GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma.	Asamblea
         	Legislativa                                                                                                          				1ra. Sesión
	       	      Ordinaria
	
SENADO DE PUERTO RICO
R. C. del S. 29
   25 de febrero de 2025
Presentada por la señora Soto Aguilú
Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la entrega de las carpetas de información de inteligencia recopiladas por la Policía de Puerto Rico contra ciudadanos puertorriqueños; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por más de medio siglo, el gobierno de Puerto Rico, a través de su Policía y en coordinación con agencias de inteligencia federales, llevó a cabo una operación sistemática de vigilancia y recopilación de información sobre ciudadanos puertorriqueños. Esta práctica, conocida como "carpeteo", consistió en la creación y mantenimiento de expedientes detallados sobre miles de individuos y organizaciones, particularmente aquellas identificadas con el movimiento independentista y otras luchas sociales y sindicales. Las carpetas contenían información sobre actividades políticas, ideológicas y personales de los ciudadanos vigilados, incluyendo fotografías, transcripciones de conversaciones, seguimientos detallados y referencias a familiares, amigos y colegas de trabajo.
El "carpeteo" no solo representó una violación masiva de derechos civiles y constitucionales, sino que también tuvo un impacto profundo en la vida de las personas afectadas. Muchos de los ciudadanos y organizaciones que fueron objeto de esta vigilancia fueron víctimas de persecución política, discriminación laboral y marginación social. En algunos casos, esta información fue utilizada para negar empleos, obstaculizar ascensos, entorpecer trámites administrativos y, en general, para suprimir el derecho a la libre expresión y asociación de los ciudadanos. Este tipo de vigilancia ilegal y persecutoria no solo atentó contra la dignidad de los puertorriqueños, sino que también erosionó la confianza en las instituciones del Estado.
A raíz de múltiples denuncias y demandas legales, en 1987 el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que estas carpetas debían ser entregadas a las personas afectadas, reconociendo que su existencia y uso constituían una violación a los derechos constitucionales. A partir de esta decisión, se estableció un proceso mediante el cual los ciudadanos podían solicitar y obtener su expediente personal. Posteriormente, durante la Administración del Gobernador Pedro Rosselló, se aprobó una Orden Ejecutiva que otorgaba un período de seis meses para que todos los ciudadanos carpeteados solicitaran y les fueran entregadas sus carpetas. Sin embargo, al día de hoy, aún existen cientos de carpetas en poder del Archivo General de Puerto Rico.
A pesar de los esfuerzos realizados para garantizar el acceso a estos documentos, muchos ciudadanos todavía enfrentan obstáculos para recuperar su información. La falta de divulgación clara sobre los procesos de reclamación, así como la ausencia de un mecanismo ágil y eficiente para acceder a estas carpetas, han limitado la capacidad de los afectados para conocer y comprender el alcance de la vigilancia de la que fueron objeto. Además, la sociedad puertorriqueña como un todo tiene el derecho de examinar esta documentación en su justa dimensión histórica para entender cómo estas prácticas han moldeado la política y la cultura del país.
El acceso a estas carpetas no solo es un derecho individual de los afectados, sino una necesidad colectiva para garantizar la memoria histórica y el compromiso con la justicia y la transparencia. La impunidad y el silencio solo perpetúan las heridas causadas por estas violaciones de derechos humanos. Es fundamental que el gobierno de Puerto Rico actúe con firmeza para asegurar que esta documentación sea accesible a quienes les pertenece y que, al mismo tiempo, se garantice la debida protección de los datos personales y sensibles.
Por estas razones, la Asamblea Legislativa entiende imperativo ordenar la entrega de estos documentos a sus legítimos dueños y establecer medidas claras para que aquellos expedientes que no sean reclamados puedan ser preservados y utilizados para la investigación histórica y la educación pública. Este acto constituye un paso necesario en la dirección de la reparación histórica y el fortalecimiento de los principios democráticos de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos en Puerto Rico.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena al Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, que en un plazo no mayor de 90 días a partir de la aprobación de esta Resolución, entregue a los ciudadanos puertorriqueños o sus herederos legales las carpetas de información de inteligencia recopiladas ilegalmente por la Policía de Puerto Rico y que aún se encuentren bajo su custodia.
Sección 2.- El Archivo General de Puerto Rico deberá establecer un proceso ágil y confidencial para que los ciudadanos puedan reclamar sus respectivos expedientes, garantizando la protección de la privacidad y la integridad de la información contenida en los mismos.
Sección 3.- Los expedientes que no sean reclamados en un período de un año desde la aprobación de esta Resolución serán considerados de interés histórico y permanecerán bajo la custodia del Archivo General de Puerto Rico, disponibles para investigación y consulta pública, siempre y cuando se protejan los datos personales sensibles de las personas involucradas.
Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.