GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 95
 10 de marzo de 2025
Presentada por la señora Soto Aguilú
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico; y de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico, incluyendo la composición y clasificación de la población correccional, la condición de la infraestructura de las instituciones penales, la administración y ejecución de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de los programas de rehabilitación y cualquier otro asunto que incida en la administración y funcionamiento del sistema correccional en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sistema correccional de Puerto Rico constituye un componente esencial del aparato de justicia criminal y del ordenamiento jurídico del Estado. Su propósito no se limita únicamente a la reclusión de personas que han sido condenadas por la comisión de delitos, sino que, conforme a su naturaleza rehabilitadora, tiene el deber ineludible de propiciar la reinserción social de la población correccional mediante la implementación de programas educativos, vocacionales y de asistencia social, conforme a los principios constitucionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Históricamente, el sistema correccional ha enfrentado múltiples deficiencias que han obstaculizado el cumplimiento de su misión rehabilitadora. Entre ellas, se ha señalado la sobrepoblación en algunas instituciones penales, el deterioro de la infraestructura física de los centros de reclusión, la insuficiencia de personal técnico y profesional para atender las necesidades de la población correccional, las limitaciones en la oferta de programas de rehabilitación y trabajo, así como deficiencias en la prestación de servicios médicos, psicológicos y educativos.
Además, la administración del presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ha sido objeto de señalamientos recurrentes, evidenciando la necesidad de evaluar la distribución y ejecución de los recursos asignados, la contratación de proveedores de servicios y la fiscalización de los fondos públicos destinados a la operación de las instituciones penales. En este contexto, resulta imprescindible examinar la transparencia y eficiencia en el manejo de dichos recursos, garantizando que su utilización responda a los objetivos de rehabilitación, seguridad y administración eficiente del sistema.
Asimismo, la situación de los centros de detención para personas sumariadas y del centro de evaluación y clasificación de la población correccional requiere atención especial, ya que estos constituyen puntos críticos en el proceso de ingreso y clasificación de las personas privadas de libertad. La condición de estas instalaciones, su capacidad operativa y la rigurosidad en la aplicación de los protocolos de clasificación de seguridad y rehabilitación deben ser objeto de escrutinio a fin de asegurar el cumplimiento de las garantías procesales y de los derechos fundamentales de la población correccional.
Por otro lado, el manejo de los recursos humanos en el sistema correccional demanda una evaluación minuciosa, en particular respecto a la dotación y carga de trabajo de técnicos socio penales, terapeutas, oficiales correccionales y personal civil que presta servicios en las instituciones penales. La calidad y efectividad de la rehabilitación dependen, en gran medida, del acceso adecuado a profesionales capacitados, lo que requiere una distribución equitativa del personal conforme a las necesidades de cada institución.
Igualmente, el acceso a bienes de primera necesidad dentro del sistema correccional, incluyendo el abastecimiento de las comisarías, la distribución de vestimenta y artículos personales a la población correccional y la disponibilidad de servicios esenciales, debe ser objeto de evaluación, a fin de garantizar que estos recursos sean accesibles en condiciones adecuadas y en cumplimiento con las disposiciones aplicables.
Otro aspecto fundamental que requiere evaluación es la incidencia de fallecimientos dentro del sistema correccional, incluyendo la cantidad de personas privadas de libertad que han fallecido bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, las causas de muerte y la gestión de los cuerpos en casos donde no han sido reclamados por familiares o allegados. La transparencia en el manejo de estos casos, así como la liberación oportuna de informes de autopsia, es esencial para garantizar el acceso a la información y el cumplimiento de los protocolos establecidos.
Finalmente, el análisis de los programas de rehabilitación y su efectividad en la reinserción social de la población correccional es un eje central de esta investigación. Evaluar la oferta académica, vocacional y terapéutica en cada institución, la matrícula en estos programas y su impacto en la reducción de la reincidencia permitirá establecer un marco normativo dirigido a optimizar las estrategias de rehabilitación en el sistema correccional.
Ante estas circunstancias, el Senado de Puerto Rico reconoce la necesidad de llevar a cabo una investigación abarcadora que permita la recopilación de datos empíricos, testimonios de personas con conocimiento especializado y evidencia documental que sustente el desarrollo de legislación encaminada a transformar el sistema correccional en Puerto Rico.
Por tanto, esta investigación será el primer paso hacia la formulación de una política pública que propicie la modernización del sistema penitenciario, la optimización de sus recursos y el fortalecimiento de sus programas de rehabilitación, garantizando que el Estado cumpla con su deber constitucional de administrar un sistema correccional eficiente, seguro y orientado a la rehabilitación y reinserción social de la población privada de libertad.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de lo Jurídico; y de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico, incluyendo la composición y clasificación de la población correccional, la condición de la infraestructura de las instituciones penales, la administración y ejecución de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de los programas de rehabilitación y cualquier otro asunto que incida en la administración y funcionamiento del sistema correccional en Puerto Rico
Sección 2.- Las comisiones estarán facultadas para requerir información documental y testimonial de cualquier agencia gubernamental, entidad privada o persona que posea información relevante sobre el sistema correccional, así como realizar inspecciones oculares y recopilar material audiovisual que refleje las condiciones de las instituciones penitenciarias y los servicios que en ellas se prestan.
Sección 3.- Las comisiones presentarán un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Senado de Puerto Rico dentro de un término de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta Resolución.
	Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.