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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1598

16 DE NOVIEMBRE DE 2026

Presentado por la representante Vargas Laureano

Referido a la Comisión de Seguridad Pública

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 36A a la Ley Núm. 83-2025, según enmendada, conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de crear, adscrita a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico, la División de Investigación de Delitos contra los Animales, con agentes especializados en todas las áreas policiacas; disponer sus funciones y el adiestramiento compulsorio de su personal y de los cadetes; añadir un nuevo Artículo 16A al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a los fines de establecer un protocolo uniforme para el recogido, la documentación, la custodia y el cuidado veterinario de los animales ocupados como evidencia, mediante acuerdos con albergues certificados, y un procedimiento para que el guardián sufrague los costos de su cuidado mientras se ventila el caso; enmendar el Artículo 21 del Capítulo II de dicha Ley, a fin de autorizar el uso del fondo especial allí dispuesto para sufragar dichos costos; ordenar al Secretario de Justicia la designación de fiscales especializados en delitos contra los animales en cada Fiscalía de Distrito; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, tipifica como delitos el abandono, la negligencia, el maltrato, el maltrato severo y agravado, el envenenamiento y las peleas de animales, entre otras conductas. Mediante la Ley Núm. 73-2026, esta Asamblea Legislativa atemperó esas penas al sistema de términos fijos del Código Penal y las aumentó de forma significativa: hoy el maltrato de animales conlleva una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años; el maltrato severo, de ocho (8) años; y el maltrato agravado y las peleas de animales, de quince (15) años. Pero una pena severa solo disuade cuando existe una probabilidad real de que el delito sea investigado, procesado y probado en el tribunal.

Esa probabilidad es hoy muy baja. De acuerdo con datos de la Policía de Puerto Rico publicados en abril de 2025, las querellas por maltrato de animales aumentaron de doscientas cincuenta y cuatro (254) en 2022 a cuatrocientas quince (415) en 2024, un alza de sesenta y tres por ciento (63%). En 2025, la Policía registró quinientos ochenta (580) incidentes por alegadas violaciones a la Ley Núm. 154-2008, pero el Departamento de Justicia radicó solamente sesenta (60) casos. Según se ha informado públicamente, la Policía carece del equipo y de una estructura formal que le permita realizar investigaciones exhaustivas que puedan sostenerse en los tribunales.

Los delitos contra los animales presentan retos investigativos particulares. La víctima no puede declarar; la prueba depende en gran medida del examen veterinario forense, de la necropsia, de la documentación fotográfica y del análisis de la escena; y el propio animal, cuando sobrevive, es a la vez víctima y evidencia. En los casos de acumulación de animales, de criaderos clandestinos o de peleas organizadas, las autoridades pueden encontrarse de súbito con decenas de animales que requieren atención veterinaria inmediata y un lugar donde permanecer durante meses. En junio de 2024, por ejemplo, el Ministerio Público presentó ciento veinte (120) cargos contra una residente de Añasco por la condición de una gran cantidad de gatos, algunos de los cuales murieron mientras recibían los primeros auxilios.

Sin embargo, el país no cuenta con un protocolo uniforme para la ocupación y custodia de los animales como evidencia. Pocos albergues privados, como Villa Michelle, en Mayagüez, y The Humane Society of Puerto Rico, en Guaynabo, han colaborado de forma consistente con las autoridades para recibir animales rescatados en casos de maltrato. Los albergues asumen costos de cuidado que pueden extenderse durante todo el proceso judicial, mientras el animal permanece en una jaula a la espera de que se resuelva el caso. El Artículo 18 del Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008 reconoce que los gastos de cuidado del animal confiscado constituyen un embargo sobre el animal, pero solo permite recobrarlos al concluir el caso criminal.

La Ley Núm. 83-2025, según enmendada, conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, separó a la Policía del Departamento de Seguridad Pública y la organizó bajo la dirección de un Superintendente, con una Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales. Esta Asamblea Legislativa entiende que la unidad especializada debe ubicarse en la Policía, y no en el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública, porque la Policía es la agencia que recibe las querellas en todo el país, la que interviene primero en la escena y la que la Ley Núm. 154-2008 identifica expresamente para ocupar animales, equipo y dinero en los casos de peleas de animales. Ello no impide que el Negociado de Investigaciones Especiales intervenga, en coordinación con la División, en los casos de crimen organizado, tráfico de animales o corrupción pública.

Esta medida crea, por disposición de ley, la División de Investigación de Delitos contra los Animales, con agentes especializados en todas las áreas policiacas; exige adiestramiento compulsorio en la investigación de estos delitos; establece en la Ley Núm. 154-2008 un protocolo uniforme para el recogido, la documentación, la custodia y el cuidado veterinario de los animales ocupados, mediante acuerdos con albergues certificados por la Oficina Estatal de Control Animal; dispone un procedimiento, con las debidas garantías de notificación y audiencia, para que el guardián acusado sufrague el costo del cuidado mientras se ventila el caso; autoriza el uso del fondo especial que nutren las multas de dicha Ley para reembolsar a los albergues; y ordena al Secretario de Justicia la designación de fiscales especializados en cada Fiscalía de Distrito.

La Policía y el Departamento de Justicia podrán implantar esta Ley, en gran medida, mediante la reasignación y el adiestramiento de personal existente. Proteger a los animales es también proteger a las personas: el maltrato de animales se asocia con frecuencia a la violencia doméstica, al maltrato de menores y de adultos mayores, y a otras formas de criminalidad. Por las razones expuestas, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio aprobar esta Ley.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 36A a la Ley Núm. 83-2025, según enmendada, conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, que leerá como sigue:

“Artículo 36A.- División de Investigación de Delitos contra los Animales.

a. Creación. Se crea la División de Investigación de Delitos contra los Animales, adscrita a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales. La División tendrá una oficina central y contará con agentes asignados a cada una de las áreas policiacas en que se organice la Policía de Puerto Rico, en número suficiente para atender el volumen de querellas de cada área. El Superintendente designará a un oficial con rango no menor de Capitán como Director de la División.

b. Funciones. La División tendrá las siguientes funciones:

1. Investigar las querellas y los incidentes relacionados con los delitos tipificados en la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, y con cualquier otro delito cometido contra un animal o mediante el uso de un animal.

2. Prestar apoyo técnico a los agentes de la Policía y de las policías municipales que intervengan inicialmente en una escena de maltrato de animales.

3. Aplicar el protocolo de recogido, documentación, custodia y cuidado de los animales ocupados dispuesto en el Artículo 16A del Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada.

4. Coordinar sus investigaciones con los fiscales especializados en delitos contra los animales del Departamento de Justicia; con la Oficina Estatal de Control Animal del Departamento de Salud; con el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; con las policías municipales; y con el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública en los casos de peleas organizadas de animales, tráfico de animales, crimen organizado o corrupción pública.

5. Referir al Departamento de la Familia, a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y a la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, según corresponda, los casos de maltrato de animales en que existan indicios de violencia doméstica, maltrato de menores o maltrato de adultos mayores.

6. Formalizar acuerdos de colaboración con el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, con la Universidad de Puerto Rico y con otras instituciones públicas o privadas para obtener servicios de medicina veterinaria forense, incluidas las necropsias y los peritajes.

7. Mantener estadísticas de las querellas recibidas, las investigaciones realizadas, los animales ocupados y su disposición, y los casos referidos al Ministerio Público.

c. Adiestramiento. Todo agente asignado a la División deberá completar, antes de su asignación o dentro de los seis (6) meses siguientes, un adiestramiento especializado de no menos de cuarenta (40) horas sobre la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, la investigación de delitos contra los animales, el manejo seguro y humanitario de animales, la identificación de señales de maltrato y negligencia, la documentación de la escena y la cadena de custodia de la evidencia, y el vínculo entre el maltrato de animales y la violencia contra las personas, y un readiestramiento anual de no menos de ocho (8) horas. Además, la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento incluirá estos temas en el currículo de la Academia de la Policía y en el programa de educación continua de todos los miembros de la Policía de Puerto Rico. Los adiestramientos se diseñarán en coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina Estatal de Control Animal y el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, y podrán ofrecerse por organizaciones sin fines de lucro con peritaje reconocido en la materia.

d. Línea de querellas. La Policía de Puerto Rico habilitará mecanismos para que la ciudadanía presente querellas por maltrato de animales por teléfono y por medios electrónicos, incluida la posibilidad de enviar fotografías y vídeos. Toda querella será referida a la División dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo.

e. Informe anual. El Superintendente publicará en el portal cibernético de la Policía, no más tarde del 31 de marzo de cada año, un informe sobre las estadísticas dispuestas en el inciso (b)(7) de este Artículo correspondientes al año natural anterior, y remitirá copia a la Secretaría de la Cámara de Representantes y a la Secretaría del Senado de Puerto Rico.”

Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 16A al Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, que leerá como sigue:

“Artículo 16A.- Animales ocupados como evidencia; protocolo de custodia y cuidado.

a. Protocolo uniforme. La Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud, por conducto de la Oficina Estatal de Control Animal, adoptarán conjuntamente un protocolo uniforme para el recogido, la documentación, la custodia y el cuidado veterinario de los animales ocupados o removidos en el curso de una investigación o de un procedimiento al amparo de esta Ley, el cual será de aplicación a la Policía de Puerto Rico, a las policías municipales, al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a los inspectores del Departamento de Salud y de la Oficina Estatal de Control Animal. El protocolo dispondrá, como mínimo:

1. La evaluación veterinaria de cada animal dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocupación, o de inmediato cuando el animal presente una emergencia.

2. La documentación del estado de cada animal mediante fotografías, vídeos, informes veterinarios y, cuando proceda, necropsias, de modo que dicha documentación pueda presentarse como evidencia en sustitución del animal.

3. La identificación individual de cada animal y el registro de su cadena de custodia.

4. Los criterios para la entrega del animal a un albergue certificado, a un hogar temporero supervisado por este o a un refugio regional.

5. La eutanasia, únicamente cuando un médico veterinario certifique que el animal padece una condición terminal o un sufrimiento que no puede aliviarse, conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de este Capítulo, o cuando el Departamento de Salud determine que el animal representa un peligro, conforme al inciso (f) del Artículo 8 de este Capítulo.

b. Albergues certificados. La Oficina Estatal de Control Animal certificará a los albergues municipales, refugios regionales y organizaciones sin fines de lucro que cumplan con los requisitos de capacidad, cuidado veterinario y seguridad que establezca mediante reglamento, y formalizará con ellos acuerdos para la custodia y el cuidado de los animales ocupados. Los acuerdos dispondrán el reembolso de los costos razonables de cuidado conforme al Artículo 21 de este Capítulo y a los fondos disponibles. La Oficina Estatal de Control Animal publicará en su portal cibernético la lista de albergues certificados, desglosada por región.

c. Costos de cuidado durante el proceso. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ocupación de un animal en un caso en que se hayan presentado o se vayan a presentar cargos al amparo de esta Ley, el Ministerio Público o el albergue custodio podrá solicitar al tribunal que ordene al guardián pagar o afianzar el costo razonable del cuidado del animal por un periodo de treinta (30) días, renovable por periodos iguales mientras el animal permanezca en custodia. El tribunal celebrará una vista dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud, previa notificación al guardián, y fijará la cuantía a base de la prueba sobre el costo diario del cuidado. Al hacerlo, tomará en consideración la capacidad económica del guardián.

d. Si el guardián no paga ni afianza la cuantía fijada dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la orden, o si renuncia voluntariamente a sus derechos sobre el animal, el tribunal podrá ordenar que el animal sea entregado en adopción o transferido permanentemente a un albergue u organización sin fines de lucro, sin perjuicio de que continúe el procedimiento criminal. Si el guardián resulta absuelto o los cargos son desestimados, se le reembolsarán las cantidades pagadas o afianzadas, descontado el costo del cuidado de los animales que le sean devueltos, y, de no ser posible la devolución del animal, tendrá derecho a que se le compense su valor razonable con cargo al fondo especial dispuesto en el Artículo 21 de este Capítulo.

e. Nada de lo dispuesto en este Artículo limitará las facultades del tribunal al amparo del Artículo 16 de este Capítulo, ni los remedios dispuestos en el Artículo 18 de este Capítulo o en la Ley Núm. 115-2026, conocida como la “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”.”

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 21 del Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 21. — Fondo de Compensación.

El dinero proveniente de las multas pasará a un fondo especial que [se] será administrado por la OECA, a distribuirse entre los albergues de los municipios, para proveer servicios directos al cuidado de los animales. Además, la OECA podrá utilizar el fondo para reembolsar a los albergues certificados los costos razonables de la custodia y el cuidado de los animales ocupados como evidencia al amparo del Artículo 16A de este Capítulo, y para las compensaciones dispuestas en el inciso (d) de dicho Artículo. La OECA publicará anualmente en su portal cibernético un informe sobre los ingresos del fondo y los desembolsos realizados.”

Sección 4.- Fiscales especializados en delitos contra los animales.

El Secretario de Justicia designará, en cada Fiscalía de Distrito, por lo menos a un (1) fiscal especializado en delitos contra los animales, quien tendrá a su cargo la investigación y el procesamiento de los delitos tipificados en la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, y de otros delitos cometidos contra los animales, y designará, además, a un (1) fiscal coordinador a nivel central. Los fiscales especializados colaborarán con la División de Investigación de Delitos contra los Animales de la Policía de Puerto Rico desde las etapas iniciales de la investigación, y recibirán un adiestramiento especializado de no menos de veinte (20) horas en esta materia dentro de los seis (6) meses siguientes a su designación y un readiestramiento anual. El Departamento de Justicia publicará anualmente, en su portal cibernético, las estadísticas de los casos presentados, archivados, desestimados y resueltos al amparo de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, desglosadas por Fiscalía de Distrito y por delito.

Sección 5.- Protocolo y reglamentación.

La Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud adoptarán el protocolo dispuesto en el Artículo 16A del Capítulo II de la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la vigencia de esta Ley. La Oficina Estatal de Control Animal adoptará, dentro del mismo término, la reglamentación para la certificación de albergues, de conformidad con la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. El Superintendente de la Policía de Puerto Rico adoptará la reglamentación interna necesaria para la organización y el funcionamiento de la División de Investigación de Delitos contra los Animales conforme al Artículo 39 de la Ley Núm. 83-2025, según enmendada.

Sección 6.- Implantación y presupuesto.

La División de Investigación de Delitos contra los Animales deberá estar en funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la vigencia de esta Ley. La Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia implantarán esta Ley, en primera instancia, mediante la reasignación de personal y recursos existentes, y consignarán en sus peticiones presupuestarias anuales los fondos necesarios para su operación. La Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud podrán solicitar fondos federales, incluidos los fondos de asistencia a la justicia criminal para los que sean elegibles, y aceptar donativos de entidades públicas y privadas para los fines de esta Ley.

Sección 7.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Sección 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

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