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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1599

16 DE NOVIEMRE DE 2026

Presentado por la representante Vargas Laureano

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar los Artículos 232, 235, 429, 444, 448, 462 y 475, y añadir un nuevo Artículo 235A a la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de reconocer que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, sin alterar su régimen patrimonial ni crear delitos o causas de acción; establecer los criterios que guiarán al tribunal al adjudicar la guarda de los animales domésticos y domesticados cuando la familia que la comparte se separa o se divorcia, extender esa regla a las parejas que conviven sin estar casadas, reconocer la guarda compartida y la aportación a sus gastos veterinarios, incorporar la guarda de esos animales al convenio de divorcio, a las medidas provisionales, a la sentencia y al divorcio en sede notarial, y reconocer el derecho a la reparación del daño moral y al recobro de los gastos de curación cuando se cause la muerte o una lesión grave a un animal doméstico o domesticado; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Civil de Puerto Rico de 2020 colocó a Puerto Rico entre las jurisdicciones que reconocen que los animales de compañía no son cosas. Su Artículo 232 declara que los animales domésticos y domesticados “son seres sensibles” y que “no son bienes o cosas, ni están sujetos a embargo”. El Artículo 233 dispone que su guarda y las decisiones sobre ellos se atenderán “garantizando su bienestar y seguridad física”. El Artículo 235, por su parte, encomienda al tribunal adjudicar la guarda del animal cuando la familia que la comparte se separa o se divorcia y no hay acuerdo, “teniendo en cuenta el mejor interés de los miembros de la familia y el bienestar y la seguridad del animal”, y le permite imponer una aportación económica para sus necesidades básicas.

La materia toca a una gran parte del país. Según la Radiografía del Consumidor 2023 de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), cerca del 48% de los hogares de Puerto Rico, unos 643,000, tiene mascotas, dato que esta Asamblea Legislativa acogió en la Ley Núm. 186-2026. Aquel paso del Código fue acertado, pero quedó incompleto. El Artículo 235 enuncia un principio, pero no ofrece al tribunal criterios para aplicarlo. No dice si la guarda puede compartirse, qué gastos comprende la aportación ni si la regla alcanza a las parejas que conviven sin estar casadas. Tampoco se conectó con el resto del Código. El convenio que deben suscribir los cónyuges que piden el divorcio por petición conjunta (Artículo 429), las medidas provisionales que rigen durante el proceso (Artículos 444 a 448), el contenido de la sentencia (Artículo 462) y el divorcio en sede notarial (Artículos 473 a 475) no mencionan a los animales de la familia. El resultado es que la guarda del animal queda, con frecuencia, fuera de los acuerdos y de la sentencia, y se convierte después en un pleito aparte.

Esos pleitos ya ocurren. En Hatton Rentas v. Sáez Ortiz, KLAN202400465, 2024 PR App. LEXIS 1484 (28 de junio de 2024), el Tribunal de Apelaciones confirmó, mediante sentencia, la adjudicación de la guarda de una perra y una gata tras la ruptura de una pareja que convivía sin estar casada. Ante el silencio del Código, el foro apelativo tuvo que formular sus propios criterios y expresó que, al adjudicar la guarda, “debemos considerar quien es el cuidador principal basado en factores como el cuidado veterinario, aseo, comida, compañía y otros”. Esa sentencia no constituye precedente, pero ilustra la necesidad de que sea la Asamblea Legislativa la que fije, con carácter general, los criterios que hoy cada tribunal debe construir caso a caso.

La experiencia de otras jurisdicciones confirma la dirección de esta medida. En España, la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, modificó el Código Civil para disponer que la autoridad judicial confiará los animales de compañía a uno o ambos cónyuges y determinará la forma en que el otro podrá tenerlos en su compañía y el reparto de las cargas de su cuidado, “atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este” (artículo 94 bis). La misma ley exige que el convenio regulador y las medidas provisionales incluyan el destino de los animales de compañía. En los Estados Unidos, Illinois dispuso desde el 1 de enero de 2018 que, al asignar la responsabilidad sobre un animal de compañía en el divorcio, el tribunal “shall take into consideration the well-being of the companion animal” (750 ILCS 5/503(n)), y California (Family Code, § 2605), Alaska (Alaska Stat. § 25.24.160(a)(5)), Nueva York (Domestic Relations Law, § 236(B)(5)(d)(15)), New Hampshire, Maine, Delaware, Rhode Island y el Distrito de Columbia adoptaron reglas análogas. Rhode Island, por ejemplo, enumera desde 2024 los factores que el tribunal debe considerar (R.I. Gen. Laws § 15-5-30), y Delaware prohíbe durante el proceso transferir, ocultar o disponer del animal sin el acuerdo escrito de ambas partes.

Esta Ley completa el Artículo 235. Establece una lista no taxativa de factores, que incluye el bienestar del animal, quién lo ha atendido de ordinario, su vínculo con cada parte y con los hijos, la disponibilidad de tiempo y espacio, su condición de animal de apoyo emocional y cualquier historial de maltrato de animales o de violencia doméstica. Dispone que el animal de servicio permanece con la persona con impedimentos a quien asiste y, tomando como referencia el artículo 92.7 del Código Civil español, que considera el maltrato animal al decidir la guarda de los hijos, excluye la guarda compartida del animal cuando hay una orden de protección entre las partes o indicios fundados de violencia doméstica o de maltrato animal. Aclara que la guarda puede compartirse, que la decisión se toma con independencia de quién figure como dueño o haya pagado por el animal, y que la aportación comprende la alimentación y el cuidado veterinario ordinario y extraordinario. Extiende expresamente la regla a las parejas que conviven sin estar casadas y permite modificar lo resuelto, previa notificación y vista, cuando cambien las circunstancias. Las medidas provisionales sobre el animal también requieren notificación y vista, de modo que nadie sea privado de la compañía de su animal sin la oportunidad de ser oído; solo en situaciones de urgencia, o cuando hay indicios de violencia doméstica o de maltrato, el tribunal puede actuar de inmediato, con una vista dentro de los diez días siguientes. Además, incorpora la guarda de los animales al convenio de la petición conjunta, a las medidas provisionales, a la sentencia y, de forma potestativa, al divorcio en sede notarial, para que el asunto se resuelva en el mismo proceso y no en un pleito posterior.

La medida atiende también una laguna en la responsabilidad civil. Si el animal doméstico no es un bien, su “valor de mercado” no puede ser la medida de lo que se pierde cuando alguien, por culpa o negligencia, lo mata o lo lesiona gravemente. El Código Civil español, en su artículo 333 bis, añadido por la Ley 17/2021, dispone que, cuando la lesión provoca la muerte o un menoscabo grave de la salud de un animal de compañía, “tanto su propietario como quienes convivan con el animal tienen derecho a que la indemnización comprenda la reparación del daño moral causado”. El mismo artículo reconoce que los gastos de curación de un animal herido o abandonado son recuperables por quien los pagó “aun cuando hayan sido superiores al valor económico de éste”. En los Estados Unidos, Tennessee permite desde el año 2000 una indemnización de hasta $5,000 por daños no económicos por la muerte de un perro o un gato, limitada a la pérdida de su compañía y afecto (Tenn. Code Ann. § 44-17-403), e Illinois reconoce la angustia emocional del dueño cuando el animal es víctima de crueldad agravada (510 ILCS 70/16.3).

El nuevo Artículo 235A se inspira en esos principios y los adopta con mesura. Reconoce el recobro de los gastos razonables de curación y cuidado, aunque excedan el valor económico del animal, y la reparación del daño moral de su guardián y de las personas que convivían con él. El daño moral se limita a la pérdida del afecto y la compañía que razonablemente podía esperarse del animal, y solo procede por su muerte o por una lesión grave o permanente. Para no encarecer de forma desmedida los servicios veterinarios ni fomentar la litigación, la indemnización por daño moral tiene un límite de cinco mil dólares ($5,000) por animal cuando el daño se causa por culpa o negligencia; el límite no aplica cuando el acto constituye delito, es doloso o se realiza con grave menosprecio a la vida del animal. En el caso de los médicos veterinarios, el daño moral solo procede si media dolo o grave menosprecio a la vida o a la seguridad del animal, y no procede contra las entidades públicas o sin fines de lucro que actúan en funciones de salud pública o de bienestar animal, ni cuando se repele el ataque de un animal o se practica una eutanasia autorizada. La medida respeta la inmunidad familiar del Artículo 1537, la regla de imprudencia concurrente del Artículo 1545 y los remedios de la Ley Núm. 115-2026.

Por último, la Ley atiende una cuestión de principio. El Artículo 232 reconoce como seres sensibles solo a los animales domésticos y domesticados, y excluye de esa categoría a los animales destinados a la industria, al deporte o al recreo. La ciencia no admite esa distinción: un animal de granja, uno de laboratorio o uno silvestre también sienten dolor. Siguiendo el modelo del artículo 333 bis del Código Civil español y del artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esta Ley añade al Artículo 232 un párrafo que reconoce que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y que solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección. Para evitar efectos no deseados, conserva el régimen especial de los animales domésticos y domesticados, que no son bienes ni están sujetos a embargo, y aclara que el nuevo reconocimiento no modifica las leyes sobre la propiedad, la posesión, el comercio o el uso agrícola, pesquero, deportivo o científico de los animales, ni crea por sí mismo delitos, penas o causas de acción.

Esta Ley no tiene impacto fiscal. Se limita a ordenar las relaciones privadas y a dotar a los tribunales de reglas claras, lo que debe reducir la litigación. Por las razones expuestas, esta Asamblea Legislativa entiende necesario completar el régimen de los animales domésticos y domesticados del Código Civil de Puerto Rico, en armonía con el respeto que se debe a los seres sensibles y con el bienestar de las familias puertorriqueñas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 232 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 232. — Los animales; [Los] los animales domésticos y domesticados.

Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección. Este reconocimiento no modifica las disposiciones de este Código ni de las leyes especiales sobre la propiedad, la posesión, el comercio o el uso agrícola, pesquero, deportivo, científico o de investigación de los animales, ni crea por sí mismo delitos, penas o causas de acción distintos de los que expresamente dispongan las leyes.

Los animales domésticos y domesticados son seres sensibles.

Son animales domésticos, aquellos que han sido criados bajo la guarda de una persona, que conviven con ella y necesitan de esta para su subsistencia y no son animales silvestres.

Los animales domesticados son aquellos que han sido entrenados para modificar su comportamiento para que realicen funciones de vigilancia, protección, búsqueda y rescate de personas, terapia, asistencia, entrenamiento, y otras acciones análogas.

Los animales domésticos y domesticados no son bienes o cosas, ni están sujetos a embargo. Los animales destinados a la industria, a actividades deportivas o de recreo están excluidos de esta categoría.”

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 235 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 235. — Adjudicación judicial sobre deberes de protección y cuidados.

En caso de separación o divorcio de la familia que comparte la guarda del animal, o de ruptura de la convivencia de personas que, sin estar casadas entre sí, compartían su guarda, a falta de acuerdo entre las partes, corresponde al tribunal adjudicarla. Igualmente, debe el tribunal resolver el derecho que corresponde a la persona a quien no se le otorga la guarda, a compartir con el animal.

El tribunal adjudicará la guarda del animal y los derechos a tenerlo en su compañía, teniendo en cuenta el mejor interés de los miembros de la familia y el bienestar y la seguridad del animal, con independencia de quién figure como su dueño o adquirente y de quién haya pagado por él. La guarda podrá confiarse a una sola persona o a ambas, de forma compartida, alterna o en el modo que el tribunal disponga. El tribunal puede imponer a cualquiera de las personas que comparten la guarda o compañía, si tienen medios económicos suficientes, una aportación económica para satisfacer las necesidades básicas del animal, que comprenden su alimentación, su higiene, sus vacunas y su cuidado veterinario ordinario. Los gastos veterinarios extraordinarios se sufragarán en proporción a los medios económicos de cada parte, salvo que el tribunal disponga otra cosa.

Para adjudicar la guarda y los derechos a tener el animal en su compañía, el tribunal considerará, entre otros factores pertinentes, los siguientes:

(a) el bienestar, la salud, la edad y las necesidades del animal, y la conveniencia de mantener su entorno y su rutina;

(b) quién ha atendido de ordinario la alimentación, el cuidado veterinario, la higiene, el ejercicio y la compañía del animal;

(c) el vínculo afectivo del animal con cada una de las partes y con los hijos menores de edad o mayores incapaces que forman parte del grupo familiar, y la conveniencia de que el animal permanezca con estos;

(d) el tiempo, la vivienda y el espacio de que dispone cada parte para atender las necesidades del animal según su especie, edad y estado de salud;

(e) si el animal es de apoyo emocional de una de las partes o de un miembro del grupo familiar;

(f) las circunstancias en que se adquirió el animal, sin que la titularidad o el registro sean determinantes por sí solos;

(g) los acuerdos previos de las partes sobre el animal;

(h) la capacidad de cada parte para sufragar los gastos del animal, sin que este factor sea determinante por sí solo;

(i) la proximidad entre las residencias de las partes y su capacidad para cooperar, cuando se considere la guarda compartida;

(j) cualquier historial de maltrato, negligencia o abandono de animales, o de violencia doméstica, incluido el maltrato o la amenaza de maltrato del animal como medio para intimidar o controlar a otra persona; y

(k) cualquier otro factor pertinente al bienestar del animal y de los miembros de la familia.

El animal domesticado que presta servicio o asistencia a una persona con impedimentos permanecerá con la persona a quien asiste.

El tribunal no confiará la guarda del animal a la persona que haya sido convicta, dentro de los diez (10) años anteriores, de maltrato, negligencia o abandono de animales conforme a la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”. No procederá la guarda compartida cuando exista una orden de protección vigente, al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, contra una de las partes y a favor de la otra o de un miembro del grupo familiar, o cuando el tribunal advierta indicios fundados de violencia doméstica o de maltrato de animales. En esos casos, el tribunal adoptará las medidas necesarias para que el régimen de compañía no ponga en riesgo a la parte protegida, a los demás miembros del grupo familiar ni al animal, y podrá denegarlo.

Lo resuelto sobre la guarda, el régimen de compañía y la aportación económica podrá modificarse a petición de parte, previa notificación y vista, cuando cambien sustancialmente las circunstancias que se tomaron en cuenta. Lo dispuesto en este artículo es compatible con los remedios de la Ley Núm. 115-2026, conocida como “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”, y no los sustituye.”

Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 235A a la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, que leerá como sigue:

“Artículo 235A. — Daños por la muerte o la lesión de un animal doméstico o domesticado.

Cuando por culpa o negligencia, o por un acto intencional, se cause la muerte o una lesión grave o permanente a un animal doméstico o domesticado, la indemnización comprenderá:

(a) los gastos razonables de curación, cuidado y rehabilitación del animal, aun cuando excedan su valor económico, así como los gastos razonables de entierro o cremación;

(b) el costo razonable de reemplazo del animal, cuando proceda; y

(c) la reparación del daño moral que sufran su guardián o dueño y los miembros del grupo familiar que convivían con el animal, limitada a la pérdida del afecto y la compañía que razonablemente podían esperar de él.

Cuando el daño se cause por culpa o negligencia, la indemnización por daño moral no excederá de cinco mil dólares ($5,000) por cada animal, cantidad que el tribunal distribuirá entre los reclamantes. Este límite no aplicará cuando el acto u omisión constituya delito, se realice de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida o a la seguridad del animal. En estos casos procederá, además, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 1538 de este Código.

En las reclamaciones por actos u omisiones de un médico veterinario licenciado en el ejercicio de su profesión, solo procederá la reparación del daño moral cuando el acto u omisión sea doloso o se realice con grave menosprecio a la vida o a la seguridad del animal. En el caso de grave menosprecio, la indemnización por daño moral estará sujeta al límite dispuesto en el párrafo anterior.

No procederá la reparación del daño moral contra una entidad gubernamental o una entidad sin fines de lucro, ni contra sus empleados, que de forma negligente causen la muerte o la lesión de un animal mientras actúan en funciones de salud pública o de bienestar animal; ni cuando el daño se cause al repeler un ataque del animal contra una persona o contra otro animal, o mediante la eutanasia u otro procedimiento autorizado por ley.

Quien socorra a un animal doméstico o domesticado herido o abandonado podrá recobrar los gastos razonables de su curación y cuidado de la persona responsable del daño o del abandono.

Lo dispuesto en este artículo aplica también a la responsabilidad que regula el Artículo 1541 de este Código cuando el daño lo causa el animal de otra persona. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 1537 y 1545 de este Código, de los remedios de la Ley Núm. 115-2026, conocida como “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”, y de la restitución que se ordene en un procedimiento penal, sin que proceda la duplicación del resarcimiento.”

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 429 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 429. — Contenido de la petición conjunta.

Para que el tribunal admita la petición conjunta, se exige que esta se presente acompañada del convenio suscrito y jurado por ambos cónyuges sobre los siguientes asuntos y consecuencias de su divorcio:

(a) la voluntad de divorciarse;

(b) el ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores sobre los hijos menores de edad habidos en el matrimonio;

(c) la atribución de la custodia de los hijos menores de edad a uno o a ambos progenitores de modo compartido;

(d) el ejercicio de la tutela o de la patria potestad prorrogada de los progenitores sobre los hijos mayores de edad, incapaces y la custodia de dichos hijos;

(e) la atención de las necesidades particulares y del sustento de los hijos menores de edad y de los hijos mayores de edad incapaces que están bajo su cuidado;

(f) el modo en que cada cónyuge ha de relacionarse con los hijos que no vivan en su compañía;

(g) la atención de las necesidades económicas particulares de los cónyuges;

(h) el modo en que han de adjudicarse los activos y pasivos gananciales o regular las relaciones económicas de los excónyuges; [y]

(i) la guarda de los animales domésticos y domesticados que comparte la familia, el modo en que cada cónyuge podrá tenerlos en su compañía y la contribución de cada uno a sus gastos, si los hay; y

[(i)] (j) otras consecuencias necesarias del divorcio.

En la petición conjunta por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial, los cónyuges no vienen obligados a liquidar los bienes y obligaciones de la sociedad de gananciales, pero deben hacer un inventario y avalúo de estos.”

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 444 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 444. — Acuerdos entre los cónyuges sobre medidas provisionales.

Presentada la petición individual de divorcio, los cónyuges pueden acordar las medidas provisionales que han de regir sus relaciones personales, la estabilidad económica de la familia [y], los asuntos que afectan significativamente a los hijos y la guarda de los animales domésticos y domesticados de la familia durante el proceso.

El tribunal puede aprobar las medidas así adoptadas, si son adecuadas, o modificarlas en cualquier etapa del proceso para asegurar el bienestar de ambos cónyuges y el de los miembros de la familia.”

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 448 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 448. — Otras medidas cautelares necesarias.

Durante el proceso de disolución, el tribunal también puede adoptar otras medidas cautelares provisionales:

(a) para la atención de las necesidades especiales de cualquiera de los cónyuges o de los miembros de la familia si ellos no tienen recursos suficientes o si la naturaleza de los únicos medios disponibles para el sustento no permite la distribución conjunta e igualitaria de sus réditos o ganancias;

(b) para la atención de otros miembros de la familia, que no sean los hijos menores o los mayores incapacitados, si de ordinario ambos cónyuges asumían su sustento y necesidades especiales; [o]

(c) para determinar provisionalmente, previa notificación y vista, la guarda de los animales domésticos y domesticados de la familia, el modo en que el otro cónyuge podrá tenerlos en su compañía y la contribución de cada cónyuge a sus necesidades, conforme a los criterios del Artículo 235 de este Código, y para prohibir que cualquiera de los cónyuges, sin el consentimiento escrito del otro o la autorización del tribunal, transfiera, oculte, abandone o entregue a un albergue a dichos animales, o los traslade fuera de Puerto Rico. En situaciones de urgencia, o cuando existan indicios de violencia doméstica o de maltrato del animal, el tribunal podrá adoptar provisionalmente estas medidas sin vista previa, y celebrará la vista dentro de los diez (10) días siguientes. La prohibición de transferir, ocultar, abandonar, entregar a un albergue o trasladar fuera de Puerto Rico a los animales podrá decretarse desde la presentación de la petición; o

[(c)] (d) cualquiera otra necesaria y adecuada para proteger la integridad física y emocional de los cónyuges y de los otros miembros del grupo familiar durante el proceso de divorcio.”

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 462 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 462. — Contenido de la sentencia.

Si no hay acuerdo entre los cónyuges o si lo hay y el tribunal lo rechaza, la sentencia dispone las medidas y condiciones que regulan los siguientes asuntos:

(a) el ejercicio de la patria potestad y la custodia de los hijos menores de edad o de la patria potestad prorrogada o la tutela sobre los mayores incapaces que están a cargo de ambos progenitores;

(b) los alimentos de los hijos y de cualquiera de los excónyuges;

(c) el uso preferente o la retención de la vivienda familiar;

(d) las relaciones filiales;

(e) las cargas y atenciones de previsión de la familia;

(f) la guarda de los animales domésticos y domesticados de la familia, los derechos a tenerlos en su compañía y la aportación para sus necesidades, conforme al Artículo 235 de este Código;

[(f)] (g) las garantías para el cumplimiento de estas medidas; y

[(g)] (h) la adjudicación de los bienes gananciales, de haberse estipulado.

La sentencia dispone lo que proceda sobre cualquier otro asunto que a juicio del tribunal requiera regulación expresa.”

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 475 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 475. — Disposiciones comunes al divorcio en sede notarial.

En los casos contemplados en los dos artículos anteriores, son de aplicación las reglas siguientes:

(a) el otorgamiento de la escritura produce la disolución inmediata del vínculo matrimonial;

(b) el notario debe notificar la escritura de divorcio al Registro Demográfico dentro de los diez (10) días siguientes a su otorgamiento;

(c) la disolución del matrimonio tiene efecto contra terceros, que obran de buena fe desde la fecha de su inscripción en el Registro Demográfico; [y]

(d) con respecto a los bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad de gananciales, es necesario que con posterioridad al otorgamiento de la escritura de divorcio, los excónyuges otorguen u obtengan la liquidación y adjudicación de los bienes mediante escritura pública o sentencia firme[.]; y

(e) los cónyuges que compartan la guarda de animales domésticos o domesticados podrán hacer constar en la escritura, o en un acuerdo que se protocolizará con ella, la guarda de dichos animales, el modo en que cada uno podrá tenerlos en su compañía y la contribución de cada cual a sus gastos. A falta de acuerdo, cualquiera de ellos podrá acudir al tribunal conforme al Artículo 235 de este Código.

En todo caso en que haya incapacitados, el divorcio no puede ser otorgado por escritura pública y será tramitado en el tribunal.”

Sección 9.- Aplicación.

Las disposiciones de las Secciones 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de esta Ley aplicarán a las peticiones de divorcio, a las escrituras de divorcio y a las reclamaciones sobre la guarda de animales domésticos y domesticados que se presenten u otorguen a partir de su vigencia, así como a las solicitudes de modificación que se presenten después de esa fecha. El Artículo 235A que añade la Sección 3 aplicará a los daños causados por hechos ocurridos a partir de la vigencia de esta Ley.

Sección 10.- Separabilidad.

Si cualquier sección, artículo, inciso, párrafo, oración o parte de esta Ley fuese declarado nulo, inválido o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, la sentencia dictada a tal efecto solo afectará aquella parte cuya nulidad o invalidez haya sido declarada, y no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley.

Sección 11.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor a los noventa (90) días después de su aprobación.

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