ENTIRILLADO ELECTRONICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1455

24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Presentado por el representante Méndez Núñez

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar el inciso (4) del Artículo 61.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico a contratar, a discreción del Comisionado y cuando éste lo estime necesario o conveniente, firmas externas acreditadas, consultores, examinadores, actuarios, contadores públicos autorizados, analistas financieros, especialistas en regulación y otros recursos técnicos o profesionales especializados para asistir en la revisión, análisis, tramitación y recomendación y evaluación de solicitudes, transacciones, productos de seguros, estructuras de reaseguro, asuntos actuariales, análisis de solvencia y otros asuntos regulatorios especializados requeridos para evaluar asuntos sometidos por un asegurador internacional, asegurador internacional multiestatal, compañía tenedora del asegurador internacional, plan de activos segregados, afiliada, adquirente, solicitante o cualquier entidad regulada bajo el Capítulo 61 del Código de Seguros; para disponer que los costos razonables de dichos servicios especializados puedan ser pagados por el solicitante o la entidad regulada bajo el Capítulo 61 directamente al proveedor de servicios profesionales o ser reembolsados a la Oficina del Comisionado de Seguros por el solicitante o la entidad regulada cuando la Oficina haya efectuado el pago; o ser sufragados por la propia Oficina, según determine el Comisionado, sujeto a la disponibilidad de fondos y a las disposiciones legales y fiscales aplicables;.para preservar la autoridad exclusiva de la Oficina sobre la selección, contratación, dirección y supervisión de los recursos externos, así como el carácter auxiliar y consultivo de sus funciones; establecer salvaguardas de transparencia, rendición de cuentas, confidencialidad, independencia y prevención de conflictos de interés; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación e implementación del Capítulo 61 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, el cual estableció el Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico, constituyó uno de los avances regulatorios más significativos para la industria internacional de seguros y reaseguros de Puerto Rico en las últimas décadas. Dicha legislación sufrió enmiendas, incluyendo las incorporadas por la Ley 130-2025, que modernizó el marco regulatorio aplicable a los aseguradores internacionales, adoptando a los aseguradores internacionales multiestatales, y armonizó el sistema regulatorio de seguros de Puerto Rico con los estándares uniformes de solvencia financiera y supervisión promovidos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

La implementación exitosa del citado Capítulo 61 del Código de Seguros de Puerto Rico, junto con los esfuerzos diligentes y responsables de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (“OCS”), así como la colaboración activa de los participantes y organizaciones de la industria, contribuyó sustancialmente al fortalecimiento de la posición regulatoria de Puerto Rico dentro del marco regulatorio de seguros de los Estados Unidos y respaldó los esfuerzos que culminaron en la reacreditación de Puerto Rico por parte de la NAIC.

Además, el nuevo marco estatutario ha promovido una mayor uniformidad regulatoria con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, fortaleciendo la confianza del mercado y fomentado el establecimiento y expansión de nuevos aseguradores y reaseguradores internacionales en Puerto Rico. Definitivamente, el desarrollo continuo del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico ha generado crecimiento económico, así como nuevas oportunidades de empleo altamente especializado.

Sin embargo, el éxito de estas iniciativas también ha resultado en un aumento significativo en el volumen y la complejidad de solicitudes, transacciones corporativas, productos de seguros innovadores, acuerdos de reaseguro, análisis actuariales, revisiones de solvencia, reorganizaciones corporativas y otros asuntos regulatorios que requieren revisión y aprobación por parte de la OCS.

La evolución del mercado internacional de seguros y reaseguros ha dado paso a una mayor diversidad de estructuras corporativas, financieras y de reaseguro, así como a nuevas modalidades de operación que requieren evaluaciones regulatorias especializadas. Esta realidad hace conveniente que la OCS cuente con herramientas adicionales para complementar sus recursos técnicos y profesionales cuando las circunstancias particulares de un asunto así lo ameriten.

Las realidades operacionales actuales demuestran que los recursos humanos y técnicos existentes de la OCS enfrentan retos cada vez mayores para atender, de manera oportuna, la creciente cantidad de asuntos especializados que requieren peritaje técnico avanzado y conocimientos específicos de la industria.

La posibilidad de recurrir a profesionales externos constituye una herramienta complementaria que contribuye a la flexibilidad operacional de los organismos reguladores y facilita la atención oportuna de asuntos que, por su naturaleza o particularidades, puedan beneficiarse de conocimientos o recursos especializados adicionales. Ello no supone una insuficiencia de capacidad técnica de la OCS ni sustituye el ejercicio de sus facultades regulatorias.

Numerosas jurisdicciones regulatorias de seguros en En los Estados Unidos se autorizan a sus departamentos de seguros a contratar especialistas o recursos adicionales externos para asistirles a realizar aquellas revisiones y análisis de alta complejidad técnica, que entiendan necesario asignando los costos asociados a los solicitantes o entidades reguladas que generan la necesidad de dicha supervisión regulatoria especializada. Este enfoque permite a las agencias reguladoras mantener estándares rigurosos de supervisión sin imponer cargas adicionales a los contribuyentes, ni requerir aumentos en las aportaciones o cargos aplicables a la industria en su conjunto.

Estas facultades pueden abarcar la evaluación de solicitudes iniciales de autorización y asuntos relacionados con entidades ya autorizadas. Otras jurisdicciones contemplan diversos mecanismos para sufragar o recuperar los costos razonables de estos servicios, conforme a las disposiciones legales aplicables.

El Código de Seguros de Puerto Rico también reconoce la facultad del Comisionado para contratar recursos externos en determinadas circunstancias. Entre estas disposiciones se encuentran los Artículos 2.030, 2.110 y 32.060, así como el propio Artículo 61.050(4) del Código de Seguros de Puerto Rico, que contempla la contratación de servicios legales, financieros y de investigación para evaluar solicitudes de autorización de aseguradores internacionales.

En la actualidad, el Código de Seguros de Puerto Rico limita las circunstancias bajo las cuales la OCS puede recuperar los costos asociados con la contratación de expertos recursos externos, restringiendo así la capacidad de la Oficina para responder con la eficiencia, pericia y flexibilidad agilidad que exige el mercado de seguros cada vez más sofisticado de nuestros tiempos.

En atención a este marco legal, resulta oportuno ampliar y complementar las facultades existentes, de manera que la OCS disponga de mayor flexibilidad para contratar recursos externos especializados cuando el Comisionado lo estime necesario o conveniente en el ejercicio de sus funciones bajo el Capítulo 61.

Por consiguiente, esta Asamblea Legislativa entiende necesario fortalecer las capacidades operacionales de la OCS mediante la autorización para contratar firmas y especialistas acreditados que asistan en la revisión y tramitación de asuntos regulatorios especializados, así como permitir que los costos razonables de dichos servicios sean sufragados por el solicitante o la entidad regulada que se beneficie de la revisión regulatoria particular, sin afectar adversamente las finanzas públicas ni aumentar las aportaciones o cargos regulatorios generales impuestos a la industria de seguros. La necesidad de contar con estos recursos externos responde a la conveniencia de disponer de recursos especializados o complementarios que apoyen el desempeño eficiente de las funciones regulatorias de la OCS. La contratación de dichos recursos tendrá carácter auxiliar y consultivo, por lo que no sustituirá el análisis independiente ni las determinaciones regulatorias que corresponden exclusivamente al Comisionado de Seguros.

Esta facultad de recuperación de costos podrá ejercerse tanto respecto a las entidades autorizadas como de aquellos solicitantes de alguna solicitud, evaluación o determinación de la agencia, siempre que los gastos estén debidamente justificados y guarden relación razonable con la gestión regulatoria correspondiente. Asimismo, el Comisionado podrá determinar, según las circunstancias particulares de cada caso, si los costos razonables de estos servicios serán sufragados por la Oficina, sujeto a la disponibilidad de fondos y a las disposiciones legales aplicables, o si procede requerir su reembolso o pago directo por el solicitante o la entidad regulada que la procura o requiere.

De igual forma, resulta necesario que cualquier mecanismo de contratación y pago preserve la independencia que exige el proceso regulatorio. Por ello, la facultad reconocida en esta Ley deberá ejercerse de manera que la selección, contratación, supervisión y evaluación de dichos recursos permanezca bajo la exclusiva autoridad de la OCS, independientemente del mecanismo utilizado para sufragar los costos asociados a dichos servicios.

Los informes, análisis y recomendaciones que rindan los recursos externos constituirán elementos de apoyo técnico y consultivo, sin carácter vinculante para la OCS. Su preparación, presentación o pago no conferirá derecho a la aprobación de una solicitud o transacción, ni limitará la facultad del Comisionado para realizar evaluaciones adicionales y adoptar la determinación que corresponda conforme a derecho.

Esta Ley procura modernizar la capacidad operacional complementar las herramientas regulatorias de la Oficina del Comisionado de Seguros, fortalecer la competitividad de Puerto Rico como una jurisdicción regulatoria de seguros de clase mundial reconocida por su solidez y credibilidad, y garantizar que el crecimiento continuo de los sectores de seguros y reaseguros internacionales ocurra bajo los más altos estándares de regulación financiera, supervisión de solvencia y protección al consumidor.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. — Se enmienda el inciso (4) del Artículo 61.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 61.050. — Requisitos de Autorización de Aseguradores Internacionales.

(1) ...

…

(4) El Asegurador Internacional pagará al Comisionado un derecho por concepto del examen, investigación y procesamiento de su solicitud de autorización a tenor con el Artículo 61.230. El Comisionado podrá contratar servicios legales, financieros y de investigación para evaluar la solicitud de autorización, el costo de los cuales será pagado por el solicitante.

Además de las facultades anteriormente reconocidas, el Comisionado podrá, a su discreción y cuando lo estime necesario o conveniente para el adecuado desempeño de sus funciones bajo este Capítulo, contratar recursos profesionales o especializados para brindar apoyo técnico a la Oficina del Comisionado de Seguros en el análisis y evaluación de asuntos bajo su jurisdicción.

La contratación de dichos recursos tendrá carácter auxiliar y consultivo y no constituirá una delegación de las facultades regulatorias del Comisionado de Seguros ni le conferirá autoridad para emitir determinaciones en nombre de la Oficina.

Además, cuando un Asegurador Internacional, un Asegurador Internacional Multiestatal, una compañía tenedora del Asegurador Internacional, un plan de activos segregados, una afiliada, un adquirente, un solicitante o cualquier entidad regulada por la Oficina del Comisionado de Seguros al amparo de este Capítulo, solicite, presente o de cualquier otra forma requiera la revisión, aprobación, análisis, examen o evaluación de cualquiera de los siguientes asuntos que, a juicio del Comisionado, requieran conocimientos especializados que excedan los recursos ordinarios de la Oficina:

(a) nuevos productos de seguros;

(b) tarifas, modelos actuariales o metodologías de suscripción (underwriting);

(c) acuerdos o transacciones complejas de reaseguro;

(d) fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, desinversiones u otras transacciones corporativas;

(e) solicitudes de licencias, permisos, certificaciones o aprobaciones regulatorias;

(f) análisis de solvencia, suficiencia de capital, riesgo empresarial o condición financiera;

(g) estructuras de capital, financiamiento o inversión;

(h) innovación financiera relacionada con seguros, innovación tecnológica o iniciativas de mercados emergentes; o

(i) cualquier otro asunto especializado;

el Comisionado podrá contratar o designar firmas externas cualificadas, consultores, examinadores, actuarios, contadores públicos autorizados, analistas financieros, especialistas regulatorios, abogados u otros expertos técnicos acreditados por la Oficina para asistir en la revisión, análisis, examen y formulación de recomendaciones sobre dichos asuntos.

Los costos y gastos razonables de dichos recursos externos serán sufragados directamente por el solicitante o la entidad que solicite o se beneficie de la incurrir es los costos de recursos externos revisión, examen, aprobación o actuación regulatoria.

Los costos y gastos asociados a la contratación de estos recursos podrán ser sufragados por la Oficina del Comisionado de Seguros, con sujeción a la disponibilidad de fondos y a las disposiciones legales y fiscales aplicables. Asimismo, el Comisionado podrá, a su discreción, requerir al asegurador internacional, asegurador internacional multiestatal, compañía tenedora del asegurador internacional, plan de activos segregados, afiliada, adquirente, solicitante o cualquier entidad regulada, el reembolso de los costos incurridos por la Oficina del Comisionado de Seguros. Además, el Comisionado podrá, a su discreción disponer que dichos costos sean pagados directamente por el solicitante o entidad regulada al recurso externo, conforme a los procedimientos que establezca el Comisionado para ello.

El mecanismo de pago al recurso externo ya sea mediante pago directo a éste o mediante reembolso a la Oficina del Comisionado de Seguros, no alterará el deber de independencia profesional del recurso externo contratado ni la autoridad exclusiva del Comisionado sobre los trabajos realizados por el recurso externo. El pago de los servicios por parte del solicitante o de la entidad regulada no conferirá autoridad, control, dirección o influencia alguna sobre el recurso externo contratado ni sobre el trabajo realizado por éste, incluyendo el alcance, desarrollo, conclusiones o recomendaciones de sus trabajos.

Cuando se determine que un solicitante que aún no haya obtenido autorización deba asumir costos adicionales por la contratación de recursos externos, la Oficina del Comisionado de Seguros le notificará, antes de incurrir en dichos costos, la naturaleza de los servicios especializados y los gastos estimados cuyo pago podría requerírsele. Lo anterior no alterará los derechos, cargos y obligaciones de pago expresamente establecidos en otras disposiciones de este Código para la evaluación de solicitudes de autorización y otros.

Los informes, análisis y recomendaciones de los recursos externos le pertenecen a la Oficina del Comisionado de Seguros y tendrán carácter auxiliar y consultivo y no serán vinculantes para dicha Oficina. La contratación o pago de dichos servicios no constituirá garantía de aprobación de una solicitud, transacción o asunto regulatorio, ni creará presunción alguna de un resultado favorable. La Oficina del Comisionado de Seguros, por conducto de su personal técnico y regulatorio, realizará una evaluación independiente de los hallazgos y recomendaciones provistos por el recurso externo antes de elevar el asunto al Comisionado de Seguros, a quien corresponderá exclusivamente la determinación final del asunto conforme a la facultad conferida en ley para ello.

El Comisionado establecerá, mediante reglamento, órdenes administrativas o directrices regulatorias, los procedimientos y criterios que regirán la selección, acreditación, contratación, supervisión y los estándares de desempeño aplicables a de dichos recursos externos, así como los mecanismos aplicables para sufragar o recuperar sus costos, incluyendo salvaguardas adecuadas relacionadas con la transparencia, independencia, confidencialidad y conflictos de interés.

Dichos procedimientos requerirán que todo recurso externo contratado proteja la confidencialidad de la información a la que tenga acceso, divulgue al Comisionado oportunamente cualquier conflicto de interés real, potencial o aparente y se abstenga de participar en cualquier asunto que pueda comprometer su independencia, objetividad o imparcialidad. El Comisionado tendrá la facultad exclusiva de evaluar y determinar la existencia de cualquier conflicto de interés real, potencial o aparente y podrá rechazar, sustituir o dar por terminada la contratación de cualquier recurso externo cuando entienda que existen circunstancias que puedan comprometer su independencia, objetividad o imparcialidad. Los recursos externos estarán sujetos a los mecanismos de supervisión y control que establezca la Oficina durante toda la contratación y sus obligaciones de confidencialidad subsistirán aun después de concluida ésta.

Los procedimientos adoptados por el Comisionado deberán incluir, además, salvaguardas dirigidas a preservar la independencia del recurso externo cuando los costos de sus servicios sean pagados directamente por una entidad o mediante reembolso a la Oficina del Comisionado de Seguros.

(5) …”

Sección 2. — Facultad Reglamentaria.

Se autoriza al Comisionado de Seguros a adoptar o enmendar aquellos reglamentos, normas, órdenes administrativas y directrices que sean necesarios para implantar las disposiciones de esta Ley dentro de un término de noventa (90) días contados a partir de su aprobación.

Sección 3. — Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.