GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma. Asamblea 4 ta. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 1594
12P DE NOVIEMBRE DE 2026
Presentado por los representantes Méndez Núñez y Colón Rodríguez
Referido a la Comisión de Agricultura
LEY
Para crear el Código de Modernización Agrícola a los fines de disponer y codificar la política pública agraria en general, a través de temas específicos que inciden sobre la agricultura, con el fin de propulsar nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo económico, sobre todo en la zona rural de Puerto Rico, como interés apremiante; definir términos importantes del quehacer agrícola de Puerto Rico, delinear la Carta de Derechos del agricultor y definir sus deberes, así como plasmar el compromiso del Gobierno de Puerto Rico para impulsar la agricultura; reconocer el derecho a practicar la agricultura limitando acciones por molestias o perturbaciones, propulsar agilidad en la concesión de permisos requeridos a las operaciones agrícolas; plasmar que la formación agrícola es la base del desarrollo de la agricultura puertorriqueña, promoviendo organizaciones juveniles como los Futuros Agricultores de América y los Clubes 4-H, atando la política pública agrícola, manejada por el Departamento de Agricultura, con los currículos del Departamento de Educación y del Colegio de Ciencias Agrícolas, así como aspirar a un alineamiento entre las investigaciones de la Estación Experimental Agrícola con las necesidades identificadas por el Secretario de Agricultura, y extendiéndose a capacitación agroempresarial entre el Departamento de Agricultura y el Servicio de Extensión Agrícola; atender al trabajador agrícola, como parte esencial del desarrollo de nuestra agricultura, definiendo el salario mínimo para los trabajadores agrícolas y el tiempo de descanso, y adoptando la visión de que los programas de beneficencia social sean complementarios a los ingresos de quienes, aun trabajando, se mantienen bajo el nivel de pobreza, y se propone la rehabilitación de confinados a través del trabajo agrícola; promover el consumo de productos agrícolas de Puerto Rico a través del mercado institucional, incorporando la iniciativa “De la Finca a la Escuela” definiendo términos tales como “local”, “comedor escolar” y “mínimamente procesado”, confiriendo deberes y funciones al Departamento de Educación, en particular, el de alcanzar un consumo de treinta por ciento (30%) de producto agrícola local; crear la Oficina del Ordenador de Industrias Agropecuarias asignando funciones y deberes, así como la creación de los Fondos de Fomento de las industrias agrícolas ordenadas, así como dar paso a las asociaciones de comercialización agrícola; implementar estrategias de mercadeo, incluyendo el uso de marcas, certificaciones de procedencia y denominaciones de origen, así como los mercados de agricultores, y el fomento de agricultura orgánica; regular la venta de fertilizantes agrícolas en Puerto Rico, e informar al Cuerpo de Bomberos sobre el almacenamiento de nitrato de amonio; regular medidas de salud animal y la venta de alimentos comerciales para animales pecuarios o domésticos, crear la Oficina del Veterinario del Estado y conferir funciones; regular aspectos relacionados con la sanidad vegetal, la introducción de suelos y otros medios de siembra, así como de insectos y plantas, permitir la declaración de zonas libres de plagas; reglamentar aspectos relacionados con animales perjudiciales para la agricultura y delimitar instancias en que los agricultores puedan ejercer su derecho a proteger la propiedad contra estos; establecer mecanismos para propiciar el financiamiento de las actividades agrícolas, incluyendo créditos contributivos, incentivos, subsidios, préstamos y garantías; adoptar políticas sobre los cultivos en general, sobre todo para garantizar la calidad de semillas, plántulas e injertos, así como regular y promover la industria cafetalera, incluyendo aspectos tales como precio, requisitos de licencia, compraventa de café importado, prohibición de ciertas mezclas, parámetros de calidad, y registro de marcas; dictar política sobre los terrenos agrícolas en Puerto Rico, definiendo el deber de las agencias, evaluación de impacto, mitigación, inventario, normas generales de aplicación a las reservas, terrenos clasificados SREP-A, o calificados para uso agrícola, definir buenas prácticas de conservación de recursos naturales en terrenos agrícolas, adscribir el Comité de Conservación de Recursos Naturales al Departamento y reconocer los Distritos de Conservación, ampliar la política sobre servidumbres de preservación agrícola, creación del Fideicomiso de Preservación de Terrenos Agrícolas bajo la Autoridad de Tierras, así como el Banco de Terrenos, y disponer del Programa de Fincas Familiares; declarar política pública sobre el agroturismo, incluyendo términos aplicables, crear el Consejo para el Fomento del Agroturismo y asignarle funciones, establecer un registro de planes operacionales y definir la inmunidad de responsabilidad por riesgos inherentes. Además, enmendar: la “Ley de Bienestar Animal”, para incorporar el concepto de animal pecuario, disponer que estos no están bajo el alcance de dicha ley e insertar lenguaje sobre la no aplicabilidad de dicha ley cuando se trate de animales perjudiciales en la agricultura; el “Código de Incentivos”, para reconocer los créditos contributivos, haciendo referencia a la elegibilidad dispuesta en este Código, y los mecanismos de solicitud, permitir al Secretario reglamentar por sí solo los incentivos agrícolas, aclarar que los dividendos de entidades jurídicas reconocidas como Agricultor Bona Fide están exentos de contribuciones, modificar lo relacionado con el subsidio salarial al amparo de las disposiciones de este Código, particularmente en lo relacionado con salario mínimo agrícola, aclarando que dicho subsidio será de un cincuenta por ciento (50%), aclarar lo referente al efecto de ingresos por agroturismo en la elegibilidad de un Agricultor Bona Fide y viceversa, e incluir a los agrónomos licenciados como Profesional Certificado en la preparación de un certificado de preelegibilidad bajo el Procesamiento Expedito de las solicitudes de Agricultor Bona Fide; el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, para incluir los dividendos de entidades jurídicas con certificado de Agricultor Bona Fide entre aquellos no sujetos al pago de contribuciones sobre ingresos, aclarar el trato contributivo sobre los incentivos otorgados a los agricultores, activar un crédito contributivo por la compra de productos agrícolas de Puerto Rico, aclarar lenguaje sobre la excepción al requisito de retención por el trabajo agrícola; la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, para remover lo relacionado con el precio del café, ya que este Código faculta al Secretario de Agricultura sobre esa función; y la “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña” con el fin de aumentar el nivel de preferencia que deben dar las agencias gubernamentales cuando vayan a adquirir productos agrícolas de Puerto Rico. Además, para derogar las siguientes leyes por ser modificadas sustancialmente bajo este Código o por desuso: Ley Núm. 23 de 9 de junio de 1921; Ley Núm. 106 de 15 de mayo de 1936; Ley Núm. 90 de 11 de mayo de 1937, conocida como “Ley de los Clubes 4-H en Puerto Rico”; Ley Núm. 133 de 8 de mayo de 1941; Ley Núm. 181 de 11 de mayo de 1942; Ley Núm. 254 de 1 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley del Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario”; Ley Núm. 6 de 23 de febrero de 1955; Ley Núm. 69 de 18 de junio de 1957, según enmendada; Ley Núm. 239 de 6 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Ley para el Fomento y Desarrollo de Mercados Agrícolas”; Ley Núm. 12 de 25 de mayo de 1961; Ley Núm. 41 de 12 de junio de 1961; Ley Núm. 110 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Alimentos Comerciales para Animales Domésticos”; Ley Núm. 124 de 25 de junio de 1966; Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Animales Perjudiciales”; Ley Núm. 93 de 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como “Ley de Sanidad Vegetal de Puerto Rico”; Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico”; Ley Núm. 39-2006, conocida como “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”; Ley Núm. 38-2011, conocida como “Ley de Manos Pa’l Campo”; Ley Núm. 63-2015, según enmendada, conocida como “Ley para la Organización y Desarrollo de Mercados Agrícolas Familiares en Puerto Rico”; Ley Núm. 140-2015, conocida como “Ley para el Manejo de Prácticas Agrícolas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; Ley Núm. 195-2016, según enmendada, conocida como “Ley para el Uso de la Marca Delpaís”; Ley Núm. 73-2017, conocida como “Ley de Planificación, Programación, y Desarrollo Agrícola”; Ley Núm. 78-2019, conocida como “Oficinas de Cafés de Puerto Rico”; y Ley Núm. 102-2026, conocida como “Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores”; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La agricultura constituye un pilar esencial para la sociedad puertorriqueña, pues aporta directamente a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y a la estabilidad social del territorio. La agricultura ha ocupado un lugar importante en la historia de Puerto Rico. Los oficiales electos de Puerto Rico desean manifestar de manera contundente su apoyo a los sectores agropecuarios mediante la adopción de una política pública agrícola robusta. El desarrollo agrícola necesita un marco legal moderno e innovador. En esta pieza legislativa, incorporamos diversas políticas que fueron adoptadas a través del tiempo, pero de manera dispersa y desarticulada. Al mismo tiempo, eliminamos legislación que con el pasar del tiempo se ha tornado obsoleta, y adoptamos nuevos conceptos necesarios para forjar una nueva etapa de la agricultura puertorriqueña.
El Capítulo I de este Código presenta disposiciones generales, estableciendo como necesidad apremiante el desarrollo agrícola para nuestra seguridad alimentaria y nuestra economía, en particular en la zona rural. En este Capítulo I también se definen términos importantes en el quehacer agrícola.
En el Capítulo II de este Código, se incorpora una nueva declaración sobre los derechos y deberes de los agricultores. Adicionalmente, se puntualiza el compromiso gubernamental con los agricultores, más allá del Departamento de Agricultura. En este Capítulo se reconoce verdaderamente el derecho a practicar la agricultura, limitando las circunstancias en las que las operaciones agrícolas pueden considerarse una molestia o perturbación. Además, se incorpora un nuevo sistema de permisos agrícolas para agilizar el desarrollo agrícola en cuanto a construcción, uso, emisiones al aire, descargas a cuerpos de agua, y remoción de corteza terrestre y capa vegetativa.
El Capítulo III trata sobre la formación agrícola, sobre todo a edad temprana, apoyando organizaciones juveniles como la de los Futuros Agricultores de América y los Clubes 4-H, incorporando las metas trazadas por el Secretario de Agricultura en el currículo de programas de educación agrícola, así como en la investigación desarrollada por la Estación Experimental Agrícola y extendiéndose a capacitación agroempresarial que deben llevar a cabo el Departamento de Agricultura y el Servicio de Extensión Agrícola. Esta integración es vital para que futuras generaciones puedan lograr una visión holística de la agricultura.
Por su parte, el Capítulo IV atiende una parte esencial del desarrollo agrícola de Puerto Rico: el obrero agrícola. La medida dispone un salario mínimo agrícola, con aumentos escalonados, a la vez que reconoce el pago por tarea, sujeto a que ese tipo de retribución nunca sea menor al salario mínimo agrícola, así como la protección sobre el día de descanso, y una clarificación sobre el tiempo para tomar alimentos. En este Capítulo también se atiende el alegado efecto adverso de las ayudas de bienestar social sobre el mercado laboral agrícola, en las que se dice que, si una persona trabaja en la agricultura, se expone a perder los beneficios de dichas ayudas.
El Capítulo V delinea estrategias para aumentar el consumo institucional de productos agrícolas en Puerto Rico. Específicamente, se le ordena al Departamento de Educación, que a través de su Autoridad Escolar de Alimentos (AEA) y su Agencia Estatal de Servicios de Alimentos (AESAN), la cual administra los programas federales de desayunos y almuerzos para los estudiantes de escuelas públicas y otras escuelas participantes, implementar el Programa “De la Finca a la Escuela”. Se define el término “local” dentro de un radio de 116 millas de cada comedor escolar de Puerto Rico, siempre que sea en territorio de los Estados Unidos. Igualmente, se define el concepto de “mínimamente procesado” siguiendo los lineamientos que se encuentran en 7 CFR 210.21(g). Este programa tiene la meta de consumo de un treinta por ciento (30%) de productos agrícolas locales, medido a base del costo total de los alimentos adquiridos por el Departamento de Educación, a partir del año 2030. Igualmente, se aclara que, una vez otorgados, los contratos de compra de productos agrícolas locales no podrán ser sustituidos por otros, aunque ofrezcan precios más bajos.
En el Capítulo VI se crea la Oficina del Ordenador de Industrias Agropecuarias, siguiendo la tradición de la Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996, según enmendada. Además de definir términos importantes, se definen las facultades del Ordenador y los Fondos de Fomento de las Industrias Agropecuarias ordenadas. Por otra parte, se incorpora el concepto de asociaciones de comercialización agrícola, como alternativa a aquellos sectores que no logran el ordenamiento total, toda vez que se promueve el trabajo colaborativo entre un grupo de agricultores para atender mejor los retos del mercado. Este Código define las facultades de estas asociaciones y los contratos de comercialización.
Complementariamente, el Capítulo VII establece las estrategias para el mercadeo agrícola. En primer orden, se definen conceptos tales como el uso de marcas del Departamento de Agricultura y sus componentes, certificaciones de procedencia del
producto agrícola y denominación de origen. Las marcas del Departamento no deben ser confundidas con el certificado de procedencia. La preferencia en el uso de estas marcas debe ser para las asociaciones de comercialización agrícola o industrias agropecuarias debidamente ordenadas. Cuando no exista ese tipo de organización, los derechos de marca han de ser concedidos al primero en solicitarlos, por producto agrícola. Las marcas del Departamento no están hechas para acompañar marcas privadas de los agricultores. Las certificaciones de procedencia, por su parte, sí acompañan las marcas privadas de los agricultores o nombres de negocio como distintivo de que el producto es ciento por ciento de Puerto Rico (o el porcentaje correspondiente en caso de productos elaborados).
Los distintivos “Cosecha de Puerto Rico”, “Crianza de Puerto Rico”, “Lácteo de Puerto Rico”, y “Pesca de Puerto Rico” distinguirán el producto local de otros, creando una conexión con el consumidor mediante campañas publicitarias. La denominación de origen, por su parte, se refiere al vínculo entre la geografía y los atributos del producto. Esta medida sienta las bases para encaminar este tipo de atribución y una vez el Consejo Regulador complete el trámite, dar amplias protecciones a la zona geográfica y su producto. En este Capítulo también se formaliza el concepto de “mercados de agricultores”, como aquella actividad en la que concurren varios agricultores, que se celebra con cierta recurrencia, en la que el propio agricultor vende sus productos de Puerto Rico directamente al consumidor. En ese tema, se incluye cierto rigor sobre los Mercados de Agricultores para Beneficiarios de Ayudas Nutricionales, conocidos como “mercados familiares”, para asegurar el buen uso de fondos federales y mantener la confianza del consumidor beneficiario de dichos fondos. Es en este Capítulo donde se fomenta el mercado de productos certificados como “orgánicos”. En legislación previa, se aludía a certificaciones de productos orgánicos a nivel de Puerto Rico, sin tener claro que dicha certificación es campo ocupado federal. Este Código corrige ese aspecto, mientras se mantiene la política pública de fomentar el cultivo de productos agrícolas mediante un sistema de producción que promueva la biodiversidad.
El Capítulo VIII recoge las políticas sobre el uso de fertilizantes. El lenguaje se basa en el “Uniform State Fertilizer Bill” que la mayoría de las jurisdicciones estatales han adoptado en los Estados Unidos. Esta parte del Código regula la comercialización de fertilizantes agrícolas en Puerto Rico, incorporando términos altamente técnicos. Se establecen los requisitos necesarios para ciertos permisos, registros y licencias en dicha comercialización. Por otro lado, se incorporan medidas para manejar el nitrato de amonio en Puerto Rico, sobre todo el requisito de dar conocimiento al Cuerpo de Bomberos, como parte de la prevención de accidentes que, como se ha visto en otras jurisdicciones, pueden alcanzar niveles catastróficos. La administración de lo relacionado con el uso de fertilizantes recae en el Departamento, con la asistencia técnica de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico.
En cuanto al Capítulo IX, el enfoque es sobre la salud y bienestar de animales pecuarios, incluyendo la venta de alimentos. Dicha parte del Código incorpora conceptos técnicos y regula aspectos necesarios para alcanzar la salud animal, incluyendo la creación de la Oficina del Veterinario del Estado adscrita al Departamento. Se regulan también los productos biológicos para tratar animales y se crea el Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario y Centro de Diagnóstico Animal de Puerto Rico. Este Código impone obligaciones a los veterinarios y a los agrónomos de comunicar sus hallazgos a las autoridades y concede amplias facultades al Secretario para prevenir, atacar y erradicar enfermedades y plagas de los animales pecuarios.
El Capítulo X desarrolla la debida reglamentación necesaria para mantener la sanidad vegetal de los cultivos en Puerto Rico, incorporando los términos técnicos aplicables, así como prohibiciones y controles fitosanitarios necesarios. Se autoriza la creación del Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal, con las funciones necesarias para cumplir los objetivos de este Capítulo de manera adecuada. Este Código autoriza la designación de zonas libres de plagas, fomenta la educación sobre medidas fitosanitarias y fija obligaciones a la ciudadanía en general, los agrónomos, y los agricultores. Se le concede al Secretario del Departamento de Agricultura amplias facultades para prevenir, contener, atacar y erradicar enfermedades y plagas de plantas.
El Capítulo XI cubre los aspectos relacionados con el uso de plaguicidas en Puerto Rico. En este Capítulo se definen los conceptos técnicos aplicables y el alcance de las normas contenidas, permitiendo la reglamentación de aspectos tales como etiquetado, registro y concesión de licencias. Igualmente, se regula el uso experimental de plaguicidas en Puerto Rico. Se distinguen los requisitos entre aplicadores privados y comerciales y se extienden los términos para renovaciones de licencias. Además, se autoriza la concesión de dispensa para municipios o el Departamento de Salud en el control de mosquitos. El Secretario posee amplias facultades para intervenir con el uso de plaguicidas comerciales en Puerto Rico.
El tema sobre los animales perjudiciales a la agricultura se abarca en el Capítulo XII de este Código, con el fin de disponer de diversos mecanismos para atender el reclamo de los agricultores por los daños ocasionados por lo que se define como un animal
perjudicial, así como por animales ferales y realengos. Los agricultores gozan del derecho a proteger su propiedad privada. No obstante, en esta Ley se dispone que ese derecho es limitado a instancias en las que un animal perjudicial haya causado daño, esté causando daño o represente una amenaza real, inminente o continua de daño a personas, cultivos, crianzas, infraestructura agrícola, equipos u otra propiedad utilizada en la operación agropecuaria. En estos casos, los agricultores tendrán el deber de informar a las autoridades sobre cualquier incidencia con animales perjudiciales, para evitar responsabilidad civil, penal, o administrativa. Además, se conceden facultades al Secretario para prevenir y controlar la entrada de animales exóticos que puedan ser perjudiciales para los cultivos y las crianzas de los agricultores.
El Capítulo XIII atiende las políticas sobre financiamiento gubernamental para la agricultura. Debido a los grandes riesgos que enfrentan los agricultores, las fuentes de financiamiento privadas no siempre están disponibles, por lo que se hace necesaria la intervención gubernamental. Dicho concepto incluye, entre otros instrumentos, préstamos, líneas de crédito, garantías, subvenciones, incentivos, subsidios, capital semilla, fondos rotatorios, seguros agrícolas, asistencia técnica vinculada a inversión, programas de conservación, bonificaciones, aportaciones pareadas y mecanismos de apoyo para innovación, infraestructura, comercialización y adaptación climática. Este Capítulo define conceptos importantes sobre el tema y dispone de un mecanismo para medir el retorno de la inversión pública con la asistencia del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico. Siguiendo lineamientos ya dispuestos en el Código de Incentivos de Puerto Rico, se dispone la concesión de Créditos Contributivos Agrícolas para promover inversión privada en proyectos agrícolas de envergadura. Adicionalmente, se definen políticas sobre la concesión de subvenciones, incentivos o subsidios y se prohíbe tajantemente el discrimen en la concesión de incentivos. Por otro lado, se autoriza al Secretario a implementar límites de pago por persona natural. También se disponen políticas sobre préstamos, que bien pueden ser regulares o de emergencia y se promueve la implementación de programas de garantías de préstamos en el Departamento, para involucrar a cooperativas de ahorro y crédito y a la banca comercial en la concesión de préstamos agrícolas.
En el Capítulo XIV se atienden aspectos generales sobre los cultivos. En particular, se disponen políticas sobre el uso de semillas, injertos y plántulas a ser utilizadas en cultivos agrícolas, definiendo importantes conceptos para guiar la reglamentación sobre la venta y distribución de estas, incluyendo etiquetado. Es importante asegurar que los agricultores obtengan semillas, injertos y plántulas de calidad; además de disponer de políticas sobre las buenas prácticas agrícolas. Una porción de este Capítulo atiende varios aspectos y términos del café. Uno de esos aspectos es el precio mínimo del café entre componentes de la industria que en adelante estará a cargo del Secretario, considerando ajustes anuales al valor del precio basado en inflación, y aumentos periódicos de precio. Se promulgan políticas sobre el desarrollo del cafetal y se faculta al Departamento para reglamentar la industria, mediante otorgamiento de licencias, adoptando prohibiciones en cuanto a la adulteración, trasiego, mezclas de café, parámetros de calidad y procedencia, registros de marcas, entre otros.
El Capítulo XV ha sido reservado, con la expectativa de que en el futuro se adopten normas particulares para los sectores pecuarios.
El Capítulo XVI ha sido dedicado a los terrenos agrícolas. El Gobierno de Puerto Rico reconoce el derecho de desarrollo de la propiedad privada de los agricultores. La preservación de los terrenos agrícolas permite su uso económico y los protege de las presiones o conflictos que pueden surgir con otros usos de terrenos. Existen herramientas legales que permiten que esa preservación sea a perpetuidad, ya sea mediante la creación de reservas agrícolas, la adquisición de derechos de desarrollo o el establecimiento de servidumbres de preservación agrícola. Las reservas agrícolas no son otra cosa que una zonificación mediante legislación, que destina el uso de terrenos a la actividad agrícola. Esa facultad reguladora del Estado ha sido reconocida en casos seminales de la Corte Suprema como Village of Euclid v. Ambler Realty, 272 US 365 (1926). Esta facultad no es una privación de todo uso económico, pues la agricultura es una actividad económica viable, y aunque expuesta a muchos riesgos, el Gobierno, a través de este Código, busca aminorar el efecto de la mayoría de estos, como un interés legítimo del Estado.
Puerto Rico ha tenido una larga trayectoria en la producción agrícola. Contamos con una de las mayores diversidades de suelos del mundo: diez (10) de los doce (12) órdenes de suelo reconocidos mundialmente, y con valles costeros con buen drenaje, alta fertilidad, con acceso al agua y clima estable. Ahora bien, nuestra condición de isla, con limitadas extensiones territoriales, sobre todo de suelos arables, impone la necesidad de preservar terrenos agrícolas, ante otros usos de terrenos. Una vez los terrenos agrícolas se destinan para otros usos, ocurre una pérdida irreparable. En la medida en que la población crece a nivel mundial, la demanda por alimentos, fibras y otros productos agrícolas aumenta. Es imperativo preservar terrenos agrícolas en Puerto Rico, para poder suplir esa demanda. Las presiones del desarrollo urbano desmedido y la degradación de la productividad de nuestras tierras propenden a la pérdida de terrenos agrícolas a paso acelerado. La preservación de estos terrenos agrícolas es necesaria para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar general de nuestra población. El Gobierno de Puerto Rico declara que la preservación de terrenos agrícolas es de la más alta importancia.
Este Capítulo XVI dispone mecanismos para la compra de servidumbres de preservación agrícola y derechos de desarrollo en terrenos de alto valor agrícola y dispone reglas generales aplicables a las reservas agrícolas, terrenos calificados SREP-A, o calificados para uso agrícola. Igualmente, se adoptan importantes guías sobre la protección de recursos naturales en las fincas agrícolas y se conciben los Distritos de Conservación de Recursos Naturales en Terrenos Agrícolas, y el Comité de Conservación adscrito al Departamento.
El Capítulo XVII trata sobre el agroturismo y crea un Consejo adscrito al Departamento de Agricultura para fomentar esta actividad. De igual manera, se disponen limitaciones a las acciones por daños derivados de riesgos inherentes a una actividad agroturística, sujeto al requisito del deber de informar sobre tales peligros.
El Capítulo XVIII queda reservado para incorporar política sobre la industria del cáñamo en Puerto Rico, sujeto a normativa federal que ha de ser adoptada antes del cierre del año 2026.
Los Capítulos XIX al XXV han sido reservados para temas agrícolas de importancia que puedan surgir en un futuro cercano.
En el Capítulo XXVI, se enmiendan varias leyes que de un modo u otro inciden sobre el quehacer agrícola, de forma tal que se armonicen con la visión impartida en este Código. Una de las leyes enmendadas es la Ley de Bienestar Animal, para incorporar el concepto de animal pecuario y disponer que estos no están bajo el alcance de dicha ley. Igualmente, se inserta lenguaje sobre la no aplicabilidad de dicha ley cuando se trate de animales perjudiciales en la agricultura. También se incorporan varias enmiendas al Código de Incentivos con el fin de reconocer los créditos contributivos, haciendo referencia a la elegibilidad dispuesta en este Código, los mecanismos de solicitud, permitir al Secretario reglamentar por sí solo los incentivos agrícolas, aclarar que los dividendos de entidades jurídicas reconocidas como Agricultor Bona Fide están exentos de contribuciones, modificar lo relacionado con el subsidio salarial al amparo de las disposiciones de este Código, particularmente en lo relacionado con salario mínimo agrícola, aclarando que dicho subsidio será de un cincuenta por ciento (50%), aclarar lo referente al efecto de ingresos por agroturismo en la elegibilidad de un Agricultor Bona Fide y viceversa, e incluir a los agrónomos licenciados como Profesional Certificado en la preparación de un certificado de preeligibilidad bajo el Procesamiento Expedito de las solicitudes de Agricultor Bona Fide. Además, se incluyen varias enmiendas importantes al Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para incluir los dividendos de entidades jurídicas con certificado de Agricultor Bona Fide entre aquellos no sujetos al pago de contribuciones sobre ingresos, aclarar el trato contributivo de los incentivos otorgados a los agricultores, activar un crédito contributivo por la compra de productos agrícolas de Puerto Rico y aclarar el lenguaje sobre la excepción al requisito de retención por el trabajo agrícola. Se enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor para remover lo relacionado con el precio del café, ya que este Código faculta al Secretario de Agricultura sobre esa función. Se enmienda la “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña” con el fin de aumentar el nivel de preferencia que deben dar las agencias gubernamentales cuando vayan a adquirir productos agrícolas de Puerto Rico.
El Capítulo XXVII deroga varias leyes que, por desuso o por haber sido integradas a este Código, resultan inoficiosas. Estas leyes son: Ley Núm. 23 de 9 de junio de 1921; Ley Núm. 106 de 15 de mayo de 1936; Ley Núm. 90 de 11 de mayo de 1937, conocida como “Ley de los Clubes 4-H en Puerto Rico”; Ley Núm. 133 de 8 de mayo de 1941; Ley Núm. 181 de 11 de mayo de 1942; Ley Núm. 254 de 1 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley del Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario”; Ley Núm. 6 de 23 de febrero de 1955; Ley Núm. 69 de 18 de junio de 1957, según enmendada; Ley Núm. 239 de 6 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Ley para el Fomento y Desarrollo de Mercados Agrícolas”; Ley Núm. 12 de 25 de mayo de 1961; Ley Núm. 41 de 12 de junio de 1961; Ley Núm. 110 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Alimentos Comerciales para Animales Domésticos”; Ley Núm. 124 de 25 de junio de 1966; Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Animales Perjudiciales”; Ley Núm. 93 de 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como “Ley de Sanidad Vegetal de Puerto Rico”; Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico”; Ley Núm. 39-2006, conocida como “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”; Ley Núm. 38-2011, conocida como “Ley de Manos Pa’l Campo”; Ley Núm. 63-2015, según enmendada, conocida como “Ley para la Organización y Desarrollo de Mercados Agrícolas Familiares en Puerto Rico”; Ley Núm. 140-2015, conocida como “Ley para el Manejo de Prácticas Agrícolas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; Ley Núm. 195-2016, según enmendada, conocida como “Ley para el Uso de la Marca Delpaís”; Ley Núm. 73-2017, conocida como “Ley de Planificación, Programación, y Desarrollo Agrícola”; Ley Núm. 78-2019, conocida como “Oficinas de Cafés de Puerto Rico”; y Ley Núm. 102-2026, conocida como “Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores”.
El Capítulo XXVIII define los aspectos de preeminencia y supremacía dispuestos en distintas partes del Código, en términos de jurisdicción exclusiva o primaria que se le asigna al Departamento. Los Capítulos XXIX y XXX contienen las disposiciones de separabilidad y vigencia.
La agricultura se expone a grandes riesgos. Estos riesgos pueden deberse a fenómenos atmosféricos, factores económicos, falta de transición generacional, efectos de la urbanización, actividad delictiva, entre otros. Cualquier situación que afecte la agricultura de Puerto Rico no solo tiene consecuencias para el agricultor, sino también para toda la sociedad. Mantener la capacidad productiva agrícola como medida de resiliencia ante posibles dislocaciones en la provisión de alimentos, ya sea por desastres naturales —dentro o fuera de Puerto Rico—, conflictos bélicos o cambios súbitos en la economía globalizada, es una responsabilidad primaria de nuestra sociedad y del Gobierno. Al promover vitalidad agrícola, logramos impulsar la economía del territorio, particularmente en las zonas rurales, y mantenemos una capacidad de producción para los momentos de necesidad. La producción local de alimentos, fibras, ornamentales, biomasa, entre otras actividades propias de la agricultura, genera un impacto significativo sobre el producto bruto doméstico, mediante la inversión pública y privada y la sustitución de importaciones.
La actividad agrícola en Puerto Rico históricamente ha estado sujeta a políticas insulares que han limitado su integración al sistema agroalimentario de los Estados Unidos y, salvo contadas excepciones, su capacidad de insertarse en la economía global. Aunque es cierto que el sector opera dentro de un marco jurídico complejo en el que convergen leyes locales, regulaciones federales y programas sujetos a disponibilidad presupuestaria del gobierno federal, esta medida provee coherencia, continuidad y dirección estratégica para que las agencias locales coordinen eficazmente con el gobierno federal la plena incorporación de la agricultura puertorriqueña al sistema agroalimentario estadounidense y el mercado global.
En síntesis, este Código recoge los siguientes objetivos: 1) aumentar la productividad agropecuaria mediante el uso de tecnología, sistemas de precisión, biotecnología, y cualquier otra fuente emergente costo-efectiva; 2) auspiciar mayor investigación científica de la agricultura tropical para lograr innovación aplicada a nuestro entorno; 3) educar al agricultor sobre la administración adecuada de los negocios agrícolas; 4) propiciar mercados adecuados para la producción agrícola local, tomando la sana competencia como base, y la colaboración o cooperativismo como aspiración; 5) suplir el financiamiento adecuado para la inversión agropecuaria; 6) asegurar los aspectos esenciales de insumos de producción, tales como fertilizantes, pesticidas, alimentos pecuarios, entre otros; 7) promover mano de obra adecuada y mantener una relación laboral adecuada para todas las partes; 8) tener al consumidor como componente esencial del desarrollo agrícola, en términos de inocuidad de alimentos, precios razonables, estándares de identidad de productos agropecuarios y otra información relevante; 9) defender la preservación de los terrenos agrícolas y dentro de lo posible, armonizar el uso de los recursos naturales; 10) promover la libertad económica y el crecimiento del sector privado, con el gobierno como facilitador; y 11) justificar la inversión pública para alcanzar el mejor retorno de inversión posible.
Con esta declaración, el Gobierno de Puerto Rico reafirma su compromiso con el desarrollo agrícola como componente estratégico de su bienestar social, económico y ambiental.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
CAPÍTULO I- DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.1.- Título.
Esta Ley se conocerá como el “Código de Modernización Agrícola”.
Artículo 1.2.- Política Pública General.
Es política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer al agricultor como ente esencial del desarrollo económico de Puerto Rico, y de la seguridad alimentaria de nuestros compueblanos. El Gobierno de Puerto Rico se compromete a desarrollar una agricultura intensiva y de precisión, que sea responsable con el ambiente y de provecho para el entorno rural, económicamente viable y de alta demanda. Para que los sectores agropecuarios de Puerto Rico alcancen mayor vitalidad, el Gobierno de Puerto Rico reconoce el derecho de los puertorriqueños a ejercer la agricultura.
Los sectores agrícolas se tienen que convertir en operaciones eficientes y productivas. El sector privado debe ser el propulsor de dicha conversión, y el Gobierno de Puerto Rico debe ofrecer el respaldo necesario. Ahora bien, ese respaldo gubernamental tiene que ser oportuno. En este momento es necesario restablecer la confianza del agricultor puertorriqueño en las iniciativas propulsadas por el Gobierno para este importante sector. Será política pública del Gobierno de Puerto Rico promover el abasto de alimentos sanos que propicie una nutrición balanceada, reconociendo como interés apremiante la seguridad alimentaria para nuestra ciudadanía. Igualmente, se fomenta que los agricultores puedan ofrecer opciones de fuentes de energía para nuestros consumidores que se desarrollen en armonía con la agricultura. La política pública en el área agropecuaria debe estar orientada a la protección de los terrenos de alto valor agrícola mediante la zonificación adecuada, donde se establezcan reservas agrícolas, servidumbres de preservación agrícola o transferencias de derechos de desarrollo para que se pueda practicar el cultivo intensivo. El Gobierno de Puerto Rico debe promover el uso adecuado de los recursos naturales para el desarrollo agrícola.
Para los propósitos de este Código, en general, los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a continuación:
Artículo 1.4.- Términos Utilizados.
Toda palabra usada en singular en este Código se entenderá que también incluye el plural cuando así lo justifique su uso, y de igual forma, el masculino incluirá el femenino, o viceversa.
CAPÍTULO II- DERECHOS Y DEBERES DEL AGRICULTOR
Artículo 2.1.- Carta de Derechos.
El agricultor tendrá los siguientes derechos:
Artículo 2.2.- Deberes del Agricultor.
El agricultor en Puerto Rico tendrá los siguientes deberes:
Artículo 2.3.- Compromiso Gubernamental.
El Gobierno de Puerto Rico se compromete a:
Artículo 2.4.- El Derecho a Practicar la Agricultura.
La política declarada del Gobierno de Puerto Rico es conservar, proteger y fomentar la actividad agrícola, a través del aprovechamiento de los terrenos agrícolas y forestales, y otras instalaciones para la producción de alimentos, fibras, combustibles, y otros productos agrícolas y forestales. Muchas veces las operaciones agrícolas generan molestias o perturbaciones a los sentidos que pueden o no afectar el bienestar de las personas. Estas molestias pueden ser olores objetables, ruido, polvo, moscas, desorden visual, tráfico de equipo agrícola, humo o deriva de químicos, entre otras. Cuando actividades no agrícolas se autorizan cerca de zonas agrícolas, las operaciones agrícolas a menudo se convierten en objeto de demandas por molestias. Como resultado, las operaciones agrícolas pueden verse obligadas a cesar sus actividades. Esto desanima la inversión en operaciones agrícolas nuevas, o en el desarrollo de las ya existentes. El Gobierno de Puerto Rico ha de prevenir la pérdida de los recursos agrícolas limitando las circunstancias en las que las operaciones agrícolas pueden considerarse una molestia o perturbación a los sentidos, y evitando regulaciones opresivas contra el derecho de desarrollo del agricultor.
Sección 2.4.1.- Jurisdicción.
Las operaciones agrícolas objeto de este Artículo estarán sujetas a la cláusula de preeminencia dispuesta en este Código. Salvo que esté expresamente autorizado por otra ley, un municipio no podrá adoptar, hacer cumplir ni mantener una ordenanza, orden o norma que regule conductas en un área reguladora cubierta por una disposición de este Código. Una ordenanza, decreto o norma que viole esta Sección es nula, inaplicable e incompatible con este Código.
Sección 2.4.2.- Limitación a las Acciones por Molestias.
Artículo 2.5.- Permisos Requeridos a las Operaciones Agrícolas.
El Gobierno tiene la importante función de balancear diversos intereses. Uno de estos intereses ha sido el desarrollo agrícola como base de la seguridad alimentaria de Puerto Rico, y la protección del medio ambiente. Para lograr este balance, el Gobierno ha requerido una gran cantidad de permisos que inciden sobre las operaciones agrícolas. La gestión de estos permisos se ha visto plagada por un alto nivel de burocracia, para lo que se ha acuñado el término “permisología”, pues su comprensión se ha vuelto toda una ciencia. Esto se complica cuando diversas entidades gubernamentales tales como el Departamento de Agricultura, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Salud y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales declaran políticas desarticuladas con respecto a permisos que inciden sobre la actividad agrícola de Puerto Rico. Esta burocracia ha tenido sus efectos sobre las operaciones agrícolas y, lamentablemente, no permite lograr el balance entre el desarrollo agrícola y la protección del medioambiente. Este Código tiene como propósito que el Departamento de Agricultura sea autorizado a otorgar o endosar los permisos para realizar las prácticas agrícolas necesarias, estableciendo un proceso ágil y eficiente para llevar a cabo el desarrollo agrícola de Puerto Rico.
Sección 2.5.1.- Permiso de Construcción Agrícola.
Se eximirán de permiso de construcción, según se define en la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, o cualquier ley que le sustituya, las obras hechas por un agricultor, en su propia finca, como parte de las operaciones agrícolas, aun cuando requieran infraestructura eléctrica, de acueductos y alcantarillados, y cualquier otra infraestructura similar, cuando el dueño del proyecto haya consultado a las agencias concernidas y haya obtenido recomendaciones favorables para cada una de las conexiones de infraestructura, y reciba un endoso del Secretario de Agricultura, o del Director Regional correspondiente del Departamento. Será suficiente la presentación de una preconsulta de construcción, según la Ley Núm. 161-2009, supra, para notificar a la OGPe, o un municipio autónomo cuando aplique, sobre el proyecto exento de permiso de construcción y sus recomendaciones de infraestructura, según apliquen. Cualquier determinación adversa estará sujeta a revisión conforme a las disposiciones de la LPAU.
Sección 2.5.2.- Permiso de Uso Agrícola.
Sección 2.5.3.- Permiso de Calidad de Aire.
Se exime de permisos de fuentes de emisión y cualquier otro relacionado con la calidad del aire, a toda operación agropecuaria, y todos aquellos proyectos agroindustriales que cuenten con un Plan de Desarrollo y Operación certificado por un agrónomo o ingeniero debidamente licenciado, y endosado por el Secretario, o su representante autorizado, siempre que el agricultor esté en cumplimiento con ese plan. Esta exención no aplicará a la operación de generadores de emergencia sujetos a permiso, ni a operaciones que emitan más de cien (100) libras al día de sustancias peligrosas como amoníaco (NH3) o sulfuro de hidrógeno (H2S), o 25,000 toneladas métricas o más de dióxido de carbono (CO2) equivalente. Cualquier determinación adversa estará sujeta a revisión conforme a las disposiciones de la LPAU.
Sección 2.5.4.- Permisos de Descargas a Cuerpos de Agua de Operaciones Pecuarias de Confinamiento.
Es necesario mantener un balance entre el desarrollo agropecuario y la calidad de las aguas de Puerto Rico. Por lo tanto, es necesario regular las descargas de contaminantes por cualquier persona a los cuerpos de agua, estancada o de flujo continuo, que sea relativamente permanente. En el caso de operaciones pecuarias (aquellas destinadas a la crianza de animales, exceptuando acuicultura) que se dediquen a la crianza de animales a campo abierto que mantengan cubierta vegetativa de forma continua, como lo es el pastoreo, no estarán sujetas a requisitos de permiso alguno. Ahora bien, en aquellas operaciones pecuarias en las que se acostumbra a tener animales en confinamiento, de forma tal que los desperdicios de estos, tales como el estiércol, las heces fecales, la orina, material de absorción de humedad en lechos de animales, o aguas residuales resultantes del lavado de corrales o de sistemas de enfriamiento, o utilizadas para control de polvo fugitivo, entre otras, se acumulan, estarán sujetas a las siguientes disposiciones:
Este tipo de Operación Pecuaria de Confinamiento se considerará fuente puntual de contaminación y no podrá operar a menos que haya obtenido un permiso bajo el National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES), conforme a 40 CFR Parte 122.23, o permiso similar concedido por el DRNA que a su vez cumpla con la norma federal, si esta tuviese la debida delegación por parte de la Environmental Protection Agency (EPA, por sus siglas en inglés). Ante el caso de que el DRNA tenga las debidas delegaciones conforme a 40 CFR Parte 123, y una Operación de Alta Concentración Pecuaria esté sujeta a obtener un permiso de esta agencia, este será un permiso consolidado para implementar y operar un sistema de desperdicios de animales. Si el DRNA no tiene la debida delegación de la Environmental Protection Agency (EPA, por sus siglas en inglés) bajo el National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES), no podrá imponer regulaciones que sean más estrictas que lo dispuesto en este Código. Cualquier reglamento en contrario a lo aquí dispuesto será nulo. Una Operación de Alta Concentración Pecuaria deberá contar con planes de manejo que incluirán protocolos de bioseguridad, transportación, disposición “in situ” (por ejemplo, zanjas de infiltración) y cualquier otra medida que la Environmental Protection Agency, o el DRNA (sujeto a que cuente con la debida delegación) considere necesaria para reducir la potencial contaminación de los recursos naturales y molestias a los vecinos, como resultado de la Operación de Alta Concentración Pecuaria.
Este tipo de Operación Pecuaria de Confinamiento se considerará fuente puntual de contaminación solamente si los contaminantes se vierten en cuerpos de agua a través de una zanja artificial, sistema de descarga, tubería u otro dispositivo similar, o si los contaminantes se vierten directamente en cuerpos de agua que se originan fuera de la operación y pasan por encima o atraviesan la instalación, o entran en contacto directo con los animales confinados. Este tipo de Operación Pecuaria de Confinamiento no podrá operar a menos que haya obtenido un permiso bajo el National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES), conforme a 40 CFR Parte 122.23, o permiso similar concedido por el DRNA, si esta agencia tuviese la debida delegación por parte de la Environmental Protection Agency (EPA, por sus siglas en inglés). Ante el caso de que el DRNA tenga las debidas delegaciones conforme a 40 CFR Parte 123, y una Operación de Mediana Concentración Pecuaria esté sujeta a obtener un permiso de esta agencia, este será un permiso consolidado para implementar y operar un sistema de desperdicios de animales. Si el DRNA no tiene la debida delegación de la Environmental Protection Agency (EPA, por sus siglas en inglés) bajo el National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES), no podrá imponer regulaciones que sean más estrictas que lo dispuesto en este Código. Cualquier reglamento en contrario a lo aquí dispuesto será nulo. Una Operación de Mediana Concentración Pecuaria deberá contar con planes de manejo que incluirán protocolos de bioseguridad, transportación, disposición “in situ” (por ejemplo, zanjas de infiltración) y cualquier otra medida que la Environmental Protection Agency, o el DRNA (sujeto a que cuente con la debida delegación) considere necesaria para reducir la potencial contaminación de los recursos naturales y molestias a los vecinos, como resultado de la Operación de Mediana Concentración Pecuaria.
Sección 2.5.5.- Permiso de Remoción de Capa Vegetativa.
Sección 2.5.6.- Permiso de Extracción de Corteza Terrestre.
CAPÍTULO III- FORMACIÓN AGRÍCOLA
El conocimiento es la base para el manejo adecuado de una operación agrícola exitosa. El Gobierno de Puerto Rico, bajo el liderato del Secretario, con el apoyo de la Universidad de Puerto Rico y de cualquier entidad gubernamental que el Secretario estime necesaria para lograr los objetivos de este Capítulo, tiene la función de apoyar al agricultor y a aquellos que de alguna manera aportan al quehacer agrícola, utilizando los métodos más modernos y efectivos de divulgación de información.
Artículo 3.1.- Educación Agrícola para Jóvenes y Adultos.
Sección 3.1.1.- Educación Agrícola en las Escuelas Públicas de Puerto Rico.
En el ámbito nacional, la educación agrícola forma parte del sistema de instrucción pública desde que el Congreso aprobó la Ley Smith-Hughes de 1917. En Puerto Rico, el programa de educación pública es administrado por el Departamento de Educación. Dicho programa provee conocimiento a estudiantes que deseen aprender sobre la ciencia, negocios, tecnología de la producción vegetal y animal o sobre los sistemas medioambientales y de recursos naturales. Este programa es la piedra angular de la formación agroempresarial de Puerto Rico. Bajo este programa de educación agrícola del Departamento de Educación, opera la organización juvenil Future Farmers of America (FFA), que ha tenido gran impacto en el desarrollo de agricultores y líderes en general en Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos.
Dicha coordinación tendrá el propósito de integrar en el currículo del programa de educación agrícola del Departamento de Educación la política pública agrícola decretada por el Secretario de Agricultura, así como los desarrollos científicos más avanzados validados por el Colegio de Ciencias Agrícolas.
Sección 3.1.2.- Educación Agrícola en las Comunidades de Puerto Rico.
Bajo la Ley Smith-Lever de 1914, el Servicio de Extensión Agrícola, adscrito al Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, ha tenido la encomiable tarea de educar a niños y jóvenes de las comunidades a lo largo y ancho de Puerto Rico. Desde 1937, ha existido legislación para dar paso a lo que conocemos como “Club 4-H”.
Artículo 3.2.- Educación Postsecundaria, Investigación Agrícola, y Divulgación.
La UPR, a través de su CCA, muy en particular la Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola, tienen la encomienda de mantener los tres pilares esenciales del conocimiento en asuntos agropecuarios: la educación de ciencias agrícolas; la investigación científica necesaria para mejorar el estado de la agricultura; y la divulgación de dichas investigaciones al agricultor. Las Leyes Morrill de 1862 y de 1890, así como la Ley Hatch de 1887, han permitido la dotación de instituciones académicas dedicadas a la educación e investigación, mediante concesión federal de tierras conocidas como “Land Grant Universities”. La UPR, Recinto de Mayagüez, fue establecida como una institución de concesión de tierras en 1908, después de que los beneficios de la primera y segunda Ley Morrill se extendieran a Puerto Rico. Adicionalmente, la Ley Smith-Lever de 1914 requiere a los estados y territorios operar un sistema cooperativo de extensión agrícola. Bajo el marco legal federal, la UPR, Recinto de Mayagüez, tiene la responsabilidad de desarrollar investigación agrícola. Si bien es cierto que la Universidad de Puerto Rico goza de un alto grado de autonomía, no es menos cierto que sigue siendo una herramienta para promover el bienestar social y el desarrollo económico de los puertorriqueños.
Por lo tanto, para mantener un alto grado de cooperación entre la Universidad de Puerto Rico, su Colegio de Ciencias Agrícolas y el Departamento de Agricultura, se dispone lo siguiente:
Artículo 3.3.- Desarrollo y Capacitación Agroempresarial.
El Secretario tendrá la función de dotar a los agricultores del conocimiento necesario para administrar adecuadamente su negocio agrícola, en temas de organización del negocio agrícola, como manejo de recursos humanos, financiamiento agrícola, contabilidad, mercadeo, permisología, cumplimiento ambiental, aspectos legales y planificación sucesoral, informática, entre otros temas. El Secretario queda debidamente facultado para realizar todo tipo de contratación de recursos que entienda necesario para cumplir con los objetivos de este Artículo, o para realizar acuerdos con instituciones académicas, entidades federales u otras entidades del Gobierno de Puerto Rico.
CAPÍTULO IV- MANO DE OBRA AGRÍCOLA
Artículo 4.1.- Propósito.
El capital humano es parte esencial en el desarrollo de cualquier negocio. No obstante, en la medida en que Puerto Rico ha diversificado su economía, el mercado laboral agrícola se ha visto afectado, tanto por la reducción del número de fincas en Puerto Rico, como por la naturaleza temporal de algunos trabajos en la agricultura, y por la reubicación de gran parte de la población en centros urbanos, lejos de las zonas rurales donde se practica mayormente la agricultura. Tanto en Puerto Rico como en el resto de los Estados Unidos, ha permeado el precepto del excepcionalismo agrícola en cuanto a la aplicación de protecciones laborales de personas que trabajan en la agricultura. Esto responde a unas necesidades particulares de los sectores agrícolas. En algunos casos, las cosechas requieren mano de obra disponible más allá de horarios regulares de trabajo. En otros casos, por tratarse de alimentos, se busca limitar el efecto inflacionario de salarios prescritos por ley. El mejor ejemplo de este excepcionalismo agrícola puede verse en la Ley Núm. 47-2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”, en la que se exceptuó a los trabajadores de la industria agrícola.
Sin embargo, esto puede tener el resultado de hacer menos atractivo el mercado laboral agrícola. Este Código, en reconocimiento al obrero agrícola de Puerto Rico, toma medidas para mantener una fuerza laboral agrícola productiva e introduce varios avances dentro del marco del excepcionalismo agrícola, como balance de intereses.
Artículo 4.2.- Definiciones.
Para efectos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado aquí dispuesto:
Artículo 4.3.- Salario Mínimo Agrícola.
Se dispone que, a partir del 1 de julio de 2027, el salario mínimo agrícola aumentará a ocho dólares con cincuenta centavos ($8.50) la hora. A partir del 1 de julio de 2029, el salario mínimo agrícola en Puerto Rico aumentará a nueve dólares con cincuenta centavos ($9.50) la hora. Estos salarios prevalecerán sobre cualquier disposición que haya conferido autoridad a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, creada en virtud de la Sección 2.03 de la Ley Núm. 47-2021.
Reconociendo que en algunos sectores de la agricultura se acostumbra a pagar por tarea para promover la productividad, cuando se realice pago por tarea (“piece rate”), dicha forma de pago nunca será inferior al equivalente del salario mínimo agrícola aquí establecido. Cuando los ingresos totales por pieza de la semana laboral no alcancen la cantidad que se obtendría por el total de horas de trabajo a la tarifa garantizada, el empleado recibirá la diferencia. El agricultor podrá ofrecer diferenciales por trabajo de temporada o temporero, o suplementos por producción a su entera discreción, siempre que se calculen sobre la base del salario mínimo agrícola aquí establecido o del salario mínimo federal, el que sea mayor.
Artículo 4.4.- Día de Descanso.
Todo trabajador agrícola tendrá derecho a un día de descanso por cada seis (6) días que el empleado haya trabajado al menos seis (6) horas diarias. A los efectos de este Capítulo, se entenderá por día de descanso un período de veinticuatro (24) horas consecutivas. Esta disposición no aplicará a trabajos ocasionales ni a trabajos por ajuste, destajo o contrato. Todo patrono que emplee o permita que un empleado trabaje durante el día de descanso que se establece en este Capítulo vendrá obligado a pagar las horas trabajadas durante dicho día de descanso a razón de tiempo y medio del tipo de salario convenido para las horas regulares.
Artículo 4.5.- Periodo para Tomar Alimentos.
En aquellos casos en que el total de horas trabajadas por el empleado agrícola en el día no exceda seis (6) horas, el periodo de descanso para tomar alimentos podrá ser obviado. El patrono agrícola que requiera o permita a un empleado trabajar periodos mayores de seis (6) horas tendrá que conceder al menos un periodo de descanso de media (1/2) hora no más tarde de la quinta hora consecutiva de trabajo y, de no hacerlo, tendrá que pagar al empleado el tiempo trabajado mediante compensación de tiempo doble. Un patrono no podrá emplear a un empleado por un periodo de trabajo que exceda de diez (10) horas por día sin proporcionar al empleado un segundo periodo de descanso para tomar alimentos, excepto que el total de horas trabajadas no exceda doce (12) horas.
Artículo 4.6.- Manos Pa’l Campo.
Sección 4.6.1.- Política Pública.
Será política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar la mayor participación posible de los trabajadores puertorriqueños en las faenas agrícolas. La estrategia para alcanzar esa política pública consiste en remover barreras para facilitar que los agricultores puedan contar con suficiente mano de obra. Se alega que una barrera que enfrentan las personas que desean trabajar en la agricultura es que pueden perder algunas ayudas de beneficencia social que concede el Gobierno de Puerto Rico. También se considera que, como parte del esfuerzo de rehabilitación de los confinados, la labor agrícola puede ser una opción; sin embargo, la ejecución de dicha medida resulta difícil por lo complicado de la logística institucional.
Sección 4.6.2.- Recopilación de Datos y Divulgación.
Se ordena al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a:
Sección 4.6.3.- Orientación y Facilitación.
Se ordena al Departamento de Agricultura a:
Sección 4.6.4.- Programa de Asistencia Nutricional.
Se ordena al Departamento de la Familia y a sus componentes a:
Sección 4.6.5.- Servicios de Salud.
Se ordena al Departamento de Salud, a su Administración de Servicios Médicos (ASEM) y a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a:
Sección 4.6.6.- Vivienda Pública.
Se ordena al Departamento de la Vivienda y a la Administración de Vivienda Pública a:
Incluir en toda su reglamentación sobre beneficiarios (personas o familias elegibles) una disposición que establezca que se considerarán exentos en su totalidad los ingresos provenientes del trabajo agrícola en general.
Sección 4.6.7.- Rehabilitación de Confinados.
Se ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación a:
CAPÍTULO V- CONSUMO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE PUERTO RICO
Artículo 5.1.- Creación del Programa “De la Finca a la Escuela”.
Sección 5.1.1.- Propósito.
Existe una correlación entre una nutrición adecuada y el desarrollo y rendimiento escolar de los niños y jóvenes. Los niños que tienen hambre o están desnutridos corren el riesgo de un menor rendimiento escolar. Actualmente, el Departamento de Educación, a través de su Autoridad Escolar de Alimentos (AEA) y su Agencia Estatal de Servicios de Alimentos (AESAN), administra programas federales de desayunos y almuerzos para los estudiantes de escuelas públicas y otras escuelas participantes. El Gobierno de Puerto Rico, como consumidor de bienes y servicios y participante del mercado, tiene la capacidad de crear preferencias geográficas en las adquisiciones gubernamentales. Estos programas federales permiten las preferencias geográficas al adquirir productos agrícolas cultivados, criados, o capturados localmente, incluyendo aquellos sin procesar o que sean mínimamente procesados. A nivel nacional, estas preferencias geográficas son posibles en la medida en que los distritos escolares manejan la adquisición de alimentos para sus estudiantes, lo que permite adquirir productos directamente de los agricultores que pueden atender la demanda.
En Puerto Rico, debido al sistema de centralización tanto en el Departamento de Educación como en la Administración de Servicios Generales en lo que a adquisiciones para comedores escolares se refiere, resulta complicado para el agricultor poder servir regiones educativas enteras. Muchos alimentos producidos en Puerto Rico no tienen presencia en los comedores escolares. La política pública del Gobierno de Puerto Rico es abrir mercados para que los agricultores mejoren su viabilidad económica, al mismo tiempo que se les provee a los niños y jóvenes que asisten a los comedores escolares alimentos frescos y nutritivos producidos localmente. El objetivo de esta política pública es conceder una preferencia geográfica a los productos agrícolas locales. La preferencia geográfica solo puede aplicarse a productos agrícolas, incluyendo aquellos mínimamente procesados.
Sección 5.1.2.- Definiciones de Términos y Conceptos.
Para propósitos de este Capítulo, el término “local” o “localmente” significará el área dentro de un radio de ciento dieciséis (116) millas, que esté dentro del territorio de los Estados Unidos. Por su parte, el término “comedor escolar” se refiere a toda instalación donde se sirvan alimentos para estudiantes, participantes de programas tales como el de Desayuno Escolar, Almuerzo Escolar, Alimentos de Verano, Cuidado de Niños y Adultos, Distribución de Alimentos Federales, Frutas y Vegetales Frescos, entre otros.
El término “mínimamente procesado” se refiere, entre otras cosas, a: refrigeración; congelación; ajustes de tamaño mediante pelado, corte, picado y molido, entre otros; elaboración de productos sin aditivos ni rellenos; secado/deshidratación; lavado; envasado, incluyendo envasado al vacío y embolsado como colocar verduras en bolsas o combinar dos o más tipos de verduras o frutas en un solo paquete; la adición de ácido ascórbico u otros conservantes generalmente reconocidos como seguros, para evitar la oxidación de los productos; la matanza de ganado y aves de corral, incluyendo los cortes de carnes; la limpieza de pescado; y la pasteurización de la leche; entre otras que el Secretario pueda incluir, siempre que sean cónsonas con las disposiciones federales al respecto.
Sección 5.1.3.- Deberes, Facultades y Funciones.
Se ordena al Departamento de Educación, su Autoridad Escolar de Alimentos (AEA), su Agencia Estatal de Servicios de Alimentos (AESAN), en conjunto con la Administración de Servicios Generales y el Departamento de Agricultura, a preferir en los comedores escolares los productos agrícolas producidos localmente, ya sea en su estado natural o mínimamente procesados. Se exige que los menús de los comedores escolares de escuelas públicas y otras escuelas participantes de programas federales de alimentos incluyan, sin limitación alguna, productos agrícolas producidos localmente, según su disponibilidad por temporada, y su valor nutricional. Las entidades gubernamentales aquí citadas desarrollarán aquellos procedimientos que estimen necesarios para adquirir productos agrícolas producidos localmente, siempre que dichos productos atiendan las necesidades nutricionales de los niños y jóvenes. Será responsabilidad del Departamento, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio mediante su Compañía de Fomento Industrial y la Junta de Inversión para la Industria Puertorriqueña, y de la Administración de Servicios Generales, ayudar a los agricultores, incluyendo sus asociaciones de cualquier tipo, distribuidores y elaboradores de alimentos producidos localmente, frescos o mínimamente procesados, a mercadear sus productos en las escuelas públicas de Puerto Rico, informándoles sobre oportunidades de adquisición de alimentos, procedimientos de licitación, criterios de compra escolar y otros requisitos, incluyendo los beneficios de la Ley Núm. 14-2004, según enmendada.
Se dispone la meta de un treinta por ciento (30%) de productos agrícolas producidos localmente, medido a base del costo total de los alimentos adquiridos por el Departamento de Educación, a partir del año 2030. El Departamento de Educación someterá anualmente un informe a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al Gobernador, en el que informe lo siguiente:
Las cantidades totales de alimentos adquiridos, por región educativa, y el costo por alimento.
El porcentaje de adquisición de productos agrícolas producidos localmente, incluyendo los que sean mínimamente procesados, por región educativa, y el costo por alimento.
El porcentaje de alimentos procesados adquiridos, que contengan alguna materia prima producida localmente, y su costo.
Situaciones que afectan la consecución de la meta dispuesta.
Al momento de adquirir productos agrícolas producidos localmente, incluidos aquellos mínimamente procesados, el Departamento de Educación y la Administración de Servicios Generales, con la asistencia del Departamento de Agricultura, habrán de dividir la adquisición de alimentos en transacciones separadas para permitir la máxima participación de los agricultores, incluyendo sus organizaciones en cualquiera de sus formas, o distribuidores y elaboradores que interesen vender productos agrícolas producidos localmente, en su estado natural o mínimamente elaborados. Asimismo, establecerán calendarios de entrega, incluido, por ejemplo, el porcentaje de un pedido que debe entregarse en una fecha determinada de cada mes, que fomenten la participación de estos tipos de negocios.
Cuando la Administración de Servicios Generales adjudique una subasta en favor de un licitador que provee uno o varios productos agrícolas producidos localmente, incluidos aquellos mínimamente procesados, ni dicha agencia ni el Departamento de Educación podrán sustituir esos productos agrícolas producidos localmente, licitados y adjudicados, por otros, aunque ofrezcan precios más bajos luego de celebrada la subasta, a menos que se determine que no hay suficiente producción local.
CAPÍTULO VI- ORDENAMIENTO DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS
Artículo 6.1.- Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias.
Se crea la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Agricultura. Su operación será financiada con cargo a los recursos provistos en el presupuesto consolidado del Departamento de Agricultura. El Secretario nombrará un Ordenador, quien dirigirá la Oficina. Dicho Ordenador desempeñará sus funciones a voluntad del Secretario. Este será un agrónomo de reconocida capacidad.
Sección 6.1.1.- Términos.
Para efectos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:
Sección 6.1.2.- Facultades del Ordenador.
Sección 6.1.3.- Juntas Administrativas.
Cada industria agrícola que convenga ordenarse tendrá una Junta Administrativa.
Sección 6.1.4.- Fondos para el Fomento de las Industrias Agropecuarias.
Sección 6.1.5.- Penalidades.
Sección 6.1.6.- Salvedad.
Nada de lo dispuesto en este Capítulo ni en los reglamentos que se aprueben al amparo de este tendrá el efecto de derogar o enmendar las leyes de carácter sanitario que regulen las industrias agropecuarias de Puerto Rico. No obstante, las Juntas Administrativas y sus órdenes pueden ser complementarias, cuando el interés sea disponer de mayor rigor que lo dispuesto en otras leyes o reglamentos.
Sección 6.1.7.- Ordenamiento Previo.
Todo Fondo creado bajo cualquier ley anterior de inmediato operará bajo las disposiciones de este Código y se le confieren ciento veinte (120) días para armonizar cualquier disposición previa con lo aquí pautado; luego de dicho término, cualquier disposición que sea contraria a lo dispuesto en este Capítulo quedará anulada.
Cualquier ley que sea inconsistente o contradictoria con este Código, en su totalidad o en alguna parte, quedará derogada en su totalidad o en la parte conflictiva, excepto la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, la Ley Núm. 169 de 11 de agosto de 1988, conocida como la “Ley para crear la Oficina para la Promoción y Reglamentación de la Agroindustria del Caballo de Paso Fino de Puerto Rico”, la Ley Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, conocida como “Ley para el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura”, y la Ley Núm. 82 de 29 de octubre de 1992, conocida como “Ley de la Industria del Café”. La Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, la Oficina para la Promoción y Reglamentación de la Agroindustria del Caballo de Paso Fino de Puerto Rico y el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura se adscribirán a la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias, y cumplirán con las disposiciones de este Código.
Artículo 6.2.- Asociaciones de Comercialización Agrícola.
Los agricultores que no deseen, o no logren, organizar una industria agrícola según lo dispuesto en el Artículo 6.1 de este Capítulo, o los Fondos creados en la Sección 6.1.4 de este Capítulo que entiendan que es ventajoso realizar esfuerzos colaborativos de comercialización, podrán organizarse en una asociación de comercialización agrícola. La participación de los agricultores en una asociación de comercialización agrícola no estará sujeta a una zona geográfica o un cultivo particular.
Sección 6.2.1.- Propósito y Facultades.
Sección 6.2.2.- Intereses en Otros Tipos de Negocios.
Una asociación de comercialización agrícola puede organizar, operar, poseer, controlar, tener un interés, poseer acciones o ser miembro de cualquier otra corporación, organizada con o sin capital social, que se dedique a la elaboración, secado, prensado, enlatado, empaquetado, almacenamiento, manipulación, distribución, uso, fabricación, comercialización o venta de productos agrícolas manejados por la asociación o derivados de esos productos. Una asociación de comercialización agrícola, por resolución de su Junta de Directores, podrá establecer todas las estipulaciones, acuerdos y contratos necesarios con cualquier otra corporación o cooperativa formada en Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción para la conducción más económica de su negocio.
Sección 6.2.3.- Contratos de Comercialización.
Una asociación de comercialización agrícola puede celebrar un contrato de comercialización con sus miembros, que exija a los miembros vender, por un periodo no superior a diez (10) años, la totalidad o una parte determinada de sus productos agrícolas, exclusivamente a la asociación o a cualquier instalación que esta cree.
El contrato puede establecer que la asociación pueda:
Sección 6.2.4.- Organizaciones Agrícolas Existentes.
CAPÍTULO VII- MERCADEO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE PUERTO RICO
Artículo 7.1.- Uso de Marcas del Departamento de Agricultura, Certificación de Procedencia, y Denominación de Origen para Productos Agrícolas de Puerto Rico.
Sección 7.1.1.- Propósito.
Una de las maneras más efectivas de agregar valor a los productos agrícolas es a través de la publicidad de los atributos de estos. Estas estrategias, que surgen como parte del proceso de mercadeo, pueden consistir en diferenciaciones de productos genéricos, afirmaciones que distingan la procedencia, o caracterizaciones singulares de la calidad de un producto basadas en su zona geográfica. Diversos estudios apuntan a que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto de Puerto Rico hasta un quince por ciento (15%) sobre el producto importado, sujeto a que se comunique certeramente la procedencia. Este Código reafirma el alto interés social y económico de Puerto Rico por dar a conocer sus productos agrícolas y distinguirlos del resto de los productos disponibles en el mercado.
Sección 7.1.2.- Términos.
Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:
Sección 7.1.3.- Marcas del Departamento.
El Departamento, o sus componentes, incluyendo subsidiarias de estos, podrán desarrollar marcas en general, incluyendo marcas de uso colectivo, para ser utilizadas en el comercio, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 169-2009, supra. El Secretario, mediante reglamento, dispondrá la forma y manera en que los agricultores podrán tener acceso al derecho del uso mediante licencias de esas marcas registradas por el Departamento, o sus componentes, incluyendo subsidiarias de estos. El Secretario fijará en dicho reglamento el pago de los derechos de uso mediante licencias de las marcas registradas por el Departamento. Esa reglamentación también dispondrá los requisitos de elegibilidad, incluyendo aspectos de calidad del producto cobijado por la marca para la cual se interesa obtener el derecho de uso, capacidad financiera, y cualquier otro aspecto que el Secretario entienda necesario. Las licencias para el uso de marcas registradas por el Departamento, o sus componentes, incluidas las subsidiarias de estos, para identificar productos agrícolas de Puerto Rico se renovarán cada tres (3) años, sujeto al cumplimiento satisfactorio de los requisitos de elegibilidad durante el periodo anterior.
Sección 7.1.4.- Certificado de Procedencia de Productos Agrícolas de Puerto Rico.
Sección 7.1.5.- Denominación de Origen.
La denominación de origen no comunica solamente la procedencia del producto agrícola, sino que define los atributos del producto agrícola con relación a determinada zona geográfica de Puerto Rico, ya sea por efecto del microclima, suelos, pureza del agua, elevación, entre otros factores. Por lo tanto, la Denominación de Origen aplica a un cultivo particular, con unos atributos únicos, que se desarrollan en una demarcación geográfica específica.
Artículo 7.2.- Mercados de Agricultores.
Sección 7.2.1.- Propósito.
Con los modernos sistemas agroalimentarios de distribución y expendio de productos agrícolas y alimentos, no se propicia la relación directa entre consumidor y agricultor. Cuando los agricultores venden sus productos directamente a los consumidores, se logra la relación más directa entre la oferta y la demanda. En los mercados de agricultores se fomenta la oportunidad de que el agricultor obtenga los mejores precios posibles para su producto agrícola producido localmente, mientras que el consumidor obtiene productos más frescos y de mayor duración que el producto importado. La congregación de agricultores en un mismo espacio y tiempo se convierte en un destino turístico, si se le da la debida publicidad. El Gobierno de Puerto Rico, en su interés de fomentar el crecimiento y el desarrollo económico a través de la agricultura, ha de viabilizar la concurrencia de productores y consumidores en aquellos espacios en un tiempo determinado, con el objetivo de intercambiar productos agrícolas cosechados en Puerto Rico por dinero, a precios razonables según el mercado. El Secretario designará los componentes del Departamento, o subsidiarias de estos, que tendrán a su cargo la responsabilidad de organizar estos mercados de agricultores. Los mercados de agricultores auspiciados por el Departamento serán para promover productos agrícolas de Puerto Rico exclusivamente.
Sección 7.2.2.- Concepto en General.
Para efectos de este Artículo, la frase “mercados de agricultores” significará toda actividad en la que concurren varios agricultores, que se celebra con cierta recurrencia, en la que el propio agricultor vende sus productos de Puerto Rico directamente al consumidor. Los mercados de agricultores no se deben confundir con plazas de mercado, donde personas que no practican la agricultura se dedican a la reventa de productos agrícolas. Los mercados de agricultores tampoco se extienden a puestos de venta al detal de agricultores individuales que puedan darse en la propia finca, al costado de carreteras, o en concesiones comerciales.
El Secretario tiene el deber de asistir en la organización de mercados de agricultores a través de todo Puerto Rico, principalmente en aquellos lugares donde el tráfico de personas que potencialmente puedan adquirir alimentos cosechados en Puerto Rico, o elaborados con materia prima agrícola de Puerto Rico, sea considerable. Los mercados de agricultores deben ser promovidos por el Departamento o sus componentes, incluyendo sus subsidiarias, para estimular la participación del público en general.
Sección 7.2.3.- Mercados de Agricultores para Beneficiarios de Ayudas Nutricionales.
En Puerto Rico se asignan fondos federales y estatales para alcanzar la seguridad nutricional de aquellas personas vulnerables, dotándolas de poder adquisitivo para la compra de alimentos. Estos programas, dirigidos a satisfacer necesidades nutricionales de nuestros ciudadanos más vulnerables, ofrecen a su vez una gran oportunidad para que los agricultores de Puerto Rico sean los proveedores por excelencia de alimentos saludables. Para lograr esto, es necesario que, de las asignaciones concedidas a los beneficiarios de estas ayudas federales y estatales, una porción pueda ser redimida solamente en mercados de agricultores.
Se ordena al Departamento de la Familia, creado bajo el Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, según enmendado, y a su Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, al Departamento de Salud de Puerto Rico, creado bajo la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, mediante su Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), y a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, que opera bajo la Ley Núm. 76 de 24 de julio de 2013, según enmendada, a implementar, en estrecha colaboración con la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, mercados de agricultores dirigidos a proveer productos agrícolas de Puerto Rico a participantes del Programa de Asistencia Nutricional, de forma tal que no menos de un cinco por ciento (5%) de sus asignaciones presupuestarias para atender necesidades nutricionales se utilice exclusivamente en mercados de agricultores. El Administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia establecerá la normativa aplicable para que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional puedan contar con una partida de dinero para uso exclusivo en los mercados de agricultores, asignada mediante cheques, tarjetas, cupones, vales (vouchers) u otro mecanismo conveniente. Igualmente lo harán el Secretario de Salud y el Procurador de Personas de Edad Avanzada, en cuanto a la reglamentación en la concesión de beneficios para sus respectivos participantes. El Secretario de Agricultura, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada adoptarán acuerdos colaborativos para lograr la mayor participación de los beneficiarios de dicho programa en los mercados de agricultores, y para definir la recurrencia y el lugar de los mercados de agricultores, que han de cubrir los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico.
Por su parte, el Administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias adoptará mediante reglamento los requisitos de elegibilidad para que los agricultores puedan ofrecer sus productos en estos mercados de agricultores.
Artículo 7.3.- Programa de Fomento de la Agricultura Orgánica en Puerto Rico.
Sección 7.3.1.- Propósito.
Una gran parte de la población de Puerto Rico, del resto de los Estados Unidos y del mundo ha desarrollado un alto nivel de conciencia sobre las prácticas agrícolas utilizadas y sus posibles efectos sobre la salud de las personas, la fauna, la flora y el medio ambiente en general. Muchos agricultores han adoptado sistemas de producción denominados agricultura orgánica. Dichos sistemas acarrean un costo mayor de producción que la agricultura industrializada. Por lo tanto, quienes practican la agricultura orgánica necesitan diferenciarse del resto de los agricultores. El United States Department of Agriculture (USDA) implementó el “National Organic Program.” Por incidir en el comercio interestatal, la reglamentación de dicha agencia tiene preeminencia sobre cualquier reglamentación estatal o territorial.
En Puerto Rico apenas se han identificado tres (3) empresas certificadas en el “National Organic Program”. El mercado de productos orgánicos alcanzó $65,400 millones en 2024. Ante la gran oportunidad de mejores ingresos que este nicho representa, es necesario que el Departamento asista a los agricultores que así lo deseen, en la transición de la agricultura tradicional e industrializada a la agricultura orgánica. El Departamento podrá administrar un programa para la implementación de normas relacionadas con productos certificados como “orgánicos”, incluyendo la certificación de personas que producen, procesan, distribuyen o manipulan estos productos, y puede hacer valer el uso del término “orgánico” y otros relacionados, sujeto a las disposiciones del National Organic Program bajo el United States Department of Agriculture.
En la medida en que sea compatible con la ley federal, el Departamento puede adoptar normas relacionadas con productos agrícolas orgánicos. El Departamento está facultado para adoptar un acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para actuar como agente certificador de productos orgánicos o para realizar la aplicación primaria de las normas estatales y nacionales relacionadas con productos agrícolas orgánicos.
Sección 7.3.2.- Creación del Programa.
Se autoriza la creación del Programa de Fomento de Agricultura Orgánica adscrito al Departamento. El Secretario designará a un agrónomo con competencias en sistemas de producción orgánica para coordinar las iniciativas necesarias para lograr la política pública prescrita en este Artículo.
Sección 7.3.3.- Deberes y Funciones del Secretario respecto a la Agricultura Orgánica.
El Secretario deberá:
Artículo 7.4.- Estándares de Productos Agrícolas.
El Departamento podrá establecer programas de certificación relacionados con la protección, venta, publicidad, comercialización, transporte u otra manipulación comercial de productos agrícolas, hortícolas o relacionados en Puerto Rico si determina que un programa de certificación está justificado para:
El Departamento podrá regular términos que indiquen estándares de calidad del producto y símbolos relacionados con esos términos usados en un producto regulado bajo este Capítulo. El Departamento podrá cobrar tarifas por este tipo de certificación, y aplicar aquellas penalidades por incumplimiento a dichas reglas, conforme a las facultades que le hayan sido delegadas al Secretario.
CAPÍTULO VIII- VENTA Y USO DE FERTILIZANTES, ABONOS, ENMIENDAS DE SUELOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS
Artículo 8.1.- Propósito.
La producción agrícola moderna depende en gran medida de los nutrientes que estén disponibles para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente. La intensificación de las actividades agropecuarias puede tener el efecto de agotar los nutrientes que naturalmente se encuentran en el suelo. Ha habido importantes avances tecnológicos que permiten suplementar la oferta nutricional de los suelos; incluso, existen tecnologías que permiten cultivar en ausencia de suelo, suplementando nutrientes mediante soluciones acuosas. Por lo tanto, existe una gran demanda de productos que contienen nutrientes para las plantas con capacidad fertilizante. Dicha demanda genera una actividad económica que exige estrictos parámetros de cumplimiento.
Un ejemplo de las exigencias del mercado es poder garantizar el contenido nutricional del fertilizante manufacturado y vendido a escala comercial. Igualmente, el uso desmedido de estos abonos o fertilizantes tiene repercusiones en la salud y seguridad de las personas y del medio ambiente, por lo que procede regular la utilización de nuevos ingredientes en la elaboración de productos fertilizantes, de modo que se eviten sus posibles efectos nocivos en el agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna y el ser humano. Algunos fertilizantes podrían resultar peligrosos y podrían en determinados casos emplearse para usos distintos de los previstos, poniendo con ello en peligro la seguridad de las personas y de los bienes. Conviene, por tanto, requerir a los fabricantes que tomen las medidas adecuadas para evitar tales usos y, en particular, que garanticen la trazabilidad de tales abonos.
Sección 8.1.1.- Términos.
Para efectos de este Capítulo, las palabras utilizadas tendrán los significados comúnmente aplicados, aunque los siguientes términos se interpretarán de la siguiente manera:
Sección 8.1.2.- Alcance.
Todos los abonos, fertilizantes, enmiendas de suelos, o cualquier otra tecnología creada con el fin de suplir nutrientes en la agricultura, jardinería, o restauración de suelos degradados, estarán sujetos a las disposiciones de este Capítulo. Las disposiciones de este Capítulo tendrán alcance sobre:
La cal, piedra caliza, marga o yeso no procesados, sin envasar o sin manipular, no son fertilizantes comerciales sujetos a este Capítulo. El estiércol animal, los restos vegetales o las mezclas de esas sustancias no son fertilizantes comerciales sujetos a este Capítulo si no hay una afirmación específica de análisis de nutrientes que indique niveles de nutrientes garantizados.
Un elemento o aditivo alimentario vegetal distinto del nitrógeno, fósforo o potasio, determinable mediante un método de laboratorio aceptable, puede incorporarse a un fertilizante comercial y garantizarse solo si la norma del Secretario lo autoriza, y de la manera en que lo autorice. Cualquier elemento o aditivo adicional de alimento vegetal está sujeto a la inspección, análisis y otras disposiciones de este Capítulo.
Sección 8.1.3.- Administración.
El Secretario dispondrá de una unidad administrativa dentro del Departamento, a cargo de llevar a cabo las disposiciones de este Capítulo. La UPR, a través de su EEA, suplirá al Secretario todo el asesoramiento necesario para la implementación adecuada de las disposiciones aquí incluidas, mediante un acuerdo interagencial que incluya asignaciones de fondos necesarias para cubrir gastos administrativos y de investigación.
Sección 8.1.4.- Publicación.
El Departamento publicará anualmente en su página de internet todas las marcas de abono y grados de fertilizantes registrados con permiso de abono comercial, que se inscriban a partir de la aprobación de este Código. Igualmente, el Secretario publicará la lista de importadores, fabricantes y distribuidores con licencias vigentes.
Artículo 8.2.- Fijación de Grados y Formulaciones.
Todo análisis garantizado expresará el porcentaje mínimo de nutrientes de plantas que se declara contenido en los abonos de la siguiente manera:
Nitrógeno total (N);
Fósforo disponible (P2O5); y
Potasa soluble (K2O).
Para material mineral fosfatado no acidulado y escoria básica, enmienda o silicato termofosfatados, huesos y otros depósitos naturales de minerales, y otros materiales fosfáticos orgánicos, también se debe garantizar el fosfato total o el grado de finura. Las garantías para nutrientes vegetales distintos del nitrógeno, el fósforo y el potasio podrán ser permitidas o exigidas mediante reglamentación adoptada por el Secretario. Las garantías para dichos otros nutrientes deben expresarse en forma del elemento. La fuente de tales otros nutrientes (óxidos, sales, quelatos, entre otros) puede requerirse en la solicitud de registro y puede incluirse en la etiqueta. Otros compuestos beneficiosos, determinables mediante métodos de laboratorio, pueden estar garantizados con permiso del Secretario y con el consejo del Decano Auxiliar de la Estación Experimental Agrícola.
Cuando cualquier nutriente vegetal u otras sustancias o compuestos estén garantizados, estarán sujetos a inspección y análisis de acuerdo con los métodos y regulaciones prescritos por el Secretario. Se pueden garantizar fertilizantes especiales en unidades fraccionarias de menos del uno por ciento (1%) del nitrógeno total, fosfato disponible y potasa soluble, y los materiales fertilizantes, la harina de hueso, los abonos y materiales similares podrán garantizarse en fracciones de unidad.
Artículo 8.3.- Permisos: Registro y Licencia.
Ninguna persona podrá vender, fabricar ni distribuir un fertilizante comercial en Puerto Rico sin una licencia vigente emitida por el Secretario o la persona que este autorice. Nadie podrá importar, fabricar ni distribuir un fertilizante comercial en Puerto Rico, salvo fertilizantes de fórmula hecha a la medida para el cliente, a menos que la persona registre primero el fertilizante en el Departamento y obtenga una licencia emitida por el Secretario. Un importador, fabricante, o distribuidor no podrá vender abonos comerciales a un distribuidor que no esté licenciado. La solicitud de registro, así como la de licencia, deberá presentarse en un formulario provisto por el Departamento. Se requiere registro para cada mezcla, formulación o tipo distinto de fertilizante comercial fabricado o distribuido en Puerto Rico.
Las licencias deben incluir:
El nombre de la empresa y el número de licencia deben aparecer en toda etiqueta de abonos comerciales vendidos en Puerto Rico. El nombre de la empresa y las direcciones de todos los puntos de venta que aparecen en la licencia también deben estar presentes en toda factura.
No se requiere que una persona registre un fertilizante comercial que haya sido registrado por otra persona, pero sí deberá obtener una licencia, mediante el mecanismo alterno que disponga el Secretario. Todas las licencias tendrán un término de tres (3) años. El Secretario dispondrá mediante reglamento los cargos de registro y obtención de licencia, así como de renovación de licencias. Los fertilizantes vendidos en paquetes de diez (10) libras o menos deberán registrarse mediante el pago de diez dólares ($10) por cada grado de cada marca, en cuyo caso, las etiquetas de cada marca y nombre de producto de cada categoría acompañarán la solicitud.
El Secretario, con el asesoramiento de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, autorizará, cuando lo considere necesario y conveniente, la manufactura o distribución en Puerto Rico de determinados abonos comerciales, incluidos abonos especializados y orgánicos y materias primas de abonos que puedan considerarse como abonos comerciales, aunque contengan menos del total del veinticuatro por ciento (24%) en peso de las sustancias nutritivas: nitrógeno (N), ácido fosfórico asimilable (P2O5) y potasa soluble en agua (K2O). No se requerirá la aprobación del grado y formulación de cualquier abono comercial que haya sido preparado de acuerdo con especificaciones suministradas por el consumidor o usuario de este antes de mezclarse, aunque sí se requiere cumplir con las disposiciones de etiquetado prescritas en el Artículo 8.5.
Sección 8.3.1.- Solicitud de Registro.
La solicitud de registro para concesión de permiso deberá ser hecha por el fabricante o distribuidor del abono comercial o enmienda de suelo fabricado en Puerto Rico o, en el caso de un abono comercial o enmienda de suelo importado o introducido en Puerto Rico desde el exterior, por el importador. La solicitud de aprobación del grado y formulación de cualquier abono comercial o enmienda de suelo será sometida al Secretario en un formulario que al efecto este suministre, siguiendo el procedimiento que se establezca mediante reglamento.
Cada solicitud de registro de un abono comercial deberá incluir la siguiente información relacionada con el fertilizante:
El Departamento proporcionará formularios, en medio digital, para el registro de fertilizantes comerciales bajo este Capítulo. El Departamento deberá proporcionar acuse de recibo de toda solicitud y una copia del registro aprobado a cada solicitante. En caso de que una petición de registro sea denegada, el Departamento comunicará por escrito las razones, siguiendo el debido proceso de ley, conforme a la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.
Sección 8.3.2.- Fianzas.
El Departamento está facultado para requerir mediante reglamento a toda persona o entidad que fabrique, importe o distribuya para uso en Puerto Rico abonos comerciales o materias primas de abonos y enmiendas de suelos una fianza a favor del Gobierno de Puerto Rico. De ser requerida, dicha fianza deberá estar suscrita por una corporación o compañía fiadora autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, y el monto de dicha fianza responderá a cualquier persona que tuviese cualquier reclamación con relación a cualquier abono comercial, o materia prima de abono que comprase en Puerto Rico, según se determine en este Código.
Sección 8.3.3.- Contribuciones.
Se impone una contribución especial de cincuenta centavos ($0.50) por tonelada o fracción de tonelada de abono comercial, que se fabrique o distribuya en Puerto Rico. En caso de abonos líquidos y a los efectos de imponer esta contribución, las toneladas o fracción de tonelada se calcularán a base de sus densidades a veintisiete (27) grados centígrados expresadas en libras por galón y volúmenes en galones. Asimismo, se impone una contribución especial de cincuenta centavos ($0.50) por cada tonelada o fracción de tonelada de materias primas de abonos que se fabriquen o distribuyan para aplicarse directamente en las plantaciones o para uso en Puerto Rico como tales, es decir, sin ser previamente usadas en la manufactura de abonos comerciales. Se impone, además, sobre toda enmienda de suelo que sea fabricada o distribuida en Puerto Rico, una contribución especial de veinticinco centavos ($0.25) por cada tonelada o fracción de tonelada. Estas contribuciones se considerarán como gravámenes preferentes sobre los bienes sujetos a ellas. Por tanto, todo importador, fabricante o distribuidor de abonos comerciales o de enmienda de suelo estará obligado a pagar el total de la contribución por los abonos comerciales y enmiendas de suelo que haya fabricado o distribuido en Puerto Rico.
Todo importador, fabricante o distribuidor de abonos comerciales o enmiendas de suelo estará obligado a presentar al Secretario, dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación del mes correspondiente al informe, una declaración, de acuerdo con el modelo que disponga el Secretario, en la que se incluya una relación de las marcas y el número de toneladas o fracción de toneladas de abonos comerciales, materias primas para aplicarse directamente en las plantaciones y enmiendas de suelo fabricados, importados, comprados en plaza, vendidos y recibidos o cedidos en calidad de préstamo para uso en Puerto Rico durante el mes correspondiente al informe. En caso de fabricación o distribución para uso en Puerto Rico de materias primas de abonos y abonos comerciales, se especificará:
Sección 8.3.4.- Denegaciones y Revocaciones.
Tras notificación y audiencia, el Departamento puede revocar, suspender, anular o modificar un permiso existente, sea licencia o registro, o puede negarse a emitir un permiso si determina que el titular de licencia o solicitante de registro:
Artículo 8.4.- Importación a Puerto Rico de Abonos Comerciales con Arena, Tierra, Suelo o Materia Vegetal como Material de Relleno.
Se prohíbe la importación o introducción a Puerto Rico de abono comercial alguno que contenga o pueda contener arena, tierra, suelo o materia vegetal como material de relleno (“filler”), o cuyo material de relleno contenga o pueda contener cualquier patógeno que pueda afectar la sanidad vegetal en Puerto Rico. El Secretario podrá permitir la importación o introducción a Puerto Rico de cualquier abono comercial que contenga arena, tierra, suelo, o materia vegetal como material de relleno, siempre que el lote de dicho abono comercial venga acompañado de evidencia de esterilización o proceso similar antes de ser enviado a Puerto Rico, la cual debe ser provista por el fabricante.
Todo lote de abono comercial que arribe a Puerto Rico estará sujeto a inspección por el Secretario o su representante autorizado, a tenor con lo dispuesto en este Código, o en virtud de cualquier otra facultad de ley, para comprobar que dicho abono comercial cumple con los requisitos de calidad y sanidad requeridos. Si al ser inspeccionado un abono comercial importado o introducido en Puerto Rico se determina que este contiene arena, tierra, suelo o material vegetal como material de relleno y que no viene acompañado de la evidencia de esterilización o proceso similar para eliminar patógenos, o que dicho material de relleno contiene cualquier plaga de plantas, el lote de abono comercial inspeccionado deberá ser, a opción del importador o consignatario, devuelto al remitente o destruido sin pago de compensación alguna.
Artículo 8.5.- Etiquetas.
Cualquier fertilizante distribuido en Puerto Rico en contenedores deberá llevar colocado en el recipiente una etiqueta que indique de forma claramente legible y visible la siguiente información:
El fabricante u otra persona que distribuya fertilizante comercial envasado deberá colocar la etiqueta requerida por este Artículo en el recipiente de fertilizante o hacer que se imprima en el lateral del recipiente de la manera prescrita por el Departamento. La información de la etiqueta debe agruparse y estar impresa claramente en español o inglés, en el tamaño o tipo de letra prescrito por el Departamento. El fabricante u otra persona que distribuya fertilizante comercial a granel o en un recipiente que contenga una cantidad superior a ciento diez (110) libras de peso seco o cincuenta y cinco (55) galones de líquido, en el momento de la entrega, deberá proporcionar al comprador una declaración escrita o impresa que muestre la información requerida por este Artículo. En el caso de envíos a granel, esta información, impresa, acompañará el envío y se proporcionará al comprador al momento de la entrega.
Todo fertilizante hecho a la medida y formulado según especificaciones proporcionadas por un consumidor particular, antes de la mezcla, deberá etiquetarse para mostrar el peso neto, el análisis garantizado y el nombre y dirección del distribuidor o del titular registrado de la licencia.
En el caso de abonos que puedan contener sustancias peligrosas, se deberá además cumplir con la Ley Núm. 233 de 23 de julio de 1974, conocida como “Ley de Sustancias Peligrosas de Puerto Rico”, y con sus exigencias sobre la información que deben contener las etiquetas.
Sección 8.5.1.- Rotulación Falsa.
Queda prohibida la importación o distribución en Puerto Rico de abonos comerciales o enmiendas de suelo rotulados falsamente. Un abono comercial o enmienda de suelo se considerará falsamente rotulado:
Se prohíbe el uso de afirmaciones falsas que no estén sustentadas por estudios científicos debidamente publicados, sobre la utilidad de los abonos y las enmiendas de suelos.
Sección 8.5.2.- Adulteración y Deficiencias.
En Puerto Rico queda prohibida la fabricación, importación o distribución de abonos comerciales o enmiendas de suelos deficientes en cuanto al análisis garantizado. Un abono comercial o enmienda de suelo se considerará adulterado o deficiente:
Artículo 8.6.- Inspecciones, Auditorías, Muestras, y Análisis.
El Secretario tiene toda facultad para ordenar la inspección, auditoría, toma de muestras y análisis de los abonos comerciales o enmiendas de suelos importados, fabricados, o distribuidos en Puerto Rico, y para publicar los resultados de dichas inspecciones y análisis en boletines, periódicos, revistas, o en cualquier otra forma que estime conveniente para conocimiento del público en general. Para que se puedan llevar a cabo las disposiciones de este Artículo, el Secretario o su representante autorizado queda investido de poder para entrar, durante las horas laborables, en cualquier finca, fábrica, edificio, almacén, tienda, barco, vehículo, o sitio donde se manufacturen, almacenen, transporten, ofrezcan a la venta o de cualquier otro modo se distribuyan o utilicen abonos comerciales o enmiendas de suelo en Puerto Rico.
El Secretario o su representante tendrá también libre acceso, durante las horas oficiales de trabajo, a los libros en que se lleve la constancia del movimiento de abonos comerciales y enmiendas de suelo. Estos tendrán derecho a la protección y cooperación de las autoridades competentes en el desempeño de sus deberes. Cuando la inspección o análisis de una muestra oficial demuestre que un abono comercial o enmienda de suelo está adulterado, deficiente o falsamente rotulado, el Secretario notificará por correo electrónico al fabricante, al distribuidor o al importador del abono comercial o enmienda de suelo, informándole sus derechos y las posibles penalidades, y concediéndole diez (10) días para que someta cualquier alegación. El fabricante, distribuidores, importadores o sus representantes podrán solicitar una porción de la muestra oficial. Cuando se solicite una porción de la muestra oficial el período para someter alegaciones se extenderá por quince (15) días contados desde la fecha del envío de la porción de la muestra oficial. No se podrá anular o en forma alguna alterar el informe de la inspección o análisis de una muestra oficial a menos que se presente evidencia adecuada que justifique tal acción.
Si el fabricante, distribuidor o importador, según sea el caso, no somete alegación alguna dentro del periodo especificado, el resultado de la inspección y análisis de la muestra oficial se considerará final e inapelable, y el Secretario procederá como estime pertinente, de acuerdo con los poderes que le confiere este Código y según lo prescrito en los reglamentos que al amparo de este se promulguen. Cuando el fabricante, distribuidor o importador someta cualquier alegación de impugnación en relación con la adulteración o falsa rotulación notificada, el Secretario deberá emitir una decisión sobre los planteamientos hechos para lo cual podrá llevar a cabo una comprobación del análisis de la muestra oficial en el Laboratorio Agrológico en la presencia del fabricante, distribuidor o importador.
Toda persona que sin justificación razonable niegue al Secretario o su representante autorizado la entrada, durante las horas laborables, a cualquier finca, fábrica, edificio, almacén, tienda, barco, vehículo o sitio donde se manufacturen, almacenen, transporten, ofrezcan a la venta o de cualquier otro modo se distribuyan o utilicen abonos comerciales o enmiendas de suelo en Puerto Rico, incurrirá en falta administrativa y pagará la sanción dispuesta por el Secretario mediante reglamento.
Sección 8.6.1.- Determinación de Deficiencias.
Para determinar si un abono comercial, materia prima de abonos o enmienda de suelo se halla deficiente a los efectos de este Código, se utilizarán las siguientes reglas:
Artículo 8.7.- Almacenamiento, Uso, Aplicación y Trazabilidad.
Los fertilizantes a granel deben almacenarse de manera que se minimice la liberación de fertilizantes y se proteja el medio ambiente. El uso y la aplicación de fertilizantes pueden estar establecidos mediante reglamentación debidamente adoptada para fomentar las mejores prácticas de gestión y proteger el medio ambiente. El Colegio de Ciencias Agrícolas realizará recomendaciones sobre las mejores prácticas en cuanto al uso de fertilizantes y enmiendas de suelos, incluidas las dosis máximas que se deben aplicar por cuerda, en función del tiempo. El Secretario podrá exigir mediante reglamentación sistemas de trazabilidad de los abonos comerciales a los fabricantes, importadores o distribuidores, e incluso a los agricultores, en caso de que lo considere necesario.
Artículo 8.8.- Penalidades.
En caso de que se detecten deficiencias en cualquier abono comercial, en cualquiera de sus elementos o sustancias nutritivas en menor o mayor grado que las especificadas en este Capítulo, entendiéndose como tal una variación de uno por ciento (1%) o más en peso o volumen con relación al análisis garantizado, después de que el resultado de la inspección y análisis de la muestra oficial sea inapelable, el fabricante, importador o distribuidor de dicho abono comercial vendrá obligado a pagar, como penalidad, las cantidades que imponga el Secretario mediante reglamentación, de acuerdo con las facultades que le hayan sido conferidas mediante ley, sin limitarse a la LPAU. Una muestra oficial de dicho abono comercial será tomada de su envase original, o en los almacenes del fabricante, distribuidor, o en los canales de distribución o mercadeo del abono comercial, o al entregarse al comprador.
El pago por estas penalidades se hará en efectivo o mediante cheque, giro postal o nota de crédito, pagaderos al agricultor o al Secretario de Hacienda de Puerto Rico. El fabricante someterá evidencia fehaciente al Secretario de haber satisfecho el pago de la penalidad en el término prescrito. Adicionalmente, en los casos de muestras en las que se observen deficiencias que pertenezcan a abonos adquiridos por agricultores, el fabricante, distribuidor o importador tendrá que reponer el dinero que los agricultores hayan invertido en el abono con deficiencias, más un interés del ocho por ciento (8%) como penalidad, pagadero en no más de treinta (30) días. No cumplir con este requisito conllevará la cancelación inmediata de la licencia para vender abonos en Puerto Rico. En caso de deficiencias o violaciones en el análisis de abonos especializados, estas se determinarán mediante vista administrativa. Cuando no se hubiere satisfecho cualquier penalidad o multa administrativa impuesta en virtud de este Capítulo o de los reglamentos aplicables dentro del término de treinta (30) días, a partir de la fecha en que la penalidad o multa administrativa se haya convertido en final e inapelable, el fabricante, distribuidor o importador de tal abono comercial o enmienda de suelo no podrá seguir comercializando o vendiendo ningún abono comercial o enmienda de suelo en Puerto Rico hasta que dicha multa o penalidad haya sido satisfecha. En el caso de los abonos especializados y abonos orgánicos, el pago por penalidad será responsabilidad del establecimiento donde se detecten las deficiencias. Cuando la deficiencia sea identificada en las instalaciones del agricultor, la multa, el reembolso y su correspondiente interés serán pagados por el establecimiento que le vendió el material.
Sección 8.8.1.- Detención y Confiscación.
El Secretario tendrá poder para expedir una orden de detención sobre cualquier lote de un abono comercial o enmienda de suelo que a su juicio esté siendo distribuido o importado en violación de cualquiera de las disposiciones de este Código o de los reglamentos que de acuerdo con este se promulguen. Queda prohibido distribuir o en cualquier forma disponer de cualquier lote de abono comercial o enmienda de suelo así detenido sin la autorización previa por escrito del Secretario o de un tribunal de justicia competente, en cualquier recurso ordinario que el fabricante, importador o distribuidor interpusiere ante el Tribunal de Primera Instancia impugnando la validez de la detención no más tarde de treinta (30) días después de haber recibido copia de la orden de detención. Sin perjuicio de las penalidades dispuestas en otras partes de este Capítulo o en los reglamentos aprobados por el Secretario a estos efectos, que no aplicarán a esta infracción, cualquier persona que distribuya o que en cualquier forma disponga de cualquier lote de abono comercial o enmienda de suelo detenido, sin la autorización previa por escrito del Secretario o de un tribunal de justicia competente, incurrirá en delito menos grave y, convicta que fuere, será castigada con una multa no menor de doscientos dólares ($200) ni mayor de dos mil dólares ($2,000) o con reclusión por no menos de diez (10) días ni más de noventa (90) días, o con ambas penas, a discreción del Tribunal. El Secretario suspenderá la orden de detención sobre cualquier lote de abono comercial o enmienda de suelo cuando las violaciones sean corregidas a su satisfacción dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de notificación de la orden de detención. Cuando las violaciones no sean corregidas dentro de ese período de treinta (30) días, o en cualquier caso en que la detención del abono comercial o enmienda de suelo no haya sido impugnada en tiempo o en que la impugnación no haya prosperado, el Secretario podrá requerir del Secretario de Justicia que el abono o enmienda de suelo sea confiscado. En tales casos, el producto confiscado podrá donarse a agencias o instrumentalidades del Estado que puedan aprovecharlo.
Sección 8.8.2.- Multas Administrativas.
Previa celebración de la correspondiente vista administrativa dando oportunidad a la persona afectada de ser oída, de acuerdo con lo establecido en la LPAU, el Secretario queda facultado para imponer multas administrativas dentro de las facultades que le hayan sido conferidas, por cualquier infracción a las disposiciones de este Código o reglamentos aplicables. Será discrecional del Secretario procesar cualquier violación a este Código por la vía administrativa o judicial. La reglamentación que se establezca en virtud de las disposiciones de este Código proveerá el procedimiento a seguirse en la imposición y cobro de estas multas, las que serán pagadas en cheque certificado, giro postal o por medios electrónicos, pagaderos al Secretario de Hacienda y dirigido al Departamento de Agricultura.
Sección 8.8.3.- Advertencias.
Si el Departamento determina que una infracción de este Capítulo es de menor importancia y que la emisión de una advertencia escrita basta para proteger el interés público, podrá emitir la advertencia en lugar de proceder a confiscar el fertilizante, informar de la infracción para su procesamiento o tomar otras medidas administrativas.
Artículo 8.9.- Disposiciones Especiales sobre el Nitrato de Amonio.
El nitrato de amonio (NH4NO3) es una sal de amonio de ácido nítrico que contiene más de treinta y tres por ciento (33%) de nitrógeno, la mitad en forma amoniacal y la otra mitad en forma nítrica. Utilizado de manera adecuada, puede rendir grandes beneficios en la agricultura, pero, mal manejado, puede resultar en explosiones catastróficas. Por lo tanto, es preciso regular su uso para prevenir accidentes.
Sección 8.9.1.- Alcance.
Este Artículo aplica a la forma pura del nitrato de amonio y a cualquier fertilizante que incluya nitrato de amonio como componente, si el contenido de nitrógeno del fertilizante derivado del nitrato de amonio es al menos el veintiocho por ciento (25%) del fertilizante en peso. Todas las instalaciones en las que se almacene material con nitrato de amonio deben cumplir con las disposiciones impuestas en este Artículo y con cualquier otra exigencia del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
Sección 8.9.2.- Requisitos.
Además de los requisitos de registro y licencia que se disponen en este Capítulo, los importadores, fabricantes o distribuidores de abonos con nitrato de amonio como componente deberán enumerar todas y cada una de las instalaciones en las que se tenga dicho producto, y las personas designadas como punto de contacto para cada instalación. Se tiene que evidenciar que la instalación cuenta con los permisos de uso necesarios por ley o reglamento emitidos por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Las instalaciones de importadores, fabricantes o distribuidores en Puerto Rico donde haya nitrato de amonio tendrán de manera visible al público su licencia.
Cualquier persona que participe en la venta de nitrato de amonio o materiales con este compuesto deberá tomar medidas para proteger el nitrato de amonio o el material de nitrato de amonio almacenado en su instalación contra actos de vandalismo, robo u otro acceso no autorizado, incluyendo:
El Departamento deberá adoptar normas que permitan a una persona negarse a vender nitrato de amonio o material de nitrato de amonio según la temporada o el lugar de la venta y distribuir formularios a cada persona con licencia para que se utilicen para registrar la información requerida en este Artículo. Los fabricantes, importadores o distribuidores de nitrato de amonio mantendrán expedientes sobre las ventas de dicho compuesto o materiales que contengan dicho compuesto por tres (3) años, los cuales estarán disponibles para revisión del Departamento o cualquier otra agencia pública de ley y orden.
Sección 8.9.3.- Penalidades.
Se entenderá como falta a la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, cuando una persona:
Sección 8.9.4.- Prevención de Incendios.
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico podrá disponer requisitos reglamentarios de especial aplicación a las instalaciones donde se almacena nitrato de amonio.
CAPÍTULO IX- SALUD Y BIENESTAR DE ANIMALES PECUARIOS
Artículo 9.1.- Propósito.
La agricultura incluye las actividades pecuarias, que redundan en la producción de alimentos y fibras, entre otros productos. Incluso, el trabajo agrícola también puede beneficiarse de implementos impulsados por tracción animal. Debido a la importancia económica y de salud pública que representan los animales pecuarios, es importante disponer de medidas para prevenir y atender todo tipo de situación que pueda afectar su salud. Al mismo tiempo, ha habido una creciente sensibilización de la ciudadanía ante la necesidad de garantizar la protección de los animales en general y los animales pecuarios no son la excepción.
La alimentación de los animales pecuarios es un eslabón esencial en la cadena alimentaria, con enorme trascendencia a la hora de garantizar la seguridad alimentaria. La calidad y la higiene en la producción de estos animales requieren las más altas garantías para que el agricultor alcance niveles de producción óptimos, lo que impone altas responsabilidades a los fabricantes de alimentos de animales pecuarios comerciales. Igualmente, a través de los avances de la medicina veterinaria, se ha detectado que ciertos alimentos de animales domésticos o domesticados pueden contener alérgenos que deterioran la salud de estos animales. La comunicación al consumidor sobre la calidad de los alimentos para sus animales es esencial para evitar situaciones adversas en la salud animal. Ahora bien, las normas de bienestar animal que puedan aplicar a los animales domésticos o domesticados no necesariamente son aplicables a los animales pecuarios, por lo que se hace necesario prescribir políticas específicas dentro del contexto agrícola.
Para poder lograr una implementación adecuada de la salud de animales pecuarios en Puerto Rico, es preciso contar con normas actualizadas, así como herramientas de avanzada. Una de esas herramientas es un laboratorio bacteriológico y patológico veterinario. La experiencia reciente con enfermedades emergentes, zoonosis, brotes de influenza aviar, enfermedades vesiculares, tuberculosis bovina, rabia, leptospirosis, encefalitis equina y otras condiciones de alto impacto en animales de producción y mascotas, evidencia que Puerto Rico necesita un laboratorio veterinario con infraestructuras de bioseguridad adecuadas, particularmente de nivel de bioseguridad 2 (BSL-2, Biosafety Level 2). Un laboratorio con estas capacidades permite realizar diagnósticos confiables, proteger la salud pública, apoyar la seguridad alimentaria y fortalecer la preparación ante emergencias.
Sección 9.1.1.- Términos.
Para efectos de este Capítulo, las palabras utilizadas tendrán los significados comúnmente aplicados, aunque los siguientes términos se interpretarán de la siguiente manera:
Sección 9.1.2.- Oficina del Veterinario del Estado.
La Oficina del Veterinario del Estado protege directamente a las industrias ganadera, avícola y acuícola, y al público de forma indirecta, mediante la prevención, detección temprana, contención y erradicación de enfermedades económicamente importantes del ganado, aves de corral y peces que, en muchos casos, son transmisibles a las personas. Además, el bienestar de los animales de granja se garantiza mediante la investigación y persecución de casos de crueldad hacia los animales pecuarios. El Secretario nombrará a un veterinario debidamente licenciado para que dirija esta oficina. Dicho nombramiento será un puesto de confianza del Secretario. El Secretario podrá designar esta posición como una de difícil reclutamiento, y fijar salarios comparables con el mercado para asegurar una compensación adecuada. Adicionalmente, el Secretario podrá nombrar, o contratar, aquellos profesionales y técnicos que sean necesarios para cumplir a cabalidad con las disposiciones de este Capítulo. En el caso de la contratación de veterinarios licenciados, se les exime del requisito de remitir copia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico que surge en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, siempre y cuando el objetivo principal sea brindar servicios médicos veterinarios, por encomienda del Departamento. La Oficina del Veterinario del Estado tendrá a su cargo las operaciones del Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario y Centro de Diagnóstico de Salud Animal de Puerto Rico, creado en este Capítulo. El Veterinario del Estado estará a cargo de cualquier incidencia relacionada con la salud de los animales y tendrá preeminencia sobre cualquier otra entidad gubernamental. Adicionalmente, cuando se trate de situaciones de salud animal en general, el Veterinario del Estado brindará apoyo al Departamento de Salud, mediante acuerdo escrito al respecto.
Artículo 9.2.- Prevención y Control de Enfermedades de Animales Pecuarios.
El Veterinario del Estado, de tiempo en tiempo, catalogará aquellas enfermedades nocivas para animales pecuarios, así como aquellos agentes causantes de dichas enfermedades, y prescribirá las medidas de prevención y control que deben seguir los agricultores y la población en general, incluyendo registros de trazabilidad, sacrificio o destrucción de los animales con enfermedades consideradas nocivas. Todo dueño, poseedor, criador o importador de animales en Puerto Rico, y todo administrador o persona encargada de alguna compañía de transporte de animales en ruta hacia Puerto Rico o dentro de Puerto Rico, al tener noticia de la aparición de alguna enfermedad en los animales pecuarios, independientemente de que sean de su propiedad o estén bajo su control, custodia o cuido, lo notificará inmediatamente a la Oficina del Veterinario del Estado.
El Veterinario del Estado, cuando científicamente compruebe la existencia en Puerto Rico de enfermedades, tales como fiebre aftosa, pleuroneumonía contagiosa, cólera europeo de las aves, cólera porcino, fiebre tejana o piroplasmosis bovina, piroplasmosis equina, fiebre anaplasmosis, anemia infecciosa, dermatofilosis, pericarditis, diarrea blanca bacilar, tifoidea aviar, enfermedad crónica del sistema respiratorio, y cualquier otra que amenace la vida de los animales pecuarios o incluso animales domésticos, domesticados, exóticos, silvestres o salvajes, de trabajo o de experimentación, entretenimiento, o de cualquier otra clase de Puerto Rico, declarará oficialmente la existencia de una enfermedad epizoótica. Una vez declarada oficialmente la existencia de dicha epizootia, el Veterinario del Estado y el Secretario deberán tomar todas las medidas de emergencia que estimen necesarias. Inmediatamente notificarán al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y, de ser necesario, al Departamento de Salud, para coordinar la respuesta y los esfuerzos de control y, en la medida de lo posible, de erradicación.
El Veterinario del Estado, sujeto a la asignación de recursos económicos, le recomendará al Secretario la implementación de programas de prevención y control de enfermedades conocidas de los animales pecuarios. El Secretario podrá adoptar reglamentación para esos programas. Estos programas pueden incluir medidas tales como inspecciones periódicas, pruebas clínicas, incentivos o subsidios para medicamentos o equipo, protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia, simulacros de práctica, compra de equipo de bioseguridad, y cualquier otra medida que el Veterinario del Estado recomiende como necesaria.
El Secretario podrá reglamentar, dentro de las facultades que le son conferidas en este Código o en cualquier otra ley, cualquier medida necesaria para evitar, combatir, controlar o erradicar la propagación de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa, o cualquier infestación de garrapatas u otros parásitos en los animales pecuarios, o cualquier otro animal que pueda portar enfermedades nocivas para los animales pecuarios. El Secretario podrá tomar medidas de emergencia tales como matanza, destrucción o tratamiento de los animales pecuarios afectados por, o expuestos a, cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa, o de cualquier tipo de animales infestados con o expuestos a la garrapata u otros parásitos internos o externos en Puerto Rico. Igualmente, el Secretario podrá tomar las medidas necesarias para lidiar con aquellos vectores o portadores de enfermedades nocivas para los animales pecuarios. Incluso, el Secretario podrá requerir un registro y certificación de traficantes o de personas que se dediquen a la compraventa de animales pecuarios o domésticos, domesticados, exóticos, silvestres o salvajes, de trabajo o de experimentación, entretenimiento, o de cualquier otra clase. En fin, el Secretario podrá realizar los actos legales necesarios para erradicar, suprimir, controlar o evitar la propagación de cualquier enfermedad de animales pecuarios.
Sección 9.2.1.- Prohibición de la Introducción de Animales Enfermos en Puerto Rico.
Se prohíbe la introducción en Puerto Rico de animales pecuarios o domésticos, domesticados, exóticos, silvestres o salvajes, de trabajo o de experimentación, entretenimiento, o de cualquier otra clase, que muestren síntomas de, o estén atacados por, cualquier enfermedad infecciosa, contagiosa o transmisible, o hayan estado expuestos a dichas enfermedades, o que estén infectados con, o hayan sido expuestos a, parásitos internos o externos, tales como garrapatas, gusanos barrenadores u otros. Asimismo, se faculta al Secretario de Agricultura a prohibir o condicionar, mediante reglamentación al efecto, la transportación o movimiento en Puerto Rico de animales pecuarios o domésticos, domesticados, exóticos, silvestres o salvajes, de trabajo o de experimentación, entretenimiento, o de cualquier otra clase, que muestren síntomas, estén atacados o hayan sido expuestos a enfermedades infecciosas, contagiosas o transmisibles, o que estén infectados con o hayan sido expuestos a parásitos internos o externos, tales como garrapatas, gusanos barrenadores u otros. El Secretario podrá promulgar cuarentena o cuarentenas respecto a cualquier región o lugar en el territorio de Puerto Rico en el cual se determine que existe una epizootia o un brote de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa de los animales o cualquier infestación de garrapata u otros parásitos de los animales pecuarios en el territorio de Puerto Rico, ordenar la construcción de corrales cuarentenarios, sujeto a reglamentación debidamente aprobada, y nombrar personal necesario para cumplir con dichas normas. En tales casos, la cuarentena podrá ser absoluta o se podrá adoptar reglamentación para prescribir el método y la manera en que se podrán mover o transportar los animales desde las áreas o lugares declarados en cuarentena hacia otras áreas o lugares en Puerto Rico. El Secretario también podrá exigir a los dueños de animales pecuarios que implementen medidas de control de plagas, tales como tanques de inmersión, cepos, regaderas, y cualquier otra tecnología que permita la prevención y control de enfermedades. El Secretario podrá, además, disponer mediante reglamento la expedición de permisos que autoricen la transportación, depósito, envío o conducción de ganado a una zona de cuarentena.
El Veterinario del Estado podrá requerir que los animales pecuarios sean tratados con antígenos, antisueros o vacunas, o cualquier otro tipo de medicamento necesario, como medida preventiva o de control de enfermedades, por cuenta del importador, distribuidor, dueño, o cualquier otra persona que tenga animales pecuarios bajo su cuido o control. El Veterinario del Estado también podrá ordenar la limpieza, desinfección o sanitización, e incluso prohibir la entrada a lugares que sean declarados por él como lugar infectado. Dicha declaración será por escrito, y copia será colocada en lugares visibles próximos al lugar declarado como infectado, advirtiendo sobre cualquier riesgo de contagio para la salud pública.
Se faculta al Secretario a cobrar por aquellos gastos incurridos en el diagnóstico, vacunación y cuarentena provocados por enfermedades de animales pecuarios en Puerto Rico, por cuenta del dueño de los animales.
Sección 9.2.2.- Sacrificio de Animales Enfermos.
Todo animal que llegue o arribe al territorio de Puerto Rico que padezca o sea portador de, o que haya sido expuesto a, cualquier enfermedad infecciosa, contagiosa o transmisible, o que esté infestado con o haya sido expuesto a parásitos internos o externos tales como garrapatas, gusanos barrenadores u otros, será, a opción del importador o dueño, devuelto al punto de origen por cuenta del importador o dueño, o sacrificado y enterrado o incinerado por cuenta de su dueño, bajo la supervisión o control oficial del Veterinario del Estado o su representante autorizado. Se exceptúan de esta disposición aquellos animales que padezcan o sean portadores de, o que hayan sido expuestos a, brucelosis, los cuales podrán ser sacrificados para consumo humano bajo la supervisión o el control oficial del Secretario o su representante autorizado. En caso de que el dueño del animal se negare o rehusare a devolverlo al punto de origen, o sacrificarlo y enterrarlo o incinerarlo, los empleados del Departamento quedan autorizados a sacrificar y enterrar o incinerar dicho animal, debiendo el dueño del animal pagar los gastos en que incurra el Departamento por el sacrificio de este y por la disposición del cadáver. El Departamento no pagará compensación alguna por cualquier animal sacrificado bajo las disposiciones de esta Sección.
Artículo 9.3.- Penalidades, Sanciones y Otras Medidas Administrativas.
El Secretario, conforme a las facultades que le hayan sido conferidas en este Código o en cualquier otra ley, podrá adoptar reglamentación en la que podrá imponer sanciones, conforme al debido proceso de ley, contra toda persona que infrinja lo dispuesto en este Capítulo.
Sección 9.3.1.- Inspección, Detención y Embargo.
Se autoriza al Secretario o a su representante autorizado a:
El Secretario, o la persona en quien este delegue, podrá penetrar en cualquier lugar o local, o en cualquier embarcación, o en cualquier vehículo empleado para el tráfico de animales, cuando tenga motivos fundados para sospechar la presencia de agentes causantes de enfermedades pecuarias.
Artículo 9.4.- Productos Biológicos para Tratar Animales.
Se prohíbe introducir, vender u ofrecer en venta, usar, tener, almacenar, manipular o transportar en el territorio de Puerto Rico vacunas de virus vivo o atenuado (natural o artificialmente) para el tratamiento de cualquier enfermedad de animales, así como cualquier otro producto biológico cuya fecha de efectividad haya expirado o que esté contaminado o sea nocivo, inservible o peligroso, y cualquier producto biológico bajo condiciones de manipulación, transportación o almacenamiento que no sean las recomendadas por sus fabricantes. Cuando la introducción de alguna vacuna de virus vivo sea necesaria por ser el medio más práctico y efectivo de controlar alguna enfermedad, cuya existencia haya sido confirmada por el Departamento de Agricultura en Puerto Rico, el Secretario podrá autorizar la introducción, venta, ofrecimiento en venta, uso, tenencia, almacenamiento, manipulación o transportación en el territorio de Puerto Rico de tales vacunas de virus vivo bajo las condiciones que él establezca, cuando tenga prueba fehaciente de que no existe otro tipo de vacuna, excepto la de virus vivo, para el tratamiento de la enfermedad. Tan pronto sea combatida tal enfermedad, el Secretario deberá suprimir toda introducción, venta, uso, tenencia, almacenamiento, manipulación, o transportación de las referidas vacunas de virus vivo en el territorio de Puerto Rico. El Secretario queda facultado para establecer por reglamento qué vacunas de virus vivo o atenuado (natural o artificialmente) no se permitirá introducir, vender u ofrecer en venta, usar, tener, almacenar, manipular o transportar en el territorio de Puerto Rico, cuando sirvan para producir inmunidad contra alguna enfermedad de animales que no exista en el territorio de Puerto Rico; y cuando sean de alta virulencia o de aquellas que, a juicio del Secretario, pudiesen ser perjudiciales por su alta virulencia para la industria avícola o ganadera de Puerto Rico.
Sección 9.4.1.- Distribuidores de Productos Biológicos para Tratar Animales.
Será deber de todo distribuidor de productos biológicos dar al Secretario o a su representante, por el medio más rápido posible, la información correspondiente cada vez que se disponga a recibir algún embarque de dichos productos ya sea antes de recibirlo o en el acto.
Todo producto biológico que sea introducido en el territorio de Puerto Rico será retenido por el Secretario por un término que no excederá de treinta (30) días. El distribuidor no podrá disponer de dicho producto en forma alguna y será su deber retenerlo hasta treinta (30) días o hasta que reciba autorización por escrito del Secretario o de su representante de que dicho producto ya ha sido examinado. Si lo creyere necesario, el Secretario o su representante podrá hacer examinar cada lote de cualquier producto biológico en el Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario y Centro de Diagnóstico de Salud Animal de Puerto Rico del Departamento de Agricultura de Puerto Rico o en cualquier otro laboratorio adecuado, y si como resultado de tal examen se encuentra el producto biológico en cualquiera de las condiciones referidas en este Código, o sin necesidad de dicho examen en los casos en que este sea innecesario para determinar tal condición, el producto biológico será devuelto a su punto de origen bajo la supervisión del Secretario de Agricultura de Puerto Rico, o será decomisado y destruido por dicho funcionario o su representante sin pago de compensación alguna, a opción del importador y a expensas de este. La determinación, junto con las alternativas disponibles y el término provisto en este Capítulo, deberá notificarse al distribuidor mediante escrito firmado por el Secretario de Agricultura de Puerto Rico o su representante, con las advertencias sobre el proceso a seguir en caso de que el distribuidor elija impugnar tal determinación, conforme al debido proceso de ley.
Artículo 9.5.- Informes Veterinarios.
Tan pronto llegue a su conocimiento, todo veterinario autorizado a ejercer en Puerto Rico está obligado a informar por escrito o por teléfono a la Oficina del Veterinario del Estado de la presencia en Puerto Rico de las enfermedades infecciosas, contagiosas o transmisibles de los animales que el Secretario haya dispuesto mediante reglamento. Será deber de todo médico veterinario que practique en Puerto Rico informar al Departamento de Agricultura de Puerto Rico la existencia de cualquier producto biológico que encuentre en cualquiera de las condiciones referidas en este Capítulo, o que dé alguna reacción indicativa de estarlo.
Artículo 9.6.- Informes Agronómicos.
Tan pronto llegue a su conocimiento, todo agrónomo autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico está obligado a informar por escrito o por teléfono a la Oficina del Veterinario del Estado de cualquier sospecha de la presencia en Puerto Rico de enfermedades infecciosas, contagiosas o transmisibles de los animales que el Secretario haya dispuesto mediante reglamento. Será deber de todo agrónomo que practique en Puerto Rico informar al Departamento de Agricultura de Puerto Rico la existencia de cualquier producto biológico que encuentre en cualquiera de las condiciones referidas en este Capítulo, o que dé alguna reacción indicativa de estarlo.
Artículo 9.7.- Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario y Centro de Diagnóstico de Salud Animal de Puerto Rico.
Se ordena al Departamento de Agricultura que establezca un Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario y Centro de Diagnóstico de Salud Animal. Este laboratorio será dirigido por el Veterinario del Estado, quien contará con tecnólogos capacitados para llevar a cabo todas las operaciones necesarias en la identificación de enfermedades de animales pecuarios. El Secretario podrá reglamentar el cobro por los servicios prestados en dicho laboratorio. Estos tecnólogos podrán tomar muestras de sangre, excreta, o fluidos de animales. El Veterinario del Estado también podrá contar con técnicos y asistentes veterinarios, para realizar funciones de apoyo conforme a la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979, según enmendada.
Sección 9.7.1.- Función.
El Laboratorio Bacteriológico y Patológico Veterinario y Centro de Diagnóstico de Salud Animal de Puerto Rico será considerado como laboratorio de referencia para Puerto Rico. Allí se realizarán diagnósticos de enfermedades animales, zoonóticas y emergentes. Este laboratorio mantendrá un nivel de bioseguridad 2 (BSL-2) conforme a los estándares de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) del Gobierno de los Estados Unidos de América.
El laboratorio deberá contar, al menos, con:
Sección 9.7.2.- Facultades.
El laboratorio podrá:
Artículo 9.8.- Alimentos para Animales Pecuarios.
Sección 9.8.1.- Administración y Regulación.
El Secretario dispondrá de una división en el Departamento a cargo del registro, licenciamiento e inspección de alimentos pecuarios. Esta división contará con profesionales conocedores de la nutrición animal para llevar a cabo las responsabilidades dispuestas en este Artículo. Igualmente, esta división contará con la colaboración del laboratorio agrológico del Departamento para realizar pruebas de química analítica y de microscopía de materiales.
Sección 9.8.2.- Regulación.
El Secretario dispondrá mediante reglamentación aquellas normas necesarias para exigir garantías sobre la calidad de los alimentos pecuarios. Asimismo, el Secretario dispondrá aquellos límites relacionados con la contaminación por aflatoxinas, o cualquier otro contaminante o adulterante conocido. Además, el Secretario podrá regular el uso de cáñamo en los alimentos comerciales de animales.
Sección 9.8.3.- Registro y Licencia.
Una persona no puede fabricar ni distribuir alimentos comerciales en Puerto Rico sin haberse registrado antes en el Departamento. En el caso de los fabricantes o distribuidores de alimentos para animales pecuarios, el Secretario adicionalmente requerirá una licencia. El Secretario, mediante reglamentación, dispondrá los costos de registro y licencia, los cuales nunca serán menores a setenta y cinco dólares ($75). Los registros serán vitalicios, siempre y cuando no surja una suspensión por incumplimiento a este Capítulo, o a reglas aplicables a este tema, bajo este Capítulo, o cualquier otra facultad conferida al Secretario, o por desuso. Las licencias serán expedidas por un término de tres (3) años. Una persona que solo vende al detal alimento comercial con la etiqueta de un fabricante o distribuidor autorizado no está obligada a obtener una licencia. El Secretario anualmente publicará en la página de Internet del Departamento el registro de fabricantes y distribuidores de alimentos para animales en general, así como una lista de las licencias vigentes para la fabricación y distribución de alimentos pecuarios. Se utilizarán los formularios provistos por el Secretario para el registro y la obtención de licencias, según aplique.
Cuando algún fabricante o distribuidor del fabricante cese en sus funciones, será deber suyo notificarlo al Secretario, y en dicho caso, el alimento comercial no podrá distribuirse en Puerto Rico hasta que se designe un nuevo distribuidor o fabricante y tal designación le sea comunicada oficialmente al Secretario. Se requerirán registros separados para alimentos comerciales que difieran entre sí, ya sea en el análisis garantizado, ingredientes, grupos de ingredientes incluidos en términos genéricos aprobados, aditivos, nombre del alimento, marca de fábrica o en el fabricante.
El Secretario tiene la facultad para denegar, enmendar, anular o revocar licencias, a personas que: a) hayan sido convictos de alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los contenidos en los Artículos 250 al 266 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos tipificados en este Código o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluidos, sin limitarse a ellos, los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley Núm. 8-2017; b) hayan cometido faltas contra este Artículo o reglas que se desprendan de este, incluyendo ofrecer información fraudulenta o engañosa para evadir las normas aplicables. El Secretario queda autorizado para negar el registro de cualquier alimento comercial que contenga cualquier sustancia venenosa o dañina o cualquier sustancia en concentraciones tales que lo hagan dañino para la salud del animal al que haya de servir de alimento.
Sección 9.8.4.- Etiqueta de Envases de Alimentos para Animales.
Cada envase de alimento comercial para animales distribuido en Puerto Rico, excepto el alimento formulado por el cliente debe tener una etiqueta con la siguiente información:
El fabricante u otra persona que distribuya el alimento comercial deberá fijar la etiqueta requerida por esta Sección en el exterior del recipiente o hacer que se imprima en el lateral del recipiente de la manera prescrita por el Secretario. La información debe agruparse y estar impresa claramente en español o inglés, en el tamaño de letra prescrito por el Secretario. Si la información del etiquetado aparece en el recipiente en lugar de impresa en la etiqueta, la información debe imprimirse claramente en un lugar visible dentro del tamaño de letra prescrito por el Secretario.
Una persona que distribuya en Puerto Rico alimento comercial en un recipiente que contenga una cantidad superior a 110 libras de peso seco o 55 galones de líquido no está obligada a etiquetar el recipiente conforme a esta Sección, pero deberá proporcionar al comprador una declaración impresa de la información requerida en los incisos 1 al 9 del párrafo primero de esta Sección.
Sección 9.8.5.- Etiquetado de Alimentos Formulados por el Cliente.
Una persona que distribuya las bases para alimentos formulados por el cliente en Puerto Rico deberá proporcionar al comprador, en el momento de la entrega, una etiqueta que muestre:
El Departamento puede adoptar normas y prescribir formularios para la identificación de un alimento formulado por el cliente bajo esta Sección.
Sección 9.8.6.- Restricciones sobre las Etiquetas.
Salvo que lo autorice este Capítulo o una norma del Departamento, la etiqueta de un alimento comercial para animales no puede:
Sección 9.8.7.- Revisión de Etiquetas.
El Departamento deberá:
El Departamento no puede cobrar una tarifa por una revisión, un informe o asesoramiento conforme a esta Sección.
Sección 9.8.8.- Adulteración de Alimentos Comerciales para Animales.
Queda prohibida la distribución en Puerto Rico de alimentos comerciales adulterados.
Sección 9.8.9.- Criterios de Adulteración.
Un alimento comercial se considerará adulterado:
Sección 9.8.10.- Inspecciones.
El Secretario tendrá poderes para ordenar la inspección, toma de muestras y análisis de los alimentos comerciales para animales, fabricados o distribuidos en Puerto Rico, y para publicar los resultados de dichas inspecciones y análisis en boletines, periódicos, revistas, o de cualquier otra forma que estime conveniente para conocimiento del público en general. Para que se puedan llevar a cabo las disposiciones de esta Sección, el Secretario o su representante autorizado queda investido de poder para entrar, durante las horas laborables, en cualquier edificio, almacén, barco, vehículo, o sitio donde se manufacturen, almacenen, transporten, ofrezcan a la venta o de cualquier otro modo se distribuyan alimentos comerciales en Puerto Rico. Toda persona que niegue al Secretario o su representante autorizado la entrada durante las horas laborables, en cualquier edificio, almacén, tienda, barco, vehículo o sitio donde se manufacturen, almacenen, transporten, ofrezcan a la venta o de cualquier otro modo se distribuyan alimentos comerciales en Puerto Rico, incurrirá en falta administrativa sujeta a las penalidades que el Secretario tenga bajo su facultad, conforme a reglamento.
El Secretario adoptará los procedimientos técnicos para la toma de muestras y análisis que se seguirán durante la inspección de alimentos comerciales. Estos métodos deberán garantizar una cadena de custodia sólida y ajustarse a los métodos reconocidos por la química analítica. Como mínimo, los procesos de toma de muestra cumplirán con los requisitos que a continuación se enumeran.
Para identificar correctamente una muestra con el lote muestreado, el Departamento tiene derecho a examinar y copiar cualquier factura, registro de transporte u otro registro relacionado con el lote.
Cuando la inspección o análisis de una muestra oficial demuestre que un alimento comercial está adulterado o falsamente rotulado, o no está debidamente registrado, el Secretario procederá a notificar por escrito los hallazgos mediante notificación de intención de multa administrativa conforme al debido proceso de ley. Cuando la parte a quien se le notifique una intención de multa administrativa requiera una porción de la muestra oficial, el período para someter alegaciones se extenderá por veinte (20) días contados desde la fecha del recibo de la porción de la muestra oficial. No se podrá anular o en forma alguna alterar el informe de la inspección o análisis de una muestra oficial a menos que se presente evidencia adecuada que justifique tal acción. Si la persona a quien se le notificó de la violación no somete alegación alguna dentro del período arriba especificado, el resultado de la inspección y análisis de la muestra oficial se considerará final e inapelable, y el Secretario procederá como estime pertinente, de acuerdo con los poderes que le confiere esta Sección y los reglamentos que al amparo de esta se promulguen.
Se establece un derecho de inspección de cincuenta centavos ($0.50) por cada tonelada de alimento comercial que sea distribuido en Puerto Rico. Todo el dinero cobrado por concepto de este derecho de inspección ingresará a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. Toda persona que registre o distribuya uno o más alimentos comerciales estará obligada a presentar al Secretario, dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de cada trimestre, una declaración de acuerdo con el modelo que preparará el Secretario, indicando el número de toneladas de cada uno de los alimentos distribuidos en Puerto Rico durante dicho trimestre, disponiéndose que para los efectos de este Artículo, la firma de dicha declaración por el declarante se considerará como si la misma hubiese sido suscrita bajo juramento y producirá el mismo efecto legal. Esta declaración vendrá acompañada del importe correspondiente a los derechos de inspección. Cuando se haya distribuido en Puerto Rico un alimento comercial no registrado, la persona que haya distribuido dicho alimento comercial vendrá obligada a someter la declaración antes mencionada y hacer el pago de los derechos de inspección correspondientes, además de quedar sujeta a las penalidades aplicables según reglamento. El Secretario o su representante queda autorizado para inspeccionar libros, conduces, facturas o cualquier otro documento que sea necesario para establecer la veracidad de las declaraciones trimestrales sobre alimentos comerciales distribuidos en Puerto Rico, a cuyo efecto queda investido de poder para entrar, durante las horas laborables, a cualquier establecimiento donde se distribuyan alimentos comerciales en Puerto Rico.
Sección 9.8.11.- Penalidades, Detención y Confiscación.
El Secretario, mediante reglamento, podrá imponer, sujeto a las facultades que le sean conferidas y al debido proceso de ley, aquellas penalidades administrativas que considere necesarias para hacer valer las disposiciones de este Artículo.
El Secretario tendrá poder para expedir una orden de detención sobre cualquier lote de un alimento comercial que a su juicio esté siendo distribuido en violación de cualquiera de las disposiciones de este Artículo, o sus reglamentos. Queda prohibido distribuir o en cualquier forma disponer de un lote de alimento comercial para animales así detenido sin la autorización previa por escrito del Secretario o de un tribunal de justicia competente.
Si el Departamento tiene motivos razonables para creer que se distribuye un alimento comercial en violación de una disposición de este Capítulo, deberá adjuntar al envase o contenedor del alimento comercial un aviso escrito que contenga:
Si el Departamento determina que el alimento comercial cumple con este Capítulo, deberá retirar inmediatamente la orden de cese y desista de la venta. Una orden de cese y desista de la venta expira al final del trigésimo (30.º) día siguiente al día en que fue fijada, a menos que se haya iniciado un proceso administrativo bajo la Ley Núm. 38-2017, según enmendada.
Si, tras examen y análisis, el Departamento determina que un alimento comercial sujeto a una orden de cese y desista de venta viola alguna disposición de este Capítulo, deberá solicitar al Tribunal de Primera Instancia en cuya jurisdicción se encuentre el alimento una orden de confiscación del alimento. Si el tribunal determina que el alimento comercial viola este Capítulo, se eliminará mediante venta o destrucción conforme a la orden judicial. Si un alimento comercial que incumple con las disposiciones de esta u otra ley o reglamento aplicable se vende conforme a esta Sección, los ingresos de la venta, menos costas judiciales y cargos, se pagarán al Departamento de Hacienda. Si el tribunal determina que una infracción de este Capítulo puede corregirse mediante un procesamiento o etiquetado adecuado, podrá ordenar que el alimento comercial sea entregado al titular de la licencia del alimento para su procesamiento o etiquetado bajo la supervisión del Departamento. Antes de dictar dicha orden, el tribunal deberá dictar una orden judicial exigiendo que se paguen todas las costas, tasas y gastos, así como una fianza suficiente, condicionada al etiquetado y procesamiento correcto del alimento comercial. La persona que aparece en el registro de alimentos comerciales o que posea una licencia para fabricar o distribuir alimentos comerciales para animales pecuarios, que haya sido intervenida y se encuentre en violación a este Capítulo, o a un reglamento relacionado con este, deberá pagar todas las costas incurridas por el Departamento. El tribunal devolverá la fianza al titular de la licencia cuando el Departamento notifique al tribunal que el alimento comercial ya no infringe este Capítulo y que el titular ha pagado los gastos de supervisión.
Sección 9.8.12.- Remedios para Consumidores o Agricultores.
En cualquier proceso judicial en que un agricultor o consumidor demuestre haber sufrido daños por alimentos comerciales con defectos de calidad, adulterados, mal etiquetados o con instrucciones incompletas, o por cualquier otra razón relacionada y contraria a las disposiciones de este Capítulo, la indemnización será el doble de los daños, además de las costas y honorarios. Además del pago doble de los daños, los jueces podrán imponer la forma y monto conforme al Artículo 1538 del Código Civil de Puerto Rico.
Artículo 9.9.- Controles Específicos para Aves y Huevos.
Se prohíbe la introducción y el mercadeo en el territorio de Puerto Rico de aves que padezcan de enfermedades infecciosas o contagiosas y de aves y huevos para incubar que sean portadores o transmisores de, o que hubieren estado expuestos a, enfermedades infecciosas o contagiosas. El Secretario tomará medidas para evitar prácticas engañosas en el mercadeo de aves y huevos para incubar, y en la producción de huevos para incubar, aves ponedoras para la venta y aves y huevos destinados a la reproducción, que perjudiquen a los agricultores. El Secretario procurará que esas medidas de salud animal y de técnicas de producción y crianza aseguren la buena calidad y productividad de las aves y huevos para incubar.
Ninguna persona podrá dedicarse a una o más de las siguientes actividades sin obtener la licencia que a tales efectos otorgue el Secretario:
Dichas licencias serán expedidas al costo y por el término fijado por el Secretario mediante reglamentación. En caso de que se deniegue una licencia, o en caso de que, habiendo sido expedida, tenga que ser suspendida, previa celebración de vista administrativa, se determinará: (a) si existen enfermedades infecciosas o contagiosas de las aves en un estado o territorio de los Estados Unidos, o país donde se originen, que pudieran resultar en la introducción o propagación de tales enfermedades en el territorio de Puerto Rico; (b) si existen deficiencias en los programas regulatorios para el control de enfermedades, o carencia de servicios veterinarios en los lugares de procedencia antes mencionados; (c) si no se proveen las certificaciones oficiales que requiera el Secretario, que contengan la información necesaria para verificar que la introducción de las aves o los huevos para incubar no resultará en riesgos de introducción o propagación de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa de las aves en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (d) si el solicitante no provee las instalaciones físicas mínimas que se establezcan mediante reglamentación para alojar, mantener o manipular adecuadamente las aves o huevos para incubar que se introduzcan o mercadeen en el territorio de Puerto Rico, y para aislar los mismos con el fin de evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas; (e) si las aves o huevos para incubar que sean introducidos o que se mercadeen en el territorio de Puerto Rico no cumplen con los requisitos que se establezcan mediante reglamentación relativos a salubridad, calidad, clasificación, peso en los huevos para incubar, sexo en los polluelos de aves, edad y tamaño en las pollonas de aves, y a raza, cruce o variedad de las aves y huevos para incubar; (f) si las instalaciones utilizadas por el tenedor de la licencia resultan o son mantenidas en condiciones sanitarias inadecuadas. La suspensión será por todo el tiempo en que subsista la causa que la motivó. En caso de reincidencia, el Secretario podrá cancelar la licencia expedida por todo el tiempo que le reste para su caducidad, pero esto no impedirá que la persona a quien le hubiere sido cancelada obtenga otra después de vencido el término de la cancelada, de haberse subsanado, o de haber desaparecido, la causa o causas que motivaron la cancelación.
Cuando algún inspector encuentre que respecto a aves y huevos para incubar no se esté cumpliendo con las disposiciones reglamentarias basadas en este Artículo o cualquier otra facultad del Secretario, podrá expedir contra dichas aves o huevos para incubar una orden de detención por escrito, firmada por dicho inspector, indicando la disposición de ley o de reglamento infringida, copia de la cual será entregada al dueño o persona que los tenga bajo su posesión o custodia y será deber de este mantener las aves o huevos bajo su custodia, sin uso y fuera del comercio en el sitio en que le hubieren sido detenidos, si fuere adecuado, o en el que el Secretario o su representante autorizado designare por escrito, hasta que el Secretario o su representante autorizado levante por escrito la orden de detención y autorice su disposición después de haberse subsanado la infracción cometida, si esta fuera subsanable. Cualquier persona que sin autorización escrita del Secretario o de su representante autorizado dispusiere de, o dejare de mantener bajo su posesión o custodia, las aves o los huevos para incubar que hayan sido objeto de una orden de detención expedida bajo este Artículo, en el sitio en que dichas aves o huevos le hubieren sido detenidos o en cualquier otro sitio adecuado designado por escrito por el Secretario o su representante autorizado, incurrirá en falta administrativa, sujeto a las sanciones prescritas mediante reglamento, dentro de las facultades que le han sido conferidas al Secretario. Las aves o los huevos para incubar objeto de una orden de detención desacatada estarán sujetos a confiscación.
El Estado no será responsable por el deterioro o daño que puedan sufrir las aves o los huevos para incubar durante la vigencia de una orden de detención. En caso de aves y huevos para incubar introducidos al territorio de Puerto Rico, cuando al importador no le fuere posible o conveniente dar cumplimiento a la norma o reglamento correspondiente, dichas aves o huevos, a opción del importador y a expensas de este, deberán ser devueltos a su punto de origen o destruidos.
Artículo 9.10.- Bienestar de los Animales Pecuarios.
Sección 9.10.1.- Objetivo.
Nuestra sociedad tiene cada vez mayor conciencia sobre el cuidado y bienestar de los animales pecuarios. Sin embargo, no existe una definición clara sobre dicho bienestar animal. En realidad, existen innumerables formas correctas de criar animales pecuarios, dependiendo de la raza y el “trabajo” del animal (por ejemplo, ganado criado para producción lechera frente a ganado vacuno para producción de carne), tamaño, ubicación, clima, instalaciones, personal, objetivos de una granja y varios otros factores. No obstante, es importante definir de manera precisa cuál es la responsabilidad del agricultor con respecto a los animales pecuarios, incluyendo aquellos animales de trabajo en la finca. Esa responsabilidad se enmarca en las prácticas que se enumeran en la siguiente sección.
Sección 9.10.2.- Requisitos del Bienestar de los Animales Pecuarios para Agricultores.
Todo agricultor a cargo de animales pecuarios, incluyendo animales de trabajo en la finca, debe observar los siguientes requisitos:
Sección 9.10.3.- Requisitos de Bienestar de los Animales Pecuarios para Elaboradores.
Aquellos elaboradores, incluyendo agricultores que tengan a su cargo el sacrificio o matanza de animales pecuarios, además de cumplir con los requisitos dispuestos en la Sección 9.10.2, tendrán el requisito de evitar el dolor innecesario mediante un aturdimiento rápido y efectivo.
Sección 9.10.4.- Reglamentación.
En Puerto Rico, solamente el Secretario de Agricultura podrá reglamentar aspectos específicos de bienestar animal, como parte de la preeminencia de este Código. Al así hacerlo, el Secretario podrá interpretar y definir los requisitos prescritos en las Secciones 9.10.2 y 9.10.3, como, por ejemplo, indicar cuál es el espacio de comodidad mínimo para confinamiento de cada animal pecuario.
Sección 9.10.5.- Correlación con otras Leyes.
La Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Bienestar y Protección Animal”, no se aplicará a los animales pecuarios, ni a los animales de trabajo de la finca, ni a otros animales de industria, deportes o entretenimiento que estén cubiertos dentro de los preceptos del presente Código. Solamente el Departamento de Agricultura tendrá facultad de intervenir con aspectos relacionados con la salud y bienestar de los animales pecuarios, excepto en situaciones de zoonosis, en las que el Departamento de Agricultura tendrá jurisdicción secundaria, en apoyo al Departamento de Salud.
CAPÍTULO X- SANIDAD VEGETAL
Artículo 10.1.- Propósito.
Para poder sostener una capacidad productiva agrícola, es menester proteger las plantaciones y sus productos contra los daños producidos por las plagas, con objeto de mantenerlas, mediante la intervención humana, en niveles de población económicamente aceptables, y para impedir la introducción y extensión de aquellas procedentes de otras áreas geográficas. Esta lucha contra las plagas debe iniciarse en los puntos de entrada del archipiélago puertorriqueño, mediante la detección y detención, y extenderse a cada confín del territorio mediante el control o la erradicación de plagas. Las medidas de intervención deben contemplar los aspectos relativos a los medios utilizados en la lucha contra las plagas, en especial los productos fitosanitarios, para garantizar que en su manipulación y aplicación no existan efectos perjudiciales para la salud del consumidor o del aplicador, para los animales o para el medio ambiente. Este Capítulo tiene por objetivo establecer la norma básica y de coordinación en materia de sanidad vegetal, para:
El ámbito de aplicación de este Capítulo se extiende a las plantas que, aunque no sean cultivadas, puedan considerarse hospederos de plagas, así como al suelo y a otros medios, tales como estiércol o turba, que puedan acarrear plagas; a instalaciones y fincas; a animales de cualquier tipo que sean vectores de plagas nocivas para las plantas cultivadas, e incluso a actividades humanas que faciliten la entrada de aquellas plagas que el Secretario defina como nocivas para las plantas.
Sección 10.1.1.- Términos.
Para efectos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se provee:
Sección 10.1.2.- Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal.
El Departamento de Agricultura contará con una unidad operacional con inspectores dedicados a tomar aquellas medidas necesarias para garantizar la sanidad vegetal en Puerto Rico, mediante la prevención, detección temprana, contención y erradicación de plagas y enfermedades económicamente importantes que afecten los cultivos y sus cosechas. El Secretario nombrará a un agrónomo licenciado con pericia en materia de sanidad vegetal para dirigir este servicio, así como a aquellos inspectores necesarios para intervenir efectivamente en las diversas medidas necesarias para lograr que los cultivos y sus cosechas no se afecten.
Sección 10.1.3.- Facultades del Secretario y el Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal.
El Secretario, además de otras facultades que le hayan sido conferidas, podrá:
Artículo 10.2.- Introducción de Suelos y Otros Medios de Siembra.
Se prohíbe introducir en Puerto Rico desde cualquier sitio fuera de este, suelo, tierra, turba, arena o cualquier material similar, si no es mediante permiso especial otorgado por el Secretario, y de acuerdo con las condiciones que este prescriba. El Secretario podrá negarse a expedir un permiso o podrá suspender algún permiso que hubiere expedido para introducir cualesquiera de los materiales antes mencionados cuando tal introducción ofrezca algún riesgo de propagación de plagas de las plantas en Puerto Rico.
Artículo 10.3.- Introducción de Insectos.
Se prohíbe la introducción en Puerto Rico de cualquier insecto vivo o muerto o cualquier etapa de desarrollo de este, o de cualquier plaga de las plantas, a menos que dicha introducción sea autorizada mediante permiso especial otorgado por el Secretario, y que esta se haga de acuerdo con las condiciones que el Secretario prescriba en el permiso.
El Secretario podrá negarse a expedir un permiso para la introducción en Puerto Rico de cualquier insecto vivo o muerto o cualquier etapa de desarrollo de este, o plaga de las plantas cuando dicha introducción ofrezca algún riesgo de propagación de tal insecto o plaga de las plantas.
Sección 10.3.1.- Introducción de Abejas Adultas.
No serán introducidos en Puerto Rico procedentes de cualquier estado, territorio o distrito de Estados Unidos, o de cualquier otro país, abejas adultas (reinas, obreras y zánganos, o abejas machos) de todas las especies del género Apis, o huevos, larvas, ninfas o pupas, o panales de abejas, a menos que el Secretario conceda un permiso especial; disponiéndose que podrán introducirse en Puerto Rico, en jaulas apropiadas, abejas reinas acompañadas de un número de abejas obreras que no exceda de treinta (30), y sin panales que contengan huevos, larvas, ninfas u otras abejas, así como cualquier otra condición específica que el Secretario entienda necesaria.
Artículo 10.4.- Introducción de Plantas.
Toda persona, incluyendo líneas navieras y aéreas y otros distribuidores, o transportes militares de cualquier clase, que introduzca en Puerto Rico plantas, productos de plantas, material vegetativo de propagación u otras cosas capaces de albergar o portar plagas de las plantas tendrá que notificar inmediatamente al Secretario o a un inspector, y aislar y mantener dicha planta, producto de planta, material vegetativo o cosa sin usar o abrir hasta que sea sometida a inspección por un inspector y este haga la determinación correspondiente, y, en su caso, conceda el permiso de entrada.
El Secretario podrá permitir la introducción de plantas o material vegetativo de propagación por la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, o por el Gobierno de los Estados Unidos, cuando sea con fines experimentales o científicos. El permiso para introducir cualquier clase de planta, producto de planta, material vegetativo de propagación, suelo, tierra o arena, así como de plagas de las plantas o de cualquier otro material o artículo, cuya introducción en Puerto Rico está prohibida o restringida bajo la autoridad de este Capítulo o reglamentos bajo este, se hará de acuerdo con las condiciones y reglamentos que imponga el Secretario en tales casos.
Artículo 10.5.- Declaración de Cuarentena.
El Secretario podrá declarar una cuarentena respecto a cualquier huerto, plantel de propagación, finca, región o lugar en Puerto Rico, o respecto a cualquier estado, territorio o distrito de los Estados Unidos, o país extranjero, por razón de existir alguna plaga peligrosa de las plantas en tales lugares. Será ilegal que cualquier persona, mientras esta cuarentena no haya sido revocada, introduzca, mueva, venda o en otra forma disponga en Puerto Rico de cualquier planta, producto de planta, artículo o cosa cubierta por las disposiciones de tal cuarentena, excepto bajo la reglamentación que prescriba el Secretario.
Artículo 10.6.- Medidas Fitosanitarias de Salvaguarda.
El Secretario, cuando considere que la entrada al territorio de Puerto Rico de determinadas plantas, o sus productos, incluyendo material vegetativo, procedente de otros estados o territorios de los Estados Unidos, o de un país extranjero, representa un peligro inminente de introducción o propagación de plagas o enfermedades, que puedan tener importancia económica o importantes repercusiones ambientales, adoptará de inmediato las medidas necesarias de protección, conforme a las prácticas reconocidas y tecnologías disponibles, mediante orden administrativa. El Secretario podrá solicitar certificados fitosanitarios de las jurisdicciones de donde procedan las plantas, sin que ello signifique una renuncia a las facultades de realizar inspecciones. El Secretario podrá intervenir en los puntos de entrada, marítimos o aéreos, y podrá utilizar todo tipo de inspección, incluido el uso de perros detectores y de tecnología que facilite la detección de plagas o potenciales vectores de enfermedades. En el caso de introducción en Puerto Rico de plantas, cosechas, o material vegetativo de propagación contaminado con plagas, o en el caso de otros agentes que sean vectores o portadores de enfermedades de plantas, nocivas para los cultivos en Puerto Rico, el Secretario podrá:
De ordinario, los gastos que se originen como consecuencia de la aplicación de estas medidas correrán por cuenta de la persona responsable de la introducción de las plantas o del material vegetativo de propagación, del agricultor o de la persona que tenga el control de las plantas afectadas. No obstante, siempre que el nivel de garantía sanitaria o medioambiental no se vea afectado, se concederá al responsable la posibilidad de elegir la medida, de entre las señaladas, que considere más oportuna, siguiendo el debido proceso de ley.
El Secretario podrá determinar mediante Orden Administrativa, debidamente publicada, las medidas fitosanitarias para cada plaga nociva para las plantas cultivadas por los agricultores o sus cosechas, o enfermedades de tales plantas y sus vectores. Estas medidas podrán incluir estrategias para prevenir la entrada, evitar la propagación, erradicar la plaga o reducir su población por debajo del umbral económico, entre otras.
El Departamento podrá declarar la existencia de una plaga cuando produzca o pueda producir perjuicios económicos o daños de tal intensidad, extensión o naturaleza que hagan necesaria la lucha obligatoria como el medio más eficaz de combatirla, o cuando las medidas de lucha requieran ser aplicadas en zonas continuas o cuando la plaga constituya foco posible de dispersión.
Sección 10.6.1.- Tratamiento o Destrucción de Plantas Infestadas.
Cuando el Secretario o su representante autorizado encontrare, luego de una inspección, cualquier planta o producto de planta o material vegetativo de propagación infestado o infectado con cualquier plaga peligrosa de plantas, lo notificará por escrito al dueño o persona encargada del establecimiento o instalaciones donde se encuentre tal planta o producto de planta, y el dueño o persona encargada deberá remover y destruir la planta o producto de planta infestado o infectado, si no fuere posible darle tratamiento satisfactorio, o deberá hacer que la planta, producto de planta o material vegetativo de propagación sea tratado en la forma que le haya sido ordenada en la notificación.
En caso de que el dueño o persona encargada se negare o rehusare cumplir con los términos de la notificación, dentro de un término razonable de tiempo que se establezca en dicha notificación, que en ningún caso será menor de cuarenta y ocho (48) horas, el Secretario podrá dar tratamiento o destruir la planta, producto de planta o material vegetativo de propagación infestado o infectado sin pago de compensación alguna. Los gastos en que incurra el Departamento para efectuar dicho tratamiento o destrucción les serán impuestos al dueño de la planta o producto de planta.
En el supuesto de ejecución de las medidas fitosanitarias por el Departamento de Agricultura de manera subsidiaria (en sustitución del obligado), frente a plagas cuya lucha se haya declarado de interés público, se podrá acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada. Ante la aparición por primera vez de una plaga en el territorio de Puerto Rico, o la sospecha de su existencia, que pudiera tener importancia económica o medioambiental, el Departamento verificará la presencia y la importancia de la infestación y adoptará inmediatamente las medidas fitosanitarias cautelares previas que estime necesarias para evitar la propagación de dicha plaga.
En los casos en que, como resultado del tratamiento administrado, se hubiere damnificado o se hubiere confiscado o destruido indebidamente cualquier planta, producto de planta o material vegetativo de propagación bajo la autoridad conferida en este Capítulo, por culpa o negligencia del Secretario o de sus inspectores, el propietario podrá resarcirse de los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado, mediante las leyes y normas que autorizan reclamaciones contra el Estado.
Sección 10.6.2.- Zona Libre de Plagas.
Cuando el Secretario determine que una zona de Puerto Rico, o la totalidad del territorio, se encuentra libre de cierta plaga, podrá hacer una declaración a tales efectos, mediante Orden Administrativa debidamente publicada, en la que dispondrá la demarcación de dicha zona y los requisitos necesarios para evitar la llegada de las referidas plagas a la zona. Esta declaración puede incluir viveros con material vegetativo de propagación libre de enfermedades y plagas.
Sección 10.6.3.- Interés Público.
El Secretario podrá declarar el interés público contra una determinada plaga que pueda tener repercusiones importantes por su intensidad, extensión o técnicas requeridas, y cuya lucha exija el empleo de medios extraordinarios que no puedan ser del todo viables para los agricultores, o que vaya a combatirse mediante prácticas de combate biológico o esterilización, o que los niveles de población y difusión muestren un ritmo creciente, que haga prever la posibilidad de alcanzar extensiones importantes y ser causa de graves pérdidas económicas. También, el Secretario deberá considerar si se trata de una plaga o enfermedad de plantas de nueva aparición, o de una que, por rasgos de adaptación o evolución, requiera tratamientos experimentales. El Secretario podrá disponer de recursos del Gobierno de Puerto Rico para financiar el combate de tales plagas y enfermedades de plantas, ya sea mediante intervención directa o mediante subsidio a los agricultores, así como la investigación y el desarrollo de soluciones viables para los agricultores, en conjunto con la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones académicas a nivel nacional.
El Secretario incluso podrá solicitar al Gobernador de Puerto Rico la declaración de una emergencia fitosanitaria, para que pueda darse una respuesta coordinada por todas las agencias pertinentes del Gobierno, a través de la coordinación del Secretario.
Artículo 10.7.- Obligación de la Ciudadanía.
La ciudadanía en general tiene la obligación de vigilar sus cultivos, plantaciones y cosechas, material vegetativo para propagación, así como las áreas forestales, el medio natural y los materiales conexos objeto de comercio; de facilitar toda clase de información sobre el estado fitosanitario de las plantaciones, vegetales o productos vegetales, cuando sea requerida por el Servicio de Sanidad Vegetal, y de notificar al Departamento de Agricultura toda aparición atípica de organismos nocivos o de síntomas de enfermedad para las plantas, o la presencia de vectores de tales enfermedades.
Sección 10.7.1.- Informes Agronómicos.
Tan pronto llegue a su conocimiento, todo agrónomo autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico está obligado a informar por escrito o por teléfono al Servicio de Sanidad Vegetal de cualquier sospecha de la presencia en Puerto Rico de plagas nocivas, enfermedades de plantas, o sus vectores, que el Secretario haya dispuesto mediante reglamento. Será deber de todo agrónomo que practique en Puerto Rico informar al Departamento de Agricultura de Puerto Rico la existencia de cualquier situación que propicie la propagación de enfermedades de plantas y sus vectores, así como de cualquier plaga nociva para los cultivos y sus cosechas.
Sección 10.7.2.- Obligación de los Agricultores.
Los agricultores son responsables de mantener sus cultivos, plantaciones y cosechas, así como las áreas forestales y el medio natural, en buen estado fitosanitario para la defensa de la producción propia y ajena, y de tomar las medidas fitosanitarias recomendadas por un agrónomo licenciado o por funcionarios del Departamento, y las que se establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga.
Sección 10.7.3.- Educación sobre Medidas Fitosanitarias.
La Universidad de Puerto Rico, a través de su Estación Experimental y su Servicio de Extensión Agrícola, tendrá a su cargo todo lo relacionado con la investigación de plagas, enfermedades y sus vectores, de potencial efecto adverso para la agricultura, y tendrá la responsabilidad de informar a los agricultores y a la población en general sobre la identificación, prevención y control de tales plagas y enfermedades. El Departamento colaborará con la Universidad de Puerto Rico a estos fines.
Artículo 10.8.- Exportación de Plantas y Material Vegetativo o Material Vegetativo de Propagación.
Cuando se vayan a exportar desde Puerto Rico plantas o material vegetativo de propagación, y la jurisdicción que reciba dichas plantas o material vegetativo requiera una certificación fitosanitaria, el Servicio de Sanidad Vegetal realizará las inspecciones en los puntos que disponga, bajo las medidas y requisitos que razonablemente estime necesarios. El Secretario, mediante reglamentación, podrá disponer tarifas de inspección a tales fines. El Secretario deberá adoptar los protocolos de inspección. El exportador siempre será responsable de cumplir los requisitos de certificación fitosanitaria.
Artículo 10.9.- Penalidades, Multas Administrativas, Incautaciones, y otras Sanciones.
Cuando el Secretario determine alguna violación o falta contra las disposiciones de este Capítulo, podrá elegir aquellas sanciones aplicables, conforme a las facultades que le hayan sido conferidas en este Código u otra ley, o en los reglamentos adoptados al amparo de estos.
CAPÍTULO XI- PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA
Artículo 11.1.- Propósito.
No cabe duda de que la actividad agrícola es propensa al ataque de diversas plagas, ya sean animales de todo tipo, en particular insectos, hongos, bacterias, virus, e incluso otras plantas. Los plaguicidas son productos esenciales para la represión de muchos tipos de plagas. El uso de productos químicos para controlar las plagas se ha convertido hoy en una necesidad para garantizar la producción agrícola. Los plaguicidas son, por definición, inherentemente tóxicos para ciertos organismos. Esta toxicidad inherente requiere una regulación cuidadosa para garantizar la seguridad del público, el suministro de alimentos y el medio ambiente. Es necesario restringir o controlar las plagas para proteger la salud de las personas, los animales domésticos y las cosechas; y también para evitar pérdidas de aquellos artículos que pueden ser inutilizados o destruidos por ellas.
Ahora bien, el uso irrestricto de plaguicidas puede tener consecuencias adversas de salud pública y ambiental. De igual manera, es necesario asegurar que la calidad del producto sea adecuada y que las direcciones de uso para el agricultor promuevan el uso efectivo de estos. Igualmente, es necesario proveer protecciones para los trabajadores agrícolas que aplican los plaguicidas en Puerto Rico.
El uso de plaguicidas está altamente regulado a nivel federal, particularmente a través de la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA). Si bien los aspectos regulados por las normas federales pueden considerarse campo ocupado, como lo es el caso de las etiquetas de estos productos, hay aspectos que les compete a los estados reglamentar o intervenir. Tal puede ser el caso de excepciones por emergencia, o necesidad local. De hecho, los estados, incluyendo a los territorios de los Estados Unidos, pueden establecer disposiciones más restrictivas, sobre cuándo, cómo y dónde han de utilizarse estos plaguicidas, y por quién. No solo eso, en ocasiones las autoridades federales y los estados, incluyendo los territorios de los Estados Unidos, pueden suscribir acuerdos de administración e inspección respecto al uso de plaguicidas.
Este Capítulo reconoce el alcance de la normativa federal en Puerto Rico y complementa aspectos esenciales para alcanzar el uso adecuado de este tipo de productos.
Sección 11.1.1.- Términos.
Para efectos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se provee:
Sección 11.1.2.- Alcance.
El Departamento determinará, mediante reglamento o documento guía debidamente publicado, qué organismos constituyen plagas para los fines de este Capítulo y podrá incluir en una lista de plagas, entre otros:
Las plagas en esa lista serán susceptibles de medidas de control, incluido el uso de plaguicidas.
Tras el aviso y la audiencia pública, el Departamento podrá adoptar listas de plaguicidas de uso limitado para todo el territorio de Puerto Rico o para un área designada dentro de este. Un plaguicida puede incluirse en una lista de uso limitado dentro de Puerto Rico si el Departamento determina que, cuando se utiliza según las indicaciones o conforme a la práctica generalizada y comúnmente reconocida, el plaguicida requiere restricciones adicionales a las federalmente impuestas, para prevenir riesgos desproporcionados para el ser humano o el medio ambiente, teniendo en cuenta los costos y beneficios económicos, sociales y medioambientales del uso del plaguicida. Sin embargo, el Departamento no incluirá un plaguicida en la lista de uso limitado únicamente por riesgo de daño a la calidad del agua sin antes obtener una certificación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales basada en el impacto del uso del plaguicida en la calidad del agua, que determine la existencia de un daño real. La adopción de estas listas de plagas y plaguicidas de uso limitado será mediante órdenes administrativas, que serán debidamente publicadas por el Departamento, y formarán parte de los reglamentos adoptados bajo este Capítulo.
El Departamento solicitará formalmente una opinión sobre el impacto en la calidad del agua al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, durante la consideración de cualquier enmienda a la lista de plaguicidas de uso limitado en Puerto Rico; dicha opinión debe incluir los estudios realizados en los últimos cinco (5) años sobre calidad de agua y el impacto del plaguicida cuyo uso se pretenda limitar. El Departamento considerará cualquier solicitud formal para añadir cualquier plaguicida a la lista de uso limitado bajo los procesos de este Capítulo y emitirá reglamentación sobre el tiempo, lugar y condiciones de uso de dicho plaguicida. Cualquier norma adoptada por el Departamento con el fin de proteger o mejorar la calidad del agua no será incompatible con las normas para la protección o mejora de la calidad del agua adoptadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni menos estricta que estas.
El Departamento puede regular el tiempo y las condiciones de uso de un plaguicida de uso limitado en el territorio de Puerto Rico y puede exigir que se compre o utilice solo con permiso del Departamento, bajo la supervisión directa del Departamento, en determinadas áreas, bajo ciertas condiciones o en cantidades y concentraciones específicas. El Departamento puede exigir que una persona autorizada para distribuir o usar un plaguicida de uso limitado en el territorio de Puerto Rico mantenga registros de la distribución o el uso que realice y puede exigir que los registros se mantengan separados de otros registros comerciales.
Sección 11.1.3.- Administración.
El Secretario dispondrá de una unidad administrativa dentro del Departamento, a cargo de llevar a cabo las disposiciones de este Capítulo. La Universidad de Puerto Rico, a través de su Servicio de Extensión Agrícola, tendrá a su cargo el proceso continuo de educación y evaluación para las distintas licencias o certificaciones discutidas más adelante. La Universidad de Puerto Rico, a través de su Colegio de Ciencias Agrícolas, su Estación Experimental Agrícola, y su Servicio de Extensión Agrícola, suplirá al Secretario todo el asesoramiento técnico necesario para la implementación adecuada de las disposiciones aquí incluidas, mediante un acuerdo interagencial que incluya las asignaciones de fondos necesarias para cubrir gastos administrativos y de investigación.
Sección 11.1.4.- Publicación.
El Departamento publicará anualmente en su página de Internet todas las marcas de plaguicidas registrados y los usos permitidos en el territorio de Puerto Rico. Igualmente, el Secretario publicará la lista de importadores, fabricantes y distribuidores con licencias vigentes.
Sección 11.1.5.- Reglamentación.
El Secretario, además de las facultades que le hayan sido delegadas, deberá reglamentar los siguientes aspectos relacionados con el uso de plaguicidas en Puerto Rico:
Sección 11.1.6.- Muestras y Análisis.
El Departamento tiene derecho a tomar una muestra para su análisis oficial de cualquier paquete o lote de plaguicidas dentro de Puerto Rico. El Departamento puede contratar a la Universidad de Puerto Rico o a un laboratorio comercial para el examen de un plaguicida. El Departamento puede realizar o proporcionar pruebas de muestra de un plaguicida a solicitud y puede cobrar una tarifa, conforme a reglamentación, por las pruebas en la cantidad necesaria para cubrir los gastos incurridos en las pruebas. Igualmente, el Departamento podrá realizar las pruebas a plaguicidas en el Laboratorio Agrológico, conforme a los protocolos adoptados que sean generalmente reconocidos.
Sección 11.1.7.- Cooperación Gubernamental.
El Departamento tendrá jurisdicción primaria sobre la reglamentación de plaguicidas en Puerto Rico. En cooperación con la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) o cualquier agencia federal responsable de la implementación de la ley federal de plaguicidas, el Departamento deberá:
Se reconoce la autoridad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para regular y controlar la contaminación del agua por uso de plaguicidas. Si la Agencia de Protección Ambiental federal adopta una norma final que exija al Gobierno de Puerto Rico implementar un plan de gestión de plaguicidas en aguas subterráneas, el Departamento cooperará con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en el desarrollo e implementación de dicha gestión.
El Departamento podrá solicitar asesoramiento al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de Salud y al Servicio de Extensión Agrícola para revisar solicitudes de registros de plaguicidas de necesidad local especial o de emergencia. El Departamento actuará con rapidez para revisar cualquier solicitud de registros de plaguicidas para necesidades locales especiales o de emergencia. El Departamento deberá notificar por escrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales siempre que tenga causa probable para creer que se ha producido contaminación grave del agua como resultado del uso, mal uso, fabricación, almacenamiento o eliminación de plaguicidas, para que pueda proceder con una investigación sobre una posible infracción de las reglas relacionadas con la calidad del agua.
El Departamento deberá consultar con el Departamento de Salud antes de denegar o cancelar un registro de plaguicidas debido a una sospecha de amenaza para la salud pública. El Departamento también deberá coordinar los esfuerzos de aplicación con el Departamento de Salud cuando se sospeche una amenaza grave para la salud pública.
El Departamento puede recibir subvenciones de cualquier agencia federal y puede celebrar acuerdos de cooperación con una agencia federal o estatal, o una agencia de otro estado, o cualquier institución académica con el fin de obtener asistencia en la implementación de este Capítulo.
Artículo 11.2.- Etiquetas de Plaguicidas.
Cada plaguicida distribuido en Puerto Rico llevará una etiqueta que contenga la siguiente información relacionada con el plaguicida:
La etiqueta que lleve la declaración de ingredientes bajo esta Sección deberá estar en, o adherida a, la parte del recipiente inmediato que se presente o exhiba bajo las condiciones habituales de compra y, si la declaración de ingredientes no puede leerse claramente sin retirar el etiquetado exterior, en cualquier envase exterior o etiquetado de un envase que se venda al detal.
Sección 11.2.1.- Etiquetado.
Cualquier palabra, declaración o información que este Capítulo requiera que aparezca en el etiquetado de un plaguicida o dispositivo registrado por el Departamento deberá colocarse de forma prominente y visible de modo que, si se compara con otro material en la etiqueta o en el etiquetado, la persona común pueda leerlo y entenderlo bajo las condiciones habituales de compra y uso.
Sección 11.2.2.- Plaguicidas o Dispositivos Mal Etiquetados.
Un plaguicida o dispositivo está mal etiquetado si:
Artículo 11.3.- Registro de Plaguicidas.
Antes de que un plaguicida se distribuya en Puerto Rico, debe estar registrado ante el Departamento. El fabricante, distribuidor u otra persona cuyo nombre aparezca en la etiqueta del plaguicida deberá registrarlo.
No se requiere registro para el transporte de un plaguicida de una planta o almacén a otra planta o almacén operado por la misma persona si el plaguicida se utiliza únicamente en la segunda planta o almacén como componente de un plaguicida registrado bajo este Capítulo. No se requiere registro para un plaguicida que vaya a ser utilizado en Puerto Rico y que se fabrique, transporte o distribuya solo fuera de Puerto Rico. No es necesario registrar un compuesto químico que se utilice solo para desarrollar datos de parcelas experimentales sobre la posible acción plaguicida del químico. Salvo que una norma del Departamento requiera lo contrario, no se requiere registro para un plaguicida que esté exento de registro ante la Agencia de Protección Ambiental federal, según la ley federal.
Un fertilizante que contenga además un plaguicida que deba estar registrado en el Departamento bajo este Capítulo deberá cumplir con los requisitos de registro de este Capítulo primero, y luego con los requisitos del Capítulo VIII.
Un plaguicida registrado en el Departamento debe mantenerse registrado hasta lo que ocurra primero entre:
Un registrante que inicie el retiro de un plaguicida de su distribución en Puerto Rico antes de que expire el registro del plaguicida no está obligado a seguir registrando el plaguicida después de la fecha de caducidad. Si el Departamento emite una orden de suspensión de uso, suspensión de distribución o retiro porque el plaguicida no está registrado en el Departamento, el registrante deberá tomar las medidas necesarias para remediar la situación, incluido el reembolso de los costos en que incurra la persona sujeta a la orden para cumplirla.
Sección 11.3.1.- Contenido de la Solicitud de Registro de Plaguicidas.
La solicitud de registro de un plaguicida incluirá:
El Departamento puede exigir al solicitante que presente la fórmula completa de un plaguicida, incluidos los ingredientes activos e inertes, como requisito previo para el registro. El Departamento puede exigir una descripción completa de las pruebas realizadas y los resultados de las pruebas en las que se basan las afirmaciones antes de aprobar el registro de un plaguicida que no esté registrado bajo la ley federal o para el cual se estén considerando restricciones federales o estatales sobre su uso.
Una persona ubicada fuera de Puerto Rico, como condición para el registro de un plaguicida, deberá presentar ante el Departamento un documento en el que designe a un agente residente para recibir notificaciones en los procedimientos relacionados con la administración y aplicación de este Capítulo.
Sección 11.3.2.- Expiración y Renovación.
El registro de un plaguicida expira en el segundo aniversario de la fecha de su aprobación o renovación, salvo que el Departamento adopte por norma un sistema bajo el cual los registros expiren en distintas fechas del año. Una persona que solicite la renovación del registro deberá incluir en la solicitud solo información diferente de la proporcionada en el momento del registro o renovación más reciente. La solicitud de renovación deberá ser sometida al Departamento no más de setenta y cinco (75) días, y no menos de sesenta (60) días, antes de la fecha de expiración. Un registro para el cual se haya presentado una solicitud de renovación y pagado la tarifa de renovación antes de su fecha de expiración continuará vigente hasta que el Departamento notifique al solicitante la renovación o su denegación.
Sección 11.3.3.- Tarifa de Registro.
El Departamento cobrará una tarifa, conforme a reglamento, por cada plaguicida a registrar. La tarifa debe pagarse, a nombre del Secretario de Hacienda, junto con la solicitud de registro o renovación del registro.
Sección 11.3.4.- Registro de Plaguicidas de Necesidad Local Especial.
El Departamento puede registrar un plaguicida para usos y métodos de aplicación adicionales que no estén cubiertos por el registro federal bajo FIFRA, siempre y cuando no sean incompatibles, con el fin de satisfacer una necesidad local especial. Antes de aprobar un registro bajo esta Sección, el Departamento determinará que el solicitante cumple con los demás requisitos de este Capítulo.
Sección 11.3.5.- Denegación o Cancelación.
Si el Departamento tiene motivos para creer que cualquier uso de un plaguicida registrado viola alguna disposición de este Capítulo, o es peligroso o perjudicial, notificará por escrito su determinación mediante orden o resolución final al solicitante del registro conforme al debido proceso de ley dispuesto en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, incluyendo las advertencias para solicitar reconsideración o revisión judicial. Tras la oportunidad a las partes interesadas de presentar pruebas, el Departamento puede denegar o cancelar el registro del plaguicida si determina que:
Sección 11.3.6.- Uso Experimental de Plaguicidas.
El Departamento puede emitir un permiso especial de uso experimental si determina que el solicitante necesita el permiso para recopilar los datos necesarios para registrar un plaguicida bajo este Capítulo. Una persona puede presentar una solicitud de permiso especial de uso experimental al Secretario antes o después de solicitar el registro. El uso de un plaguicida bajo un permiso de uso experimental está bajo la supervisión del Departamento y está sujeto a los términos, condiciones y periodo de vigencia que el Departamento establezca en el permiso.
El Departamento podrá cobrar una tarifa por la emisión de un permiso conforme a esta Sección, según se disponga reglamentariamente, considerando cualquier gasto en que pueda incurrir el Departamento al respecto. El Departamento puede revocar un permiso de uso experimental en cualquier momento si determina que:
Artículo 11.4.- Licencias para Distribuidores de Plaguicidas.
Una persona no puede vender, comercializar, traficar, fabricar, empacar, transportar o de cualquier otra manera distribuir dentro de Puerto Rico un plaguicida o dispositivo de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico o herbicida regulado sin una licencia válida de distribuidor de plaguicida emitida por el Departamento. Un distribuidor de plaguicidas debe obtener una licencia para cada ubicación en Puerto Rico que se utilice para distribución. Si la persona no tiene un lugar de trabajo dentro de Puerto Rico, puede obtener una licencia para todas las ubicaciones fuera del territorio de Puerto Rico, pero, como condición para la licencia, deberá designar un agente residente para recibir notificaciones conforme a este Capítulo.
Una persona debe solicitar una licencia de distribuidor de plaguicidas en los formularios prescritos por el Departamento. Un distribuidor de plaguicidas, según lo clasifique el Departamento, no puede distribuir plaguicidas de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, ni un herbicida regulado, salvo que sea para:
Sección 11.4.1.- Expiración.
Una licencia de distribuidor de plaguicidas expira al tercer año de la fecha de su otorgamiento, a menos que el Departamento decida extender su vigencia mediante orden administrativa.
Sección 11.4.2.- Tarifas.
Una solicitud de licencia de distribuidor de plaguicidas debe ir acompañada de una tarifa de licencia, fijada por el Departamento mediante reglamento.
Sección 11.4.3.- Exhibición de la Licencia de Distribuidor de Plaguicidas.
Cada distribuidor deberá mostrar de forma destacada y claramente visible al público la licencia de distribuidor de plaguicidas en su local de trabajo. No mostrar una licencia como exige esta Sección es motivo para revocar la licencia e imponer multas administrativas según los poderes conferidos al Secretario.
Sección 11.4.4.- Registros.
Una persona obligada a obtener una licencia de distribuidor bajo este Capítulo deberá mantener registro de cada distribución de un plaguicida de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, o de un herbicida regulado, y deberá conservar una copia del registro durante al menos dos (2) años después de la fecha de la distribución. El Departamento adoptará normas que prescriban la información que debe constar en los registros requeridos por esta Sección. El Departamento puede exigir la entrega periódica de una copia de los registros requeridos por esta Sección. El Departamento puede revocar la licencia de un distribuidor si el titular de la licencia no presenta una copia de un registro como aquí se requiere, o si somete informes falsos o fraudulentos.
Sección 11.4.5.- Denegación, Revocación, Suspensión, o Modificación de Licencias para Distribuidores de Plaguicidas.
El Departamento puede denegar una solicitud de licencia de distribuidor de plaguicidas si el solicitante no cumple con lo dispuesto en este Capítulo. El Secretario podrá revocar, modificar o suspender una licencia de distribuidor de plaguicidas, imponer una sanción administrativa conforme a las facultades que le han sido prescritas, o amonestar a un titular de dicha licencia por una infracción de este Capítulo o de una norma adoptada por el Departamento bajo este Capítulo.
Si una suspensión de licencia queda sujeta a un periodo probatorio, el Departamento puede exigir a la persona:
Si el Departamento propone denegar la solicitud de una licencia de distribuidor de plaguicidas o revocar, modificar o suspender su licencia, lo hará por escrito mediante orden o resolución final, y la persona afectada tendrá derecho a una reconsideración o revisión judicial, conforme al debido proceso de ley dispuesto en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada.
Sección 11.4.6.- Excepciones al Requisito de Licencia para Distribuidores de Plaguicidas.
Esta Sección sobre el requisito de licencias para distribuidores de plaguicidas no se aplica a:
Artículo 11.5.- Uso y Aplicación de Plaguicidas.
El Departamento tendrá jurisdicción primaria en la regulación del uso y aplicación de plaguicidas y es responsable de coordinar las actividades de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. El Departamento deberá preparar, y someter al Administrador de la Agencia de Protección Ambiental federal, un plan para la concesión de licencias o certificaciones de aplicadores de plaguicidas.
El Departamento coordinará, planificará y aprobará programas de capacitación y evaluación en conjunto con el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. El Departamento y el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico adoptarán un memorando de entendimiento para coordinar, planificar y aprobar conjuntamente los programas de capacitación y evaluación para aplicadores.
El Departamento elaborará planes bajo esta Sección en función de la conveniencia para los solicitantes, la exhaustividad de la preparación y las pruebas, y la máxima economía en gastos para este fin. El Departamento hará pleno uso de subvenciones y acuerdos de cooperación para administrar este Artículo.
Sección 11.5.1.- Certificaciones y Licencias en General.
El Secretario concederá, a su discreción y bajo los requisitos que estime pertinentes, mediante la debida reglamentación, licencias o certificaciones, distinguiendo mediante clasificación a los privados de los comerciales, e incluso podrá definir, para cada una de estas, subcategorías adicionales, como, por ejemplo, la de aplicador aéreo de plaguicidas, ya sea privado o comercial. Adicionalmente, las licencias o certificaciones concedidas deberán distinguir a los aplicadores de plaguicidas bajo las correspondientes categorías.
El Departamento, mediante reglamento, podrá conceder otras certificaciones o licencias según sea necesario para cumplir con los requisitos federales.
Las licencias o certificaciones para aplicadores de plaguicidas emitidas por el Secretario deberán incluir el nombre de la persona, su dirección postal y física, su número de teléfono, la categoría de aplicador, los usos permitidos de plaguicidas de uso restringido o de uso limitado, incluidos los herbicidas regulados, y una foto.
Sección 11.5.2.- Reglas sobre el Uso de los Plaguicidas.
El Departamento, dentro de su pericia técnica y con el respaldo que le ofrecerán la Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola, ambos de la Universidad de Puerto Rico, prescribirá cualquier limitación de uso de plaguicidas de uso restringido o de uso limitado. Esa limitación sobre la aplicación de plaguicidas puede ser:
El Departamento podrá restringir o prohibir el uso de un plaguicida de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico en áreas designadas durante períodos específicos de tiempo. El Departamento podrá adoptar una norma conforme a esta Sección solo tras considerar las precauciones o restricciones necesarias para prevenir riesgos irrazonables para el ser humano o el medio ambiente, teniendo en cuenta el costo y beneficio en términos económicos, sociales y medioambientales del uso del plaguicida.
El Departamento adoptará normas de protección laboral para aplicadores de plaguicidas si no existe una norma federal a tales efectos. El Departamento puede adoptar otras normas para la protección de la salud, seguridad y bienestar del público en general, los trabajadores agrícolas y los aplicadores de plaguicidas.
Sección 11.5.3.- Requisito de Certificación o Licencia.
Una persona no podrá comprar un plaguicida de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, incluido un herbicida regulado, a menos que sea un aplicador licenciado o certificado. El distribuidor de plaguicidas deberá exigir la presentación de dicha licencia o certificación antes de vender, traspasar, entregar o de alguna otra manera distribuir el plaguicida de uso restringido o de uso limitado, y mantener constancia en sus registros y facturas, en los que anotará el nombre de la persona con derecho a tal licencia o certificación y el número correspondiente de licencia o certificación de aplicador de plaguicidas.
Una persona no puede utilizar un plaguicida de uso restringido o de uso limitado, a menos que:
Un aplicador con licencia o certificación no puede supervisar a un aplicador cuya licencia o certificado esté suspendido o revocado. El aplicador autorizado no está obligado a estar físicamente presente en el momento y lugar de la aplicación del plaguicida, a menos que la etiqueta del plaguicida indique que se requiere la presencia del aplicador autorizado.
Un aplicador autorizado es responsable de asegurar que la persona que trabaja bajo la supervisión directa del titular de la licencia o certificación conozca los requisitos de etiqueta y las normas y regulaciones que rigen el uso de plaguicidas. Un aplicador con licencia o certificación cumple los requisitos de este apartado si la persona que trabaja bajo la supervisión directa del titular de la licencia o certificado ha sido capacitada como manipulador (handler) bajo el estándar federal de protección laboral. Una persona autorizada bajo este Capítulo para usar plaguicidas de uso restringido o de uso limitado, o herbicidas regulados, deberá cumplir con todas las normas, reglamentos y órdenes judiciales aplicables respecto al uso de plaguicidas de uso restringido o de uso limitado o herbicidas regulados.
No obstante las demás disposiciones de esta Sección, el Departamento podrá adoptar normas o establecer programas que la Agencia de Protección Ambiental federal u otra agencia federal requiera como condición para aprobar el uso de ciertos plaguicidas de uso restringido o de uso limitado o herbicidas regulados, para otorgar financiamiento federal para la concesión de licencias o certificaciones de aplicadores de plaguicidas, o para la implementación de normas sobre plaguicidas y la reducción del riesgo de estos.
No obstante, las demás disposiciones de este Capítulo, si la Agencia de Protección Ambiental federal u otra agencia federal impone estándares para la licencia o certificación de aplicadores de plaguicidas comerciales o privados, el Departamento podrá adoptar por reglamento los estándares federales para cada clasificación de aplicadores para la que se impongan dichos estándares federales.
Sección 11.5.4.- Licencias o Certificaciones para Aplicadores Comerciales.
Una persona que opere un negocio o sea empleada de una empresa que aplique plaguicidas de uso limitado en Puerto Rico, o de uso restringido conforme a FIFRA, o herbicidas regulados en propiedad de otra persona, con o sin compensación, y que esté obligada a estar licenciada según la Sección 11.5.3 de este Capítulo, deberá solicitar al Departamento una licencia o certificación de aplicador comercial emitida para las categorías y subcategorías de uso de licencia en las que se va a realizar la aplicación del plaguicida.
Una persona deberá solicitar una licencia de aplicador comercial original o renovada en los formularios prescritos por el Departamento. La solicitud deberá incluir la información requerida por el Secretario y deberá ir acompañada de una tarifa de licencia o certificación, fijada mediante reglamento.
El Secretario no podrá emitir una licencia original de aplicador comercial de plaguicidas antes de que el solicitante haya superado un examen conforme a lo dispuesto en este Capítulo. Adicionalmente, la persona que solicite una licencia o certificación de aplicador comercial de plaguicidas debe demostrar tener capacidad para manejar plaguicidas regulados o de uso limitado, incluidos los herbicidas regulados. Esto incluye ser mayor de edad, tener pleno uso de los sentidos y facultades mentales, y cualquier otro requisito que el Secretario establezca. El Secretario no podrá emitir una licencia de aplicador comercial si se ha determinado que:
Una persona a la que se le haya concedido una licencia o certificación de aplicador comercial de plaguicidas está autorizada para comprar, usar y supervisar el uso de plaguicidas de uso restringido y de uso limitado en Puerto Rico, incluidos los herbicidas regulados, en las categorías y subcategorías de uso correspondientes. Como condición para la concesión de una licencia o certificación de aplicador comercial de plaguicidas, un solicitante situado fuera de Puerto Rico deberá presentar ante el Departamento un documento en el que designe a un agente residente para recibir notificaciones en los procedimientos relacionados con la administración y aplicación de este Capítulo.
El Secretario exigirá a los aplicadores comerciales aquellas fianzas o seguros que estime necesarios en caso de que la persona ocasione daños a quienes reciben sus servicios. Las cubiertas requeridas por el Secretario deben ser de por lo menos cien mil dólares ($100,000.00) por cada suceso de daños a la propiedad y no pueden ser inferiores a cien mil dólares ($100,000.00) por cada suceso de lesiones corporales o un total general de un mínimo de doscientos mil dólares ($200,000.00) por cada suceso.
Cada persona que solicite una licencia o certificación como aplicador comercial de plaguicidas debe obtener una calificación satisfactoria mediante un examen, según lo defina el Secretario mediante reglamento, que demuestre que la persona:
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se administre un examen de licencia bajo esta Sección, el Departamento notificará a cada examinado los resultados del examen. Si la persona no aprueba un examen de licencia o certificación administrado bajo esta Sección y lo solicita por escrito, el Departamento deberá proporcionar un análisis del desempeño de la persona en el examen.
El Departamento puede eximir cualquier requisito previo para obtener una licencia para un solicitante tras revisar sus credenciales y determinar que posee una licencia válida de otro estado con requisitos sustancialmente equivalentes a los de Puerto Rico, en virtud de un acuerdo de reciprocidad.
Sección 11.5.5.- Licencias o Certificaciones para Aplicadores Privados.
Se requiere que un aplicador privado esté autorizado mediante licencia o certificado para usar plaguicidas de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, incluidos los herbicidas regulados. Un empleado de una finca califica como aplicador privado solo si ha sido contratado para desempeñar otras funciones relacionadas con la producción agrícola y aporta únicamente la mano de obra para la aplicación, sin proporcionar el equipo ni el plaguicida.
Un aplicador privado que esté obligado a tener licencia o certificación conforme a este Capítulo solicitará al Departamento una licencia de aplicador privado, cumplimentando una solicitud provista por el Secretario para esos efectos, ya sea por primera vez o para renovarla.
La solicitud deberá incluir la información requerida por la normativa del Departamento y deberá ir acompañada de una tarifa fijada por el Secretario mediante reglamento.
El Departamento no podrá emitir una licencia o certificado de aplicador privado antes de que el solicitante haya asistido a un curso de formación impartido por el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. El Departamento aprobará los cursos de formación apropiados desarrollados bajo la coordinación del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico y que este ofrecerá. El curso de formación cubrirá el uso, efectos y riesgos de plaguicidas de uso restringido y de uso limitado en Puerto Rico, incluidos los herbicidas regulados.
El Departamento no podrá emitir una licencia o certificado de aplicador privado si el solicitante ha tenido una licencia emitida bajo este Capítulo revocada en los últimos dos (2) años. Una persona a la que se le conceda una licencia o certificado de aplicador privado está autorizada a comprar, usar y supervisar el uso de plaguicidas de uso restringido y de uso limitado en Puerto Rico, incluidos los herbicidas regulados, en todas las categorías y subcategorías de uso autorizadas por el Secretario.
Como condición para la concesión de una licencia de aplicador privado, un solicitante situado fuera de Puerto Rico deberá presentar ante el Departamento un documento en el que designe a un agente residente para recibir notificaciones en los procedimientos relacionados con la administración y ejecución de este Capítulo.
Un aplicador privado con licencia o certificado está autorizado para utilizar plaguicidas de uso restringido y de uso limitado en Puerto Rico o herbicidas regulados en todas las categorías y subcategorías autorizadas por el Secretario. Un aplicador privado con licencia o certificado no puede supervisar el uso de plaguicidas de uso restringido y de uso limitado en Puerto Rico ni herbicidas regulados.
Sección 11.5.6.- Otras Licencias o Certificaciones.
El Secretario tendrá plena facultad de implementar otras clasificaciones de aplicadores de plaguicidas, de entenderlo necesario, si los términos para aplicador privado o comercial dispuestos en este Capítulo no se ajustan a la realidad de campo. Igualmente, esa clasificación estará sujeta a un requisito de cumplimentar una solicitud provista por el Departamento, con la información que el Secretario estime necesaria, así como al requisito de examen, siguiendo los lineamientos aplicables al aplicador comercial. Si se emite una licencia o certificado a nombre de una entidad gubernamental, esta debe contar con un aplicador autorizado contratado en todo momento; no contratar a un aplicador autorizado es motivo para revocar la licencia de aplicador no comercial de una entidad gubernamental.
Sección 11.5.7.- Términos de las Licencias o Certificaciones y Renovaciones.
Cada certificación o licencia de aplicador de plaguicidas emitida bajo este Capítulo será válida por cinco (5) años. Una persona con licencia o certificación válida emitida bajo este Capítulo podrá renovar la licencia por otro periodo sin volver a hacer la prueba, pagando al Departamento la tarifa de licencia o certificación impuesta por el Secretario. Para la segunda renovación y las siguientes, será requisito que los aplicadores de plaguicidas aprueben nuevamente el examen correspondiente.
Si el Secretario entiende que ha habido un cambio sustancial en las normas de plaguicidas, podrá exigir a los aplicadores de plaguicidas con certificaciones o licencias que completen cursos de educación continua, para poder mantener vigente la correspondiente certificación o licencia. El Secretario podrá, por razones de equidad, extender la vigencia de las licencias o certificaciones expedidas por el Departamento, más allá de los términos concedidos en este Capítulo, por no más de un (1) año, siempre y cuando esté debidamente justificado y su determinación sea debidamente publicada.
Sección 11.5.8.- Registros Exigibles a Aplicadores Licenciados o Certificados.
El Departamento deberá exigir a cada aplicador, comercial o privado, que mantenga registros de todas las aplicaciones de plaguicidas. El Departamento puede exigir a cada aplicador comercial o privado que mantenga registros de la aplicación de un plaguicida de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, incluido un herbicida regulado, y puede exigir que esos registros se mantengan separados. El Departamento prescribirá la información que se incluirá en dichos registros.
Cada aplicador privado deberá mantener registros de las aplicaciones reguladas de plaguicidas de uso limitado en Puerto Rico, incluidos los herbicidas regulados. Igual requisito aplica a las aplicaciones de plaguicidas de uso restringido exigidas por la ley federal.
Un titular de licencia o certificación concedida bajo este Capítulo deberá conservar los registros requeridos por esta Sección durante un periodo de dos (2) años desde la fecha de la aplicación del plaguicida. El titular de la licencia o certificado deberá mantener estos registros accesibles y disponibles para copiar, y almacenarlos en un lugar adecuado para preservar su integridad física. Dichos registros deben estar disponibles en caso de que personal del Departamento realice una auditoría, o se requiera mediante reglamento la entrega de informes periódicos.
Sección 11.5.9.- Inspección de Equipos.
El Departamento puede inspeccionar equipos utilizados en la aplicación de plaguicidas de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico. El Departamento puede exigir reparaciones o modificaciones de equipos antes de su uso adicional en la aplicación de plaguicidas de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico. El Departamento, por norma, puede:
Cada equipo registrado deberá identificarse mediante una matrícula o calcomanía proporcionada por el Departamento, sujeta al pago de tarifas dispuestas por el Secretario mediante reglamento. La matrícula o la calcomanía debe colocarse en el equipo de la manera y ubicación prescritas por el Secretario, si así lo entiende necesario.
Sección 11.5.10.- Suspensión, Modificación o Revocación de Licencias y Certificaciones.
El Secretario, luego de haber concedido una licencia o certificado para cualquier tipo de aplicador, puede suspender, modificar o revocar una licencia o certificado, e incluso imponer una sanción administrativa, conforme a sus facultades, a una persona que incumpla con las disposiciones de este Capítulo, siempre y cuando, conforme al debido proceso de ley, se determine que el titular de la licencia o de la certificación:
El Secretario puede suspender temporalmente una licencia o certificado bajo esta Sección por un máximo de diez (10) días tras notificar por escrito al titular de la licencia o de la certificación sobre el incumplimiento. Si se tramita una suspensión de licencia o certificación sujeta a un periodo probatorio, el Departamento puede exigir al titular que informe regularmente sobre los asuntos que constituyen la base del periodo probatorio, que limite la aplicación de plaguicidas a las áreas prescritas por el Departamento, o que continúe o renueve su formación profesional hasta alcanzar un grado de habilidad satisfactorio para el Departamento en aquellas áreas que constituyen la base del periodo probatorio.
Excepto por una suspensión temporal, si el Departamento propone no renovar, suspender, modificar o revocar la licencia o certificación de una persona, la persona tiene derecho a solicitar reconsideración al propio Departamento, y luego revisión judicial, según lo dispone la Ley Núm. 38-2017, según enmendada.
Un aplicador cuya licencia o certificación esté suspendida o revocada no podrá aplicar plaguicidas de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, incluidos los herbicidas regulados, por sí mismo ni bajo la supervisión directa de otro aplicador autorizado durante ese periodo de suspensión o revocación.
Sección 11.5.11.- Uso por Propietarios de Viviendas.
Los requisitos de licencia o certificación no se extienden al uso de plaguicidas en jardines, céspedes o la propia vivienda, si la etiqueta del plaguicida autoriza tales usos. Si la etiqueta del producto requiere que su aplicación sea hecha por un aplicador con licencia o certificación, entonces el propietario debe obtener licencia de aplicador privado o contratar los servicios de un aplicador comercial.
Sección 11.5.12.- Divulgación de Información sobre Aplicadores Privados.
Ni el Departamento ni ninguna otra agencia podrán divulgar el nombre, dirección o número de teléfono de una persona que posee una licencia o certificación privada de aplicador de plaguicidas.
Sección 11.5.13.- Excepción para Veterinarios Debidamente Licenciados en Puerto Rico.
No obstante las demás disposiciones de este Capítulo, una persona autorizada para ejercer la medicina veterinaria por la Junta Examinadora de Veterinarios y que solo utilice un plaguicida de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, incluido un herbicida regulado, como medicamento o medida de control durante el ejercicio normal de su profesión veterinaria, no está obligada a obtener una licencia o certificación conforme a este Capítulo para comprar o utilizar el plaguicida de uso restringido o de uso limitado en Puerto Rico, incluido un herbicida regulado.
Sección 11.5.14.- Control de Mosquitos en Caso de Emergencia.
Reconociendo que los mosquitos pueden ser vectores de enfermedades serias para la población, el Secretario podrá conceder una dispensa al Departamento de Salud y a los municipios para el control de los mosquitos, sujeto a que se haya declarado una emergencia, o se determine que es necesaria una acción inmediata. En dicho caso, el Secretario podrá conceder una dispensa que autorice a empleados no autorizados del municipio o del Departamento de Salud a aplicar plaguicidas para el control de mosquitos bajo la supervisión directa de un aplicador autorizado, empleado o contratado por el municipio o el Departamento de Salud, según sea el caso. Esta dispensa se extiende a funcionarios federales que vayan a intervenir en este tipo de situación. El Departamento de Salud o el municipio deben documentar quiénes son los aplicadores de plaguicidas con licencias o certificaciones a cargo de la supervisión de los empleados que no cuentan con licencia o certificación para manejar plaguicidas, así como el nombre y la dirección de estos últimos.
Artículo 11.6.- Almacenaje y Disposición de Plaguicidas.
El Departamento adoptará normas que regulen el almacenamiento y la disposición o eliminación de los plaguicidas y sus envases, o dispositivos, con el fin de:
Una persona no puede almacenar ni desechar un plaguicida en violación de una norma adoptada por el Departamento, o una entidad federal, en virtud de este Artículo. Los aplicadores y otras entidades cubiertas por este Capítulo que normalmente almacenen productos registrados bajo FIFRA en cantidades que excedan los cincuenta y cinco (55) galones, quinientas (500) libras o una cantidad menor que determine el Departamento por reglamento para ciertos productos químicos altamente tóxicos o peligrosos cubiertos por este Capítulo, dentro de un cuarto de milla de una zona residencial compuesta por tres (3) o más viviendas privadas durante más de setenta y dos (72) horas, deberán informar por escrito al Departamento de Seguridad Pública, creado bajo la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, el lugar de almacenamiento, el nombre y número de teléfono del aplicador o distribuidor que almacene el producto, y la persona a quien se pueda contactar para más información o en caso de emergencia.
Cada aplicador o distribuidor que normalmente almacene productos registrados bajo FIFRA en cantidades que excedan los cincuenta y cinco (55) galones, quinientas (500) libras, o una cantidad menor que determine el Departamento por reglamento para ciertos productos químicos altamente tóxicos o peligrosos cubiertos por este Capítulo, deberá proporcionar anualmente al Departamento de Seguridad Pública una copia de una lista de plaguicidas almacenados por el aplicador o distribuidor. El aplicador o distribuidor de plaguicidas deberá notificar por escrito al Departamento de Seguridad Pública cualquier cambio significativo que ocurra en relación con los plaguicidas almacenados, si así le es solicitado. El Departamento de Seguridad Pública podrá realizar inspecciones in situ de los plaguicidas almacenados con el único propósito de preparar medidas de respuesta en caso de emergencia.
El Departamento, en conjunto con el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, asesorará a los agricultores, aplicadores de plaguicidas privados y comerciales, y a la ciudadanía en general, sobre la disposición o eliminación correcta de aquellos plaguicidas de uso restringido bajo FIFRA, o de uso limitado en Puerto Rico, incluidos los herbicidas regulados. Ambas entidades podrán además realizar campañas de colección de envases de plaguicidas, o incluso requerir la contratación de entidades con los permisos necesarios para disponer de materiales peligrosos, cuando así lo entiendan necesario. El Departamento podrá imponer reglamentariamente multas administrativas, dentro de las facultades que le hayan sido conferidas al Secretario, por cualquier violación a las reglas impuestas sobre almacenamiento y disposición de plaguicidas y sus envases.
Artículo 11.7.- Disposiciones Especiales sobre Herbicidas.
Cuando el Secretario estime necesario incluir un herbicida en la lista de plaguicidas de uso limitado en Puerto Rico, podrá imponer aquellas restricciones necesarias para prevenir impactos por la deriva, por aire o agua, de dicho herbicida hacia predios distintos de aquel en que se realiza el control de yerbajos. Los herbicidas incluidos en las listas de plaguicidas de uso limitado en Puerto Rico se considerarán herbicidas regulados y, por lo tanto, no podrán ser distribuidos de forma contraria a las disposiciones de este Capítulo.
Artículo 11.8.- Fiscalización.
El Departamento tendrá autoridad para hacer valer las disposiciones de este Capítulo, incluido el poder de tener acceso y entrada, durante cualquier hora de trabajo regular, para inspeccionar cualquier edificación o espacio, controlado u operado por una persona que realice alguna actividad regulada bajo este. El Departamento podrá además inspeccionar todo registro requerido por este Capítulo en cualquier momento. El Departamento podrá intervenir con cualquier usuario de plaguicidas, siempre y cuando el funcionario tenga causa razonable para pensar que no se siguen las normas de uso adecuado, ya sea motu proprio o como respuesta a una querella. Funcionarios del Departamento podrán tener entrada en propiedad pública y privada a horas razonables para:
Si se le niega al Departamento el acceso a cualquier lugar en un momento razonable para cualquiera de los fines listados en este Artículo, el Secretario podrá solicitar a un juez del Tribunal de Primera Instancia una orden que autorice el acceso al lugar para cualquiera de esos fines. Ante la demostración de causa probable para creer que se ha producido una violación de una norma relativa a un propósito listado en este Artículo, el juez emitirá la orden de registro para los fines solicitados.
En los casos en que el Departamento determine un mal manejo de plaguicidas, podrá ordenar la incautación del plaguicida, sus envases, o dispositivos, y la eventual destrucción o disposición de estos a costa del poseedor al momento del mal manejo.
Sección 11.8.1.- Cese y Desista.
Si el Departamento tiene motivos para creer que el uso de un plaguicida viola alguna disposición de este Capítulo podrá emitir y hacer cumplir una orden escrita o impresa para detener el uso o distribución del plaguicida o exigir que este sea retirado y se prohíba su distribución posterior. El Departamento deberá presentar la orden al propietario o custodio del plaguicida. La persona que recibe la orden no podrá vender, distribuir ni utilizar el plaguicida hasta que el Departamento determine que el plaguicida:
Esta Sección no limita el derecho del Departamento a proceder según lo autorizado por otras disposiciones de este Capítulo.
Artículo 11.9.- Penalidades.
Cuando el Secretario determine alguna violación o falta contra las disposiciones de este Capítulo, podrá elegir aquellas sanciones aplicables, conforme a las facultades que le hayan sido conferidas en este Código u otra ley, o en los reglamentos adoptados al amparo de estos.
Artículo 11.10.- Remedios.
El Departamento, en toda determinación administrativa, cumplirá con los procedimientos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada. Toda persona a quien se le deniegue, suspenda, modifique o revoque el registro de un plaguicida, licencia de distribuidor, licencia o certificación de aplicador privado, comercial o de cualquier otra clasificación que el Secretario determine, así como cualquier persona a quien se le atribuya una infracción administrativa, sea objeto de una orden de cese y desista, o se ordene la incautación de plaguicidas, dispositivos o equipos bajo los preceptos de este Capítulo, tendrá derecho a reconsideración administrativa y revisión judicial siguiendo los procedimientos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada.
Artículo 11.11.- Daños Resultantes de Aplicaciones de Plaguicidas por Instrucción Gubernamental.
El propietario o arrendatario del terreno sobre el que se aplica un plaguicida no será responsable de los daños resultantes de la aplicación del plaguicida ni está sujeto a una sanción penal o civil en relación con la aplicación del plaguicida si:
Artículo 11.12.- Deber de Informar.
En Puerto Rico se reconoce el deber de informar que tienen los fabricantes, distribuidores, aplicadores o cualquier otro usuario, directo o indirecto, sobre los plaguicidas. La etiqueta aprobada por la Agencia de Protección Ambiental federal para registrar el plaguicida, o una etiqueta compatible con la evaluación de salud humana más reciente realizada bajo FIFRA, o una etiqueta conforme a la clasificación de carcinogenicidad del plaguicida según FIFRA, de la Agencia de Protección Ambiental federal, será suficiente para cumplir cualquier requisito de advertencia sobre salud o seguridad bajo cualquier disposición o doctrina de las leyes de Puerto Rico, incluido, sin limitación, el deber de advertir. El Secretario podrá reiterar mediante reglamento estos requisitos del deber de informar, sobre todo en la actividad agrícola, imponiendo el requisito de comunicar a los trabajadores agrícolas sobre la peligrosidad de los plaguicidas y las medidas de protección requeridas.
Artículo 11.13.- Preeminencia.
Las disposiciones de este Capítulo están sujetas a las disposiciones de preeminencia de este Código.
CAPÍTULO XII- CONTROL DE ANIMALES PERJUDICIALES A LA AGRICULTURA
Artículo 12.1.- Propósito.
En Puerto Rico se han experimentado demasiadas instancias en las que animales han devastado plantaciones, o han atacado animales pecuarios, como en el caso de los monos rhesus y patas en el Valle de Lajas, cerdos ferales en Naranjito y Barranquitas, e incluso jaurías en varias partes del territorio de Puerto Rico. Estas devastaciones tienen grandes implicaciones, no solo de índole económica, sino también emocional y de salubridad entre los agricultores. Por tal motivo, es necesario que el Estado pueda ejercer controles efectivos para mitigar los efectos de los animales perjudiciales en la agricultura. Ahora bien, en ocasiones, hay animales que individualmente pueden afectar actividades agropecuarias, en cuyo caso el agricultor no puede esperar a que el Estado intervenga para proteger su propiedad privada y la vida de los trabajadores de la finca y la propia familia del agricultor, por lo que se disponen mecanismos para que el propio agricultor pueda tomar medidas de control contra animales perjudiciales.
Sección 12.1.1.- Términos.
Para efectos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se provee:
Sección 12.1.2.- Alcance.
Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, la introducción, posesión, adquisición, venta o traspaso en Puerto Rico de aquellos peces, moluscos y crustáceos, anfibios, reptiles, aves silvestres, microorganismos, insectos, mamíferos silvestres, o de sus huevos o crías, que el Secretario designe como perjudiciales para los intereses de la agricultura, en particular la actividad agropecuaria, la horticultura, la silvicultura o la actividad forestal, o que, por sus características de rapacidad o por ser venenosos, puedan constituir una amenaza o riesgo para la vida o seguridad de los humanos.
Podrán considerarse animales perjudiciales para la agricultura aquellos animales individuales que sean realengos o ferales, o simplemente animales que no pertenezcan a una operación agropecuaria y se introduzcan en ella, y se documente su efecto adverso en las actividades agropecuarias, permitiendo así la intervención inmediata del propio agricultor, como mecanismo de defensa de su propiedad privada. El Secretario también podrá tomar medidas de control con estos animales a petición de parte o motu proprio.
Sección 12.1.3.- Facultades del Secretario.
El Secretario queda facultado para adoptar reglamentación para disponer las medidas de manejo de aquellos animales que, a su juicio, deban designarse como especies perjudiciales y prohibirse su introducción, posesión, adquisición, venta o traspaso en el territorio de Puerto Rico. El Secretario mantendrá, mediante orden administrativa que será debidamente publicada, y anejada al reglamento, una lista de aquellos animales que sean declarados perjudiciales para la agricultura. El Secretario tiene toda autoridad para utilizar recursos del Departamento o sus componentes para realizar actividades de control, que incluyen medidas de control reproductivo, confinamiento, eutanasia o destrucción. El Secretario podrá prohibir la entrada de estos animales declarados como perjudiciales, e incluso podrá entrar a cualquier propiedad cuando él o sus agentes tengan creencia razonable de que se encuentra un animal perjudicial, y podrá incautarlo para proceder con las medidas de control aplicables, sujeto al debido proceso de ley.
Toda persona natural o jurídica que a la fecha de entrar en vigor cualquier declaración de animales perjudiciales para la agricultura deberá entregar los mismos al Secretario o su representante en la forma y sitio que este disponga dentro de un término no menor de quince (15) días y no mayor de treinta (30) días a partir de esa declaración. Cuando algún ejemplar de dichos animales declarados como perjudiciales para la agricultura, incluyendo sus huevos o crías, se encontrare en posesión de cualquier persona natural o jurídica con posterioridad a los términos prescritos, cualquier agente del Departamento lo incautará para su disposición de acuerdo con la reglamentación, sin pago de compensación alguna, y la persona estará sujeta a las multas o penalidades aplicables que el Secretario estime prudente imponer conforme a las facultades que le hayan sido delegadas a tales efectos.
Se faculta al Secretario para que, en la forma que considere más conveniente, proceda a la disposición de los animales declarados como perjudiciales para la agricultura, y por tanto prohibidos, que le sean entregados o que sean incautados bajo los términos de este Código, ya sea recurriendo a su destrucción por cuenta propia, o a su destrucción o custodia a través de sociedades protectoras de animales si lo creyere conveniente, o mediante donaciones como especímenes vivos o muertos a instituciones científicas, acuarios, museos o parques zoológicos.
En caso de que el Secretario tenga que tomar medidas de control contra aquellos animales que haya declarado perjudiciales para la actividad agropecuaria, podrá disponer de ellos mediante el uso de trampas, tranquilizantes e incluso fuerza letal, entre otros medios.
Sección 12.1.4.- Administración.
El Secretario podrá disponer de recursos asignados al Departamento para crear una unidad administrativa con personal debidamente adiestrado y equipo especializado para realizar aquellas operaciones necesarias para cumplir con las disposiciones de este Capítulo. Alternativa o adicionalmente, el Secretario podrá contratar servicios de control y erradicación para lograr los objetivos de este Capítulo. Incluso, el Secretario podrá ofrecer sus servicios a municipios o al Departamento de Salud, a costos razonables, para asistir en actividades de control animal que afecten a la población en general. El Departamento actuará con rapidez para revisar cualquier solicitud de control de animales perjudiciales para la agricultura.
Sección 12.1.5.- Publicación.
El Departamento publicará anualmente en su página de Internet todos los animales declarados perjudiciales para la agricultura. Dicha lista consistirá en dos grupos, que distinguirán aquellos que están prohibidos de aquellos sujetos a medidas de control especial, como el caso de animales realengos o ferales.
Sección 12.1.6.- Cooperación Gubernamental.
El Departamento tendrá jurisdicción exclusiva sobre la reglamentación de animales perjudiciales para la agricultura. El Departamento podrá solicitar asesoramiento al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de Salud y al Departamento de Seguridad Pública sobre asuntos relacionados con el manejo de animales declarados perjudiciales para la agricultura, y contará con la cooperación de estos cuando así lo requiera.
El Departamento puede recibir servicios o subvenciones de cualquier agencia federal y puede celebrar acuerdos de cooperación con agencias federales o de Puerto Rico, con agencias de otros estados o con cualquier institución académica con el fin de obtener asistencia en la implementación de este Capítulo.
Artículo 12.2.- Dispensas.
No obstante las disposiciones de este Capítulo, el Secretario, cuando encuentre que existe la debida responsabilidad y el continuado interés por la protección de los intereses públicos, podrá permitir, mediante autorizaciones escritas y con sujeción a las restricciones o condiciones que en ellas imponga, la adquisición, introducción, posesión, venta o traspaso, con fines zoológicos, educacionales, recreativos, médicos o científicos, de mamíferos silvestres, aves silvestres, peces, incluidos moluscos y crustáceos, anfibios y reptiles, microorganismos, insectos, o de sus huevos o crías, aunque tales actos estén prohibidos mediante reglamentación promulgada al amparo de este Capítulo. Las disposiciones de este Artículo serán aplicables a las agencias gubernamentales que requieran tener, para llevar a cabo sus fines, los animales, microorganismos, insectos, huevos o crías designados como prohibidos. El Secretario exigirá precaución extrema en la guarda o custodia y confinamiento de tales animales, microorganismos, insectos, huevos o crías, para evitar que, de escapar o ser liberados, representen una amenaza o riesgo para la vida o seguridad pública.
Artículo 12.3.- Fiscalización.
El Departamento tendrá autoridad para hacer valer las disposiciones de este Capítulo, incluido el poder de tener acceso y entrada, durante cualquier hora de trabajo regular, para inspeccionar cualquier edificación o espacio, controlado u operado por una persona que realice alguna actividad regulada bajo este. El Departamento podrá además inspeccionar todo registro requerido por este Capítulo en cualquier momento.
El Departamento podrá intervenir con cualquier agricultor o persona, siempre y cuando el funcionario tenga causa razonable para pensar que no se siguen las disposiciones de este Capítulo, ya sea motu proprio o como respuesta a una querella. Funcionarios del Departamento podrán tener entrada en propiedad pública y privada a horas razonables para intervenir con animales declarados perjudiciales para cualquier actividad agrícola.
Si se les niega a los agentes del Departamento el acceso a cualquier lugar en un momento razonable para cualquiera de los fines listados en este Capítulo, el Secretario podrá solicitar a un juez del Tribunal de Primera Instancia una orden que autorice el acceso al lugar para cualquiera de esos fines. Ante la demostración de causa probable para creer que se ha producido una violación de una norma relativa a un propósito listado en este Capítulo, el juez emitirá la orden de registro para los fines solicitados.
Cuando el Secretario determine alguna violación o falta contra las disposiciones de este Capítulo, podrá elegir aquellas sanciones aplicables, conforme a las facultades que le hayan sido conferidas en este Código u otra ley, o en los reglamentos adoptados al amparo de estos.
Artículo 12.4.- Remedios.
El Departamento, en toda determinación administrativa, cumplirá con los procedimientos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada.
Artículo 12.5.- Control de Animales Perjudiciales a la Actividad Agropecuaria por el Propio Agricultor.
Todo agricultor tendrá derecho a proteger, dentro de los límites de su finca u operación agropecuaria, la vida y seguridad de las personas, sus cultivos, animales pecuarios, infraestructura, equipos y demás propiedad utilizada en la actividad agrícola frente a animales perjudiciales. Para ejercer las facultades reconocidas en este Artículo, el agricultor no necesitará obtener una licencia, permiso o autorización adicional del Departamento de Agricultura o del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para intervenir con un animal perjudicial dentro de su finca, sujeto a las demás disposiciones de este Artículo y a las leyes aplicables.
Cuando un agricultor identifique dentro de su finca, sin su autorización, un animal realengo, feral, invasor o cualquier otro animal perjudicial que haya causado daño, esté causando daño o represente una amenaza real, inminente o continua de daño a personas, cultivos, crianzas, infraestructura agrícola, equipos u otra propiedad utilizada en la operación agropecuaria, podrá intervenir conforme a lo dispuesto en este Artículo. Cuando las circunstancias lo permitan, la presencia del animal y los daños o amenazas deberán documentarse mediante fotografías, vídeos, declaraciones de testigos u otro medio razonablemente disponible. Para propósitos de este Artículo, se aclara que:
Cuando exista evidencia suficiente para determinar que una persona actuó fuera de las circunstancias protegidas por este Artículo o en violación de otra ley aplicable, el Departamento podrá referir el asunto a la autoridad gubernamental con jurisdicción para la correspondiente investigación.
Artículo 12.6.- Jurisdicción.
El Departamento de Agricultura tendrá jurisdicción exclusiva conforme al Capítulo XXVIII de este Código, en cuanto a la facultad de intervenir con aspectos relacionados con animales perjudiciales dentro de fincas y operaciones agropecuarias. El DRNA y los municipios asistirán al Departamento cuando este así lo requiera en el proceso de disponer de animales realengos o ferales en la periferia de las fincas.
CAPÍTULO XIII- FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL PARA LA AGRICULTURA
Artículo 13.1.- Declaración de Política Pública.
Uno de los pilares del crecimiento agrícola, tan necesario para nuestra seguridad alimentaria y nuestro desarrollo económico, sobre todo en la zona rural, es la disponibilidad de financiamiento para nuevos proyectos agrícolas o expansión de proyectos existentes. En ocasiones, la vulnerabilidad de los sectores agropecuarios causada por aumentos en los costos de producción, exposición a desastres naturales, fluctuaciones de mercado o limitaciones de escalas, no hace atractivo el acceso al capital, por lo que el Gobierno debe asumir un papel más directo. El término “financiamiento agrícola” se entiende en sentido amplio. Dicho concepto incluye, entre otros instrumentos, préstamos, líneas de crédito, garantías, subvenciones, incentivos, subsidios, capital semilla, fondos rotatorios, seguros agrícolas, asistencia técnica vinculada a inversión, programas de conservación, bonificaciones, aportaciones pareadas y mecanismos de apoyo para innovación, infraestructura, comercialización y adaptación climática. Es mediante un ecosistema financiero diverso, que combine los distintos mecanismos antes mencionados, que se atienden las necesidades de los agricultores de todo tipo.
El Gobierno de Puerto Rico tiene un interés público apremiante en establecer mecanismos de financiamiento agrícola que sean accesibles, transparentes, ágiles, inclusivos y adaptados a la realidad productiva del campo. Dichos mecanismos deben promover la inversión responsable, la productividad, la seguridad alimentaria, la transición hacia prácticas sostenibles, la innovación tecnológica, la agregación de valor, la protección de los recursos naturales y la integración efectiva de los productores en cadenas de comercialización justas y competitivas. Al así hacerlo, se fortalece la capacidad productiva agrícola necesaria para lograr un mejor nivel de seguridad alimentaria. El financiamiento agrícola debe atender tanto las necesidades ordinarias de operación —incluidos insumos, mano de obra, equipo, riego, energía, almacenamiento y transporte— como las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para modernizar fincas, mejorar infraestructura, adoptar tecnologías, fortalecer la resiliencia climática, cumplir con estándares sanitarios y ambientales, y expandir oportunidades de mercado. Claro está, al tratarse de fondos públicos, se tienen que lograr los objetivos estipulados en cada financiamiento, tomando fuertes medidas contra el fraude, el malgasto y el abuso.
Se declara política pública promover un sistema de financiamiento agrícola amplio, coordinado y multisectorial, que integre instrumentos crediticios y no crediticios, incentive la participación de instituciones financieras, entidades públicas, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro y otros actores pertinentes, y garantice que los recursos disponibles respondan a las necesidades reales de los productores y del desarrollo sostenible del sector agrícola.
Sección 13.1.1.- Términos.
Artículo 13.2.- Retorno de la Inversión Gubernamental.
Cuando cualquier entidad gubernamental haya de conceder subsidios o subvenciones, incluyendo los créditos contributivos agrícolas, a un negocio agrícola, nuevo o existente, que haya sido calificado como Agricultor Bona Fide, conforme a la Sección 1020.08 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, deberá realizar un análisis de retorno de inversión al erario conforme a las pautas aquí establecidas.
El Secretario le solicitará al CCA el desarrollo de una fórmula que mida el retorno de inversión gubernamental hecha en la agricultura. Dicha fórmula será la utilizada por las entidades gubernamentales al momento de calcular el impacto del financiamiento gubernamental agrícola. El retorno de inversión gubernamental en la agricultura debe considerar el efecto de aumentos en los recaudos del fisco como resultado de la inversión, ya sea mediante ingreso directo, indirecto o inducido. También debe considerar si hay un incremento de valor agregado, el impacto multiplicador, sobre todo en la zona rural, así como el efecto de la sustitución de importaciones. Elementos como la tasa de retorno social y externalidades ambientales pueden ser considerados en el análisis. La fórmula debe ofrecer un resultado que indique si el retorno es negativo, en cuyo caso se recomienda limitar la adjudicación de financiamiento gubernamental a situaciones de la más alta política pública, o si es positivo o neutro, en cuyo caso se justificaría la inversión gubernamental. Dicho estudio debe estar listo dentro de un (1) año a partir de la aprobación de este Código. El Secretario y cualquier otra entidad gubernamental implementarán la fórmula tan pronto esté disponible. Mientras tanto, el Secretario o el jefe de cualquier agencia que conceda incentivos a un agricultor podrá utilizar aquella fórmula adoptada en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, tomando en cuenta que cualquier cálculo de retorno de inversión gubernamental en la agricultura se basará en los siguientes plazos de retorno:
Artículo 13.3.- Créditos Contributivos Agrícolas.
Toda persona que invierta en el negocio de un Agricultor Bona Fide, conforme a la Sección 1020.08 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, incluido el propio agricultor, podrá solicitar un crédito contributivo equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su inversión agrícola elegible. El tope anual de créditos contributivos agrícolas por inversión elegible en un Negocio Exento bajo la Ley Núm. 60-2019, supra, será de hasta trescientos cincuenta mil dólares ($350,000.00). Un mismo negocio exento podrá solicitar créditos contributivos hasta un máximo de dos (2) años en un periodo de cinco (5) años.
Además de lo dispuesto en la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, o la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, el Secretario y el Secretario de Hacienda implementarán el programa de Créditos Contributivos Agrícolas conforme a lo aquí dispuesto. Anualmente, el Secretario de Hacienda presupuestará doce millones de dólares ($12,000,000.00), que se concederán mediante créditos contributivos agrícolas solamente para aquellas inversiones elegibles en la agricultura que haya adjudicado el Secretario de Agricultura.
Sección 13.3.1.- Inversión Agrícola Elegible.
Para determinar si una inyección de capital en negocios agrícolas, nuevos o existentes —ya sea mediante aportación de dinero en efectivo, terrenos o estructuras, hecha a cambio de acciones en el caso de una corporación, o de un incremento de participación o del valor de la participación en el caso de sociedades, compañías de responsabilidad limitada o negocios en común— es elegible, el Secretario deberá tomar en cuenta aquella inversión que redunde en mayor productividad o rentabilidad del negocio agrícola. Los créditos contributivos agrícolas se enfocarán en activos productivos duraderos, climáticamente inteligentes, o que fomenten el valor agregado, la sanidad vegetal o la salud animal, o el mercadeo adecuado de los productos agropecuarios. Serán consideradas como inversiones elegibles:
El crédito contributivo agrícola por inversión en negocios no será aplicable ni estará disponible en el caso de que el participante adquiera valores de un Fondo de Valores, o Fondos, en emisión primaria, para sustituir otros valores de un Fondo que fueron vendidos, permutados o transferidos de cualquier forma por dicho participante y respecto a los cuales el participante no reconocerá, en todo o en parte, la ganancia derivada de dicha venta, permuta o transferencia.
No se permitirá la opción de reclamar la pérdida de un negocio agrícola como crédito contra la contribución sobre ingresos. No se considerará una Inversión Elegible Agrícola la compra de terrenos o de estructuras, ni la compra de cuotas de producción u otras formas de bienes intangibles. Se prohíbe la concesión de créditos contributivos agrícolas sobre bienes que hayan recibido otro tipo de ayuda gubernamental. No se considerarán Inversiones Elegibles Agrícolas las subvenciones gubernamentales de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, pero sí préstamos agrícolas gubernamentales hechos por un inversionista para inyectar capital en un negocio agrícola de un Agricultor Bona Fide. El Secretario podrá además imponer aquellas limitaciones que entienda necesarias para lograr el uso efectivo de este recurso.
Sección 13.3.2.- Compromiso de Mantener la Inversión Elegible Agrícola.
Será requisito mantener durante quince (15) años la actividad agrícola que reciba una inversión elegible agrícola a cambio de créditos contributivos, mediante contrato entre el Agricultor Bona Fide del Negocio Exento y el Secretario.
Sección 13.3.3.- Tributación de Ganancias en Caso de Venta.
Cualquier ganancia en caso de una venta, permuta u otra disposición de una inversión elegible se considerará una ganancia de capital y el exceso de las ganancias netas de capital a largo plazo sobre las pérdidas netas de capital a corto plazo estará sujeto a tributación conforme a la Ley Núm. 1-2011, según enmendada.
Artículo 13.4.- Subvenciones, Incentivos o Subsidios Agrícolas.
Sección 13.4.1.- Propósito.
Los incentivos agrícolas son un vehículo muy útil para viabilizar actividades económicas que el Gobierno de Puerto Rico considere relevantes, tanto a nivel de campo como de elaboración, y para conservar la capacidad productiva necesaria para mantener un alto nivel de seguridad alimentaria. El Departamento tiene amplios poderes, y al Secretario se le ha concedido amplia discreción en cuanto a la implementación de políticas que promuevan el desarrollo agrícola. Igualmente, otras agencias gubernamentales tienen la facultad de otorgar subvenciones, incentivos o subsidios a los agricultores. Este Artículo tiene el objetivo de asegurar que ciertas actividades agrícolas estén debidamente atendidas ante las limitaciones presupuestarias que en ocasiones se experimentan.
En la aprobación e implantación de programas bajo este Artículo se tendrán presentes los siguientes objetivos:
Sección 13.4.2.- Política contra el Discrimen.
El Departamento no privará a agricultor solicitante alguno de la oportunidad de solicitar o recibir incentivos de los programas aquí regulados, para los cuales sea de otro modo elegible, por razón de su edad, raza, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, estatus matrimonial, estado de embarazo, origen o condición social, origen nacional, discapacidad física o mental, condición de veterano, o afiliación o creencias políticas o religiosas. La concesión o no de cada subvención, incentivo o subsidio que sea solicitado será determinada exclusivamente a base de:
Sección 13.4.3.- Prioridades en la Concesión de Subvenciones, Incentivos o Subsidios Agrícolas.
El Secretario, su representante autorizado o cualquier jefe de agencia, al hacer uso de sus facultades para la adjudicación de subvenciones, incentivos o subsidios, incluidos los créditos contributivos agrícolas, dirigidos a agricultores, tomará en consideración los aspectos que se discuten a continuación:
Una vez se atiendan las solicitudes en el orden de prelación antes descrito, las demás adjudicaciones estarán sujetas a la discreción del Secretario o su representante autorizado, o del jefe de la agencia adjudicadora. Todo agricultor que someta ante una agencia gubernamental una solicitud de subvenciones, incentivos o subsidios deberá cumplir primero con los requisitos de elegibilidad que sean impuestos. En el caso de subvenciones, incentivos o subsidios para agricultores financiados con fondos federales administrados por el Departamento o cualquier otra agencia gubernamental, los requisitos aquí dispuestos serán complementarios, en la medida que la asignación federal lo permita. Los subsidios no estarán sujetos al orden de prelación antes dispuesto, y se concederán de la manera prescrita por ley.
Sección 13.4.4.- Límites en la Concesión de Subvenciones e Incentivos.
Sección 13.4.5.- Tipos de Programas de Subvenciones, Incentivos o Subsidios Agrícolas.
Las subvenciones, incentivos o subsidios concedidos a agricultores serán de tipo regular (standing program”) o de emergencia (“ad hoc program”). Los programas regulares serán aquellos adoptados mediante ley o reglamentación por parte del Secretario, y que recurrentemente serán ofrecidos a los agricultores. Los programas de emergencia o ad hoc serán implementados mediante reglamentación especial para atender situaciones particulares tales como desastres, disrupciones de mercado u otro tipo de crisis que requiera la intervención inmediata del Secretario. Se autoriza al Secretario de Agricultura, con la aprobación del Gobernador o del funcionario en quien este delegue, a utilizar los fondos de programas regulares para atender necesidades apremiantes en sectores agrícolas ocasionadas por los casos de emergencia. El Secretario de Agricultura también podrá proveer incentivos, subsidios, ayudas o servicios en casos especiales de emergencias que afecten áreas específicas, sin que sean de carácter general, tales como sequías, inundaciones, pérdidas o daños a la cosecha por ataques masivos de plagas, y vientos intensos localizados, como tornados y remolinos.
Artículo 13.5.- Préstamos Agrícolas Gubernamentales.
Las disposiciones de este Artículo han de aplicar a cualquier tipo de préstamo que conceda una entidad del Gobierno de Puerto Rico a los agricultores. Los préstamos a agricultores que sean concedidos por entidades gubernamentales podrán servir como puente para que otras instituciones acojan la deuda, sujeto a que asuman las condiciones requeridas por este Capítulo. Los préstamos agrícolas gubernamentales deben atender las necesidades reales del agricultor y ajustarse a estas. Los agricultores deben estar preparados para ofrecer planes de fincas robustos y cifras de producción verificables. El Gobierno de Puerto Rico, si bien es cierto que ha de fungir como facilitador, no debe asumir riesgos innecesarios, ni sustituir a la banca privada como primera opción de financiamiento. Las entidades gubernamentales que concedan préstamos a agricultores pueden requerir que el préstamo sea supervisado, de modo que los desembolsos se realicen por fases, sujeto a que un agrónomo licenciado certifique el cumplimiento antes del próximo desembolso. Los agricultores que participen en programas de subvenciones o incentivos, incluidos los créditos contributivos, tendrán prioridad en la concesión de préstamos agrícolas gubernamentales, siempre que hayan firmado una cesión de crédito.
Sección 13.5.1.- Tipos de Préstamos para Agricultores.
Sección 13.5.2.- Consideraciones Especiales.
Cuando un agricultor incumpla con los términos de un préstamo agrícola gubernamental, la entidad gubernamental que concedió el préstamo agrícola debe proporcionarle información sobre las opciones disponibles cuando el prestatario esté en dificultades financieras, tenga noventa (90) días o más de atraso, incurra en incumplimiento no monetario, esté en quiebra, solicite información sobre la administración de su préstamo, solicite una transmisión voluntaria, tenga deuda compartida pendiente o esté sujeto a otras acciones de cobro. Un prestatario de préstamo agrícola gubernamental con noventa (90) días de atraso debe presentar una solicitud completa de reestructuración dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción del aviso de la entidad gubernamental que concedió el préstamo agrícola. Si al cabo de los sesenta (60) días el agricultor no responde, procede la aceleración de pago conforme a los términos y condiciones del préstamo. En dicho caso, el agricultor podrá pagar la totalidad de la acreencia adeudada al momento de la notificación, transferir la propiedad a otra persona que asuma la deuda, sujeto a aprobación de la entidad que concedió el préstamo agrícola, o entregar voluntariamente las garantías reales ofrecidas para obtener el préstamo. Solo entonces procederá el proceso de liquidar el préstamo y reclamar las garantías aplicables.
Artículo 13.6.- Garantías de Préstamo Agrícola.
El Secretario podrá implementar un programa dentro del Departamento, o de cualquiera de sus componentes o subsidiarias, para ofrecer garantías de préstamos, de forma tal que la banca comercial de Puerto Rico participe activamente en la concesión de préstamos agrícolas.
Sección 13.6.1.- Propósito y Naturaleza.
El propósito del programa es ampliar el acceso al crédito para productores agrícolas elegibles y empresas relacionadas con la agricultura que demuestren capacidad de repago, pero que no puedan obtener crédito en condiciones razonables sin apoyo crediticio adicional. El Programa está destinado a fomentar el préstamo privado, no a sustituir la evaluación y el riesgo crediticio de la banca privada.
Sección 13.6.2.- Tope de la Garantía.
La garantía de préstamo que conceda el Secretario podrá cubrir hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de la porción no pagada del préstamo agrícola, incluidos los intereses acumulados; nunca podrá ser por la totalidad de la deuda y nunca excederá setecientos cincuenta mil dólares ($750,000.00).
Sección 13.6.3.- Deberes de la Banca Comercial.
Una garantía de este tipo solo puede aprobarse cuando el prestamista demuestre que el prestatario tiene una capacidad razonable de reembolso, que el préstamo no es especulativo y que la garantía es necesaria para respaldar la aprobación o mejorar las condiciones. Esto incluye una puntuación crediticia de seiscientos cincuenta (650) o superior, una aportación de capital del quince por ciento (15%), una razón deuda-capital de 2:1 o menos y una razón de cobertura del servicio de la deuda de 1.25 o más. El prestamista debe mantener una exposición significativa no garantizada en cada préstamo y no puede transferir, asegurar ni reducir su riesgo retenido salvo que lo permitan las normas del Programa. La garantía está condicionada al cumplimiento de todos los requisitos del Programa, requisitos de cierre, obligaciones de informe, estándares de mantenimiento y procedimientos de reclamación.
Cualquier desviación material, tergiversación, uso no autorizado o incumplimiento de la garantía pueden reducir, suspender o anular la garantía. Una reclamación bajo la garantía solo podrá presentarse tras la falta de pago, aceleración o vencimiento, y los esfuerzos comercialmente razonables de cobro y liquidación del prestamista, salvo que el Administrador del Programa autorice un proceso de reclamación anterior.
El prestamista de la banca comercial, si fuese el caso, deberá originar, suscribir, cerrar, documentar, notificar, cobrar y liquidar el préstamo de acuerdo con estándares prudentes de préstamo, las políticas ordinarias del prestamista y el Acuerdo de Programa. La emisión de una garantía no exime al prestamista de su deber de ejercer un juicio crediticio independiente. El Programa de Garantías proporciona apoyo crediticio a prestamistas inscritos y no concede préstamos a los prestatarios. La responsabilidad del Programa no excederá la menor de las siguientes cantidades: (i) el porcentaje de garantía aprobado aplicado al principal no pagado elegible y a los intereses devengados elegibles; (ii) el límite de dólar declarado en el certificado de garantía; o (iii) los fondos disponibles del Programa legalmente comprometidos con la garantía. La garantía expirará en la primera de las siguientes fechas: la fecha de vencimiento indicada en la garantía, el pago total, la cancelación u otro evento de terminación. El plazo del préstamo solo puede exceder el plazo de garantía si se permite expresamente. El prestamista o prestatario deberá pagar los cargos aplicables de solicitud, originación, garantía, servicio o renovación. El prestamista deberá presentar informes periódicos sobre el saldo pendiente, estado de pago, condición de la garantía, faltas de pago, modificaciones y otra información requerida por el Secretario o su representante autorizado.
Sección 13.6.4.- Prestamistas Elegibles.
Los prestamistas elegibles incluyen bancos con la debida autorización estatal o federal, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones del Sistema de Crédito Agrícola que estén operando en Puerto Rico, instituciones financieras certificadas de desarrollo comunitario (CDFI), prestamistas de pequeños negocios y otros prestamistas aprobados por el Secretario. Los prestamistas elegibles deben estar ubicados u operar en Puerto Rico, o utilizar los fondos del préstamo para actividades elegibles dentro del territorio de Puerto Rico.
Sección 13.6.5.- Agricultores Elegibles.
Los agricultores prestatarios elegibles deben realizar actividades agrícolas o relacionadas con la agricultura, utilizar los fondos del préstamo para un propósito aprobado, cumplir con los estándares de evaluación del prestamista y demostrar una capacidad razonable de reembolso. Los agricultores que estén participando en programas de incentivos o subvenciones, incluidos los créditos contributivos, que necesiten financiamiento para desarrollar el proyecto agrícola y hayan firmado una cesión de crédito, tendrán prioridad en las garantías de préstamos concedidas por el Secretario.
Sección 13.6.6.- Usos Elegibles.
Los usos elegibles del préstamo agrícola pueden incluir capital de trabajo u operacional, equipos, insumos, inventario, ganado, mejoras agrícolas, adquisición de terrenos o instalaciones, construcción, prácticas de conservación de recursos naturales, renovación y otros fines agrícolas o comerciales aprobados, sujetos a las restricciones que el Secretario disponga para el programa.
CAPÍTULO XIV- CULTIVOS
Artículo 14.1.- Semillas, Plántulas e Injertos.
Sección 14.1.1.- En General.
A través del tiempo, se han utilizado diversas técnicas para desarrollar semillas selectas de cultivos que alcanzan altos niveles de producción, logran un nivel de calidad del producto altamente deseado por el consumidor, o resisten plagas persistentes que tienden a diezmar las plantaciones y, por ende, a aumentar los costos de producción. Se decreta que los agricultores de Puerto Rico deben tener acceso a semilla selecta.
Sección 14.1.2.- Definiciones.
Para efectos de este Artículo, los términos a continuación tendrán el significado que se indica:
Artículo 14.2.- Reglamentación sobre las Semillas Agrícolas o Comerciales.
El Secretario, o el funcionario en quien este delegue, tendrá amplias facultades para reglamentar la venta de semillas para cultivos agrícolas o vendidas comercialmente, incluido requerir el registro de proveedores o variedades, y reglamentar las prácticas de producción y la calidad de las semillas, incluidos parámetros tales como el porcentaje de germinación, homogeneidad, ausencia de otras semillas, humedad, porcentaje de materia inerte, pureza varietal, atribuciones de fitomejoramiento o linaje (variedades tradicionales o “heirloom”), origen, así como controles fitosanitarios de los viveros, etiquetado y envasado, entre otras. Los productores o distribuidores de semillas en Puerto Rico deben ofrecer garantías mínimas conforme al desempeño y la calidad de la semilla, y comunicar al agricultor cualquier término y condición aplicable al agricultor o usuario final. El Secretario tiene la potestad de realizar cualquier prueba, a petición de parte o motu proprio, para verificar las propiedades de las semillas, a costa del distribuidor de dichas semillas, en particular el porcentaje de germinación. El Departamento, por norma, podrá clasificar y definir tipos, clases, géneros, especies, subespecies, híbridos y variedades de semillas agrícolas, de hortalizas y de yerbajos para los fines de este Capítulo. El Departamento, reglamentariamente, puede clasificar yerbajos nocivos y establecer porcentajes permitidos de contenido o prohibir la inclusión de yerbajos nocivos en un recipiente de semillas agrícolas o de hortalizas. El Secretario tiene la facultad de imponer tarifas por pruebas realizadas.
Sección 14.2.1.- Etiquetas de Semillas.
Salvo que se disponga otra cosa en esta Sección, cada recipiente de semilla agrícola que se distribuya, se ofrezca o esté a la venta en Puerto Rico llevará o tendrá adherido en un lugar visible una etiqueta escrita o impresa, en español o inglés, que contenga la siguiente información relativa a su contenido:
Si, de acuerdo con las normas del Departamento, un recipiente de semilla se vende con base en el contenido de semilla viva pura, la etiqueta del recipiente debe contener la información requerida en esta Sección, excepto:
Si, de acuerdo con las normas del Departamento, el tipo de semilla en un recipiente generalmente está etiquetado por variedad, pero la etiqueta no indica la variedad, la etiqueta mostrará el nombre del tipo y deberá llevar impresa la frase “Variedad no declarada”. La etiqueta de la semilla híbrida debe indicar que la semilla es híbrida. Una persona no puede usar la palabra “tipo” en ningún etiquetado relacionado con el nombre de una variedad agrícola de semilla. Si el origen de la semilla es desconocido, la etiqueta indicará que el origen es desconocido.
El contenido de yerbajos nocivos se determinará según el método prescrito por el Secretario y el contenido declarado estará sujeto a las tolerancias establecidas en el reglamento. Tras la declaración de germinación y pepitas, una etiqueta puede mostrar una declaración de germinación total y pepitas. El Departamento, por norma, puede establecer que una etiqueta muestre una fecha de caducidad en lugar del mes y año calendario de una prueba de germinación o de semilla viva pura.
Sección 14.2.2.- Etiquetas de Semillas de Hortalizas.
Cada recipiente de semilla de hortalizas que se venda o se distribuya en Puerto Rico llevará o tendrá adherido en un lugar visible una etiqueta escrita o impresa, en español o inglés, que proporcione la información relativa al contenido del recipiente requerida por esta Sección.
Sección 14.2.3.- Semillas Tratadas.
Las semillas que hayan sido sometidas a un tratamiento, o a las que se haya aplicado una sustancia, con el propósito de reducir, controlar o repeler organismos patógenos, insectos u otras plagas que ataquen semillas o plántulas deberán etiquetarse conforme a las normas del Departamento.
Sección 14.2.4.- Plántulas e Injertos.
El Secretario podrá adoptar mediante reglamento las mejores prácticas que se utilizarán en viveros dedicados a germinar semillas para plántulas o arbolitos, incluidos injertos, destinados a cultivos agrícolas. Estas mejores prácticas serán consideradas recomendaciones, excepto en casos en los que las plántulas o arbolitos, incluidos injertos, tengan que estar libres de plagas o enfermedades, como es el caso de los cítricos libres de Candidatus Liberibacter (causante del enverdecimiento o “HLB”), en cuyo caso ordenará los requisitos para que el vivero sea certificado como tal. En el caso de semilla que se germinará para plántulas o arbolitos, incluido material de injertos, que tenga que estar certificada, el Secretario, con el apoyo técnico ofrecido por la EEA, dispondrá la metodología para escoger las fincas que servirán como fuente y los métodos de higiene a seguirse. El Departamento establecerá estándares para la certificación de material vegetativo, cuando sea estrictamente requerido, e inspeccionará los viveros para asegurar total cumplimiento. El reglamento de certificaciones de material vegetativo para semillas de plántulas o arbolitos deberá atender aspectos tales como:
Artículo 14.3.- Prácticas Agrícolas.
Sección 14.3.1.- En General.
Los agricultores de Puerto Rico deben implementar en sus cultivos aquellas prácticas reconocidas para la producción eficiente. Los agricultores deben procurar el mejoramiento de sus cultivos para aumentar su rendimiento, en terrenos que sean apropiados. El Departamento o la EEA, el SEA, el Colegio de Ciencias Agrícolas de la UPR, así como los Distritos de Conservación o cualquier otro ente pertinente publicarán aquellas prácticas reconocidas y aplicables a cada cultivo en Puerto Rico.
El Departamento incentivará aquellas prácticas recomendadas por el CCA, el SEA, la EEA, los Distritos de Conservación o cualquier otra autoridad competente en los respectivos cultivos. Incluso, el Departamento ha de condicionar la concesión de incentivos al cumplimiento documentado de las prácticas agrícolas reconocidas, en particular aquellas relacionadas con la conservación de recursos naturales, tales como evitar el cultivo en terrenos altamente erosionables y la alteración de humedales, y prevenir la contaminación del agua y del aire como consecuencia del cultivo.
El Departamento podrá aportar recursos a la investigación, innovación y adopción de nuevas prácticas de cultivo, ya sea a través de la EEA, de organizaciones de agricultores o de agricultores individuales, sujeto al requisito de publicación de resultados que puedan ser de utilidad para otros agricultores. Incluso, se fomenta la ejecución de proyectos demostrativos destinados al alto rendimiento y la alta calidad. El Secretario realizará las delegaciones necesarias para la inspección de prácticas agrícolas hechas adecuadamente, antes de realizar el pago total de los incentivos.
Artículo 14.4.- Café.
Sección 14.4.1.- Propósito.
La producción de café ha mermado enormemente por factores como huracanes, altos costos operacionales y falta de mano de obra para la cosecha. No obstante, la demanda local, nacional e internacional por café de especialidad presenta una gran oportunidad para este sector agrícola. Por lo tanto, el Departamento dará prioridad a la producción de café especial en Puerto Rico, ya que ofrece mejores perspectivas económicas al caficultor. Esto requiere revitalizar el sector cafetalero y repensar el modelo de producción en su totalidad. Desde los tiempos de España, el modelo de café en Puerto Rico ha sido uno de alto volumen, con grandes extensiones de terreno. A finales de la década de 1990, el Especialista en Café, Agro. Miguel Monroig, propuso enfocar el modelo de producción a uno de alta calidad, para justificar los altos costos operacionales de Puerto Rico y poder operar con menor volumen, dada la falta de mano de obra. En la década de 2010 se llevaron a cabo iniciativas para acercar al caficultor al consumidor final, lo que dio paso a nuevas marcas de café especial. No obstante, la falta de continuidad gubernamental y el embate de los huracanes Irma y María no permitieron que madurara el concepto.
El Departamento tendrá la función de facilitar un nuevo modelo de producción de café, enfocado en un producto de alto valor. Para esto es necesario implementar políticas que permitan a los caficultores organizarse en asociaciones de mercadeo agrícola, diferenciar la calidad del café, insertarse en mercados de especialidad, agregar valor elaborando el café localmente y capturar una mayor participación del valor al detal. Al mismo tiempo, el Departamento, junto con la Estación Experimental Agrícola de la UPR, ha de trabajar en modelos de producción que permitan un negocio viable, la preservación del medio ambiente y el mantenimiento de buenas relaciones con el trabajador agrícola.
Sección 14.4.2.- Definiciones y Términos.
Para efectos de este Artículo, los siguientes términos tendrán el significado que los acompaña:
Sección 14.4.3.- El Precio del Café.
Como regla general, los componentes de la Industria de Café tienen la libertad para realizar negocios y vender el café, recién cosechado o elaborado, al mejor precio posible. No obstante, reconociendo que se trata de un producto altamente perecedero, sujeto a volatilidad de mercado y altas concentraciones de poder entre sus niveles de elaboración, es política pública del Gobierno de Puerto Rico implementar un precio mínimo garantizado para este producto.
“Este contrato de compra de café es de precio fijo por <número de meses> meses. No obstante, el contrato de precio fijo podrá ser objeto de ajuste económico permitiendo la revisión al alza o a la baja del precio del café declarado en caso de que ocurran contingencias específicas. Los ajustes económicos de precios del café importado semitostado estarán basados en los términos que a continuación se adoptan:
Sección 14.4.4.- Desarrollo del Cafetal.
El Secretario tendrá la encomienda de establecer programas para fomentar el cultivo intensivo de café, sobre todo para café de especialidad o alta calidad. El Departamento fomentará la adopción de las mejores prácticas agrícolas en la producción de café, que redunden en el mayor beneficio económico para el agricultor y sus trabajadores, en armonía con el medio ambiente. El Departamento solamente podrá conceder incentivos para semillas, plántulas o material vegetativo para injertos que hayan sido validados por la EEA.
Sección 14.4.5.- Control de Plagas del Cafetal.
Los agricultores tienen que implementar aquellas prácticas agrícolas reconocidas para mantener el efecto de las plagas en control dentro de los umbrales económicos aplicables. El Secretario podrá asistir a los agricultores, mediante la concesión de incentivos para determinados tratamientos contra las plagas, sobre todo si son de nueva introducción, y los equipos necesarios para dicho control. El Departamento tomará toda medida necesaria, dentro de sus facultades, para prevenir la llegada de plagas y enfermedades que afecten el cafetal, o el rendimiento del café. El Departamento, junto con la EEA y el SEA, realizará aquellas investigaciones necesarias para atender aquellas enfermedades o plagas que puedan tener un efecto adverso en la producción de café, y educará al agricultor sobre las mejores prácticas agrícolas a seguir para lidiar con dichas plagas y enfermedades.
Sección 14.4.6.- Requisitos de Licencia.
Toda persona que opere una torrefacción se dedique a la compra o al beneficiado de café, o importe café comercialmente, entiéndase que no sea para su propio uso, sino para venderlo al por mayor o al detal, deberá obtener del Secretario una licencia para dedicarse a dicho negocio; será ilegal que dicha persona se dedique a tal negocio sin obtener la referida licencia. Toda solicitud de licencia se radicará ante el Departamento, en el formulario que este provea, y contendrá la información que el Departamento requiera. Todo torrefactor, comprador, importador y beneficiador de café deberá exhibir su licencia en un sitio visible al público. El Secretario podrá denegar, revocar o suspender licencias cuando detecte un incumplimiento con las reglas que adopte el Secretario para implementar lo aquí dispuesto, siguiendo el debido proceso de ley. Cualquier solicitante o poseedor de licencia que haya sido afectado por la decisión del Secretario de denegar, suspender o revocar una licencia, según fuere el caso, podrá recurrir al foro pertinente, a tenor con la Ley Núm. 38-2017, según enmendada. Se prohíbe operar como torrefactor, comprador, importador o beneficiador de café sin tener una licencia vigente.
Sección 14.4.7.- Prohibiciones y Consecuencias por Violaciones Relacionadas con el Café.
Se declara ilegal:
Toda persona natural o jurídica que infrinja, por sí misma o a través de un agente o empleado, lo antes dispuesto será culpable de delito grave y condenada con pena de reclusión por el término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. Adicionalmente, el Secretario podrá imponer sanciones administrativas conforme a sus facultades, siguiendo el debido proceso de ley. Será evidencia prima facie de que cualquier café, en grano, triturado o molido, ha sido adulterado o mezclado con cualquier otro grano o sustancia, el informe que en tal sentido rinda el Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales Agrícolas del Departamento de Agricultura, certificado por el Director de este. El Secretario de Agricultura queda facultado para confiscar cualquier propiedad que haya sido utilizada en la comisión de cualquiera de los delitos graves aquí tipificados, conforme a sus facultades.
Sección 14.4.8.- Mezclas de Café.
Se faculta al Secretario a exigir a los torrefactores que declaren en la etiqueta la existencia de mezclas de café, de cualquier tipo, que se vendan y mercadeen en Puerto Rico, bajo normas específicas, a fin de garantizar al consumidor la composición y procedencia del producto.
Sección 14.4.9.- Parámetros de Calidad y Procedencia.
El Departamento reglamentará todo lo relacionado con la calidad del café, en particular el grado de café de especialidad (“specialty coffee”), siguiendo aquellos lineamientos reconocidos a nivel de los Estados Unidos e internacionalmente. El Departamento contará con un laboratorio, debidamente acreditado por una entidad reconocida en la materia, que se utilizará para certificar la calidad del café y el cumplimiento con el grado de café especial.
Para que un producto pueda identificarse como Café de Puerto Rico, el Departamento deberá certificar su procedencia, con el rigor que el Secretario disponga mediante reglamentación.
Sección 14.4.10.- Registro de Marcas de Café.
El Departamento establecerá mediante reglamento un registro de las marcas de café vendido en Puerto Rico, en el que se distinguirán aquellas que puedan contener café mezclado o café importado de aquellas que sean Café de Puerto Rico o Café de Especialidad, así como el Café Elaborado en Puerto Rico. El Secretario podrá fijar tarifas de registro, que nunca deben exceder los mil dólares ($1,000.00), pagaderos al Secretario de Hacienda.
Además, se faculta y autoriza al Departamento de Estado a tramitar, ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el registro de marca certificada de Café de Especialidad proveniente de Puerto Rico, y realizar todas las gestiones que sean necesarias para cumplir con estos propósitos.
Sección 14.4.11.- Compra y Venta de Café.
La Administración queda facultada para realizar compra y venta de café seco, con cáscara o pilado a los agricultores o beneficiadores de Puerto Rico. Cuando las producciones locales no sean suficientes, la Administración podrá adquirir materia prima extranjera, cumpliendo con los requisitos fitosanitarios aplicables, con el fin de mantener abastos suficientes para los torrefactores de café durante el año. Cualquier ganancia obtenida al respecto será para cubrir las operaciones del ejercicio de dicha facultad, así como para promover el desarrollo cafetalero en primera instancia, y el del resto de la agricultura en segunda. El Administrador podrá formular precios ponderados cuando se combine dicha materia prima con materia prima producida en Puerto Rico.
CAPÍTULO XV- ACTIVIDADES PECUARIAS
Artículo 15.1.- Reservado.
CAPÍTULO XVI- TERRENOS AGRÍCOLAS
Artículo 16.1.- Política Pública.
Conforme a la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, se declara política pública de todo el Gobierno de Puerto Rico proteger los terrenos agrícolas, que son un recurso limitado, esencial para la seguridad alimentaria, la economía rural y la conservación de los recursos naturales. Toda acción gubernamental procurará evitar la conversión de terrenos agrícolas a usos no agrícolas, fomentar su uso productivo y facilitar el acceso a la tierra para quienes deseen trabajarla.
Los terrenos agrícolas constituyen la base del desarrollo agrícola y de nuestra seguridad alimentaria. Los terrenos agrícolas de Puerto Rico contribuyen sustancialmente al suministro de alimentos, tanto para humanos como para animales, la producción de fibras, plantas ornamentales y biomasa para energía, entre otros, incluido el recreo a través del agroturismo. Estos terrenos agrícolas suplen necesidades a nivel del territorio de Puerto Rico y a nivel nacional y mundial.
La mejor manera de preservar nuestros terrenos en uso agrícola es manteniéndolos productivos. Un terreno productivo depende de la calidad de los recursos naturales: suelo, aire y agua. El uso impropio de los terrenos agrícolas contribuye a efectos degradantes tales como la erosión del suelo, que a su vez tiene el efecto de contaminar el aire o el agua. Se ha comprobado que la remoción de toda capa vegetativa propicia la erosión del suelo, lo que provoca la pérdida de nutrientes necesarios para los cultivos. La pérdida de nutrientes que se encuentran naturalmente en el suelo obliga a compensar mediante abonamiento, que, sin las debidas medidas, puede ser arrastrado a los cuerpos de agua y, en altas concentraciones, generar eutrofización en los embalses. Suelos sin cubierta vegetativa también sufren de la erosión por viento, lo que provoca que polvos fugitivos afecten la calidad del aire, con nocivos efectos en los sistemas respiratorios de la ciudadanía, e incluso en los de animales pecuarios y mascotas. Los suelos erosionados pierden su capacidad de absorción de agua, reduciendo volúmenes de tan preciado líquido en los acuíferos y ríos.
La pérdida de suelos agrícolas, sobre todo de aquellos arables o mecanizables, es, para todos los efectos prácticos, irreversible. La pérdida de capacidad de producción agrícola no solo representa una limitación en términos de seguridad alimentaria, sino que es un reto de seguridad en Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos, si se tiene que depender en demasía de productos importados de otros países. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico, bajo el liderato del Departamento de Agricultura, ha de implementar aquellas políticas prescritas en este Código para asegurar que los terrenos agrícolas puedan ser preservados para esta y futuras generaciones.
Sección 16.1.1.- Términos y Definiciones.
Para fines de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que se indica:
Sección 16.1.2.- Deberes de las Agencias.
Todas las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios ajustarán sus planes, programas, inversiones y procesos de adquisición y disposición de propiedad a la política pública de este Artículo. Ninguna entidad gubernamental adquirirá, financiará o autorizará proyectos que conlleven la conversión de terrenos de alto valor agrícola sin haber evaluado alternativas razonables de ubicación.
Sección 16.1.3.- Evaluación de Impacto sobre Terrenos Agrícolas.
Toda entidad gubernamental que proponga un proyecto que conlleve la conversión de terrenos de alto valor agrícola someterá al Secretario una evaluación que incluya la cabida afectada, la calidad de los suelos, las alternativas consideradas y las medidas de mitigación propuestas. El Secretario emitirá su recomendación dentro de treinta (30) días a partir del recibo de la evaluación completa. La entidad proponente deberá atender por escrito la recomendación antes de su determinación final.
Sección 16.1.4.- Mitigación.
Cuando la conversión de terrenos de alto valor agrícola resulte inevitable, la entidad proponente aportará al Fideicomiso una cantidad equivalente al valor de los derechos de desarrollo de la cabida convertida, según tasación, o protegerá mediante servidumbre de preservación agrícola una cabida equivalente de igual o mejor calidad, a satisfacción del Secretario, mediante reglamento debidamente adoptado.
Sección 16.1.5.- Inventario de Terrenos Agrícolas.
El Departamento mantendrá un inventario georreferenciado de los terrenos agrícolas, los terrenos de alto valor agrícola, las reservas agrícolas y los predios gravados con servidumbres de preservación agrícola, en coordinación con la Junta de Planificación y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El inventario será público, salvo la información confidencial de los productores.
Sección 16.1.6.- Informe Anual.
El Secretario rendirá a la Asamblea Legislativa y al Gobernador, no más tarde del 30 de septiembre de cada año, un informe sobre el estado de los terrenos agrícolas, las conversiones ocurridas, las servidumbres constituidas, las operaciones del Fideicomiso y los arrendamientos otorgados al amparo de este Capítulo.
Sección 16.1.7.- Reglamentación.
El Secretario adoptará la reglamentación necesaria para implantar este Capítulo dentro de ciento ochenta (180) días a partir de su vigencia, conforme a la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.
Sección 16.1.8.- Preeminencia.
Las disposiciones de este Capítulo en cuanto a terrenos agrícolas prevalecerán sobre cualquier otra ley que disponga lo contrario. Solamente una enmienda expresa a este Capítulo podrá modificar lo aquí dispuesto. Ningún municipio o agencia podrá adoptar reglamentación que contravenga las disposiciones de este Capítulo.
Artículo 16.2.- Reservas Agrícolas, Terrenos Clasificados SREP-A y Otras Calificaciones de Uso Agrícola.
Sección 16.2.1.- Alcance.
Este Artículo aplica a las reservas agrícolas designadas por ley y a los terrenos clasificados como SREP-A por la Junta de Planificación o por un municipio, y a los terrenos calificados para uso agrícola. Sus disposiciones complementan, y no sustituyen, la clasificación y calificación de suelos establecida en el Plan de Uso de Terrenos y en el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados con el Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, o la reglamentación que lo sustituya.
Sección 16.2.2.- Designación de Reservas Agrícolas.
Toda propuesta de designación de una reserva agrícola estará fundamentada en un estudio técnico del Departamento que incluya, como mínimo: la delimitación del área; la capacidad productiva de los suelos; el uso agrícola actual; la infraestructura agrícola existente; la titularidad de los predios; y la consulta con los agricultores, el municipio y la Autoridad. Esta será la base para un proyecto de ley, pero de ninguna manera se entenderá como una limitación de las facultades de la Rama Legislativa.
Sección 16.2.3.- Usos Compatibles.
En las reservas agrícolas y en los terrenos clasificados SREP-A, o en cualquier terreno con calificación agrícola, se favorecerán los siguientes usos:
Sección 16.2.4.- Usos Incompatibles.
Se consideran incompatibles con las reservas agrícolas y los terrenos SREP-A, y con otros terrenos agrícolas: las lotificaciones con fines residenciales o comerciales no agrícolas; las instalaciones de generación de energía a escala comercial sobre suelos cultivables en exceso del veinte por ciento (20%) de la cabida de la finca; la extracción de materiales de la corteza terrestre que no sea parte de una práctica agrícola; los sistemas de relleno sanitario; y cualquier otro uso que impida o menoscabe sustancialmente la producción agrícola o fragmente la unidad agrícola.
Sección 16.2.5.- Segregaciones y Propiedad Horizontal.
Las segregaciones de predios en reservas agrícolas y terrenos clasificados SREP-A o aquellos calificados para uso agrícola solo se permitirán para fines agrícolas, procurando mantener unidades agrícolas viables, y estarán sujetas a la cabida mínima y demás requisitos reglamentarios, y nunca podrán resultar en predios menores de doce (12) cuerdas o del cuerdaje mayor que disponga la reglamentación, sujeto a la recomendación previa del Secretario. Se considera incompatible con las reservas agrícolas y los terrenos SREP-A, y con otros terrenos calificados para uso agrícola, la constitución de propiedad horizontal conforme a la Ley Núm. 129-2020, según enmendada.
Sección 16.2.6.- Recomendación del Secretario.
La Oficina de Gerencia de Permisos, los municipios con jerarquía delegada y la Junta de Planificación requerirán la recomendación del Secretario antes de adjudicar cualquier solicitud de permiso, consulta o segregación en una reserva agrícola o en terrenos SREP-A. El Secretario emitirá su recomendación dentro de treinta (30) días a partir del recibo de la solicitud. La entidad que adjudique la solicitud deberá fundamentar por escrito cualquier determinación contraria a dicha recomendación.
Sección 16.2.7.- Protección de la Infraestructura Agrícola.
Ninguna obra o permiso afectará la integridad u operación de los sistemas de riego, drenaje y caminos agrícolas que sirven a las reservas agrícolas, terrenos clasificados SREP-A u otros terrenos calificados para uso agrícola, sin la aprobación previa del Departamento y de la entidad que administre dicha infraestructura.
Sección 16.2.8.- Modificación de Límites.
Los límites de una reserva agrícola solo podrán modificarse por ley, previa demostración de un interés público apremiante, la ausencia de alternativas razonables y la mitigación dispuesta en la Sección 16.1.4.
Sección 16.2.9.- Terrenos Contiguos a las Reservas Agrícolas o Terrenos SREP-A, u Otros Terrenos Calificados para Uso Agrícola.
Se exigirá una zona de amortiguamiento a cualquier desarrollo aledaño a una reserva agrícola, a terrenos considerados SREP-A e, incluso, a otras calificaciones o clasificaciones de terrenos que permitan practicar la agricultura. Se prohíbe cualquier acción que interfiera con las operaciones agrícolas o las restrinja, siempre que estas se lleven a cabo de manera coherente con las prácticas agrícolas y de gestión generalmente aceptadas, en tierras adyacentes o contiguas, conforme a las disposiciones del Capítulo II de este Código. Esta disposición constituye notificación adecuada de tal limitación.
Sección 16.2.10.- Prioridad en Programas.
Los agricultores y predios ubicados en reservas agrícolas o terrenos clasificados como SREP-A y aquellos con calificación para uso agrícola tendrán prioridad en los programas de incentivos del Departamento, en los préstamos agrícolas gubernamentales y en la asignación de recursos del Fideicomiso.
Sección 16.2.11.- Prohibidas las Restricciones Privadas a Usos Agrícolas en Reservas Agrícolas, Terrenos Declarados SREP-A u Otras Calificaciones de Uso Agrícola.
Se prohíbe cualquier contrato privado que prohíba la actividad agrícola en un terreno que esté dentro de una reserva agrícola, un terreno clasificado SREP-A, o cualquier otro terreno calificado para uso agrícola.
Artículo 16.3.- Conservación de los Recursos Naturales en las Fincas Agrícolas de Puerto Rico.
Sección 16.3.1.- Propósito.
Para preservar los terrenos agrícolas, es necesario adoptar prácticas de conservación de los recursos naturales, para prevenir la erosión del suelo y sus efectos sobre el agua y el aire. Estas prácticas agrícolas requieren que se eduque a los agricultores sobre los efectos de la degradación de los recursos naturales en su negocio agrícola y en la sociedad en general, y sobre las prácticas de conservación reconocidas para distintos cultivos o crianza de animales. Los agricultores también necesitan apoyo técnico y económico para la implementación de medidas de conservación, lo que puede hacerse mediante la construcción tanto de infraestructura gris como de infraestructura verde.
El uso impropio de los terrenos agrícolas contribuye a efectos degradantes tales como la erosión del suelo, que a su vez tiene el efecto de contaminar el aire o el agua. Se ha comprobado que la remoción de toda capa vegetativa propicia la erosión del suelo, lo que provoca la pérdida de nutrientes necesarios para los cultivos. La pérdida de nutrientes que se encuentran naturalmente en el suelo obliga a compensar mediante abonamiento, que, sin las debidas medidas, puede ser arrastrado a los cuerpos de agua y, en altas concentraciones, generar eutrofización en los embalses. Suelos sin cubierta vegetativa también sufren de la erosión por viento, lo que provoca que polvos fugitivos afecten la calidad del aire, con nocivos efectos en los sistemas respiratorios de la ciudadanía, e incluso en los de animales pecuarios y mascotas. Los suelos erosionados pierden su capacidad de absorción de agua, reduciendo volúmenes de tan preciado líquido en los acuíferos y ríos. Este Artículo promueve la producción agrícola en armonía con el ambiente, mediante la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad y los demás recursos naturales de las fincas, y la integración de la infraestructura verde y gris.
Sección 16.3.2.- Buenas Prácticas Agrícolas.
El Departamento promoverá, mediante educación, asistencia técnica e incentivos, e incluso requerirá como condición para la concesión de subvenciones e incentivos, entre otras, las siguientes prácticas:
Sección 16.3.3.- Infraestructura Verde.
Se fomentará la implantación de infraestructura verde en las fincas, incluidas:
Sección 16.3.4.- Infraestructura Gris.
Se fomentará la infraestructura gris necesaria para la operación sostenible de las fincas, incluidos:
Sección 16.3.5.- Integración y Diseño.
Las obras de infraestructura gris se diseñarán conforme a las normas técnicas del NRCS, el SEA, los Distritos de Conservación o el Departamento y, siempre que sea viable, se integrarán con soluciones de infraestructura verde. Se dará preferencia a las soluciones basadas en la naturaleza cuando provean un beneficio equivalente a menor costo o con mayores beneficios ambientales.
Sección 16.3.6.- Planes de Conservación de Recursos Naturales en Fincas Agrícolas.
Será requisito contar con un plan de conservación para: (a) los arrendatarios de terrenos públicos bajo el Artículo 16.7; (b) los dueños de predios gravados con servidumbres de preservación agrícola o cuyos derechos de desarrollo hayan sido adquiridos bajo el Artículo 16.6; y (c) los beneficiarios de incentivos de conservación del Departamento. Para los demás agricultores, el plan será voluntario.
Sección 16.3.7.- Resiliencia Climática.
Los planes de conservación y los programas del Departamento incorporarán medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, en armonía con la Ley Núm. 33-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”, incluidas la captura de carbono en suelos, la reducción del riesgo de inundaciones y sequías, y la diversificación de cultivos.
Sección 16.3.8.- Asistencia Técnica y Costo Compartido.
El Departamento, en coordinación con los Distritos de Conservación, el Servicio de Extensión Agrícola y la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, ofrecerá asistencia técnica y podrá establecer programas de costo compartido para la implantación de las prácticas e infraestructura dispuestas en este Artículo, sujeto a la disponibilidad de fondos. Igualmente, podrá referir a los agricultores a los programas del NRCS.
Sección 16.3.9.- Cumplimiento.
El Departamento y el SEA proveerán la orientación y la asistencia técnica para lograr el cumplimiento, en conjunto con los Distritos de Conservación y el NRCS. El incumplimiento de un plan de conservación requerido conllevará los remedios dispuestos en el contrato de arrendamiento, la escritura de servidumbre de preservación agrícola o el acuerdo de incentivos aplicable, sin menoscabo de las facultades de otras agencias bajo la legislación ambiental vigente.
Artículo 16.4.- Distritos de Conservación de Recursos Naturales en Terrenos Agrícolas.
Sección 16.4.1.- Naturaleza Jurídica.
Los Distritos de Conservación de Recursos Naturales en Terrenos Agrícolas serán entidades sin fines de lucro, incorporadas en el Departamento de Estado conforme a la Ley Núm. 164-2009, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones”, con personalidad jurídica propia. Los Distritos no constituyen subdivisiones políticas, agencias ni instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, pero ejercerán las funciones de interés público que este Artículo les reconoce, bajo la coordinación y supervisión del Comité. Estas entidades sin fines de lucro administrarán la ejecución de proyectos de conservación de recursos naturales en terrenos agrícolas, y ofrecerán recomendaciones sobre las mejores prácticas de conservación aplicables a los tipos de fincas dentro de su territorio.
Sección 16.4.2.- Comité de Conservación de Recursos Naturales en Terrenos Agrícolas de Puerto Rico.
Se ordena la creación del Comité de Conservación de Recursos Naturales en Terrenos Agrícolas de Puerto Rico, adscrito al Departamento. El Comité de Conservación estará presidido por el Secretario e integrado, además, por: un Director Ejecutivo nombrado por el Secretario; el Director de la EEA; el Director del SEA; y cinco (5) agricultores nombrados por el Secretario por el término del cuatrienio en que el Secretario ocupe su cargo. Adicionalmente, el Secretario invitará al Director del NRCS para Puerto Rico y el Caribe a que participe en el Comité. En caso de que este no esté disponible, se invitará al Secretario del DRNA. Los agricultores nombrados al Comité de Conservación no podrán ser Supervisores de Distritos de Conservación.
Sección 16.4.3.- Reconocimiento de los Distritos de Conservación.
El Comité de Conservación delimitará el territorio de cada Distrito de Conservación, tomando como base las regiones agrícolas del Departamento, y expedirá un certificado de reconocimiento a la entidad que cumpla con los siguientes requisitos: (a) estar incorporada como entidad sin fines de lucro; (b) tener reglamentos internos aprobados por el Comité; (c) contar con una Junta de Supervisores constituida conforme a la Sección 16.4.4; y (d) haber obtenido, o solicitado, la exención contributiva aplicable. Solo una entidad podrá ser reconocida por cada región agrícola del Departamento.
Sección 16.4.4.- Junta de Supervisores.
Cada Distrito será gobernado por una Junta de cinco (5) Supervisores electos por los dueños, arrendatarios y ocupantes de terrenos agrícolas dentro del Distrito, conforme al proceso que establezca el Comité por reglamento. Los Supervisores servirán por términos escalonados de seis (6) años, conforme al calendario electoral dispuesto por reglamento. Los Supervisores no recibirán remuneración, pero tendrán derecho al reembolso de gastos autorizados.
Sección 16.4.5.- Funciones y Facultades de los Distritos.
Los Distritos de Conservación podrán:
Sección 16.4.6.- Limitaciones.
Los Distritos no tendrán facultad para imponer contribuciones, expropiar bienes ni adoptar reglamentos con fuerza de ley. Las normas técnicas que desarrollen tendrán carácter de recomendaciones, que podrán ser adoptadas por el Departamento mediante reglamento; una vez las recomendaciones de los Distritos de Conservación sean acogidas en un reglamento del Departamento, tendrán fuerza de ley y el Secretario podrá hacer valer las disposiciones conforme a sus facultades.
Sección 16.4.7.- Financiamiento.
El Departamento podrá asignar fondos a los Distritos de Conservación mediante convenios que especifiquen los servicios que se prestarán, las métricas de desempeño y los requisitos de rendición de cuentas. Los Distritos de Conservación podrán, además, generar ingresos por servicios prestados, siempre que estos se reinviertan en sus fines. Igualmente, los Distritos de Conservación podrán recibir fondos federales y donaciones.
Sección 16.4.8.- Rendición de Cuentas.
Cada Distrito de Conservación someterá al Comité de Conservación un informe anual de actividades y, cuando reciba fondos públicos en exceso de la cantidad que el Comité establezca por reglamento, estados financieros auditados. El Comité de Conservación podrá suspender o revocar el reconocimiento de un Distrito de Conservación que incumpla con este Artículo, previa notificación y oportunidad de ser oído.
Sección 16.4.9.- Disolución.
En caso de disolución o revocación del reconocimiento de un Distrito de Conservación, los bienes adquiridos con fondos públicos serán transferidos al Departamento, bajo la supervisión del Comité de Conservación, para ser asignados al Distrito de Conservación que le sustituya.
Sección 16.4.10.- Cooperación de las Agencias.
Las agencias, corporaciones públicas y municipios cooperarán con los Distritos de Conservación en el desarrollo de sus programas, incluida la realización de prácticas de conservación en terrenos públicos ubicados dentro de su territorio, sobre todo en lo relacionado con los canales de riego que sean propiedad del Gobierno de Puerto Rico.
Sección 16.4.11.- Pago de Contribuciones y Arbitrios.
Además del trato contributivo que reciban las entidades sin fines de lucro, se dispone que ni los Distritos de Conservación ni sus operadores, contratistas o agentes estarán sujetos al pago de arbitrios municipales o estatales en lo que a proyectos de conservación de recursos naturales en terrenos agrícolas se refiere, independientemente de lo que se dispone bajo los Artículos 2.109(c) y 2.110(f) de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada.
Artículo 16.5.- Servidumbres de Preservación Agrícola.
Sección 16.5.1.- Naturaleza.
La servidumbre de preservación agrícola es una servidumbre de conservación constituida para conservar el valor agrícola de un predio, conforme al Artículo 7(e) de la Ley Núm. 183-2001, supra. Las servidumbres de preservación agrícola se regirán por dicha Ley, salvo lo dispuesto en este Artículo.
Sección 16.5.2.- Contenido de la Escritura.
La escritura pública de constitución de una servidumbre de preservación agrícola incluirá, como mínimo:
Sección 16.5.3.- Certificación de Valor Agrícola.
El Departamento expedirá la certificación de valor agrícola requerida por el Artículo 16(a)(3) de la Ley Núm. 183-2001, supra, dentro de sesenta (60) días a partir de la presentación de una solicitud completa. Esta certificación contendrá elementos tales como la clase de suelo, el tipo de suelo, el historial del terreno bajo uso agrícola, la inversión gubernamental realizada en los últimos siete (7) años y cualquier otro elemento que el Secretario determine apropiado.
Sección 16.5.4.- Presentación e Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Para la inscripción de las servidumbres de preservación agrícola:
Sección 16.5.5.- Tratamiento Contributivo.
El donante de una servidumbre de preservación agrícola elegible podrá acogerse a los siguientes beneficios, conforme a los Artículos 16, 17 y 21 de la Ley Núm. 183-2001, supra:
El Secretario de Hacienda tendrá la potestad exclusiva de determinar el valor de la servidumbre y el monto del crédito, sujeto al tope anual de créditos dispuesto en la Ley Núm. 183-2001, supra.
Sección 16.5.6.- Compra de Servidumbres de Preservación Agrícola.
La Autoridad de Tierras y su Fondo de Innovación y Desarrollo Agropecuario, a través del Fideicomiso de Preservación de Terrenos Agrícolas, implementarán un programa para adquirir servidumbres de preservación agrícola en aquellas fincas que el Secretario defina como de alto valor agrícola. La Autoridad de Tierras y su Fondo de Innovación y Desarrollo Agropecuario destinarán anualmente doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00) y adoptarán un reglamento para iniciar el proceso necesario para adquirir servidumbres de preservación agrícola. Los terrenos que sean parte de una reserva agrícola no serán elegibles para este programa. Luego de que se adquiera la servidumbre de preservación agrícola, los terrenos deberán ser clasificados SREP-A, o al menos calificados para uso agrícola. La compra de la servidumbre podrá ser a un término no menor de quince (15) años, o a perpetuidad, siguiendo el método de valoración que disponga el reglamento. La Autoridad podrá solicitar fondos federales o de organizaciones filantrópicas para estos fines.
Sección 16.5.7.- Prohibición de Doble Beneficio.
La porción del valor de una servidumbre que haya sido pagada con recursos del Fideicomiso o de otros programas públicos no generará deducción ni crédito contributivo bajo la Ley Núm. 183-2001, supra.
Sección 16.5.8.- Monitoreo.
El titular de la servidumbre inspeccionará el predio por lo menos una vez al año y documentará su cumplimiento. El Departamento podrá ejercer las acciones dispuestas en el Artículo 13 de la Ley Núm. 183-2001, supra, ante cualquier incumplimiento.
Artículo 16.6.- Compra de Derechos de Desarrollo en Terrenos de Alto Valor Agrícola.
Sección 16.6.1.- Creación del Fideicomiso.
Se ordena la creación del Fideicomiso de Preservación de Terrenos Agrícolas de Puerto Rico, adscrito a la Autoridad de Tierras.
Sección 16.6.2.- Aplicabilidad.
Los recursos del Fideicomiso se utilizarán exclusivamente para la adquisición de derechos de desarrollo o servidumbres de preservación agrícola sobre terrenos certificados como de alto valor agrícola por el Secretario, siempre y cuando no sean parte de una reserva agrícola. Los derechos de desarrollo adquiridos por el Fideicomiso se registrarán en el Registro de la Propiedad, y podrán ser transferidos a otras propiedades mediante venta para expandir su capacidad de desarrollo.
Sección 16.6.3.- Fuentes de Ingreso.
Durante los primeros cinco (5) años, el Fideicomiso se nutrirá de una aportación anual de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00) del Fondo de Innovación y Desarrollo Agropecuario. Adicionalmente, el Fideicomiso recibirá una aportación del treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos generados por la Autoridad de Tierras por la venta de terrenos bajo su inventario. Además, el Fideicomiso se nutrirá de:
Sección 16.6.4.- Usos del Fideicomiso.
El Fideicomiso podrá cubrir el precio de compra de los derechos de desarrollo y los costos de tasación, mensura, estudio de título, informe de línea base y cierre. No más del diez por ciento (10%) de los ingresos anuales del Fideicomiso podrá destinarse a gastos de administración y monitoreo. Igualmente, el Fideicomiso podrá adquirir servidumbres de preservación agrícola acorde con la Sección 16.5.6.
Sección 16.6.5.- Elegibilidad.
Serán elegibles los predios que cumplan con los siguientes requisitos:
Sección 16.6.6.- Criterios de Prioridad.
El Departamento seleccionará los predios a base de criterios de puntuación que consideren, entre otros:
Sección 16.6.7.- Valoración de los Derechos de Desarrollo.
El valor de los derechos de desarrollo será la diferencia entre el valor de mercado del predio sin restricciones y su valor agrícola, según tasación preparada por un tasador con licencia en Puerto Rico, conforme a las normas de valoración aplicables a las servidumbres de preservación agrícola adoptadas mediante reglamentación. El precio no excederá el valor tasado. El dueño podrá vender por un precio menor al valor tasado; dicha diferencia no generará crédito contributivo, conforme al Artículo 6 de la Ley Núm. 183-2001, supra.
Sección 16.6.8.- Formalización.
La adquisición se formalizará mediante escritura pública de servidumbre de preservación agrícola a perpetuidad a favor del Fideicomiso, representado por la Autoridad, y se inscribirá conforme a la Sección 16.5.4. El Departamento podrá designar a un Distrito de Conservación como cotitular para fines de monitoreo.
Sección 16.6.9.- Forma de Pago.
El pago podrá efectuarse en una suma global o en plazos anuales, a opción del dueño y según los recursos disponibles en el Fideicomiso.
Sección 16.6.10.- Comité Evaluador.
Se crea un Comité Evaluador presidido por el Secretario e integrado por el Director Ejecutivo de la Autoridad, el Director Ejecutivo del Fondo de Innovación y Desarrollo Agropecuario, un representante de la Junta de Planificación y dos (2) Agricultores Bona Fide nombrados por el Secretario, que evaluará y recomendará las adquisiciones conforme a este Artículo.
Sección 16.6.11.- Monitoreo y Remedios.
El Departamento o la Autoridad de Tierras monitoreará anualmente los predios cuyos derechos de desarrollo hayan sido adquiridos. Ante un incumplimiento, podrá exigir la restauración del predio a costa del infractor y reclamar los daños dispuestos en el Artículo 13 de la Ley Núm. 183-2001, supra.
Artículo 16.7.- Arrendamiento de Terrenos Agrícolas del Gobierno de Puerto Rico.
Sección 16.7.1.- Política Pública.
El arrendamiento será el mecanismo principal para facilitar el acceso a los terrenos agrícolas de titularidad pública, con el fin de mantenerlos en producción y bajo dominio público.
Sección 16.7.2.- Terrenos de la Autoridad de Tierras.
La Autoridad de Tierras arrendará sus terrenos agrícolas conforme al siguiente procedimiento:
Sección 16.7.3.- Terrenos Agrícolas de Otras Entidades Gubernamentales.
Se establece el Banco de Terrenos Agrícolas, administrado por el Departamento a través de la Autoridad, sujeto a lo siguiente:
Sección 16.7.4.- Protección contra la Conversión.
Los terrenos públicos arrendados para fines agrícolas al amparo de este Artículo no podrán ser destinados a usos no agrícolas ni enajenados durante la vigencia del arrendamiento, salvo por las causas dispuestas en este Artículo.
Artículo 16.8.- Fincas Familiares.
Sección 16.8.1.- Declaración de Política Pública.
Si bien el Programa de Fincas Familiares cumplió un gran propósito entre las décadas de 1940 y 1970, como parte de la reforma agraria que experimentó Puerto Rico para disolver el latifundio que hasta entonces existía, hoy día no necesariamente es de gran impacto. En primer lugar, el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con los recursos económicos para adquirir nuevas fincas de gran extensión de terreno, por lo que hace tiempo no se hacen redistribuciones de terreno bajo ese formato. En segundo lugar, sobre la mayoría de las fincas que fueron inicialmente concedidas bajo usufructo se concedieron títulos de propiedad. Las restricciones sobre la indivisión de esos terrenos han cedido por situaciones relacionadas con el derecho de sucesión, y muchos herederos no han mantenido el uso agrícola requerido. Constantemente, ciudadanos de la zona rural les solicitan a sus legisladores la eliminación de restricciones sobre este tipo de fincas. Es de conocimiento que muchas de esas fincas incluso han sido vendidas por los titulares, y se le ha solicitado al Secretario de Agricultura que se exprese sobre el ejercicio del derecho de primera opción; este, al no tener los recursos económicos, no puede mantener el terreno dentro del inventario público.
La práctica de arrendamiento de la propiedad pública ha probado tener mejor utilidad pública y no crea expectativa de titularidad, como lo hace el usufructo, que termina en la extinción del potencial agrícola del terreno tan pronto se concede la titularidad. Al mismo tiempo, le permite al Gobierno mantener un activo que genera ingresos, disponible para esta y futuras generaciones de agricultores, y permite preservar los terrenos de alto valor agrícola en manos del Gobierno. Esta práctica fue denominada por la antigua Roma como “ager publicus”, que disponía el acceso al patrimonio del Estado y prevenía la concentración del latifundio en unos pocos.
Se les ordena al Departamento y a la Autoridad de Tierras descontinuar la concesión de fincas bajo el Título VI de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de Tierras de Puerto Rico”. Se ordena que a todo usufructuario bajo el antes mencionado Título VI que haya cumplido con los correspondientes cánones de usufructo, se le conceda titularidad en los próximos veinticuatro (24) meses, independientemente de que el término original para ser elegible fuese mayor. Los usufructuarios bajo el antes mencionado Título VI que no hayan cumplido con alguno de los cánones de usufructo, deberán ser sometidos a las disposiciones reglamentarias correspondientes, para dar por terminado ese usufructo por falta de cumplimiento, y los terrenos pasarán al inventario de la Autoridad y, en lo prospectivo, serán arrendados.
CAPÍTULO XVII- AGROTURISMO
Artículo 17.1.- Declaración de Política Pública.
El agroturismo es una actividad complementaria a la actividad agropecuaria, que permite al agricultor diversificar las oportunidades económicas y desarrollar la economía rural. El desarrollo del agroturismo deberá realizarse bajo criterios de sostenibilidad, inclusión social y respeto a la identidad cultural de las comunidades, garantizando que sus beneficios impacten directamente en las economías locales y mejoren la calidad de vida de las familias que se dediquen a la agricultura. Al mismo tiempo, el agroturismo permite que el visitante tenga una experiencia educativa que le permita entender la producción de alimentos, tanto para humanos como para animales pecuarios, fibras, ornamentales, derivados de las prácticas forestales, entre otras. Esta experiencia educativa fomenta relaciones entre el agricultor y el consumidor, y potencia el consumo del producto agrícola local mediante un eslabonamiento único.
El agroturismo debe verse como un atractivo complementario dentro de la experiencia amplia que tenga un visitante en las zonas rurales de Puerto Rico, por lo que no se debe atar exclusivamente a la oferta de “habitaciones” de hospedaje; el agroturismo es un elemento importante del turismo rural, o de circuitos turísticos a nivel municipal o regional. Es necesario promover, fomentar y fortalecer el agroturismo en Puerto Rico, procurando un mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos. El Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, específicamente su Compañía de Turismo, impulsará y fortalecerá el crecimiento de este elemento como parte de la economía del visitante para potenciar el sector agropecuario.
Un aspecto importante para los agricultores es poder manejar el riesgo que apareja la actividad agroturística. Este Capítulo concede ciertas limitaciones a reclamaciones que puedan surgir contra los agricultores, al compartir sus actividades habituales con los visitantes de la finca.
Sección 17.1.1.- Términos.
Para efectos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que los acompaña:
Artículo 17.2.- Consejo para el Fomento del Agroturismo.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, su Compañía de Turismo y el SEA serán parte del Consejo para el Fomento del Agroturismo, adscrito al Departamento y presidido por el Secretario o la persona que este disponga. Adicionalmente, el Secretario designará dos (2) agricultores que sean proveedores de actividades agroturísticas, para que aporten sus experiencias al respecto. Este Consejo se reunirá anualmente y asistirá en la preparación de herramientas para impulsar actividades de agroturismo, o mejorar las existentes. Este Consejo tiene el deber de:
Cuando el Consejo requiera la asistencia de otra entidad gubernamental, como, por ejemplo, el Departamento de Salud, el DRNA o la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), estas brindarán total apoyo y oportuna colaboración.
Sección 17.2.1.- Campañas de Promoción del Agroturismo.
La Compañía de Turismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Departamento, incluidos sus componentes y subsidiarias, identificarán anualmente los recursos necesarios para llevar a cabo promociones de todo tipo para atraer al visitante a aquellas actividades agroturísticas establecidas. La meta anual presupuestaria será invertir no menos de trescientos cincuenta mil dólares ($350,000.00) anuales en promociones para el agroturismo, siempre que la situación fiscal lo permita.
Artículo 17.3.- Responsabilidad del Proveedor con los Visitantes.
Sección 17.3.1.- Registro de Plan Operacional Certificado.
Todo proveedor de actividades agroturísticas someterá un plan operacional al Secretario, siguiendo el modelo provisto por este, en el que dará a conocer la actividad, autorizará su publicación y relevará al Gobierno de Puerto Rico y a la UPR de cualquier reclamación por haber publicado el destino agroturístico.
Sección 17.3.2.- Inmunidad de Responsabilidad.
CAPÍTULO XVIII- CÁÑAMO
Artículo 18.1.- Reservado.
CAPÍTULO XIX- RESERVADO
CAPÍTULO XX- RESERVADO
CAPÍTULO XXI- RESERVADO
CAPÍTULO XXII- RESERVADO
CAPÍTULO XXIII- RESERVADO
CAPÍTULO XXIV- RESERVADO
CAPÍTULO XXV- RESERVADO
CAPÍTULO XXVI- ENMIENDAS
Artículo 26.1.- Enmiendas a la Ley de Bienestar Animal.
Sección 26.1.1.- Se enmienda el Artículo 2, inciso (b), de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“Artículo 2. — Definiciones.
A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) ‘Abandono’— significa la dejadez o descuido voluntario, temporal o permanente, de las responsabilidades que tiene el guardián del animal.
(b) ‘Animal’ — significa cualquier animal mamífero, aves, reptiles, anfibios, peces, cetáceos y cualquier otro animal de los tipos (phyla) superiores o que esté en cautiverio o bajo el control de cualquier persona, o cualquier animal protegido por leyes federales o estatales u ordenanzas municipales. Las disposiciones de esta Ley no se extenderán a los animales pecuarios, entiéndase los relativos a la ganadería o crianza de animales para consumo humano, o producción de fibras, trabajo en la finca, o cualquier otra actividad de uso industrial, según definidos en el Código de Modernización Agrícola.
(c) …”
Sección 26.1.2.- Se enmienda la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, para insertar un nuevo Capítulo III, y sus correspondientes Artículos 22 y 23, de forma tal que lea de la siguiente manera:
“Capítulo III – Excepciones
Artículo 22.- Animales Pecuarios.
Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los animales pecuarios, según definidos en el Código de Modernización Agrícola. Los animales pecuarios estarán cobijados exclusivamente por las políticas de bienestar animal dispuestas en el Código de Modernización Agrícola.
Artículo 23.- Animales Perjudiciales en la Agricultura.
Las disposiciones de esta Ley no se aplicarán en las siguientes situaciones:
Sección 26.1.3.- Se enmienda la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, para insertar un nuevo Capítulo IV, y sus correspondientes Artículos 24, 25 y 26, de forma tal que lea de la siguiente manera:
“Capítulo IV. Disposiciones Finales.
Artículo 24. — Aprobación de la Ley.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Artículo 25. — Derogaciones.
A tenor con lo anterior, y en consonancia con lo antes expresado, derogamos la Ley Número 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de Animales”, así como la Ley Núm. 107 de 1993.
Artículo 26. — Salvedad.
Si alguna cláusula, parte o Artículo de esta Ley resultare ilícito, ilegal o nulo, según la determinación final y firme de algún tribunal con jurisdicción, entonces la misma se tendrá por no puesta y el resto de la Ley permanecerá en pleno vigor y efecto.”
Artículo 26.2.- Enmiendas al Código de Incentivos.
Sección 26.2.1.- Se enmienda la Sección 1020.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, en el inciso diecisiete (17) para que lea como sigue:
“(17) Crédito Contributivo. — Aportación mediante un crédito a un Negocio Exento o una Persona Elegible para promover su desarrollo empresarial, sujeto a los límites y términos establecidos en este Código y [el] un Reglamento de Incentivos y que se otorga mediante [un contrato de incentivos] una certificación de inversión elegible, o certificado acreditativo, emitido por el Secretario del DDEC o el Secretario de Agricultura, según corresponda.”
Sección 26.2.2.- Se enmienda la Sección 1020.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, en el inciso treinta y cuatro (34) para que lea como sigue:
“(34) Inversión Elegible. — Significa la cantidad de efectivo que utiliza un Negocio Exento conforme a este Código, o cualquier Entidad Afiliada a tal Negocio Exento, y que cualifique bajo una de estas categorías:
Sección 26.2.3.- Se enmienda la Sección 1020.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, en el inciso sesenta y cinco (65) para que lea como sigue:
“(65) Reglamento de Incentivos. — Significa el documento o documentos que apruebe el Secretario del DDEC, o el Secretario de Agricultura, según aplique, para la implementación del Código y su administración. En este Reglamento o reglamentos, el Secretario del DDEC, o el Secretario de Agricultura, según aplique, adoptará aquellas guías necesarias, en consulta con las agencias pertinentes, cuando las áreas o materias a reglamentarse requieran la pericia de alguna agencia u oficina con conocimiento especializado sobre el sector económico a ser afectado. En cuanto a las materias fiscales y contributivas, las normativas se adoptarán en conjunto con el Secretario de Hacienda. Se dispone, además, que el Secretario del DDEC y el Secretario de Agricultura podrán adoptar reglamentos conjuntos para aquellas actividades agropecuarias contenidas en este Código, siempre y cuando se mantengan procesos y sistemas integrados entre las dos agencias y se asegure que el agricultor cuente con personal y herramientas de apoyo en cada región del Departamento de Agricultura.”
Sección 26.2.4.- Se enmienda el Capítulo 8, Subcapítulo B, de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, en su Sección 2082.02, para que lea de la siguiente manera:
“(a) En General. — Se exime a los Agricultores Bona Fide del pago de contribuciones sobre ingresos sobre el noventa por ciento (90%) de sus ingresos que provengan directamente del negocio agropecuario o agroindustrial. Esta exención no es extensiva a los ingresos por concepto de intereses, [dividendos,] regalías o ganancias derivadas de la venta de activos, incluyendo los activos utilizados en el negocio agrícola, o a cualesquiera otros ingresos que deriven los negocios agropecuarios o agroindustriales de Agricultores Bona Fide y que no provengan directamente de la actividad agropecuaria o agroindustrial, según se define y establece en el párrafo dos (2) del apartado (a) de la Sección 2081.01 de este Código.
(b) Se eximen del pago de contribución sobre ingresos todos los intereses sobre bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda emitidos a partir del 1 de enero de 1996, por Agricultores Bona Fide y cualquier Institución Financiera según se define el término en la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como “Ley del Comisionado de Instituciones Financieras”, o emitidos en transacciones autorizadas por el Comisionado de Instituciones Financieras, relacionadas con el financiamiento de los negocios agropecuarios o agroindustriales.
(c) Los accionistas o socios de un Negocio Exento que posea una Certificación de Agricultor Bona Fide o un Decreto bajo las disposiciones de este Capítulo y que se dediquen a las actividades que se describen en el párrafo (2) del apartado (a) de la Sección 2081.01 de este Código, estarán sujetos [a la contribución sobre ingresos] a lo que se dispone en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico sobre las distribuciones de dividendos o beneficios del ingreso neto de tal Negocio Exento.”
Sección 26.2.5.- Se enmienda el Subtítulo C de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, en su Sección 3000.01, para que lea como sigue:
“Se autoriza al Secretario del DDEC, o al Secretario de Agricultura, según aplique, a establecer mediante el Reglamento de Incentivos los procesos para la otorgación de los Créditos Contributivos para programas y proyectos particulares para maximizar su impacto económico, el Retorno de Inversión fiscal y su rendimiento. Dichos Créditos Contributivos serán otorgados mediante [un contrato de incentivos entre el DDEC y el Negocio Exento,] una certificación de inversión elegible, emitida por el Secretario del DDEC o el Secretario de Agricultura, según corresponda.”
Sección 26.2.6.- Se enmienda el Subtítulo C de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, en su Sección 3000.02, para que lea como sigue:
“(a) Los créditos contributivos otorgados bajo el apartado (a) de esta Sección estarán sujetos a lo siguiente:
1. Los créditos contributivos se otorgarán a los Negocios Exentos que posean un Decreto bajo este Código o bajo Leyes de Incentivos Anteriores.
2. Los créditos contributivos podrán utilizarse, respecto al Año Contributivo en cuestión, contra el cien por ciento (100%) de la responsabilidad contributiva determinada para tal año conforme al Subtítulo A del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, incluyendo la contribución básica alterna aplicable a individuos y la contribución alternativa mínima aplicable a corporaciones, así como cualquier contribución sobre ingresos impuesta por este Código respecto a las actividades que dieron base al crédito contributivo, o cualquier otra contribución sobre ingresos que se fije mediante ley especial o cualquier combinación de estas. Además, los créditos contributivos podrán utilizarse contra la responsabilidad contributiva de cualquier planilla no vencida, incluyendo bajo prórroga válida, aunque sea de un año anterior al del otorgamiento del crédito contributivo.
3. La titularidad de los créditos contributivos será del Negocio Exento. En el caso de un Condohotel, y solo para propósitos de los créditos contributivos, dispuestos en la Sección 3010.01 de este Código, el Desarrollador del Condohotel podrá elegir entre solicitar el crédito contributivo para sí o reservar el crédito contributivo para que el adquirente de una unidad de Condohotel lo reclame.
4. Los créditos contributivos podrán arrastrarse hasta ser agotados. No obstante, se autoriza al Secretario del DDEC, o al Secretario de Agricultura, según aplique, a limitar el arrastre de tales créditos mediante [el] un Reglamento de Incentivos.
5. Los Créditos Contributivos no [podrá] podrán ser reintegrables.
6. A excepción de los créditos contributivos dispuestos en la Sección 3020.01, los créditos contributivos o cualquier parte de estos que sea emitida conforme a este Código podrán ser cedidos, vendidos o de cualquier modo traspasados, sin que ello constituya un evento tributable, bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y la “Ley de Patentes Municipales”, para el Negocio Exento que ceda, venda o traspase tales créditos ni para la persona que adquiere tales créditos. Asimismo, en el caso de los créditos contributivos otorgados bajo la Sección 3010.01(a)(1) y 3010.01 (a)(2) de este Código, tales créditos podrán ser cedidos, vendidos o de cualquier modo traspasados únicamente por un Negocio Exento luego de finalizada la construcción y desarrollo de la totalidad del Proyecto de Turismo y determinado el monto final del crédito contributivo por inversión turística, mediante una certificación a tales efectos que emitirá el Secretario del DDEC. Cualquier descuento admitido por un cesionario de créditos contributivos otorgados a tenor con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y la “Ley de Patentes Municipales”.
7. La base de los activos que comprenden toda la inversión que genere los créditos contributivos se reducirá por la cantidad tomada como crédito por tal inversión, pero nunca podrá reducirse a menos de cero.
(b) Se autoriza al Secretario del DDEC, o al Secretario de Agricultura, según aplique, a establecer mediante [el] un Reglamento de Incentivos los procesos para la concesión de los créditos contributivos autorizados por el apartado (a) de esta Sección, los cuales estarán sujetos a los mismos principios establecidos en los apartados (a) y (b) de la Sección 3000.01.
(c) Se autoriza al Secretario del DDEC, o al Secretario de Agricultura, según aplique, a regular las disposiciones del apartado (b) de esta Sección, así como a imponer reglas o limitaciones adicionales que estime pertinentes respecto a los créditos contributivos autorizados bajo el apartado (a) de esta Sección mediante [el] un Reglamento de Incentivos.”
Sección 26.2.7.- Se enmienda el Subtítulo C de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, para añadir un nuevo Capítulo 6, que leerá como sigue:
“Capítulo 6. — Crédito Contributivo Agrícola.
Sección 3060.01. — Crédito Contributivo Agrícola.
(1) La base de los Activos que comprenden toda Inversión Agrícola Elegible se reducirá por la cantidad que se reclame del Crédito Contributivo, pero nunca podrá reducirse a menos de cero.
(2) El Negocio Exento deberá rendirle un informe anual al Secretario del Departamento de Agricultura en el que se desglose el total de la Inversión Agrícola Elegible realizada a la fecha del informe anual. El Secretario de Agricultura, mediante un Reglamento de Incentivos, proveerá el contenido de dicho informe anual, incluida la reconciliación entre el Crédito Contributivo recibido y el total de la inversión realizada durante el año.
(3) Todo Negocio Exento que reclame un Crédito Contributivo bajo las disposiciones de esta Sección deberá solicitar un certificado de inversión elegible emitido anualmente por el Departamento de Agricultura que certifique la Inversión Agrícola Elegible.
(4) Notificación del comienzo del proyecto agrícola. — El Negocio Exento notificará la fecha de comienzo del proyecto agrícola objeto del Crédito Contributivo por Inversión Agrícola, mediante una declaración jurada, dentro de los noventa (90) días siguientes al comienzo de dicha obra.
Sección 26.2.8.- Se enmienda la Sección 4010.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“(a) Subsidio Salarial. —
(1) Se establece un subsidio salarial para aquellos Agricultores Bona Fide, conforme a la Sección 1020.08 de este Código, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario por hora pagado a sus trabajadores agrícolas, el cual no podrá ser menor que el dispuesto en el Artículo 4.3 del Código de Modernización Agrícola.
(2) El subsidio del salario aquí establecido no alterará cualquier salario ya existente o que se convenga en el futuro para las distintas clasificaciones de trabajo en la industria agrícola. Cualquier aumento en salario [logrado por los Trabajadores Agrícolas mediante convenio colectivo o contrato de trabajo a partir del 1ro. de julio de 1989,] lo recibirá el trabajador sobre el nivel de garantía de salario, [vía subsidio aquí establecido,] sin que se afecte el derecho del agricultor al reembolso por concepto del subsidio salarial. [No procederá el pago de subsidio salarial por labores realizadas durante horas extras, según se definen en la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico”].
(b) Forma de pago. —
(1) Los Agricultores Bona Fide, patronos de los Trabajadores Agrícolas, pagarán de su propio pecunio los salarios mínimos garantizados por ley, [vía subsidio, en esta Sección,] o aquellos fijados directamente por obligaciones contractuales, [legislación, Decretos,] cualesquiera de ellos que resulte más alto. El Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Agricultura, establecerá mediante reglamento el subsidio salarial a remesar a los patronos de los Trabajadores Agrícolas que cumplan con las disposiciones de esta Sección.
(2) El [Secretario del DDEC, en consulta con el] Secretario de Agricultura, fijará mediante [el] un Reglamento de Incentivos, [o mediante reglamento especial que podrá ser delegado al Secretario de Agricultura], los criterios que regirán la determinación de Agricultores Bona Fide patronos de Trabajadores Agrícolas que serán elegibles para recibir los beneficios de esta Sección. Entre dichos criterios, el Secretario de Agricultura podrá considerar el número de horas que deberán trabajar semanalmente los obreros con relación a cultivos y actividades agropecuarias estacionales y no estacionales, los subsidios salariales a pagar, tomando en consideración las diferentes necesidades de trabajo humano requeridas para producir cada clase de cosecha a base del grado de mecanización alcanzado por cada empresa y cada grupo de empresario, los salarios que se pagan en Puerto Rico en cada clase de actividad agrícola, y cualquier otro factor que, a juicio del Secretario, deba tomarse en consideración. El Secretario de Agricultura fijará el subsidio salarial, usando como base la Unidad de Producción o área de terreno sembrada, o aquellas otras bases que determine por reglamento tomando en consideración la naturaleza de la empresa agrícola envuelta y sus sistemas de mercadeo, pero no podrá ser menor a la cantidad de dos dólares con setenta y dos centavos ($ 2.72) a partir del 1ro. de julio de 2010, [Año Fiscal 2010-2011], de cuatro dólares con veinticinco centavos ($4.25) a partir del 1 de julio de 2027, o cuatro dólares con setenta y cinco centavos ($4.75) a partir del 1 de julio de 2028 por hora certificada trabajada.
(3) Los Agricultores Bona Fide, Patronos de los Trabajadores Agrícolas estarán obligados a rendir al Secretario de Agricultura, o al funcionario en quien este delegue, dentro del término que se fije por reglamento, aquellos informes que se le soliciten para computar los datos en que habrán de basarse los subsidios salariales que el Gobierno de Puerto Rico se compromete a pagar para resarcir a los patronos de los Trabajadores Agrícolas del gasto adicional en que estos incurran para cumplir con las disposiciones de esta Sección.
(4) Los pagos de subsidio salarial a los agricultores se harán una vez el Secretario de Agricultura haya recibido los informes a que se refiere el párrafo (3) de este apartado.
(5) Los fondos para el subsidio salarial provendrán de la partida que anualmente se asigne como parte del presupuesto del Fondo General.
(c) Violaciones. — Toda persona natural o jurídica que viole las disposiciones de esta Sección o su reglamento, relativas al pago del subsidio salarial, deberá reembolsar la cantidad de dinero recibida en exceso del monto que le correspondía mediante reglamentación.
(d) Reglamento. — Se faculta al [Secretario del DDEC junto al] Secretario de Agricultura a adoptar las reglas y los reglamentos necesarios para implantar las disposiciones de esta Sección.
(e) Los fondos para el funcionamiento del programa establecido en esta Sección provendrán del Fondo de Incentivos Económicos o del Fondo General.”
Sección 26.2.9.- Se enmienda la Sección 6030.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“(a) Cualquier Negocio Exento que cumpla con los requisitos establecidos para la concesión de Créditos Contributivos podrá solicitar cualquiera de los Créditos Contributivos de los que se establecen en los Capítulos 1 al 5 en el Subtítulo C de este Código, mediante la radicación de la solicitud correspondiente ante la Oficina de Incentivos, y en el Capítulo 6 del Subtítulo C de este Código, ante el Departamento de Agricultura, disponiéndose que [cuando se soliciten] una vez emitido el certificado acreditativo que reconozca la inversión elegible para créditos contributivos, el Negocio Exento deberá [también] radicar [la solicitud de créditos contributivos] el certificado acreditativo ante el Secretario de Hacienda para el endoso u otorgación de los [mismos] créditos contributivos.
(1) La solicitud de Créditos Contributivos que se requiere en este apartado (a) se radicará electrónicamente en el Portal que para estos propósitos establecerá la Oficina de Incentivos, o en la forma prevista por el Secretario de Agricultura, según aplique. El término para su presentación se establecerá mediante [el] un Reglamento de Incentivos.
(2) De ser necesario que se certifique alguna partida que se incluya en la solicitud, el proponente deberá sustentar la misma presentando ante la Oficina de Incentivos, o ante el Departamento de Agricultura, un documento de Procedimientos Acordados (Agreed-Upon Procedures) realizado por un Contador Público Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico.
(3) El Secretario del DDEC, o el Secretario de Agricultura, según aplique, establecerá mediante [el] un Reglamento de Incentivos, orden administrativa o cualquier otra comunicación de naturaleza similar, la información y documentación que requerirá dicha solicitud.
(4) Al momento de la radicación, el Secretario del DDEC, o el de Agricultura, según aplique, cobrará los derechos por concepto del trámite correspondiente, los cuales se pagarán mediante transferencia electrónica en el Portal establecido para tal propósito por la Oficina de Incentivos, o por la forma prescrita por el Secretario de Agricultura, según aplique.
(5) El Secretario del DDEC, o el Secretario del Departamento de Agricultura, establecerá mediante [el] un Reglamento de Incentivos, los derechos que se cobrarán por concepto del trámite. El Reglamento deberá revisarse cada [tres (3)] cinco (5) años luego de su aprobación.”
Sección 26.2.10.- Se añade un apartado (c) a la Sección 2083.03 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Sección 2083.03. — Requisitos para la Exención Contributiva a Agricultores Bona Fide.
(a) Un negocio agropecuario o agroindustrial se considerará que cumple con la elegibilidad para propósitos de este Capítulo si deriva el cincuenta y uno por ciento (51%) o más de su ingreso bruto de una o más de las actividades elegibles descritas en el párrafo dos (2) del apartado (a) de la Sección 2081.01 de este Código.
(b) …
(c) Agroturismo. — El ingreso bruto proveniente de una actividad turística de agroturismo cubierta por un decreto aprobado bajo la Sección 2051.01(b)(1)(ii) de este Código podrá, mediante decreto o enmienda al decreto, a elección del Negocio Exento:
(i) ser excluido del cómputo establecido en el apartado (a) de esta Sección, por lo que el ingreso de dicha actividad agroturística devengado por el Agricultor Bona Fide no será considerado ni será impedimento para la determinación de su elegibilidad como Agricultor Bona Fide y tampoco resultará en descalificación de su certificado; o
(ii) ser considerado parte del ingreso agrícola para el cómputo establecido en el apartado (a) de esta Sección únicamente a los efectos de determinar continuidad de elegibilidad como Agricultor Bona Fide, pero manteniendo por separado la exención del noventa por ciento (90%) en el ingreso generado de la actividad agrícola Bona Fide y la tasa fija del cuatro por ciento (4%) en los ingresos de Agroturismo.”
Sección 26.2.11.- Se enmienda el párrafo (3) del apartado (f) de la Sección 6020.01 de Ley Núm. 60-2019, según enmendada, para que lea como sigue:
“(3) Profesional Certificado. — Para propósitos de este apartado, se considera que un Profesional Certificado es un abogado admitido a la práctica de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico o un contador público autorizado que tenga vigente la licencia para practicar su profesión, que, mediante paga o remuneración, prepare un certificado de preelegibilidad, una solicitud de concesión de incentivos o los informes de cumplimiento relacionados con la concesión de Decretos que autorice el Secretario del DDEC y que esté inscrito en el Registro de Profesionales Certificados que mantiene el DDEC. Se considera además como Profesional Certificado, para propósitos de preparación de un certificado de preelegibilidad conducente al Procesamiento Expedito de solicitudes de Agricultor Bona Fide bajo el Capítulo 8 del Subtítulo B de este Código y sus informes de cumplimiento, un agrónomo debidamente licenciado de conformidad con la Ley Núm. 20 de 9 de abril de 1941, según enmendada.
(i) …”
Sección 26.2.12.- Se enmienda la Sección 2082.04 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“Sección 2082.04. — Contribuciones Municipales. —
Los agricultores [bona fide] Bona Fide que se dediquen a las actividades que se disponen en la sec. 45761(a)(2) de este título, y que a su vez posean un decreto otorgado bajo este Código o una certificación de agricultor [bona fide] Bona Fide, estarán exentos del pago de patentes municipales impuesto por el Capítulo III del Libro VII de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, sobre tales actividades cubiertas por este Capítulo. Las obras realizadas como parte o en beneficio de una operación agrícola, agropecuaria o agroindustrial, ya sea directamente por un Agricultor Bona Fide o por una persona, natural o jurídica, que realice dicha obra actuando en favor del Agricultor Bona Fide, bajo contrato o subcontrato, estarán sujetas a la exención total del arbitrio de construcción conforme dispone la Sección 2011.04(f) de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, independientemente de lo que se dispone bajo los Artículos 2.109(c) y 2.110(f) de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada.”
Artículo 26.3.- Enmiendas al Código de Rentas Internas.
Sección 26.3.1.- Se enmienda la Sección 1031.02(a)(4) de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“(4) Dividendos. —
(A) Los dividendos recibidos por corporaciones distribuidos de ingreso de desarrollo industrial provenientes de intereses sobre:
(i) obligaciones del Gobierno de Puerto Rico o de cualesquiera de sus instrumentalidades o subdivisiones políticas;
(ii) hipotecas aseguradas por la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico adquiridas después del 31 de marzo de 1977; o
(iii) préstamos u otros valores con garantía hipotecaria otorgados por cualquier sistema de pensiones o de retiro de carácter general establecido por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, los municipios y las agencias, instrumentalidades y corporaciones del Gobierno de Puerto Rico, adquiridos después del 31 de marzo de 1977.
(B) Distribuciones de corporaciones de dividendos limitados. — En el caso de un individuo, los dividendos que reciba de una corporación de dividendos limitados que cualifique bajo la Sección 1101.01(a)(6)(A). El contribuyente deberá someter con la planilla un estado demostrativo del número de acciones de la corporación de dividendos limitados que posea y de los dividendos recibidos sobre dichas acciones durante el año contributivo.
(C) Dividendos de asociaciones cooperativas. — El ingreso recibido por residentes de Puerto Rico por concepto de distribución de dividendos efectuados por asociaciones cooperativas domésticas.
(D) Dividendos de un Asegurador Internacional o de una Compañía Tenedora del Asegurador Internacional. — Distribuciones de dividendos efectuados por un Asegurador Internacional o una Compañía Tenedora del Asegurador Internacional a tenor con lo establecido en el Artículo 61.240 del Código de Seguros de Puerto Rico.
(E) Dividendos de Agricultor Bona Fide. — El ingreso recibido por concepto de distribución de dividendos efectuados por una corporación o compañía de responsabilidad limitada que posea una Certificación de Agricultor Bona Fide o Decreto de Exención Contributiva bajo el Subtítulo B, Capítulo 8, de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada.”
Sección 26.3.2.- Se enmienda la Sección 1031.02(a)(6) de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“(6) Incentivos recibidos por agricultores. —
(A) En el caso de cualquier agricultor, los incentivos que reciba del Gobierno de Puerto Rico para:
(i) la compra de maquinaria o equipo agrícola utilizados [para la producción de caña de azúcar, café, vegetales, arroz y frutos alimenticios] en actividades agropecuarias;
(ii) la compra de insumos agrícolas tales como abono, herbicida, fungicida y materiales para el mejoramiento del terreno, para la apicultura, maricultura, acuicultura y otros que determine o adicione el Secretario de Agricultura;
(iii) la compra de alambre, postes, materiales para los cercados de ganado y otros que determine o adicione el Secretario de Agricultura; y
(iv) para la construcción de instalaciones agrícolas tales como ganaderas, porcinas, avícolas y embarcaciones pesqueras, así como de elaboración utilizada en la agroindustria.
(B) Estos incentivos se considerarán una reducción de los costos o gastos, según sea el caso, incurridos por el agricultor. El Secretario de Agricultura o el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, según aplique, deberá someter al Secretario anualmente, no más tarde del 31 de enero del año siguiente al año natural en que se otorgaron los referidos incentivos, una relación que contenga la siguiente información:
(i) nombre, número de cuenta y dirección de cada agricultor a quien se han concedido los incentivos, y
(ii) concepto y monto de los incentivos.”
Sección 26.3.3.- Se enmienda la Sección 1051.07 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“Sección 1051.07. — Crédito por [el Incremento en] Compras de Productos del Agro Puertorriqueño.
(a) En general. —
(1) Para años contributivos comenzados [antes del 1 de enero de 2018] a partir del 1 de enero de 2027, todo negocio elegible que incremente las compras, directamente, o a través de personas relacionadas, de productos del agro puertorriqueño en sustitución de productos importados para la venta local, principalmente a asociaciones de comercialización agrícola o sectores ordenados bajo el Código de Modernización Agrícola, podrá reclamar un crédito contra la contribución impuesta bajo el Subtítulo A, según se dispone en esta Sección.
(2) Cantidad del crédito. — El crédito dispuesto por esta Sección será [no menor del cinco (5) por ciento y hasta un máximo de veinte (20) por ciento del incremento] de diez por ciento (10%) para aquellos negocios elegibles que mantienen el mismo nivel de compra, en dólares, que el año anterior, y veinte por ciento (20%) para aquellos negocios elegibles que muestren un incremento sustancial en el valor de las compras de productos agrícolas cosechados, producidos y elaborados en Puerto Rico durante el año contributivo particular en que se reclame el crédito y el año anterior, sobre las compras de dichos productos durante el período base. El crédito a que tenga derecho el negocio elegible será fijado mediante [contrato entre el negocio elegible,] certificado acreditativo emitido por el Secretario de Agricultura [y los núcleos de producción agrícola fomentados por el Departamento de Agricultura o los sectores agrícolas organizados por el Departamento de Agricultura mediante la implantación de la Ley Núm. 238-1996, conocida como la “Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico” o con un agricultor cualificado]. Los criterios para determinar elegibilidad, incluido el uso de certificaciones de procedencia, y los porcentajes que se otorgarán se establecerán mediante reglamento, aprobado [en común acuerdo entre] por el Secretario de Agricultura, y el Secretario de Hacienda dispondrá las guías de implementación y el tope de créditos que se concederán por año, sujeto al presupuesto.
(b) Limitación del crédito. — El crédito provisto por esta sección podrá utilizarse para reducir hasta un veinticinco (25) por ciento la contribución del negocio elegible impuesta bajo el Subtítulo A. Todo crédito no utilizado por el negocio elegible podrá arrastrarse a años contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad, sujeto a la limitación anterior y a las disposiciones del apartado (h) de la Sección 1051.16 de este Código. El crédito bajo esta Sección no podrá ser transferido.
(c) Definiciones. — Para fines de esta sección, los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a continuación:
(1) Negocio Elegible. — Todo negocio o institución que adquiere un producto del agro puertorriqueño bajo contrato entre este, el Secretario de Agricultura y [un núcleo de producción agrícola fomentado por el Departamento de Agricultura] un Agricultor Bona Fide, una asociación de comercialización agrícola, o un sector agrícola organizado por el Departamento de Agricultura mediante la implantación de la [Ley Núm. 238-1996, conocida como la “Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico”] Código de Modernización Agrícola, [o un agricultor cualificado], para ser vendido directamente al consumidor. Para poder mantenerse como negocio elegible y beneficiarse del crédito dispuesto por esta Sección, el negocio elegible no podrá reducir el nivel de compras de productos cualificados en una proporción mayor al quince (15) por ciento del nivel de compras alcanzado durante el año anterior al período para el cual solicita el crédito. El Secretario de Agricultura emitirá un certificado de elegibilidad para cualificar un negocio elegible bajo esta Sección.
(2) [Núcleo de Producción Agrícola fomentado por el Departamento de Agricultura. — Grupos de Agricultores y Plantas de Proceso acogidos al Programa Agrícola del Departamento de Agricultura fomentados y desarrollados a través de su Programa de Desarrollo Económico y Agrícola] Asociación de Comercialización Agrícola. — Se refiere al tipo de entidades bajo las cuales un grupo de agricultores puede organizarse ante el Departamento de Estado, con el aval del Secretario de Agricultura, con el propósito de adquirir, acopiar, empacar, elaborar, distribuir y de cualquier otra manera comercializar productos agrícolas producidos netamente en Puerto Rico, conforme se dispone en el Código de Modernización Agrícola.
(3) Sector Agrícola organizado por el Departamento de Agricultura. — Aquellos sectores agrícolas que se hayan organizado y cumplan con la [Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996, conocida como la “Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico”] “Código de Modernización Agrícola”.
(4) Producto del agro puertorriqueño. — Es todo producto que pueda venderse al consumidor, en su estado natural o elaborado, que haya sido producido con productos netamente puertorriqueños o cosechados en Puerto Rico por un Agricultor Bona Fide [cualificado]. Los productos que cualifiquen bajo el término “productos manufacturados”, según dicho término se define en la Sección 4050.10 del Subtítulo D, quedan excluidos del término “producto del agro puertorriqueño.”
(5) Agricultor [Cualificado] Bona Fide. — Es aquel agricultor [que se dedique a la producción agrícola cuyo sector específico no ha sido ordenado de acuerdo a la “Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico” de 18 de septiembre de 1996 o para el cual no se haya desarrollado un Núcleo de Producción Agrícola,] elegible para los beneficios concedidos bajo la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, y que sea [cualificado] certificado por el Secretario de Agricultura de acuerdo con los parámetros establecidos mediante reglamentación.
(6) Período Base. — Significa los tres (3) años contributivos anteriores al primer año en que se reclama el crédito, o aquella parte de dicho período que fuese aplicable para negocios que no cuentan con tres (3) años de operación antes de la fecha de solicitud del crédito. En el caso de aquellos contribuyentes que hayan reclamado el crédito dispuesto por esta Sección, o su equivalente bajo la Ley Núm. 120-1994, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, en años anteriores y que hayan mantenido el nivel de compras de los productos cualificados en aumento desde la fecha de otorgación del contrato dispuesto en el apartado (a), el período base será fijado como el período de tres años contributivos terminado durante el año natural 2003.
Sección 26.3.4.- Se enmienda la Sección 1062.01 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, para que lea de la siguiente manera:
“(a) Definiciones. — Según se utiliza en esta sección —
(1) Salarios. —El término “salarios” significa toda remuneración por servicios prestados por un empleado para su patrono, y toda remuneración en concepto de pensión por servicios prestados, incluyendo el valor en dinero de toda remuneración pagada por cualquier medio que no sea dinero, excepto que dicho término no incluirá remuneración pagada—
(A) para pagos realizados [antes del 1 de enero de 2019,] por servicios prestados en trabajo agrícola, según se define en el párrafo [(6)] (8) de este apartado, [excluyendo servicios prestados por empleados ejecutivos, administrativos, de oficina o de supervisión y por empleados que desempeñen puestos permanentes. Todo pago realizado a partir del 1 de enero de 2019 será considerado como salario no sujeto a retención en el origen y se requerirá que dicho pago esté informado en un comprobante de retención]; o”
Artículo 26.4.- Se enmienda la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, en su Artículo 6, inciso (a), para que lea de la siguiente manera:
“(a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo, sobre los artículos, productos y aquellos servicios que corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la economía de presiones inflacionarias. [Sin que se entienda como una limitación a que cualquier persona con un interés legítimo en el mercado cafetalero pueda solicitar una revisión en cualquier momento, el Secretario vendrá obligado a realizar una revisión del precio del café en un período que no excederá de cinco (5) años donde evaluará la situación existente en la industria y fijará, de entenderse necesario, cualquier aumento propuesto en el precio de acuerdo a las recomendaciones que surjan de los estudios económicos que realice un Comité evaluador del Café compuesto por economistas del Departamento de Asuntos del Consumidor, del Departamento de Agricultura, del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico y un representante de cada uno de los tres sectores de la industria cafetalera (agricultores, beneficiadores y torrefactores), estos nombrados por el Secretario de Agricultura.]”
Artículo 26.5.- Preferencia de Productos Agrícolas en Adquisiciones Gubernamentales.
Sección 26.5.1.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, para que lea de la siguiente manera:
“La Junta de Inversión deberá clasificar los servicios rendidos en Puerto Rico, así como los artículos extraídos, producidos, ensamblados, o envasados en Puerto Rico, o distribuidos en Puerto Rico por empresas con operaciones sustanciales en Puerto Rico, o por agentes establecidos en Puerto Rico, tomando en consideración, al asignar el parámetro de inversión correspondiente, si el artículo o servicio es ofrecido por una empresa con operaciones sustanciales en Puerto Rico; utilizando los siguientes factores, el valor añadido en Puerto Rico, el número de empleos, la nómina local, el capital de origen local, las operaciones de investigación y desarrollo en Puerto Rico, y el país de origen de los materiales utilizados en el caso de la compra de productos. Disponiéndose, que la Junta asignará el parámetro de inversión correspondiente dentro de los siguientes renglones:
(1) Artículos distribuidos por agentes establecidos en Puerto Rico, hasta un dos (2) por ciento.
(2) Artículos envasados en Puerto Rico, hasta un tres (3) por ciento.
(3) Artículos ensamblados en Puerto Rico, hasta un cuatro (4) por ciento.
(4) Artículos que constituyan Productos de Puerto Rico, hasta un diez (10) por ciento.
(5) Servicios ofrecidos por empresas pequeñas o medianas o de base cooperativa radicadas en Puerto Rico, hasta un dos (2) por ciento.
(6) Productos agrícolas producidos localmente, incluidos aquellos mínimamente procesados, hasta un veinte (20) por ciento.
Se dispone, además, que la Junta tendrá discreción para conceder un cinco (5) por ciento adicional en casos extraordinarios de artículos y servicios, en productos elaborados con alguna materia prima proveniente de un producto agrícola producido localmente [agrícolas] y en productos de empresas cooperativas, mediante los parámetros que se establezcan por reglamento. No obstante, en cuanto a los límites máximos establecidos en los incisos (1) al (4) anteriores, en el caso de artículos producidos, ensamblados o manufacturados en los municipios de Vieques y Culebra, por una empresa sin fines de lucro que emplea personas ciegas o en una empresa sin fines de lucro que emplee a personas con impedimentos severos, se asignarán los siguientes límites máximos:
(a) Cuando se trate de artículos envasados o servicios en los municipios de Vieques y Culebra, o en una empresa sin fines de lucro que emplea personas ciegas, hasta un diez (10) por ciento, o en una empresa sin fines de lucro que emplee a personas con impedimentos severos, hasta un siete (7) por ciento;
(b) Cuando se trate de artículos ensamblados en los municipios de Vieques y Culebra, o en una empresa sin fines de lucro que emplea personas ciegas, hasta un quince (15) por ciento, o en una empresa sin fines de lucro que emplee a personas con impedimentos severos, hasta un doce (12) por ciento;
(c) Cuando se trate de artículos producidos o manufacturados en los municipios de Vieques y Culebra, o en una empresa sin fines de lucro que emplea personas ciegas, hasta un treinta (30) por ciento, o en una empresa sin fines de lucro que emplee a personas con impedimentos severos, hasta un veinticinco (25) por ciento.
La Junta deberá mantener una lista de dichos artículos debidamente clasificados, consignando su clase, procedencia, marca de fábrica, forma, dimensiones, propiedades, muestras, catálogos y cualquier otra información que crea conveniente para facilitar su selección en las compras del Gobierno.
Disponiéndose que, el Administrador de la Administración de Servicios Generales, en el caso de las agencias que llevan a cabo compras de bienes y servicios no profesionales, a través de su sistema centralizado de compras, los Directores de Finanzas de los municipios y el delegado comprador o el gerente de compras en las corporaciones públicas, suplirán mensualmente a la Junta información referente a las subastas y compras que realicen bajo esta Ley.”
CAPÍTULO XXVII- DEROGACIONES
Se derogan las siguientes leyes, por entenderse inoficiosas:
CAPÍTULO XXVIII- PREEMINENCIA Y SUPREMACÍA
Artículo 28.1.- Preeminencia.
Cuando un Capítulo de este Código disponga que lo allí atendido está sujeto a esta cláusula de preeminencia, se entenderá que lo dispuesto en este Código prevalecerá sobre otra ley, salvo que se disponga lo contrario, o que la materia sea de jurisdicción exclusiva del Departamento de Agricultura. Ninguna otra agencia del Gobierno de Puerto Rico ni municipio alguno podrá reglamentar o intervenir sobre la materia contenida en el respectivo Capítulo, salvo que legislación expresa conceda facultades al respecto.
Artículo 28.2.- Supremacía.
Cuando un Capítulo de este Código disponga que lo allí establecido está sujeto a esta cláusula de supremacía, se entenderá que lo dispuesto en este Código es especial frente a cualquier otra ley, o que el Departamento tendrá jurisdicción primaria sobre la materia allí discutida, ante la posibilidad de que otras agencias, incluidos los municipios, puedan intervenir sobre la misma materia, en cuyo caso deberán dar deferencia al Departamento de Agricultura y coordinar con este cualquier intervención.
CAPÍTULO XXIX- SEPARABILIDAD
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, capítulo, subcapítulo, inciso, acápite o parte de este Código fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, el dictamen o la sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de este Código. El efecto de tal sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, capítulo, subcapítulo, inciso, acápite o parte de este que así hubiera sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de este Código se invalidara o se declarara inconstitucional, la resolución, el dictamen o la sentencia dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de este Código a aquellas personas o circunstancias a las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de este Código en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado este Código sin importar la determinación de separabilidad que el tribunal pueda hacer.
CAPÍTULO XXX- REGLAMENTACIón
Las agencias del Gobierno de Puerto Rico tendrán ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de este Código para implementar en sus reglamentos las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este.
Se entenderá que cualquier disposición incompatible dentro de los reglamentos aplicables, ha sido tácitamente modificado o derogado, a partir de la vigencia de este Código.
capítulo xxxi- VIGENCIA
Este Código comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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