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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 873

16 DE NOVIEMBRE DE 2026

Presentada por la representante Vargas Laureano

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 154 de 4 de agosto de 2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y Protección de los Animales”, en atención a disposiciones sobre crueldad, maltrato, abandono de animales, así como la cría y venta ilegal de animales; fiscalizar la implementación de la Ley 115-2026, conocida como “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tan reciente como el pasado 10 de noviembre del presente año, la Policía de Puerto Rico inició una investigación por el hallazgo de veintisiete (27) perros muertos dentro de bolsas plásticas a orillas de la carretera PR-132 en Ponce.[1] Lo anterior, se suma a un sin número de casos de crueldad, maltrato y abandono de animales que han ocurrido este año en distintas regiones de la Isla y que han sido reseñados por los medios de comunicación de Puerto Rico. Desde hallazgos de decenas de perros en confinamiento, en estado de abandono y desnutrición, hasta incidentes de perros que han sufrido laceraciones graves por el uso de cadenas o alambres. En Cayey, por ejemplo, se encontraron varios perros con alambres atados alrededor de la cintura y cerca de las patas traseras. Lo anterior, ha levantado serias preocupaciones de organizaciones protectoras de animales, exigiendo se investiguen estos hallazgos.[2] Otros incidentes de crueldad contra animales ocurridos este año en Puerto Rico incluyen los disparos a un perro en Las Piedras, así como cargos radicados a un hombre por matar a una perra con un palo en Barceloneta. La cruel realidad que han sufrido estos animales en Puerto Rico es inaceptable y evidencia la necesidad de investigar de manera urgente la implementación y cumplimiento de la Ley 154 de 4 de agosto de 2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y Protección de los Animales”.

La Ley 154 de 4 de agosto de 2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y Protección de los Animales” establece la Política Pública de Puerto Rico sobre la protección de nuestros animales. La Exposición de Motivos de la Ley 154-2008 indica que “es de vital importancia proteger y cuidar de los animales a fin de que se desarrollen en un ambiente saludable que propenda en beneficio de la familia puertorriqueña y que nos identifique como una sociedad de vanguardia y mentalmente saludable”. A tenor a ello, la Ley 154-2008 tipifica las conductas que constituyen delito, tales como, el maltrato, el abandono, la negligencia, el confinamiento indebido, el envenenamiento, las peleas de animales, entre otras.

La venta de animales en lugares públicos y la operación como criador sin licencia también constituyen delitos al amparo de la Ley 154-2008, según enmendada, que prohíbe la venta de animales en las calles, carreteras y lugares públicos del país. Esta legislación, requiere que todo criador esté licenciado por el Departamento de Salud. El Reglamento Núm. 148 del Secretario de Salud, conocido como “Reglamento para Licenciar los Reproductores, Criadores y Vendedores Comerciales de Mascotas” es la normativa en Puerto Rico que regula y establece los requisitos para obtener la licencia oficial para la cría, reproducción y venta comercial de animales de compañía.

Durante el presente año, esta Asamblea Legislativa aprobó dos leyes cónsonas con la política pública de protección contra el maltrato animal. Primero aprobó el Proyecto del Senado 39, convertido en la Ley 73-2026, que enmendó la Ley 154-2008, con el propósito de atemperar sus penas conforme a lo dispuesto en la Ley 146-2012, según enmendado, conocida como el Código Penal de Puerto Rico. La intención legislativa de la Ley 73-2026 fue eliminar del ordenamiento jurídico puertorriqueño un “vacío legal que dificulta la aplicación uniforme de las penas, lo que podría generar resultados inconsistentes en algunos casos”.[3] En consecuencia, a partir de la aprobación de la Ley 73-2026, se establecieron penas fijas de reclusión contra toda persona que resulte convicta por maltrato de nuestros animales, tal y como se establecen las penas del Código Penal de Puerto Rico.

En adición, y complementario a las normas penales vigentes, se aprobó la Ley 115-2026, conocida como “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”, para establecer un mecanismo de carácter civil que permite a cualquier persona solicitar directamente en el tribunal una orden de custodia provisional para proteger al animal en casos de maltrato, crueldad, abandono o abuso contra un animal. Este remedio pone a salvo al animal, independientemente de que el ministerio público radique o no cargos criminales. Esta ley dispone que de tratarse de animales de vida silvestre o protegidos específicamente por ley, el Tribunal informará al DRNA y a su Cuerpo de Vigilantes para que intervengan.

Aun con la legislación y política pública protectora del bienestar animal existente en Puerto Rico, esta Cámara recibe frecuentemente planteamientos de la ciudadanía con cuestionamientos sobre si los casos de maltrato, crueldad y abandono animal, así como de venta de animales de manera ilegal están culminando efectivamente en procesos judiciales o convicciones.

La Policía de Puerto Rico es la agencia principal encargada de recibir e investigar las denuncias ciudadanas por delitos de crueldad, maltrato y abandono de animales, así como de referir al Departamento de Justicia la evidencia recopilada para evaluación y la radicación de cargos. De igual manera, el procesamiento penal de la venta ilegal de animales en lugares públicos y de la operación de criadores de animales sin licencia corresponde a la Policía y al Departamento de Justicia. Los municipios, por su parte, tienen la obligación legal de atender con prioridad las situaciones de maltrato o negligencia contra animales realengos que lleguen a su conocimiento, así como al recogido y cuidado de estos animales.

Por todo lo anterior, esta Cámara de Representantes entiende meritorio y necesario fiscalizar el cumplimiento y la efectiva implementación de la Ley 154-2008, según enmendada, así como evaluar la implementación de la Ley 115-2026, a los fines de cumplir cabalmente con la política pública de velar por la protección y trato digno de nuestros animales y mascotas. En cuanto a la Ley 115-2026, por tratarse de una ley de reciente aprobación, resulta necesario conocer si se está utilizando este remedio, cómo se está tramitando en los tribunales y si su implementación se coordina adecuadamente con los procesos penales al amparo de la Ley 154-2008.

Los hallazgos obtenidos en esta investigación servirán para identificar cualquier obstáculo que esté impidiendo alcanzar los propósitos de esta legislación de manera que puedan proponerse las enmiendas puntuales que sean necesarias para proteger la vida y bienestar de los animales en Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 154 de 4 de agosto de 2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y Protección de los Animales”, en atención a disposiciones sobre crueldad, maltrato, abandono de animales, así como la cría y venta ilegal de animales; fiscalizar la implementación de la Ley 115-2026, conocida como “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”; y para otros fines relacionados.

Sección 2.- La investigación deberá examinar, pero no limitarse a:

  1. La cantidad de querellas recibidas por la Policía de Puerto Rico al amparo de la Ley 154-2008, cuantas de estas fueron investigadas, cuantas fueron archivadas y cuantas fueron referidas al Departamento de Justicia para el procesamiento de cargos criminales desde el año 2020 al presente. Identificar las querellas que fueron referidas al ministerio público por maltrato sea severo o agravado, abandono, negligencia, peleas de animales, venta de animales en las vías públicas y por operar como criador de animales sin licencia emitida por el Departamento de Salud.
  2. La cantidad de intervenciones que la Policía de Puerto Rico ha realizado para hacer cumplir con la prohibición de venta de animales en las calles, carreteras, lugares públicos de Puerto Rico, desde el año 2020 al presente.
  3. Los mecanismos para identificar a los criadores que operan sin licencia del Departamento de Salud, y la cantidad de referidos de criadores sin licencia realizados por la Oficina Estatal de Control Animal (OECA) del Departamento de Salud a la Policía o al Departamento de Justicia para investigación y radicación de cargos.
  4. La cantidad de casos radicados por el Departamento de Justicia al amparo de la Ley 154-2008, y cuántos de estos culminaron en convicción, así como las penas impuestas, según la información que provea el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales, desde el año 2020 al presente. Identificar cuantos casos criminales han sido radicados al amparo de la Ley 154-2008 a partir de la aprobación de la Ley 73-2026.
  5. El estado de implementación de la Ley 115-2026, incluyendo: la cantidad de órdenes de custodia provisional de animales solicitadas, concedidas y denegadas, desde la aprobación de dicha ley al presente. La cantidad de casos de especies protegidas por ley que se han notificado al DRNA y a su Cuerpo de Vigilantes para su intervención conforme dispone la Ley 115-2026, desde su aprobación al presente.
  6. Cualquier otro asunto que la Comisión estime pertinente para cumplir con los propósitos de esta Resolución.

Sección 3.- Se faculta a la Comisión para citar a cualquier funcionario, empleado o representante del Departamento de Salud y su Oficina Estatal de Control Animal (OECA), el Departamento de Justicia, la Asociación y Federación de Municipios, la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Administración de Tribunales, el Colegio de Veterinarios y Veterinarias o cualquier otra persona o entidad pública o privada que la Comisión estime necesaria, para que comparezcan a rendir testimonio y/o a presentar cualquier documento o evidencia pertinente para la investigación.

Para llevar a cabo esta investigación, la Comisión podrá realizar vistas públicas y oculares, celebrar reuniones ejecutivas, citar testigos y requerir información, documentos y datos estadísticos a cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública o municipio del Gobierno de Puerto Rico.

Sección 4.- La Comisión deberá someter un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones a esta Cámara de Representantes en un término no mayor de ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de esta Resolución.

Sección 5.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

  1. Metro Puerto Rico, “Horrendo hallazgo de 27 perros muertos dentro de bolsas en Ponce”, 10 de noviembre de 2026, https://www.metro.pr/noticias/2026/11/10/horrendo-hallazgo-de-27-perros-muertos-dentro-de-bolsas-en-ponce; El Nuevo Día, “Hallan bolsas de plástico con perros muertos frente a urbanización en Ponce”, 10 de noviembre de 2026, https://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/notas/hallan-bolsas-de-plastico-con-perros-muertos-frente-a-urbanizacion-en-ponce/. ↑

  2. Metro Puerto Rico, “Exigen investigación sobre presunto caso de maltrato de animales en Cayey”, 13 de julio de 2026, https://www.metro.pr/noticias/2026/07/13/exigen-investigacion-sobre-presunto-caso-de-maltrato-de-animales-en-cayey/. ↑

  3. Exposición de Motivos de la Ley 73-2026, página 1, párrafo 3. ↑

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