GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S.  91
 10 de marzo de 2025
Presentada por la señora Soto Aguilú
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 114-2014, conocida como la "Ley para el Uso de Materiales Reciclados en Infraestructura Pública de Puerto Rico", a fin de evaluar su efectividad, el grado de cumplimiento por parte de las agencias e instrumentalidades públicas y los retos en su ejecución; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El manejo adecuado de los desperdicios sólidos en Puerto Rico ha sido un reto constante debido a la alta generación de residuos, la limitada disponibilidad de espacio para su disposición y las dificultades en la implementación de estrategias efectivas de reciclaje. A lo largo de los años, el cierre progresivo de vertederos en la Isla ha agravado la crisis de disposición, haciendo urgente la necesidad de adoptar políticas públicas que fomenten la reutilización de materiales en diversas industrias, incluyendo la construcción y reparación de infraestructura pública.
En este contexto, la Ley 114-2014, conocida como la "Ley para el Uso de Materiales Reciclados en Infraestructura Pública de Puerto Rico", fue aprobada con el propósito de establecer un mandato claro para la utilización de materiales reciclados en proyectos de construcción financiados por el gobierno. Su objetivo principal es promover la reducción de desperdicios sólidos mediante la integración de materiales reciclados en la construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y otras obras públicas, logrando así una disminución en la dependencia de vertederos y la explotación de recursos naturales.
Según estudios de la Environmental Protection Agency (EPA) y la Federal Highway Administration (FHWA) en Estados Unidos, la incorporación de materiales reciclados en infraestructura pública ofrece múltiples beneficios. Entre ellos se destaca la reducción del impacto ambiental al minimizar la cantidad de residuos enviados a los vertederos y la explotación de agregados naturales, lo que a su vez disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista económico, el uso de estos materiales reduce significativamente los costos de adquisición de materia prima, transporte y disposición de escombros. Además, se ha demostrado que materiales como el asfalto reutilizado y los agregados de concreto reciclado mejoran la resistencia y longevidad de las carreteras y otras infraestructuras, lo que se traduce en una inversión más eficiente a largo plazo. También se impulsa el desarrollo de empresas dedicadas al procesamiento y comercialización de materiales reciclados, fomentando la creación de empleos y fortaleciendo la economía circular.
No obstante, a pesar de los beneficios reconocidos y de que la Ley 114-2014 estableció un marco normativo para la integración de estos materiales, persisten serias interrogantes sobre su implementación y cumplimiento. Informes recientes sugieren que el porcentaje de asfalto reciclado en Puerto Rico sigue siendo considerablemente inferior al promedio de Estados Unidos, donde algunos estados reciclan hasta el 40% de su asfalto, mientras que en Puerto Rico apenas alcanza el 2%. En el caso del concreto reciclado, la reutilización de escombros de construcción sigue siendo una práctica limitada en la Isla, a pesar de que en otras jurisdicciones se ha demostrado su viabilidad técnica y económica. A esto se suma la acumulación descontrolada de neumáticos desechados, que no solo representa un problema ambiental significativo, sino que también se traduce en un riesgo de salud pública al convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y el chikungunya.
El cumplimiento con la Ley 114-2014 requiere la intervención y supervisión de varias agencias gubernamentales, entre ellas la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Junta de Calidad Ambiental. Estas entidades tienen la responsabilidad de establecer y fiscalizar reglamentos que aseguren el uso efectivo de materiales reciclados en proyectos de infraestructura pública. Sin embargo, aún existen dudas sobre si han desarrollado los mecanismos adecuados para hacer cumplir la ley y si han brindado el apoyo técnico y administrativo necesario a las agencias e instrumentalidades obligadas a cumplir con sus disposiciones.
Otro factor crítico es la falta de información pública y transparencia en cuanto a la ejecución de la ley. No se ha divulgado de manera efectiva si las agencias están cumpliendo con los porcentajes de material reciclado requeridos, ni si se han emitido certificaciones de excepción en casos donde no sea viable el uso de dichos materiales. De igual forma, no se ha determinado si las industrias locales de reciclaje cuentan con la capacidad suficiente para suplir la demanda de materiales reciclados que la ley estipula.
Ante este panorama, resulta imperativo que el Senado de Puerto Rico ejerza su facultad de fiscalización y evaluación de política pública para determinar el nivel de cumplimiento con la Ley 114-2014. Una investigación legislativa permitirá identificar las barreras que han impedido su implementación efectiva, examinar la coordinación entre las agencias encargadas y, de ser necesario, proponer enmiendas para fortalecer su aplicación.
Puerto Rico enfrenta una crisis ambiental que requiere soluciones innovadoras y sostenibles. El reciclaje y la reutilización de materiales no deben ser vistos como una opción secundaria, sino como una política pública prioritaria para asegurar la protección de nuestros recursos naturales y mejorar la calidad de la infraestructura en la Isla. En este sentido, esta investigación legislativa busca garantizar que la Ley 114-2014 cumpla con su propósito y se convierta en una herramienta efectiva para promover el desarrollo sustentable de Puerto Rico.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 114-2014, conocida como la "Ley para el Uso de Materiales Reciclados en Infraestructura Pública de Puerto Rico", a fin de evaluar su efectividad, el grado de cumplimiento por parte de las agencias e instrumentalidades públicas y los retos en su ejecución.
Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en un término no mayor de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución.
	Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.