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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1601

16 DE NOVIEMBRE DE 2026

Presentado por la representante Vargas Laureano

Referido a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social

LEY

Para crear la “Ley de Apoyo a la Persona Cuidadora Familiar de Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”; declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de la persona cuidadora familiar; añadir una nueva Sección 1052.05 al Subcapítulo B del Capítulo 5 del Subtítulo A de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de establecer un Crédito Contributivo Reembolsable por Cuido Familiar y fijar su cuantía, los límites de ingreso aplicables, los gastos cualificados, los requisitos de elegibilidad y de prueba, y el procedimiento de reclamación y de pago; establecer la Licencia por Cuido de Familiar como derecho laboral con protección de empleo; prohibir las represalias y disponer los remedios civiles y administrativos correspondientes; ordenar al Departamento de la Familia, al Departamento de Hacienda, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada la adopción de la reglamentación necesaria y la rendición de informes a la Asamblea Legislativa; armonizar esta Ley con la Ley Núm. 82-2023, según enmendada, conocida como la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico vive el proceso de envejecimiento poblacional más acelerado de toda la jurisdicción estadounidense. Conforme al Perfil Sociodemográfico de la Población de Adultos Mayores de 2025, publicado por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada a base de los estimados quinquenales de la Encuesta sobre la Comunidad del Negociado del Censo de los Estados Unidos correspondientes al año 2023, de una población total de tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco (3,254,885) habitantes, novecientos sesenta y dos mil ochocientos dos (962,802) personas tienen sesenta (60) años o más, esto es, el veintinueve punto seis por ciento (29.6%) del País. Las proyecciones de la Base de Datos Internacional del propio Negociado del Censo, de diciembre de 2023, sitúan esa proporción en el treinta y cinco por ciento (35%) para el año 2030 y en el treinta y nueve punto ocho por ciento (39.8%) para el año 2050.

Detrás de cada adulto mayor o adulto con impedimentos que necesita asistencia hay, casi siempre, una persona de su propia familia que asume su cuido sin paga, sin horario y sin reconocimiento: la persona cuidadora familiar. Sobre sus hombros descansa la mayor parte del sistema de cuido del País. Ese trabajo silencioso tiene un costo real y medible. La persona cuidadora incurre en gastos de bolsillo por medicamentos no cubiertos, equipo de asistencia y movilidad, adaptación de la vivienda, transportación a servicios de salud y servicios de relevo. A la vez, con frecuencia debe reducir su jornada, rechazar ascensos o abandonar el empleo, lo que compromete su propia seguridad económica y su retiro. El resultado es que quien sostiene a un ser querido termina empobreciéndose por hacerlo.

El ordenamiento puertorriqueño ya reconoce a esta población, aunque de forma incompleta. La Ley Núm. 82-2023, según enmendada por la Ley Núm. 147-2025 y la Ley Núm. 151-2025, conocida como la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico”, definió al cuidador informal, adoptó una Carta de Derechos a su favor, creó en su Artículo 6 el Registro de Cuidadores Informales adscrito al Departamento de la Familia —agencia que, luego de inscribir a la persona, le expide una certificación escrita—, reconoció el derecho a servicios de respiro, el derecho a solicitar cambios en el itinerario de trabajo y la figura del cuidador incidental. Ese andamiaje, junto a la Ley Núm. 121-2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, y a la Ley Núm. 238-2004, conocida como la “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, constituye un avance encomiable.

En el plano federal, el Programa Nacional de Apoyo al Cuidador Familiar, creado en el año 2000 mediante la Sección 371 del Título III-E de la Ley de Americanos de Edad Avanzada de 1965, según enmendada, financia servicios de información, orientación, adiestramiento, respiro y servicios suplementarios. En Puerto Rico ese programa lo administra la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, creada por la Ley Núm. 76-2013, según enmendada, conocida como la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada”, mediante su Programa de Apoyo a Cuidadores de Familiares. No obstante, se trata de un programa de servicios sujeto a la asignación anual de fondos federales, que no constituye un derecho exigible ni provee alivio económico directo por los gastos que la familia sufraga de su propio bolsillo.

Ese es, precisamente, el vacío que persiste. Un examen del Subcapítulo B del Capítulo 5 del Subtítulo A de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, confirma que los únicos créditos reembolsables vigentes son el Crédito por Trabajo de la Sección 1052.01, el crédito para personas de sesenta y cinco (65) años o más de bajos recursos de la Sección 1052.02 y los créditos para la adquisición de vivienda de las Secciones 1052.03 y 1052.04. El llamado Crédito Senior beneficia al adulto mayor de bajos recursos, no a quien lo cuida. Por tanto, en el Código no existe hoy crédito alguno a favor de la persona cuidadora familiar, de modo que la medida que aquí se adopta no duplica beneficio vigente alguno.

Otras jurisdicciones estadounidenses ya recorrieron este camino. Desde el año 2014, la amplia mayoría de los estados adoptó legislación del tipo conocido como “CARE Act”, dirigida a que el hospital identifique a la persona cuidadora en el expediente, le notifique el alta y le adiestre en las tareas de cuido posteriores al egreso. Más recientemente, en el año 2023, estados como Oklahoma y Nebraska aprobaron créditos contributivos a favor de la persona cuidadora familiar, calculados como un por ciento de los gastos elegibles efectivamente incurridos y sujetos a topes de cuantía y a límites de ingreso. Esta Ley sigue ese modelo, por ser el que mejor vincula el beneficio al gasto real y el que permite proyectar su costo con razonable certeza.

La responsabilidad fiscal es parte esencial del diseño de esta medida. Según se ha informado públicamente, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó el costo de propuestas de un crédito fijo de dos mil quinientos (2,500) dólares por persona cuidadora en alrededor de doscientos ochenta y siete millones (287,000,000) de dólares en su primer año de vigencia. Por esa razón, esta Ley no concede una cantidad fija a toda persona cuidadora, sino un crédito equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los gastos que la persona cuidadora efectivamente pagó y que nadie le reembolsó, sujeto a un gasto mínimo, a topes por persona cuidada y por contribuyente, y a límites de ingreso que concentran el beneficio en las familias de ingresos bajos y moderados. Esta Asamblea Legislativa fija en el propio texto de la Ley todos esos parámetros —cuantía, gastos cualificados, umbrales de ingreso, definición de persona cuidadora y requisitos de prueba— y deja al Secretario de Hacienda únicamente lo operacional, por entender que la política contributiva del País se decide en la ley y no en el reglamento.

La Ley atiende, además, la dimensión laboral del problema. El derecho a solicitar un cambio de itinerario que reconoce la Ley Núm. 82-2023 no equivale a una licencia con protección de empleo que impida el despido o la represalia cuando la persona cuidadora debe ausentarse para atender una emergencia de salud del familiar a su cargo. Por ello se establece la Licencia por Cuido de Familiar, armonizada con la licencia por enfermedad de la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, y con la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, de manera que no se dupliquen beneficios ni se impongan cargas innecesarias al patrono.

El Artículo II, Sección 19, de la Constitución de Puerto Rico reconoce expresamente la facultad de esta Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. Reconocer y sostener a la persona cuidadora familiar no es solo un acto de justicia: es la política pública más costo-efectiva de que dispone el País ante el envejecimiento poblacional, pues cada familia que puede cuidar en el hogar es una institucionalización que se evita y un gasto público que no se incurre. Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio, necesario y urgente adoptar la presente Ley.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título corto.-Esta Ley se conocerá como la “Ley de Apoyo a la Persona Cuidadora Familiar de Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”.

Artículo 2.-Declaración de política pública.-Es política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer, valorar y sostener económica y laboralmente a la persona cuidadora familiar que provee, sin remuneración, cuido a un adulto mayor o a un adulto con impedimentos, por constituir el pilar del sistema de cuido del País y por ser el apoyo a la permanencia de la persona cuidada en su hogar y en su comunidad la alternativa más humana y costo-efectiva frente al envejecimiento poblacional. Esta Ley se interpretará liberalmente a favor de la persona cuidadora familiar y de la persona cuidada.

Artículo 3.-Definiciones.-Para los fines de esta Ley, los términos “persona cuidadora familiar cualificada”, “persona cuidada cualificada”, “cuido no remunerado”, “actividades de la vida diaria” y “gastos cualificados de cuido” tendrán el significado que se les atribuye en la Sección 1052.05 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, según se añade por el Artículo 4 de esta Ley. Además, el término “patrono” significará toda persona natural o jurídica, pública o privada, que emplee a quince (15) o más personas en Puerto Rico.

Artículo 4.-Crédito Contributivo Reembolsable por Cuido Familiar.-Se añade una nueva Sección 1052.05 al Subcapítulo B del Capítulo 5 del Subtítulo A de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Sección 1052.05.-Crédito por Cuido de un Familiar Adulto Mayor o Adulto con Impedimentos.

(a) Concesión del crédito.-Se concederá a todo individuo residente de Puerto Rico que sea una persona cuidadora familiar cualificada un crédito reembolsable contra la contribución sobre ingresos impuesta por este Subtítulo, igual al cincuenta por ciento (50%) de los gastos cualificados de cuido pagados por dicho individuo durante el año contributivo, hasta un máximo de dos mil (2,000) dólares por cada persona cuidada cualificada y hasta un máximo agregado de tres mil (3,000) dólares por contribuyente por año contributivo. No se concederá crédito alguno cuando los gastos cualificados de cuido pagados durante el año contributivo sean menores de quinientos (500) dólares.

(b) Definiciones.-Para fines de esta sección:

(1) Persona cuidadora familiar cualificada.-significa todo individuo de dieciocho (18) años o más, residente de Puerto Rico durante todo el año contributivo, que: (A) sea cónyuge, pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, o persona con vínculo de crianza reconocido, de una persona cuidada cualificada; (B) le provea cuido no remunerado por no menos de doce (12) horas semanales durante no menos de seis (6) meses del año contributivo; y (C) esté inscrito en el Registro de Cuidadores Informales creado por el Artículo 6 de la Ley Núm. 82-2023, según enmendada, conocida como la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico”, y posea la certificación escrita que expide el Departamento de la Familia al amparo de dicho Artículo.

(2) Persona cuidada cualificada.-significa todo individuo residente de Puerto Rico que sea un adulto mayor, entiéndase una persona de sesenta (60) años o más, según se define en el Artículo 3 de la Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, o un adulto con impedimentos, entiéndase una persona de veintiún (21) años o más con un impedimento según se define en la Ley Núm. 238-2004, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, y que, según certifique por escrito un profesional de la salud debidamente autorizado a ejercer en Puerto Rico, requiera la asistencia de otra persona en no menos de dos (2) actividades de la vida diaria.

(3) Actividades de la vida diaria.-significa comer, bañarse, vestirse, el aseo personal, el traslado o la movilidad, el uso del servicio sanitario y la administración de medicamentos.

(4) Cuido no remunerado.-significa la asistencia provista sin recibir salario, honorario o compensación alguna por dicho cuido. No se considerará remuneración la ayuda económica ni los beneficios que la persona cuidada o la persona cuidadora reciban de programas de asistencia pública ajenos al pago por dicho cuido.

(5) Gastos cualificados de cuido.-significa las cantidades efectivamente pagadas por la persona cuidadora familiar cualificada durante el año contributivo, no reembolsadas ni pagadas por seguro, plan médico, programa gubernamental ni tercero alguno, directamente atribuibles al cuido de la persona cuidada cualificada, por concepto de: (A) medicamentos recetados y suministros médicos no cubiertos; (B) equipo médico duradero, de asistencia o de movilidad, y su mantenimiento; (C) obras de adaptación de la vivienda para accesibilidad, hasta un máximo de mil quinientos (1,500) dólares por año contributivo; (D) transportación a servicios de salud; (E) servicios de relevo o respiro; y (F) servicios de cuido en el hogar prestados por un tercero. No constituyen gastos cualificados de cuido los de alimentación ordinaria, vestimenta ordinaria y vivienda, ni el valor del cuido prestado por la propia persona cuidadora.

(c) Limitación por ingreso.-

(1) En el caso de un individuo que no sea una persona casada que rinda planilla conjunta, el crédito se concederá en su totalidad si el ingreso bruto del individuo para el año contributivo, sumado a las partidas excluidas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01(b) de este Código, no excede de cuarenta mil (40,000) dólares. Si dicho ingreso excede de cuarenta mil (40,000) dólares, el crédito se reducirá en un diez por ciento (10%) por cada mil (1,000) dólares o fracción de exceso, y no se concederá crédito alguno cuando dicho ingreso exceda de cincuenta mil (50,000) dólares.

(2) En el caso de personas casadas que rindan planilla conjunta, el crédito se concederá en su totalidad si el ingreso bruto agregado de ambos cónyuges para el año contributivo, sumado a las partidas excluidas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01(b) de este Código, no excede de sesenta mil (60,000) dólares. Si dicho ingreso excede de sesenta mil (60,000) dólares, el crédito se reducirá en un diez por ciento (10%) por cada mil quinientos (1,500) dólares o fracción de exceso, y no se concederá crédito alguno cuando dicho ingreso exceda de setenta y cinco mil (75,000) dólares.

(d) Reglas especiales.-

(1) Respecto de una misma persona cuidada cualificada y un mismo año contributivo, el crédito podrá ser reclamado por un solo contribuyente. Cuando dos (2) o más personas cualifiquen, el crédito lo reclamará aquella que designen por acuerdo escrito y, a falta de acuerdo, la que haya pagado la mayor cantidad de gastos cualificados de cuido. Un mismo gasto no podrá ser reclamado por más de un contribuyente.

(2) No se concederá el crédito respecto de un cuido por el cual la persona cuidadora haya recibido remuneración, incluida la que reciba como cuidador incidental contratado al amparo del Artículo 5 de la Ley Núm. 82-2023, según enmendada.

(3) Los gastos por los cuales se reclame este crédito no podrán ser deducidos ni reclamados bajo ninguna otra sección de este Código.

(4) Este crédito no será transferible, cedible ni vendible; no estará sujeto a las moratorias dispuestas en las Secciones 1051.08, 1051.11 y 1051.12 de este Código; y no podrá arrastrarse a años contributivos subsiguientes.

(5) No será requisito que la persona cuidada cualificada constituya un dependiente del contribuyente para fines de la Sección 1033.18 de este Código.

(e) Evidencia y reclamación.-

(1) El crédito se reclamará en la planilla de contribución sobre ingresos del año contributivo correspondiente, en el formulario que establezca el Secretario, acompañada de: (A) copia de la certificación vigente expedida por el Departamento de la Familia conforme al Artículo 6 de la Ley Núm. 82-2023, según enmendada; (B) la certificación del profesional de la salud requerida por el párrafo (2) del apartado (b) de esta sección; (C) una declaración jurada del contribuyente sobre el número de horas semanales y los meses de cuido provistos y sobre la ausencia de remuneración; y (D) una relación detallada de los gastos cualificados de cuido, con los recibos o comprobantes de pago correspondientes.

(2) El contribuyente conservará los recibos y comprobantes que sustenten el crédito por un término de seis (6) años contado desde la fecha de radicación de la planilla.

(3) El Secretario emitirá el reembolso del remanente del crédito que exceda la contribución adeudada dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación completa de la planilla y de los documentos requeridos.

(4) Toda reclamación fraudulenta de este crédito estará sujeta a las penalidades dispuestas en el Subtítulo F de este Código y conllevará, además, la pérdida del derecho a reclamar el crédito durante los dos (2) años contributivos siguientes.

(f) Aplicabilidad.-Las disposiciones de esta sección aplicarán a los años contributivos que comiencen luego del 31 de diciembre de 2026.

(g) Reglamentación.-El Secretario adoptará los formularios, determinaciones administrativas, cartas circulares y boletines informativos necesarios para la administración de esta sección, sin que pueda alterar la cuantía del crédito, los gastos cualificados de cuido, los límites de ingreso ni los requisitos de elegibilidad aquí dispuestos.”

Artículo 5.-Certificación de la persona cuidadora familiar.-El Departamento de la Familia establecerá, en coordinación con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y con el Departamento de Hacienda, un procedimiento expedito y libre de costo para la inscripción en el Registro de Cuidadores Informales y para la expedición y renovación de la certificación escrita dispuesta en el Artículo 6 de la Ley Núm. 82-2023, según enmendada, cuando dicha certificación se solicite para los fines de esta Ley. El Departamento de la Familia resolverá toda solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación completa; transcurrido dicho término sin que se notifique determinación alguna, la solicitud se entenderá concedida para los fines exclusivos de esta Ley, sujeto a la facultad del Departamento de la Familia de revocar la certificación por causa y previa notificación. La información recopilada será confidencial y sólo podrá compartirse con el Departamento de Hacienda y con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para verificar la elegibilidad bajo esta Ley.

Artículo 6.-Licencia por Cuido de Familiar.-Se establece la Licencia por Cuido de Familiar como derecho de toda persona cuidadora familiar cualificada que trabaje para un patrono, conforme a lo siguiente:

(a) La persona cuidadora familiar cualificada podrá utilizar la licencia por enfermedad acumulada al amparo de la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, en la medida en que dicha ley lo permita, para atender las necesidades de cuido o las emergencias de salud de la persona cuidada cualificada.

(b) Agotada la licencia por enfermedad acumulada, o cuando el empleado no tenga derecho a ella, el patrono concederá hasta diez (10) días laborables sin paga por año natural para los mismos fines. Esta licencia podrá disfrutarse de manera intermitente, por días o por fracciones de jornada.

(c) El disfrute de esta licencia no conllevará la pérdida del empleo, de la antigüedad, de los beneficios acumulados ni del plan médico. Al concluir la licencia, la persona cuidadora será reinstalada en el mismo puesto o en uno equivalente, con igual sueldo y condiciones de trabajo.

(d) La persona cuidadora notificará al patrono con la mayor antelación posible y, cuando la ausencia no obedezca a una emergencia, con no menos de cinco (5) días laborables de antelación. Sostendrá su solicitud con la certificación dispuesta en el Artículo 5 de esta Ley. La información sobre la condición de salud de la persona cuidada será confidencial y el patrono no podrá divulgarla ni utilizarla para fin distinto al de administrar esta licencia.

(e) Esta licencia es adicional y no sustituye cualquier otra licencia o derecho que corresponda a la persona cuidadora por ley, convenio colectivo o política del patrono, incluido el derecho a solicitar cambios en el itinerario de trabajo reconocido en el Artículo 5 de la Ley Núm. 82-2023, según enmendada, y en la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada.

Artículo 7.-Prohibición de represalias y remedios.-Se prohíbe a todo patrono despedir, suspender, degradar, reducir el salario o las horas, negar un ascenso o tomar cualquier otra acción adversa o de represalia contra una persona por solicitar o disfrutar la licencia dispuesta en el Artículo 6 de esta Ley, por solicitar la certificación dispuesta en el Artículo 5, o por reclamar el crédito establecido en el Artículo 4. Toda persona objeto de una acción prohibida por este Artículo podrá instar acción civil ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de un (1) año contado desde la fecha de la acción adversa. De prevalecer, tendrá derecho a la reposición en el empleo, al pago de los salarios y beneficios dejados de percibir, a una suma igual por concepto de daños, y a las costas, gastos y honorarios de abogado. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos podrá, además, imponer una multa administrativa de no menos de quinientos (500) dólares ni más de cinco mil (5,000) dólares por cada violación.

Artículo 8.-Reglamentación.-El Departamento de la Familia, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada adoptarán o enmendarán, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de esta Ley, la reglamentación necesaria para su implantación, conforme a la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. Dicha reglamentación se limitará a los aspectos operacionales y no podrá alterar los requisitos, cuantías, términos ni límites fijados en esta Ley. El Secretario de Hacienda actuará conforme al apartado (g) de la Sección 1052.05 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, añadida por el Artículo 4 de esta Ley.

Artículo 9.-Relación con otras leyes.-Esta Ley es de carácter complementario y no deroga ni menoscaba la Ley Núm. 82-2023, la Ley Núm. 121-2019, la Ley Núm. 238-2004, la Ley Núm. 76-2013, la Ley Núm. 180-1998, la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 ni la Ley Núm. 1-2011, todas según enmendadas, sino que se añade a ellas para reforzar la protección económica y laboral de la persona cuidadora familiar. En caso de conflicto entre esta Ley y cualquier otra disposición legal o reglamentaria, prevalecerá aquella que resulte más favorable a la persona cuidadora familiar, salvo en cuanto a la cuantía y los límites del crédito establecidos en la Sección 1052.05 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, los cuales serán de aplicación estricta.

Artículo 10.-Cláusula de cumplimiento.-Se dispone lo siguiente:

(a) El Secretario de Hacienda rendirá a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de marzo de cada año, comenzando en el año 2029, un informe sobre el crédito establecido en la Sección 1052.05 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, que contendrá el número de contribuyentes que lo reclamaron, el número de personas cuidadas, la cuantía total reclamada y reembolsada, el desglose por nivel de ingreso y por municipio, el costo fiscal para el Fondo General y recomendaciones de enmienda.

(b) El Secretario del Departamento de la Familia rendirá a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de marzo de cada año, comenzando en el año 2028, un informe sobre el número de personas inscritas en el Registro de Cuidadores Informales, las certificaciones expedidas, denegadas y revocadas, el tiempo promedio de trámite y las necesidades de recursos del Registro.

(c) El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos rendirá a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de marzo de cada año, comenzando en el año 2028, un informe sobre las querellas presentadas al amparo de los Artículos 6 y 7 de esta Ley, su disposición y las multas impuestas.

(d) La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada rendirá a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de marzo de cada año, comenzando en el año 2028, un informe sobre los servicios de respiro y apoyo al cuidador provistos al amparo del Programa de Apoyo a Cuidadores de Familiares y su coordinación con los beneficios de esta Ley.

(e) Las agencias mencionadas en este Artículo remitirán, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la reglamentación requerida por el Artículo 8 de esta Ley, copia de ésta a las Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos.

Artículo 11.-Cláusula de separabilidad.-Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.

Artículo 12.-Vigencia.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, el crédito establecido en la Sección 1052.05 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, añadida por el Artículo 4 de esta Ley, aplicará a los años contributivos que comiencen luego del 31 de diciembre de 2026, y las obligaciones de los patronos bajo los Artículos 6 y 7 de esta Ley serán exigibles a partir de los ciento ochenta (180) días siguientes a su aprobación.

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