GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 4ta. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 1597
16 DE NOVIEMBRE DE 2026
Presentado por la representante Vargas Laureano
Referido a la Comisión de lo Jurídico
LEY
Para añadir los nuevos Artículos 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F y 21G al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a los fines de disponer que, como parte de la sentencia por los delitos tipificados en dicha Ley, el tribunal prohíba a la persona convicta poseer, custodiar o residir con animales por un término proporcional a la gravedad del delito, y ordene su evaluación y tratamiento; crear en el Departamento de Justicia el Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales; establecer su contenido, los términos de inscripción y los procedimientos de notificación, corrección y exclusión; imponer a los albergues, refugios, organizaciones de rescate, criadores y vendedores comerciales de mascotas, tiendas de mascotas y municipios el deber de consultar el Registro antes de entregar un animal en adopción, venta o cualquier otra forma de transferencia; establecer salvaguardas para la protección de la información contenida en el Registro; fijar penalidades; ordenar la adopción de la reglamentación necesaria; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, reconoce en su Exposición de Motivos que los animales son seres sensibles, dignos de un trato humanitario, y que existe una conexión entre el maltrato de los animales y la violencia contra las personas: quien abusa de un animal puede carecer de empatía hacia otros seres vivos y representa un riesgo de generar violencia contra los demás. El Código Civil de Puerto Rico de 2020, en sus Artículos 232 y 233, reconoce igualmente al animal doméstico y domesticado como un ser sensible cuyo bienestar y seguridad física deben garantizarse.
La realidad del país exige que esa política pública se traduzca en herramientas eficaces. Según datos de la Policía de Puerto Rico reseñados por la prensa en abril de 2025, las querellas por maltrato de animales aumentaron de doscientas cincuenta y cuatro (254) en 2022 a trescientas treinta (330) en 2023 y a cuatrocientas quince (415) en 2024, un alza de sesenta y tres por ciento (63%) en apenas dos años. En 2025, la Policía registró quinientos ochenta (580) incidentes por alegadas violaciones a la Ley Núm. 154-2008, pero solo se radicaron sesenta (60) casos. Detrás de cada una de esas cifras hay animales abandonados, heridos, envenenados o muertos, y comunidades que exigen que el Estado responda.
Esta Asamblea Legislativa ha dado pasos recientes en esa dirección. La Ley Núm. 73-2026 atemperó las penas de la Ley Núm. 154-2008 al sistema de penas de término fijo del Código Penal y las aumentó sustancialmente, y la Ley Núm. 115-2026, conocida como la “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”, permitió a cualquier persona acudir al tribunal para proteger a un animal y obtener su custodia provisional. Sin embargo, el ordenamiento vigente no contiene mecanismo alguno que impida que una persona convicta por maltrato, tortura o peleas de animales adquiera otro animal tan pronto cumple su sentencia, o incluso mientras la cumple en probatoria. Tampoco existe un medio para que los albergues, los rescatistas, los criadores y las tiendas de mascotas sepan a quién están entregando un animal. La única restricción de esta naturaleza que contiene la Ley, en su Artículo 10 del Capítulo II, se limita a la persona dueña de una entidad jurídica convicta.
La experiencia de otras jurisdicciones demuestra que esta laguna puede cerrarse. En Estados Unidos, el condado de Suffolk, en Nueva York, estableció en 2010 un registro local de personas convictas por maltrato de animales, y el estado de Tennessee puso en funcionamiento en enero de 2016 el primer registro estatal de esta naturaleza. Numerosas jurisdicciones autorizan, además, que el tribunal prohíba a la persona convicta poseer animales durante un periodo determinado. En Puerto Rico, un registro similar fue propuesto en un cuatrienio anterior, sin que llegara a convertirse en ley. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha desarrollado experiencia en la administración de registros de personas convictas, como los de delitos sexuales y abuso contra menores, violencia doméstica y maltrato a adultos mayores.
Esta medida propone un modelo equilibrado. En primer lugar, dispone que, como parte de la sentencia por los delitos graves de la Ley Núm. 154-2008, el tribunal prohíba a la persona convicta poseer, custodiar o residir con animales por un término proporcional a la gravedad del delito, que será permanente cuando se trate de una persona reincidente, y ordene su evaluación y tratamiento. En segundo lugar, crea en el Departamento de Justicia el Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales, que se nutrirá de las sentencias que dicten los tribunales, e impone a quienes entregan animales en adopción, venta o cualquier otra forma de transferencia el deber de consultarlo y de abstenerse de entregar un animal a una persona inscrita.
Al mismo tiempo, esta Asamblea Legislativa reconoce que un registro de esta naturaleza debe respetar el derecho a la intimidad que consagra la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Por ello, el Registro no será una lista de libre acceso en Internet. La consulta estará limitada a las entidades autorizadas y a los organismos del orden público, se realizará mediante credenciales y producirá únicamente la información necesaria para decidir sobre la entrega del animal. La persona inscrita será notificada, tendrá derecho a solicitar la corrección de la información y será excluida del Registro al vencer el término de su inscripción o si su convicción es revocada. El uso indebido de la información será sancionado.
La prohibición de poseer animales y la inscripción en el Registro se aplicarán únicamente a las sentencias que se dicten por hechos cometidos a partir de la vigencia de esta Ley, en armonía con la prohibición constitucional de leyes ex post facto. De esta forma, la medida protege a los animales, orienta a quienes los entregan en adopción o los venden, y envía un mensaje inequívoco: en Puerto Rico, quien maltrata a un animal no tendrá la oportunidad de volver a hacerlo.
Por las razones expuestas, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio aprobar esta Ley.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 21A al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, que leerá como sigue:
“Artículo 21A.- Prohibición de poseer animales; evaluación y tratamiento.
a. Como parte de la sentencia que dicte contra una persona convicta por cualquiera de los delitos graves tipificados en este Capítulo, incluidas sus tentativas, el tribunal le prohibirá poseer, adquirir, custodiar, cuidar, criar, adiestrar, transportar o vender animales, así como residir en una vivienda donde haya animales, por los siguientes términos, contados a partir de la fecha en que se dicte la sentencia:
i. No menos de cinco (5) años, cuando el delito conlleve una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
ii. No menos de diez (10) años, cuando el delito conlleve una pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años o de quince (15) años.
iii. De manera permanente, cuando la persona haya sido convicta previamente por un delito grave tipificado en este Capítulo o por un delito equivalente en cualquier otra jurisdicción.
b. Cuando la convicción sea por un delito menos grave tipificado en este Capítulo, el tribunal podrá imponer la prohibición dispuesta en el inciso (a) de este Artículo por un término que no excederá de dos (2) años.
c. Al imponer la prohibición, el tribunal ordenará que todo animal que esté bajo la posesión o custodia de la persona convicta sea entregado, dentro del término que fije, al albergue municipal, a la Oficina Estatal de Control Animal o a una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar de los animales, para su cuidado y posible adopción. Los gastos de cuidado serán de cargo de la persona convicta, conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 de este Capítulo.
d. El tribunal podrá, a solicitud de la persona convicta y previa audiencia al Ministerio Público, autorizar la tenencia de animales de producción agrícola que constituyan el medio de sustento de la persona o de su núcleo familiar, siempre que el delito no se haya cometido contra un animal de esa especie y que la persona se someta a las inspecciones periódicas que el tribunal ordene, por conducto del Departamento de Agricultura o de la Oficina Estatal de Control Animal. Esta excepción no estará disponible para las personas convictas por los delitos tipificados en los Artículos 7 y 8 de este Capítulo.
e. Además de la prohibición dispuesta en este Artículo, el tribunal ordenará que la persona convicta sea evaluada por un profesional de la salud mental y que participe en el programa de tratamiento, orientación o reeducación que se recomiende, cuyo costo será sufragado por la persona convicta, salvo que esta demuestre su insolvencia. El cumplimiento de esta orden será condición de la libertad a prueba o de cualquier otro método alterno a la reclusión que se conceda.
f. La prohibición dispuesta en este Artículo se hará constar en la sentencia y en la orden de libertad a prueba, de libertad bajo palabra o de cualquier otro método alterno a la reclusión carcelaria, y se notificará al Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales creado en el Artículo 21B de este Capítulo.
g. Toda persona que, a sabiendas, viole la prohibición impuesta al amparo de este Artículo incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. El tribunal ordenará, además, la remoción inmediata de todo animal que se encuentre bajo la posesión o custodia de la persona.”
Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 21B al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 21B.- Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales.
a. Se crea en el Departamento de Justicia el Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales, en adelante, el “Registro”, el cual será administrado por la dependencia que designe el Secretario de Justicia. El Registro será una base de datos electrónica, de acceso limitado conforme a lo dispuesto en el Artículo 21E de este Capítulo, cuyo propósito es prevenir que las personas convictas por maltrato de animales obtengan la posesión o custodia de otros animales.
b. Serán inscritas en el Registro las personas naturales que resulten convictas, por sentencia dictada en Puerto Rico, por cualquiera de los siguientes delitos, incluidas sus tentativas:
i. Los delitos graves tipificados en este Capítulo.
ii. El maltrato agravado tipificado en el inciso (k) del Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, cuando la circunstancia agravante probada consista en torturar o dar muerte a un animal de compañía o mascota.
iii. La violación de la prohibición de poseer animales dispuesta en el Artículo 21A de este Capítulo.
c. También serán inscritas en el Registro las personas cuya convicción haya sido objeto de un desvío, de una sentencia suspendida o de libertad a prueba, mientras dure el término de su inscripción; y las personas que establezcan su residencia en Puerto Rico y hayan sido convictas, en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos, por un delito cuyos elementos sean sustancialmente equivalentes a los enumerados en el inciso (b) de este Artículo, cuando dicha información sea notificada al Departamento de Justicia por las autoridades correspondientes o surja de los sistemas de información de justicia criminal a los que este tenga acceso.”
Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 21C al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 21C.- Contenido del Registro; término de inscripción; notificación.
a. El Registro contendrá, respecto a cada persona inscrita, la siguiente información: nombre completo y cualquier otro nombre utilizado; fecha de nacimiento; los últimos cuatro (4) dígitos del número de seguro social o de otra identificación oficial, para fines exclusivos de identificación; municipio de residencia; fotografía; el delito por el cual fue convicta, la fecha de la sentencia y el tribunal que la dictó; el término de la prohibición de poseer animales impuesta por el tribunal, si alguna; y la fecha en que vence la inscripción.
b. La inscripción en el Registro tendrá los siguientes términos, contados a partir de la fecha en que la persona extinga su pena de reclusión o, de no haber sido recluida, a partir de la fecha de la sentencia:
i. Diez (10) años, cuando el delito conlleve una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
ii. Quince (15) años, cuando el delito conlleve una pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años o de quince (15) años.
iii. De manera permanente, cuando la persona haya sido convicta en más de una ocasión por los delitos enumerados en el inciso (b) del Artículo 21B de este Capítulo.
No obstante lo anterior, cuando la prohibición de poseer animales impuesta por el tribunal al amparo del Artículo 21A de este Capítulo exceda el término de inscripción aquí dispuesto, la persona permanecerá inscrita mientras dure dicha prohibición.
c. Dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en que se dicte una sentencia condenatoria por cualquiera de los delitos enumerados en el inciso (b) del Artículo 21B de este Capítulo, el Ministerio Público remitirá al Registro copia de la sentencia y la información dispuesta en el inciso (a) de este Artículo. La Oficina de Administración de los Tribunales establecerá, en coordinación con el Departamento de Justicia, los mecanismos electrónicos necesarios para la transmisión de esta información. El Departamento de Corrección y Rehabilitación notificará al Registro la fecha de excarcelación de toda persona inscrita.
d. El Departamento de Justicia notificará por escrito a la persona su inscripción en el Registro, el término de esta y los derechos que le reconoce este Capítulo. La persona inscrita deberá notificar al Registro cualquier cambio en su municipio de residencia dentro de los treinta (30) días siguientes a dicho cambio.
e. La persona inscrita podrá solicitar al Departamento de Justicia, en cualquier momento, la corrección de la información errónea que conste en el Registro. El Departamento resolverá la solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, y su determinación podrá ser revisada conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.
f. La información de una persona será excluida del Registro inmediatamente al vencer el término de su inscripción, o cuando la sentencia condenatoria sea revocada o anulada mediante sentencia final y firme, o cuando la persona reciba un indulto total. El Departamento de Justicia conservará la información excluida, con carácter confidencial, únicamente para fines de determinar la reincidencia.”
Sección 4.- Se añade un nuevo Artículo 21D al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 21D.- Deber de consultar el Registro.
a. Antes de entregar un animal en adopción, venta, donación, cuidado temporero o cualquier otra forma de transferencia de su posesión o custodia, las siguientes entidades y personas deberán consultar el Registro para verificar si la persona que recibirá el animal, así como cualquier otra persona mayor de edad que la entidad conozca que residirá con el animal, se encuentra inscrita:
i. Los albergues, refugios y centros de recogido de animales, sean municipales, estatales o privados, incluidos los refugios regionales establecidos al amparo de la Ley Núm. 36 de 30 de mayo de 1984, según enmendada, conocida como la “Ley de Refugios de Animales Regionales”.
ii. Las organizaciones sin fines de lucro y los grupos de rescate que entreguen animales en adopción o en hogares temporeros.
iii. Los reproductores, criadores y vendedores comerciales de mascotas licenciados por el Departamento de Salud.
iv. Las tiendas de mascotas y cualquier otro establecimiento comercial que venda animales.
v. Los municipios y las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que entreguen animales en adopción o por cualquier otro medio.
b. Las entidades y personas enumeradas en el inciso (a) de este Artículo no entregarán un animal a una persona inscrita en el Registro, ni cuando conozcan que el animal residirá con una persona inscrita. Conservarán constancia de cada consulta realizada por un término de tres (3) años, la cual estará disponible para la inspección del Departamento de Salud y de la Oficina Estatal de Control Animal.
c. Toda persona o entidad obligada que no consulte el Registro, o que, a sabiendas, entregue un animal en contravención a lo dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, estará sujeta a una multa administrativa de hasta mil dólares ($1,000) por la primera infracción, y de hasta cinco mil dólares ($5,000) por cada infracción subsiguiente, que impondrá el Secretario de Salud, por conducto de la Oficina Estatal de Control Animal, conforme al procedimiento adjudicativo dispuesto en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada. En el caso de los reproductores, criadores y vendedores comerciales licenciados, la reincidencia será, además, causa suficiente para la suspensión o revocación de la licencia. Las multas recaudadas ingresarán al fondo especial dispuesto en el Artículo 21 de este Capítulo.
d. La persona o entidad que consulte el Registro de buena fe y actúe conforme a la información obtenida no incurrirá en responsabilidad civil por negarse a entregar un animal a una persona inscrita.”
Sección 5.- Se añade un nuevo Artículo 21E al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 21E.- Acceso al Registro y protección de la información.
a. El Registro no estará disponible al público en general. El Departamento de Justicia habilitará un portal cibernético seguro mediante el cual las entidades y personas enumeradas en el inciso (a) del Artículo 21D de este Capítulo, previa inscripción y acreditación de su condición, podrán realizar las consultas requeridas. El resultado de la consulta se limitará a informar si la persona consultada se encuentra inscrita, su municipio de residencia, su fotografía para fines de identificación y la fecha en que vence la inscripción.
b. Tendrán acceso a la totalidad de la información del Registro, para fines del desempeño de sus funciones oficiales, los tribunales; el Ministerio Público; la Policía de Puerto Rico y las policías municipales; el Departamento de Corrección y Rehabilitación; el Departamento de Salud y la Oficina Estatal de Control Animal; y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, incluido su Cuerpo de Vigilantes.
c. Toda persona podrá solicitar por escrito al Departamento de Justicia que le certifique si ella misma se encuentra inscrita en el Registro.
d. La información obtenida del Registro se utilizará únicamente para los fines dispuestos en este Capítulo. Se prohíbe divulgarla, publicarla, venderla o utilizarla para hostigar, discriminar en el empleo o la vivienda, o de cualquier otra forma perjudicar a la persona inscrita. Toda persona que, a sabiendas, infrinja esta prohibición incurrirá en delito menos grave, sin perjuicio de la acción civil que proceda por los daños causados.
e. El Departamento de Justicia adoptará las medidas de seguridad cibernética necesarias para proteger la integridad y la confidencialidad de la información del Registro, y mantendrá un historial de cada consulta realizada, que identifique a la persona o entidad que la realizó y la fecha.”
Sección 6.- Se añade un nuevo Artículo 21F al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 21F.- Informe anual.
El Departamento de Justicia publicará en su portal cibernético, no más tarde del 31 de marzo de cada año, un informe estadístico sobre el funcionamiento del Registro durante el año natural anterior, que incluirá, sin identificar a persona alguna, la cantidad de personas inscritas y excluidas, desglosadas por delito y por municipio de residencia; la cantidad de consultas realizadas y de entidades acreditadas; y la cantidad de multas impuestas al amparo del Artículo 21D de este Capítulo. Copia del informe se presentará en la Secretaría de la Cámara de Representantes y en la Secretaría del Senado de Puerto Rico.”
Sección 7.- Se añade un nuevo Artículo 21G al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 21G.- Reglamentación.
El Secretario de Justicia, en lo concerniente al Registro, y el Secretario de Salud, en lo concerniente al deber de consulta y a la imposición de multas administrativas, adoptarán la reglamentación necesaria para implantar los Artículos 21A al 21F de este Capítulo, de conformidad con la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. La reglamentación dispondrá, entre otros asuntos, el procedimiento de acreditación de las entidades que realizarán consultas, el formato de las constancias de consulta y los mecanismos de coordinación con la Oficina de Administración de los Tribunales y con el Departamento de Corrección y Rehabilitación.”
Sección 8.- Aplicación prospectiva.
Las disposiciones de los Artículos 21A, 21B y 21C del Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, que se añaden mediante esta Ley, se aplicarán únicamente a las personas convictas por hechos cometidos a partir de la fecha de vigencia de esta Ley.
Sección 9.- Implantación y presupuesto.
El Departamento de Justicia tendrá un término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la vigencia de esta Ley, para adoptar la reglamentación y poner en funcionamiento el Registro y el portal de consulta. Durante dicho término, el Departamento de Salud, por conducto de la Oficina Estatal de Control Animal, orientará a las entidades obligadas sobre el deber de consulta. El Departamento de Justicia podrá utilizar, para el desarrollo del Registro, la infraestructura tecnológica de los registros de personas convictas que administra, y consignará en su petición presupuestaria anual los fondos necesarios para su operación. El Departamento de Justicia podrá, además, solicitar fondos federales y donativos de entidades públicas y privadas para estos fines.
Sección 10.- Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.
Sección 11.- Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, el deber de consulta dispuesto en el Artículo 21D del Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, y las multas administrativas correspondientes comenzarán a regir a los ciento ochenta (180) días de su aprobación.
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