrecer precios mínimos garantizados de productos agropecuarios, ya sean vendidos directamente al consumidor o utilizados para elaboración, siempre y cuando existan situaciones o fallas en el mercado que coloquen en desventaja al agricultor, en cuyo caso el Departamento de Agricultura tendrá jurisdicción exclusiva en cuanto a reglamentación gubernamental;
13. Imponer estándares de calidad de productos agropecuarios, incluidos aquellos productos mínimamente procesados, en la medida en que sea necesario, para proteger al consumidor y mantener el buen nombre de la cosecha, crianza o pesca de Puerto Rico, en cuyo caso el Departamento de Agricultura tendrá jurisdicción exclusiva en cuanto a intervención gubernamental; y
14. Adquirir productos alimenticios producidos en Puerto Rico con el propósito de evitar fluctuaciones en los precios a nivel de la finca que resulten onerosas al agricultor, y en cualquier otra circunstancia en que esté amenazado el orden y la estabilidad en el mercadeo de dichos productos.
    1. El Secretario de Agricultura podrá transferir, libre de costo o a un precio menor, los productos alimenticios que adquiera a instituciones públicas estatales y municipales cuando, a su juicio, así lo requiera el interés público debido a los precios bajos u otros factores económicos desfavorables prevalecientes en el mercado de dichos productos, cuando no sea posible almacenarlos debido a su naturaleza perecedera, o cuando no sea aconsejable o factible su almacenamiento para venta futura debido a los altos costos en que se incurriría para efectuar dicho almacenamiento.
15. Acceso a Capital.

Con el fin de propiciar alternativas de acceso a capital para el financiamiento de las empresas agropecuarias, el Departamento tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades, deberes y poderes:

1. destinar fondos públicos para conceder incentivos, subsidios, préstamos, inyección de capital, capital semilla y cualquier otro tipo de asistencia económica necesaria para implementar actividades agropecuarias, siempre y cuando se mida el retorno de la inversión gubernamental, y se fiscalice el buen uso de los recursos por parte de los agricultores;
2. conceder garantías de préstamos para auspiciar la participación de la banca comercial en el quehacer agropecuario;
3. fomentar las cooperativas de producción agropecuaria, así como las de ahorro y crédito de agricultores, u otros servicios financieros, sujeto a las leyes aplicables, para que puedan ser fuente de financiamiento de empresas agropecuarias;
4. disponer, mediante reglamentación, de recursos del Estado, incluidas las asignaciones presupuestarias para fomentar la producción sostenible de alimentos; y
5. definir la elegibilidad de los beneficiarios de dichos recursos y establecer aquellos términos y condiciones necesarios y convenientes para la consecución de la política pública agropecuaria de Puerto Rico que resulten en el buen uso y más alto retorno de la inversión pública hecha en la agricultura.
6. Servicios de Inspección Agropecuaria.

En materia de producción agropecuaria, el Departamento tendrá jurisdicción primaria sobre asuntos de salud pública. Con el fin de inspeccionar y controlar los insumos agrícolas, así como prevenir y controlar todo aquello que pueda afectar los cultivos, los animales pecuarios, los peces y las siembras forestales, el Departamento tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades, deberes y poderes:

1. Tomar medidas, mediante reglamentación, para evitar la entrada y propagación de plagas o agentes causantes de enfermedades en las plantas en Puerto Rico;
2. Asistir a los agricultores en la tarea de mantener el control de insectos u otros patógenos perjudiciales para los cultivos agrícolas;
3. Velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos sobre inspección y sanidad vegetal adoptados en Puerto Rico o a nivel federal en cooperación con las autoridades federales pertinentes;
4. Reglamentar los abonos y enmiendas de suelo utilizados en la producción agrícola y de uso comercial en general;
5. Salvaguardar, mediante reglamentación, prácticas conducentes a la inocuidad de alimentos cosechados y elaborados en Puerto Rico para propiciar el consumo de alimentos sanos y nutritivos, producidos localmente;
6. Disponer, mediante reglamentación, medidas para asegurar la salud de los animales pecuarios, incluidas las cuarentenas;
7. Ejecutar, sujeto a reglamentación, medidas de todo tipo para evitar la propagación de plagas o enfermedades infectocontagiosas de animales de cualquier tipo que puedan perjudicar al ser humano o a los animales pecuarios;
8. Controlar, erradicar, reprimir y tratar plagas y enfermedades de los animales pecuarios en Puerto Rico, así como hacer diagnósticos, exámenes clínicos y bacteriológicos de dichas enfermedades, y poner en ejecución todas las leyes y reglamentos que se promulguen al efecto;
9. Designar los animales marinos, incluidos peces, moluscos y crustáceos, así como anfibios, reptiles y aves silvestres, o sus huevos o crías, que considere perjudiciales para la actividad pecuaria, o que constituyan un riesgo o amenaza para la vida humana, y prohibir su introducción, posesión, adquisición, venta o traspaso en Puerto Rico, incluido ordenar su eliminación o sacrificio;
10. Ordenar que todos los embarques de especies que hayan sido prohibidas mediante reglamento sean prontamente devueltos, eliminados o sacrificados con cargo al importador o consignatario;
11. Mantener control sobre material genético de animales pecuarios tales como óvulos o semen, lo que incluye registrar el nombre de la persona, natural o jurídica, que importe, exporte o trafique dicho material; inspeccionar los centros de producción de este tipo de material y los libros de registros donde consten los historiales de entradas y salidas; y establecer los requisitos que regirán los servicios de inseminación artificial para el mejoramiento del ganado;
12. Regular la exportación e importación de plantas y animales, incluido el material genético, y promulgar reglamentación a estos efectos;
13. Validar, sujeto a reglamentación, el contenido nutricional de los alimentos para animales pecuarios vendidos comercialmente, así como asegurar un control de calidad adecuado de estos productos;
14. Tomar medidas contra la adulteración de alimentos y para regular los aditivos en alimentos, ya sea mediante reglamentación propia, u otras normas ya adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico o el Gobierno de los Estados Unidos;
15. Controlar el uso de agroquímicos (en particular, herbicidas, plaguicidas, fungicidas y raticidas) mediante registros, certificaciones, requisitos de etiqueta, estándares de seguridad y cualquier otro aspecto necesario para asegurar el manejo adecuado, ya sea mediante reglamentación propia u otras normas ya adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico o el Gobierno de los Estados Unidos;
16. Efectuar la inspección de todos los abonos, materias primas de abono, enmiendas de terreno, insecticidas, fungicidas (sustancias anticriptogámicas) y alimentos para animales que se importen, manufacturen, expendan, manipulen o usen en Puerto Rico;
17. Realizar la toma de muestras oficiales en relación con los productos anteriormente expresados para su posterior análisis en el laboratorio químico que el Departamento de Agricultura disponga para estos fines;
18. Realizar todos aquellos actos y gestiones que sean necesarios para dar cumplimiento a las leyes y reglamentos que se promulguen para la reglamentación del uso, venta, manipulación, fabricación, entre otros, de abonos, enmiendas de terreno, alimentos para animales y fungicidas en Puerto Rico;
19. Mantener un registro en el cual se inscriban todas las marcas relacionadas con los abonos comerciales o mezclados, materias primas de abono o enmiendas de suelo;
20. Mantener un registro de todos los alimentos que sean vendidos en Puerto Rico;
21. Prevenir el contrabando de café que no haya pagado los respectivos aranceles y la adulteración de café, mediante acciones tales como examinar los libros, cuentas y cualquier otro documento de los elaboradores, compradores, beneficiadores y torrefactores de café, a fin de realizar las investigaciones necesarias;
22. Inspeccionar los almacenes donde se conserva el café, así como reglamentar la compra, el recibo, la elaboración y la venta del café producido por los caficultores en sus fincas y por los torrefactores, incluida la concesión, mediante reglamento, de licencias a los establecimientos dedicados al tueste del café;
23. Hacer valer normas federales e implementar acuerdos de colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos y con otras jurisdicciones con el fin de dar estricto cumplimiento a las normas sobre inspección y salud animal o sanidad vegetal; y
24. Establecer estándares de productos agrícolas no procesados, o mínimamente procesados, así como de insumos agrícolas que sean vendidos en Puerto Rico, indistintamente de que se hayan producido en Puerto Rico o no, y realizar inspecciones regulares en los puntos de venta de dichos productos, incluido fijar y cobrar tarifas de registro, licenciamiento e inspección para dichos productos.

No se entenderá que lo dispuesto en este Artículo invalida o modifica alguna disposición de las leyes de salud pública o salubridad respecto a control animal o sanidad vegetal.

1. Desarrollo Rural.

Con el fin de auspiciar el desarrollo rural como base de la actividad agropecuaria, el Departamento, sin que se entienda como una limitación, deberá:

1. promover actividades de apoyo social, económico y cultural para el fortalecimiento de la calidad de vida en comunidades rurales de Puerto Rico, sede de la actividad agrícola;
2. invertir, mediante reglamentación, en infraestructura rural, cuando se entienda que tiene un impacto positivo en operaciones agropecuarias;
3. ofrecer apoyo en el desarrollo de negocios en el área rural, e impulsar el turismo rural y el agroturismo;
4. coordinar para que servicios gubernamentales básicos, como salud, educación y seguridad, sean ofrecidos en las comunidades rurales de Puerto Rico; y
5. reglamentar las actividades de generación de energía en suelos de alto valor agrícola, y promover sistemas agrivoltaicos, eólicos u otras nuevas tecnologías, que permitan el aprovechamiento de los terrenos para la generación de energía renovable en conjunto con la producción agrícola.
6. Preservación de Terrenos Agrícolas.

Con el fin de defender la preservación de los terrenos de alto valor agrícola y educar sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales utilizados en el desarrollo agropecuario, el Departamento tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades, deberes y poderes:

1. Investigar técnicas que permitan aminorar o prevenir cualquier impacto adverso de las prácticas agrícolas sobre el medio ambiente;
2. Facilitar la utilización productiva de la tierra, removiendo las barreras para su aprovechamiento;
3. Implementar estrategias de mitigación del impacto agrícola en el ambiente, incluidos bancos de mitigación, secuestro de carbono, regeneración de suelos y técnicas contra la erosión del suelo (en cualquiera de sus vertientes). Esto incluye asistir a los agricultores en la implementación de planes de conservación e incluso condicionar la asignación de fondos públicos al cumplimiento ambiental por parte de los agricultores;
4. Reglamentar las mejores prácticas agrícolas que, conforme a la ciencia, la experiencia o la costumbre, generen el menor impacto sobre el ambiente o armonicen con el medio ambiente a la vez que se logran operaciones de alto rendimiento;
5. Promover la preservación de terrenos agrícolas, ya sea mediante la adopción de reservas en aquellos terrenos de alto valor agrícola; atender las variaciones de usos de terrenos que puedan afectar la actividad agrícola presente y futura, restringir otros usos en los terrenos de alto valor agrícola, crear bancos para la preservación de terrenos agrícolas, implementar programas para adquirir servidumbres agrícolas, requerir a desarrollos residenciales, comerciales o industriales mantener zonas de amortiguamiento y otros mecanismos de redistribución de la tierra, con el fin de mantener terrenos productivos a perpetuidad y prevenir el acaparamiento de terrenos aptos para producción agrícola; y
6. Fomentar actividades que permitan la generación de ingreso adicional a los agricultores por realizar actividades de conservación, tales como bancos de mitigación, y regular mercados de créditos por retención de carbono o transacciones para la transferencia de derechos de desarrollo.
7. Sana Administración.

Con el fin de alcanzar un servicio gubernamental diligente y cumplidor de las normas, el Departamento, sin que se entienda como una limitación, deberá:

• • 1. utilizar los recursos asignados de manera responsable, austera y transparente, y capacitar a su personal para que pueda ofrecer un servicio de primera, uniforme y ágil a los agricultores;
    2. observar las mejores prácticas reconocidas en la administración pública;
    3. evitar a toda costa la duplicidad de servicios gubernamentales; y
    4. agilizar al máximo posible el tiempo de tramitación de los servicios a los agricultores.

Artículo 2.4.- Facultades, Funciones y Deberes del Secretario.

El Secretario, además de las facultades, poderes y funciones que le otorgan la Constitución y las leyes de Puerto Rico, será responsable de poner en vigor las funciones, facultades y deberes del Departamento establecidas en el Artículo 2.3 de esta Ley.

El Secretario representará al Gobernador de Puerto Rico y pondrá en vigor las facultades, deberes y funciones que le encomiende o delegue. Además, tendrá las siguientes funciones, facultades y deberes generales:

1. Dirigir, coordinar, administrar, supervisar y evaluar el funcionamiento del Departamento y sus componentes y el cumplimiento de estos con las facultades y deberes que las leyes y reglamentos les imponen, así como supervisar el cumplimiento de la política pública establecida.
2. Adoptar, modificar y usar un sello oficial para el Departamento.
3. Proveer asesoramiento continuo al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en todo lo relacionado con la formulación de política pública para los sectores agropecuarios.
4. Someter anualmente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa el estudio del Producto Interno Bruto Agrícola, en un documento que contenga el sello oficial del Departamento y la firma del funcionario a cargo de validar los datos.
5. Estudiar, diseñar y determinar la estructura organizacional y de puestos del Departamento con la coordinación, participación y asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, según se estime necesario, apropiado y conveniente para el mejor descargue de las facultades y deberes que esta Ley o cualquier otra ley aplicable le imponga.
6. Evaluar y coordinar las prioridades programáticas y presupuestarias del Departamento y de los organismos que lo componen, en forma integral, y preparar y presentar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico una petición presupuestaria anual para cada una de las oficinas o programas del Departamento. Además, deberá realizar todas aquellas otras funciones inherentes a su cargo, necesarias, apropiadas y convenientes para el cumplimiento con los propósitos de esta Ley y cualquier ley aplicable, incluidas, sin limitarse a ellas, las siguientes:
   1. organizar, planificar, supervisar y dirigir los trabajos del Departamento y sus componentes;
   2. nombrar o contratar el personal que sea necesario para llevar a cabo las funciones y deberes que se establecen en esta Ley en calidad de autoridad nominadora, de acuerdo con criterios que aseguren la prestación de servicios de la mejor calidad;
   3. contratar servicios profesionales, según estime conveniente, para asistir en la consecución de las políticas adoptadas en esta Ley;
   4. adoptar los reglamentos internos para el funcionamiento del Departamento;
   5. designar oficiales examinadores o jueces administrativos para que presidan los procesos de adjudicación llevados a cabo en el Departamento;
   6. comparecer en los contratos y formalizar todos los documentos públicos o instrumentos que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines y propósitos del Departamento;
   7. adquirir bienes muebles e inmuebles en cualquier forma legal, incluida, sin limitarse a ellas, la adquisición por compra, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, legado o donación, así como poseer, conservar, usar y disponer de cualquier bien (ya sea mueble o inmueble, mejorado o sin mejorar), valor, derecho o interés sobre este, de la forma que considere más efectiva, eficiente y necesaria en beneficio del Departamento o sus componentes;
   8. asignar o redistribuir los recursos físicos, económicos y el capital humano del Departamento y todos sus componentes, con el fin de lograr el funcionamiento eficiente de este; y
   9. delegar funciones, facultades y deberes dispuestos en esta Ley, o cualquier otra ley aplicable, a cualquier funcionario del Departamento y sus componentes, cuando lo estime necesario, apropiado o conveniente, siempre y cuando no incluya el poder de reglamentación, el de nombramiento de personal, ni el de promulgar política pública.
7. Aprobar, adoptar, enmendar y derogar aquellos reglamentos que sean necesarios, apropiados y convenientes para el descargue de los deberes y facultades que esta Ley y otras leyes aplicables le confieren al Departamento, a tenor con las disposiciones de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, salvo en el caso de la Autoridad y la Corporación de Seguros Agrícolas, cuyos reglamentos deberán ser aprobados por sus respectivas Juntas de Gobierno.
8. Recomendar, desarrollar e implantar planes estratégicos, medidas y programas para atender las necesidades de los sectores agropecuarios.
9. Establecer mecanismos de enlace, coordinación y participación con miembros de los sectores agropecuarios y la Universidad de Puerto Rico.
10. Colaborar mediante acuerdo con entidades estatales, federales, sin fines de lucro o académicas en la preparación de censos, encuestas, estudios, sondeos y cualquier otra herramienta útil para medir la productividad agrícola y su impacto en la economía puertorriqueña.
11. Establecer acuerdos de colaboración, convenios, contratos, mecanismos de enlace, alianza, coordinación y participación con otras agencias del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos, así como con organismos públicos y privados cuya misión sea lograr o contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico.
12. Disponer las normas que crea necesarias para organizar la capacitación agrícola, incluidos programas de viajes a otras jurisdicciones de los Estados Unidos o al extranjero.
13. Actuar, mediante la correspondiente designación del Gobernador, como el funcionario estatal que tendrá a su cargo administrar cualquier programa federal, conforme a lo dispuesto en esta Ley y otras leyes aplicables.
14. Reconocer derechos, conceder beneficios e imponer responsabilidades, obligaciones y sanciones administrativas, mediante reglamentación, para promover la política pública agrícola de Puerto Rico.
15. Realizar investigaciones y compeler a la producción de evidencia, cuando entienda que se ha violado alguna reglamentación del Departamento, siguiendo el debido proceso de ley.
16. Expedir citaciones para requerir la comparecencia de testigos, la toma de deposiciones, los juramentos y la producción de toda clase de evidencia documental.
17. Acordar el traspaso de instalaciones del Departamento o sus componentes, así como la transferencia de activos, obligaciones y propiedades.
18. Requerir, cancelar o negar licencias a las personas naturales o jurídicas que se dediquen al mercadeo o a administrar instalaciones para el mercadeo de productos agrícolas, e inspeccionar los mercados y productos agrícolas para asegurar que se cumpla con las leyes y reglamentos aplicables.
19. Cobrar cuotas o cargos razonables por los servicios de inspección y mercadeo brindados por el Departamento o sus componentes.
20. Intervenir o inspeccionar a cualquier persona o medio de transportación o carga que arribe a Puerto Rico de cualquier sitio, siempre que haya motivo fundado para creer que dicha persona o medio de transportación o carga transporta, lleva o porta cualquier producto agrícola o insumo de producción agropecuaria en forma contraria a cualquier ley o reglamento estatal o federal.
21. Requerir la presentación para inspección de hojas de ruta, manifiestos, facturas, conocimientos de embarque, conduces o cualesquiera otros documentos que se relacionen con los productos agrícolas que arriben a Puerto Rico.
22. Sancionar, conforme a la reglamentación aplicable, a cualquier persona o entidad que haga alegaciones, aseveraciones, representaciones o declaraciones falsas o engañosas sobre productos alimenticios o fibras.
23. Intervenir y sancionar, conforme a la reglamentación aplicable, a cualquier persona o entidad que introduzca en la cadena de suministros productos alimenticios adulterados, con cualidades dudosas, en envases engañosos o con información falsa sobre productos alimenticios o fibras. El Secretario podrá remover, eliminar, disponer, destruir o decomisar los productos antes mencionados.
24. Entrar, acceder y examinar cualquier propiedad donde se lleven a cabo actividades reguladas por el Departamento o el Secretario, incluidos, sin limitarse a ellos, los establecimientos, locales, almacenes, equipo e instalaciones ubicados en esta, y los documentos de cualquier persona, entidad, firma, agencia, negocio, corporación o instrumentalidad gubernamental sujeta a su jurisdicción con el fin de investigar o inspeccionar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, habiendo presentado las debidas credenciales.
25. Establecer y mantener aquellos laboratorios que estime necesarios y que sean apropiados o convenientes para poner en vigor las disposiciones de esta Ley y de cualquier ley o reglamento aplicable, incluidos la sanidad vegetal, la salud animal o veterinaria, la calidad de los insumos agrícolas o cualquier otro fin relacionado con la agricultura.

Artículo 2.5.- Multas y Sanciones Administrativas.

El Secretario podrá expedir multas e imponer sanciones administrativas, según se establezcan en los reglamentos y siguiendo el debido proceso de ley, a cualquier persona que:

• 1. infrinja las disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley aplicable administrada por el Departamento o sus componentes, o los reglamentos adoptados por el Departamento o sus componentes;
  2. cometa faltas en la obtención u operación de permisos, autorizaciones o licencias expedidas por el Departamento o sus componentes al amparo de esta Ley o cualquier otra ley aplicable, en cuyo caso las multas administrativas no excederán de cincuenta mil dólares ($50,000) por cada infracción, y cada día que subsista la infracción se considerará como una violación independiente;
  3. deje de cumplir con cualquier resolución, orden o decisión emitida por el Departamento o sus componentes, en cuyo caso las multas administrativas no excederán de cincuenta mil dólares ($50,000) por cada infracción, y cada día que subsista la infracción se considerará como una violación independiente; o
  4. haya incurrido en contumacia en la comisión de actos en violación de las disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley aplicable, administrada por el Departamento o sus componentes, los reglamentos adoptados por el Departamento o sus componentes, o permisos, licencias o autorizaciones expedidos por estos al amparo de esta Ley o cualquier otra ley aplicable, en cuyo caso podrá imponer una multa administrativa adicional de hasta cien mil dólares ($100,000) por cada violación.

El importe de todas las multas administrativas impuestas por el Departamento y sus componentes al amparo de las disposiciones de esta Ley ingresará a las respectivas cuentas o fondos que el Secretario del Departamento de Hacienda establezca, a petición del Secretario.

El Secretario podrá, además, confiscar cualquier propiedad que haya sido utilizada en la comisión de cualquier violación reglamentaria, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”.

Toda multa o sanción administrativa se impondrá mediante orden o resolución fundamentada, previa notificación y oportunidad de ser oído, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. La parte afectada podrá solicitar reconsideración ante el Departamento y revisión judicial conforme a dicha ley.

Las multas y sanciones administrativas dispuestas en este Artículo son independientes de las penalidades establecidas en el Artículo 7.2 de esta Ley.

Artículo 2.6.- Oficina Central y Oficinas Regionales.

El Secretario tendrá la facultad de determinar la ubicación de la sede del Departamento y sus componentes, así como el establecimiento, eliminación y ubicación de sus oficinas regionales, de acuerdo con las necesidades y los sectores agrícolas de impacto.

Tendrá, además, la facultad de redistribuir, agrupar, consolidar y eliminar las áreas de administración del Departamento y sus componentes, tales como Capital Humano, Finanzas, Presupuesto, Servicios Generales y Asuntos Legales, entre otras, con el fin de obtener mayor efectividad al menor costo posible, evitando la redundancia, sujeto a que se pueda demostrar el logro de economía fiscal o procesal. No obstante, el Secretario consolidará los Servicios de Informática de los componentes en una sola unidad bajo el Departamento.

Cada oficina regional contará con representación de los componentes del Departamento, incluidos sus servicios o programas, para que esté capacitada para funcionar como un centro de gestión única, tomando en consideración los cultivos o empresas predominantes en el área específica servida y el potencial para el establecimiento de nuevas empresas agroindustriales.

CAPÍTULO III

ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

Artículo 3.1.- Creación de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.

Se crea la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, adscrita al Departamento, como uno de sus componentes programáticos y operacionales. La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias tendrá como política pública el fortalecimiento y apoyo al agricultor, como figura importante y fuerza motora del desarrollo agrícola.

Esta agencia tiene el fin de propiciar la estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca, operación o empresa agropecuaria. Esto se hará a través de la administración de asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de subsidios, incentivos y reembolsos de pago de salario suplementario, entre otros. También llevará a cabo cualesquiera otras actividades relacionadas o de naturaleza similar que propendan al fomento de la agricultura. Tendrá además como propósito proveer toda clase de servicios, con o sin subsidios económicos, para promover el desarrollo de la agricultura en general.

Artículo 3.2.- Sucesión.

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias creada por esta Ley será la continuadora y sucesora, para todos los fines legales, de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias que existía como componente del Departamento antes de la vigencia de esta Ley, conforme al Plan de Reorganización Núm. 4-2010, según enmendado. En consecuencia:

1. se le transfieren todos los activos, fondos, cuentas, propiedades muebles e inmuebles, derechos, acreencias, récords, archivos y documentos de la entidad que sucede;
2. asume todas las obligaciones, deudas, contratos, convenios, acuerdos, licencias, permisos y demás autorizaciones de dicha entidad, en los mismos términos y condiciones en que fueron otorgados;
3. los procedimientos administrativos y judiciales en los que dicha entidad sea parte continuarán sin interrupción, y la Administración se entenderá sustituida como parte sin necesidad de trámite adicional;
4. los programas de subsidios, incentivos, reembolsos de salario suplementario y demás servicios a los agricultores continuarán ofreciéndose sin interrupción;
5. el personal pasará a la Administración conforme a lo dispuesto en el Artículo 4.7 de esta Ley; y
6. toda referencia a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias en cualquier ley, reglamento, contrato o documento se entenderá hecha a la Administración creada por esta Ley.

Los reglamentos, órdenes administrativas y demás normas de la entidad que se sucede continuarán vigentes conforme al Artículo 4.5 de esta Ley.

Artículo 3.3.- Nombramiento, Poderes y Deberes del Administrador.

El Secretario nombrará un Administrador y fijará su salario, que no excederá del correspondiente a un Secretario de Gobierno. Este desempeñará su cargo a voluntad del Secretario y representará a la Administración, bien personalmente o a través de un representante autorizado, en todos los actos y contratos en que la Administración sea parte. El Secretario podrá delegar en el Administrador y este, a su vez, en otros empleados de la Administración, aquellos poderes y deberes que estime necesarios, excepto el poder de reglamentar.

Artículo 3.4.- Facultades, Poderes y Deberes Generales de la Administración.

La Administración tendrá y podrá ejercer todas las facultades y poderes que sean necesarios, apropiados o convenientes para llevar a cabo la política pública, incluidos, sin que se entienda como una limitación, los siguientes:

• 1. Demandar y ser demandada y comparecer a los tribunales por derecho propio.
  2. Adoptar, modificar y usar un sello oficial.
  3. Comprar, vender, reproducir, promover, crear, adquirir, construir, poseer, explotar, desarrollar, mantener, reparar, administrar, estudiar, disponer, ceder, usar, conceder o tomar en calidad de préstamo o arrendamiento o imponer cualquier gravamen en relación con sus propiedades muebles e inmuebles. Podrá utilizar estas como garantía de cualquier otra acción relacionada con dineros, productos agrícolas, servicios, instalaciones, equipo, materiales, maquinaria, cosechas, animales, edificaciones o cualesquiera otras propiedades, productos, negocios, operaciones, condiciones, medios o instalaciones necesarios o útiles para la producción, distribución, conservación, elaboración, empaque, transportación, almacenamiento, compra, venta, disposición o cualesquiera otras actividades de o relacionadas con productos o subproductos de la agricultura o productos necesarios o útiles para la agricultura, en la acepción más amplia de dicho término.
  4. Hacer contratos, formalizar y otorgar todos los instrumentos que sean necesarios o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus poderes.
  5. Facilitar a los agricultores el acceso al crédito y financiamiento en condiciones adecuadas y de acuerdo con los recursos disponibles.
  6. Establecer acuerdos de colaboración, convenios, contratos, mecanismos de enlace, alianza, coordinación y participación con otras agencias del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos, así como con organismos públicos y privados, cuya misión sea lograr o contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico.
  7. Tomar dinero a préstamo, recibir fondos, donaciones, subsidios, asignaciones, anticipos, préstamos u otros pagos análogos o ayuda del Gobierno federal, estatal o de los municipios, de personas particulares, de bancos, o de otras entidades privadas o gubernamentales para llevar a cabo sus fines, y suscribir convenios con tales gobiernos, agencias, bancos u otras entidades privadas o gubernamentales para el uso de tales fondos o ayuda, incluido el hacer aportaciones a tales fondos en una forma que no sea contraria a los propósitos y al espíritu de esta Ley.
  8. Ejercer plenos poderes para dar cumplimiento a la política agropecuaria del Gobierno de Puerto Rico, según queda establecida en esta Ley, así como fomentar el desarrollo de la agricultura, horticultura, maricultura, ganadería, industria y comercio, incluidos el agroturismo o turismo rural, así como las artesanías relacionadas.
  9. Solicitar el asesoramiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación o cualquier otra agencia cuyo asesoramiento estime necesario, apropiado o conveniente para el fin perseguido.
  10. Suscribir, adquirir, poseer y disponer de acciones de corporaciones y de sociedades cooperativas que se dediquen a la producción de equipo o producción o mezcla de materiales necesarios para la agricultura; o que se dediquen a la producción, elaboración industrial, compra, empaque o venta de productos agropecuarios o derivados de estos. La Administración queda facultada para ejercer y cumplir todos los poderes y deberes inherentes a su título sobre dichas acciones.
  11. Fomentar y desarrollar mercados agrícolas; establecer instalaciones para el mercadeo de productos agrícolas; poseer y administrar mercados agrícolas en o fuera de Puerto Rico; adquirir, poseer o administrar propiedades y empresas industriales o comerciales relacionadas con el mercadeo de productos agrícolas; llevar a cabo investigaciones científicas sobre mercados agrícolas y sobre instalaciones para nuevos mercados y mercados ya existentes.
  12. Establecer un programa de ayudas económicas, ayudas técnicas, pago de incentivos, subsidios, reembolso del salario suplementario a los agricultores, prestación de servicios y otras medidas para el desarrollo agropecuario, de conformidad con la política pública establecida, y para propiciar la estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca, operación o empresa agropecuaria. La Administración establecerá por reglamento las normas, criterios y procedimientos que regirán la concesión de subsidios e incentivos y tendrá la responsabilidad de administrar las asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de estos.
  13. Promover el consumo de los productos agrícolas de Puerto Rico y el mercadeo ordenado de los productos agrícolas; proveer toda clase de servicios necesarios en los procesos de distribución y mercadeo de los productos agropecuarios, con o sin subsidios.
  14. Proveer ayuda económica a los agricultores para:
      1. el pago de seguros agrícolas siempre que, a juicio del Administrador o de su representante autorizado, el agricultor no pueda pagarlos por sí mismo;
      2. que los agricultores realicen pruebas de adaptación, desarrollo o compra de maquinaria y equipo necesarios o útiles para la producción, elaboración o mercadeo de productos agrícolas, y fomentar el desarrollo de proyectos agroindustriales; y
      3. el adiestramiento, dentro o fuera de Puerto Rico, de agricultores, empleados, trabajadores o profesionales al servicio directo de la agricultura, o para servir posteriormente a la agricultura, en cualquier materia relacionada con la producción, mercadeo o elaboración de productos agrícolas.
  15. Reglamentar la prestación de todo servicio, crédito o arrendamiento de propiedad mueble e inmueble, incluidos maquinaria y equipo, que se le otorgue a cualquier agricultor o empresa agropecuaria, de manera que la referida prestación esté sujeta a que el beneficiario de esta utilice las mejores prácticas conocidas en la conservación del ambiente, de los suelos, acuíferos, ríos subterráneos y aguas superficiales.
  16. Suspender o cancelar sumariamente cualquier prestación al recibir evidencia mediante declaración debidamente juramentada ante notario, de que el agricultor o empresa agropecuaria esté llevando a cabo actos contrarios a la conservación del ambiente o de los suelos.
  17. Solicitar, inscribir, adquirir por compra u otro medio legal, poseer, tener, usar, desarrollar, explotar y vender licencias y derechos en relación con cualesquiera patentes, derechos de patentes, marcas de fábrica, nombres mercantiles, símbolos, derechos de propiedad literaria, derechos de sindicatos, inventos, descubrimientos, licencias, procedimientos y fórmulas de cualquier clase, o de otro modo sacar provecho o disponer de estos, bien se usen en relación con certificados de patentes o en otra forma o se obtengan bajo estos, o vender dichas licencias y derechos que sean de su propiedad.
  18. Dedicarse a escala comercial a la producción, elaboración, mercadeo y distribución de productos y subproductos agropecuarios, o productos y subproductos relacionados con, o que sean necesarios o convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria.
  19. Proveer, mediante la compensación adecuada, a empresarios particulares que se dediquen a la producción, elaboración, mercadeo y distribución de productos y subproductos agropecuarios, o productos y subproductos relacionados con, o que sean necesarios o convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria, propiedades e instalaciones que, a su juicio, sean necesarias o convenientes para el mejor desarrollo de cada negocio.
  20. Establecer, para su propia operación o para arrendar o vender a particulares, instalaciones para la producción, elaboración, mercadeo y distribución de productos y subproductos agropecuarios, o productos y subproductos relacionados con, o que sean necesarios o convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria; alimentos en general; o de artículos y equipos necesarios en la producción, elaboración, mercadeo y distribución de dichos productos, subproductos y alimentos.
  21. Suscribir convenios con otras empresas privadas o dependencias de los gobiernos federal o estatal para que estas lleven a cabo proyectos de investigación científica relacionados con la producción, elaboración, mercadeo y distribución de productos y subproductos agropecuarios, o productos y subproductos relacionados con, o que sean necesarios, apropiados o convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria.
  22. Prestar servicios y ayuda técnica, mediante compensación o sin ella, así como arrendar y vender equipo o materiales a personas o entidades dedicadas a actividades de producción, elaboración, mercadeo o distribución de productos o subproductos agropecuarios, o productos o subproductos relacionados con, o que sean necesarios, apropiados o convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria; o productos necesarios en la producción, elaboración, mercadeo y distribución de estos.
  23. Llevar a cabo directamente o mediante contrato el desarrollo, la promoción y la publicidad de las actividades, productos y programas de la Administración.
  24. Solicitar, obtener o recibir cualesquiera fondos, donaciones o ayudas del Gobierno federal, del Gobierno de Puerto Rico, incluidas sus instrumentalidades y subdivisiones políticas, o de fuentes privadas para promover el mejoramiento económico y social de la zona rural de Puerto Rico, y satisfacer las necesidades propias de una vida digna de sus residentes, de forma que se pueda conservar en nuestros campos una población satisfecha y productiva bajo las condiciones que se establezcan en la legislación, reglamentación, acuerdo o contrato aplicable.
  25. Ser entidad receptora de fondos federales y delegar dichos fondos.
  26. Disponer de la manera que estime necesaria, apropiada y conveniente de los ingresos provenientes de la operación de las plantas de carbonato de calcio (caliza), programas de compraventa de café y cualquier otro ingreso propio. Los balances no obligados al 30 de junio de cada año fiscal que resulten de estas operaciones o programas serán ingresados en las cuentas de la Administración.
  27. Organizar los mercados interior y exterior de productos agrícolas de Puerto Rico.
  28. Prestar ayuda técnica y económica en calidad de incentivos o subsidios; tramitar solicitudes de ayuda e incentivos de los agricultores para la ampliación, mejoramiento, compra, arrendamiento o construcción de mejoras permanentes y equipo, y para capital de operación.
  29. Parear incentivos, subsidios o cualquier otra ayuda económica que haya recibido de un municipio todo Agricultor Bona Fide.

Artículo 3.5.- Transferencia de Obligaciones, Propiedades y Fondos.

El Secretario traspasará a la Administración toda propiedad o cualquier interés en esta, incluidos, sin limitarse a ellos, récords, archivos y documentos; acreencias; obligaciones y contratos de cualquier tipo; derechos y privilegios de cualquier naturaleza; licencias, permisos y otras autorizaciones; los fondos asignados o que se asignen; y el personal necesario de acuerdo con los poderes, facultades, activos, haberes y obligaciones que se transfieren a la Administración.

No se entenderá que disposición alguna de este Capítulo revoca, modifica, altera, ratifica o invalida cualesquiera acuerdos, convenios, reclamaciones o contratos otorgados por los funcionarios responsables de los programas, actividades y funciones que por esta Ley se transfieren y que estén vigentes al momento de empezar a regir esta.

En cuanto a las Villas Pesqueras, se ordena que toda propiedad del Departamento de Agricultura en la que esté enclavada una Villa Pesquera sea transferida y registrada a nombre de la Administración.

Artículo 3.6.- Estudios o Investigaciones.

La Administración podrá, con la aprobación del Secretario, llevar a cabo y publicar toda clase de estudios, investigaciones y recopilaciones de estadísticas sobre asuntos que le afecten o que propendan al mejoramiento de los sectores agropecuarios y su economía.

A tales fines, la Administración podrá requerir la información que sea necesaria, apropiada o conveniente para lograr tales propósitos, y adoptar aquellas reglas y reglamentos necesarios y razonables. Estos estudios deberán ser publicados en la página de Internet del Departamento.

Artículo 3.7.- Reglamentación.

La Administración está facultada para, a tenor con las disposiciones de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” y previa aprobación del Secretario, adoptar, enmendar y derogar aquellos reglamentos que sean necesarios, apropiados o convenientes para el descargue de los deberes y facultades que esta Ley u otras leyes aplicables le imponen.

Artículo 3.8.- Conflicto de Interés.

No podrá desempeñar un cargo ejecutivo en la Administración persona alguna que tenga interés económico, directo o indirecto, en alguna empresa privada para la cual la Administración haya suministrado capital, o que esté en competencia con alguno de los negocios a que se dedique la Administración, o para los cuales esta haya suministrado capital.

Artículo 3.9.- Cuentas, Desembolsos y Sistema de Contabilidad.

Todos los dineros de la Administración se depositarán en depositarios reconocidos para los fondos del Gobierno de Puerto Rico, pero se mantendrán en cuenta o cuentas separadas inscritas a nombre de la Administración. La Administración hará los desembolsos de acuerdo con su presupuesto.

La Administración tendrá un sistema de contabilidad para el adecuado control y registro de todas sus operaciones. Las cuentas de la Administración se llevarán de forma que puedan segregarse por actividades y presupuesto.

Artículo 3.10.- Adquisición de Bienes y Expropiación.

La Administración podrá adquirir por cualquier medio legal, incluida la expropiación forzosa, cualquier propiedad o interés sobre cualesquiera propiedades que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo los fines de esta Ley o para cumplir las encomiendas que le haga la Asamblea Legislativa al asignarle fondos para tales fines. Dichas propiedades o intereses se declaran de utilidad pública para todos los fines que se le encomiendan en esta Ley y en las leyes de Puerto Rico sobre expropiación forzosa, incluido el título de cualquier propiedad inmueble o interés sobre esta que sea necesario o conveniente para los fines de la Administración, y esta pagará por toda la referida propiedad inmueble.

En los procedimientos de expropiación forzosa, la Administración deberá anticipar los fondos necesarios que sean estimados como el valor de los bienes o derechos que se vayan a adquirir. Cualquier diferencia en valor que pueda decretar el tribunal competente podrá ser pagada por el Tesoro Público, pero la Administración vendrá obligada a reembolsarle tal diferencia. Una vez hecha la totalidad del reembolso, el título de la propiedad en cuestión se transferirá a la Administración por orden del tribunal de que se trate, mediante constancia al efecto. En aquellos casos en que el Gobernador de Puerto Rico estime necesario y conveniente que el título sobre los bienes o derechos así adquiridos deba ser inscrito directamente a favor de la Administración, para acelerar el cumplimiento de los fines y propósitos para los cuales fue creada, podrá así solicitarlo al tribunal, en cualquier momento dentro del procedimiento de expropiación forzosa, y este así lo ordenará. La facultad que por la presente se confiere al Gobernador no limitará ni restringirá la autoridad de la Administración para instar ella misma el procedimiento de expropiación forzosa, cuando así lo crea conveniente.

Todas las obras y proyectos que lleve a cabo la Administración, a tenor de lo dispuesto en esta Ley, y todos los bienes muebles e inmuebles y todo derecho o interés sobre estos, necesarios para los fines enunciados, que se adquieran por el procedimiento de expropiación forzosa, se declaran de utilidad pública, y dichos bienes muebles o inmuebles y cualquier derecho o interés sobre estos podrán ser expropiados sin la previa declaración de utilidad pública prevista en la Sección 2 de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, que autoriza la expropiación forzosa de la propiedad particular.

En cualquier caso, en que la Administración haya adquirido la posesión de cualquier terreno durante el curso de un procedimiento de expropiación forzosa antes de la sentencia final, y en que la Administración quede obligada a pagar la cantidad que se conceda finalmente como compensación, la Administración podrá destruir estructuras edificadas en tales terrenos, y construir edificios u obras públicas sobre tales terrenos.

Artículo 3.11.- Cesión de Bienes a la Administración.

El Gobernador de Puerto Rico queda autorizado para ceder y aplicar, para los usos y fines de la Administración, con o sin retribución alguna, cualquier propiedad inmueble o interés sobre esta que actualmente pertenezca o pueda pertenecer en el futuro al Gobierno de Puerto Rico y que él estime necesaria o conveniente para los fines de la Administración. No se hará tal cesión o aplicación excepto con el consentimiento del departamento o agencia con jurisdicción y dominio sobre tal propiedad. No obstante, de no existir disposición de ley en contrario, todos los municipios y subdivisiones políticas de Puerto Rico quedan autorizados para ceder y traspasar a la Administración, a solicitud de esta y bajo términos y condiciones razonables, cualquier propiedad inmueble o interés sobre esta (incluidos bienes raíces ya dedicados a uso público) que la Administración crea necesaria o conveniente para realizar sus fines.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 4.1.- Leyes Especiales.

Toda ley que sea administrada por el Departamento de Agricultura o sus componentes o que imponga cualquier tipo de responsabilidad o brinde cualquier tipo de facultad al Departamento o al Secretario o a cualquiera de sus Componentes conforme al Plan de Reorganización Núm. 4-2010, y sobre la cual no se disponga de alguna otra manera mediante las disposiciones de esta Ley, se entenderá enmendada a los únicos fines de transferir todas las facultades y responsabilidades en torno a implantar y administrar la política pública que actualmente ostente el Departamento o el Secretario a la Administración, bajo la supervisión directa del Secretario.

De igual forma, se entenderán enmendadas a los fines de retener en el Departamento sus facultades y responsabilidades, bajo dichas leyes, de fiscalizar y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de estas. Asimismo, el Secretario tendrá la facultad de establecer en el Departamento y sus componentes aquella estructura administrativa que sea necesaria para estas.

Artículo 4.2.- Exenciones.

El Departamento y sus componentes estarán exentos de toda clase de contribuciones, derechos, impuestos, arbitrios o cargos, incluidos los de licencias, que impongan el Gobierno de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de este sobre sus operaciones, propiedades muebles e inmuebles, capital, ingresos y sobrantes.

Se exime también al Departamento y sus componentes del pago de toda clase de derechos o impuestos requeridos por ley para el trámite de procedimientos judiciales, la emisión de certificaciones en las oficinas y dependencias del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas y el otorgamiento de documentos públicos y su registro en cualquier registro público de Puerto Rico.

Artículo 4.3.- Casos Pendientes.

Cualquier procedimiento administrativo, caso, querella o acusación pendiente por violaciones a las leyes o partes de estas, o a reglamentos derogados o afectados por esta Ley, que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de su vigencia, se seguirá tramitando por el Departamento o sus componentes, según aplique, bajo las disposiciones legales aplicables vigentes al momento de haberse cometido la violación. Ninguna acción civil radicada en relación con la estructuración de cualquiera de las leyes, o partes de estas, derogadas o afectadas por esta Ley, y en trámite antes de la fecha de vigencia de esta Ley o cualquier ley aplicable, quedará afectada por ninguna derogación o modificación formulada por esta Ley.

Artículo 4.4.- Solicitudes o Asuntos Pendientes de Trámite.

Cualquier solicitud de servicios, incentivos o asunto administrativo de carácter no adversativo o de cumplimiento, debidamente presentados y pendientes de trámite a la fecha de vigencia de esta Ley, será tramitado bajo las disposiciones de ley aplicables al momento de la presentación de dicha solicitud.

Artículo 4.5.- Reglamentos, Órdenes Administrativas, Cartas Circulares y Memorandos.

Todos los reglamentos que gobiernan la operación del Departamento y sus Componentes que estén vigentes al entrar en vigor esta Ley continuarán vigentes hasta tanto sean enmendados, derogados o sustituidos, en la medida en que no sean contrarios a las disposiciones de esta Ley.

Todo reglamento vigente al momento de la aprobación de esta Ley deberá ser evaluado, según corresponda, dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de que entre en vigor esta Ley.

De igual forma, cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo del Departamento o sus componentes sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley emitido antes de la fecha de vigencia de esta deberá ser evaluado y enmendado, según corresponda, dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de que entre en vigor esta Ley.

Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se adopten al amparo de esta, carecerá de validez y eficacia.

Artículo 4.6.- Presupuesto.

Salvo lo dispuesto en el Artículo 3.9 sobre las cuentas de la Administración y en el Artículo 2.5 sobre el importe de las multas administrativas, todos los dineros que reciba el Departamento en el cumplimiento de su tarea de implementar las disposiciones de esta Ley, de las fuentes que en esta se especifiquen y de cualesquiera otras fuentes ingresarán en un fondo especial denominado Fondo para la Innovación Tecnológica y Promoción Agropecuaria, que creará el Secretario del Departamento de Hacienda a favor del Departamento.

Artículo 4.7.- Capital Humano.

Se garantiza a todos los empleados en el servicio de carrera de los componentes programáticos y operacionales a los cuales les aplican las disposiciones de esta Ley el empleo, los derechos, privilegios y su respectivo estatus relacionado con cualquier sistema de pensión, retiro o fondo de ahorro, así como préstamos, a los cuales estuvieran acogidos al entrar en vigor esta Ley.

No se entenderá que disposición alguna de esta Ley modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio, reclamación o contrato que los funcionarios o empleados responsables de los organismos que por esta Ley se reorganizan hayan otorgado y que estén vigentes al entrar en vigor esta. Cualquier reclamación que se haya presentado por o contra dichos funcionarios o empleados y que esté pendiente de resolución al entrar en vigor esta Ley, subsistirá hasta su terminación.

El Departamento y la Administración se regirán por lo dispuesto en la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.

Con relación a la Autoridad de Tierras y sus subsidiarias, estas estarán exentas de la aplicación de dicha ley. Además, todos los empleados pertenecerán automáticamente al Sistema de Retiro al que tuvieran derecho, o cuyos beneficios estuvieran percibiendo al momento de la aprobación de esta Ley.

CAPÍTULO V

ENMIENDAS Y DEROGACIONES

Artículo 5.1.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de Tierras de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 2. — Creación de la Autoridad de Tierras.

(a) …

(b) Los poderes de la Autoridad y los de cada una de sus subsidiarias se ejercerán y sus políticas generales se determinarán por una Junta de Gobierno (en adelante llamada la "Junta"). [, compuesta del Secretario de Agricultura, quien será su Presidente, y seis (6) miembros adicionales que nombrará el Gobernador de Puerto Rico y desempeñarán sus funciones como tales a voluntad de la autoridad nominadora y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. De los referidos seis (6) miembros adicionales, tres (3) serán nombramientos ex officio; éstos son el Secretario(a) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Presidente(a) del Banco Gubernamental de Fomento y el Presidente(a) del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico o sus respectivos representantes autorizados, quienes serán específicamente designados por notificación previa al Secretario y deberán ser funcionarios que respondan directamente a quien representan y se hagan responsables de las decisiones y determinaciones que se tomen en la Junta. Los tres miembros restantes serán nombrados en representación del sector agrícola y agroindustrial de Puerto Rico por el término de cuatro (4) años.] La Junta tendrá cinco (5) miembros. Tres (3) de los miembros serán ex officio: el Secretario de Agricultura, quien será su presidente, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC). Los últimos dos (2) miembros ex officio podrán nombrar representantes autorizados, siempre y cuando la designación se notifique por escrito al Presidente de la Junta. Los restantes dos (2) miembros serán designados por el Gobernador y serán representantes del sector agrícola y agroindustrial de Puerto Rico. Estos no deberán tener intereses creados con la Autoridad de Tierras. Estos nombramientos serán por la duración del cuatrienio en que se realizan. Todo nombramiento de reemplazo de dichos miembros será por similar término [de cuatro (4) años.] Los citados miembros de la Junta no recibirán compensación por sus servicios como tales. La Junta podrá adoptar las reglas, reglamentos y procedimientos que crea necesarios o convenientes para conducir su negocio y ejercer los poderes de la Autoridad y sus corporaciones subsidiarias. Los reglamentos de la Autoridad y los de cada una de las subsidiarias, los cuales serán aprobados por la Junta, podrán disponer que se deleguen en los directores ejecutivos, o en otros funcionarios, agentes o empleados, aquellos poderes y deberes de la Autoridad y de las subsidiarias que la Junta estime propios.”

Artículo 5.2.- Cláusula Derogatoria.

Se derogan las siguientes leyes:

1. Ley Núm. 107 de 30 de junio de 1955, según enmendada.
2. Ley Núm. 6 de 8 de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer un Programa para Promover y Estimular el Desarrollo de la Zona Cafetalera de Puerto Rico”.
3. Ley Núm. 102 de 26 de junio de 1963, según enmendada.
4. Ley Núm. 8 de 8 de diciembre de 1966, según enmendada.
5. Ley Núm. 53 de 21 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley para el Fomento del Desarrollo Agrícola de Puerto Rico”.
6. Ley Núm. 82 de 29 de octubre de 1992, según enmendada, conocida como “Ley para Combatir la Importación Ilegal de Café”.
7. Plan de Reorganización Núm. 4-2010, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura”.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 6.1.- Informes Anuales.

El Secretario rendirá, cada año fiscal, un informe al Gobernador, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa, que acompañará la presentación del Presupuesto de Gastos del Departamento. Estos informes contendrán la información en torno a sus gestiones, gastos, estudios e investigaciones durante el año fiscal anterior. De igual forma, rendirá, cuando así lo estime o se le solicite, cualquier otro informe especial que sea conveniente o que le sea requerido por el Gobernador o por la Asamblea Legislativa.

Artículo 6.2.- Penalidades.

Toda persona que violente cualquier disposición legal o reglamentaria establecida conforme a esta Ley o que voluntaria o maliciosamente desobedezca, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones del Departamento o sus componentes, incurrirá en delito menos grave y estará sujeta a lo dispuesto en la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o cualquier otra ley que lo sustituya.

Cuando la acción a que se refiere el párrafo anterior sea ocasionada mediante intimidación, fuerza o violencia, esta constituirá delito grave y estará sujeta a lo dispuesto en la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”.

Artículo 6.3.- Cláusula de Salvedad.

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, capítulo, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarado inválido o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de esta Ley, quedando sus efectos limitados al artículo, apartado, párrafo, inciso, capítulo, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarado inválido o inconstitucional.

Artículo 6.4.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. El Secretario queda autorizado para adoptar las medidas de transición que sean necesarias a los fines de que se implanten las disposiciones de esta Ley sin que se interrumpan los servicios públicos y demás procesos administrativos de los organismos que formarán parte del Departamento y sus componentes.

Las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los propósitos de esta Ley, tales como, sin limitarse a ellas, la revisión de reglamentos, el establecimiento de su estructura interna, programática y presupuestaria, la estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de sus fondos y la reubicación de oficinas, deberán iniciarse dentro de un periodo que no excederá de treinta (30) días naturales después de aprobada esta Ley, en coordinación y con el asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.