GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S.  94
 10 de marzo de 2025
Presentada por la señora Soto Aguilú
 Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de cancelación del contrato vigente con Physician Correctional, evaluando quién asumirá la prestación de servicios médicos a la población correccional y el impacto que esta decisión podría tener en la atención a los reclusos; y para otros asuntos relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación actual en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ha despertado serias inquietudes respecto a la continuidad de los servicios médicos que atienden a la población correccional de Puerto Rico. En los últimos días, se ha conocido que la intención de cancelar el contrato con Physician Correctional -vigente hasta 2028- ya ha sido decidida por la nueva dirección del DCR, bajo la conducción del designado secretario Francisco Quiñones Rivera. Sin embargo, esta decisión, que ha sido anunciada con palabras de "sentido de urgencia" y de "hacerlo de manera correcta", adolece de elementos fundamentales de planificación y comunicación, ya que no se ha definido con precisión quién será el operador alterno que asuma la responsabilidad de la atención médica para los 7,111 reclusos confinados en el sistema penitenciario, ni se ha establecido una fecha concreta para la finalización de la relación contractual.

La incertidumbre generada por la posible cancelación del contrato con Physician Correctional reviste una importancia crítica, pues la prestación de servicios médicos en el ámbito correccional es esencial para garantizar el derecho a la salud y a un trato digno de una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. La ausencia de un plan de contingencia o de la identificación de un proveedor alterno genera un escenario de riesgo que podría traducirse en interrupciones en la atención médica, demoras en la respuesta ante emergencias y deficiencias en el manejo de enfermedades crónicas, lo que afectaría tanto a los reclusos como a los funcionarios encargados de la seguridad y el cuidado en las instituciones penitenciarias. Este vacío operativo, en un contexto de alta sensibilidad social y de rigurosos estándares de derechos humanos, exige una investigación minuciosa que permita esclarecer el proceso de cancelación, identificar los riesgos inherentes y establecer las medidas necesarias para garantizar una transición ordenada y sin contratiempos en la prestación de servicios de salud.
Además, la decisión de cancelar el contrato con Physician Correctional se inscribe en un contexto de controversias previas y de un ambiente de presión mediática y social que demanda transparencia y responsabilidad en el manejo de los asuntos correccionales. En este sentido, la situación adquiere una dimensión aún más compleja al considerar que la revisión de expedientes administrativos relacionados con la liberación y el manejo del caso de Hermes Ávila Vázquez, entre otros antecedentes, ha evidenciado deficiencias en los protocolos internos y en la supervisión de los servicios contratados. La falta de claridad sobre los aspectos legales y contractuales que sustentan la decisión, sumada a la carencia de información acerca de las alternativas existentes para la continuidad de la atención médica, pone en riesgo la integridad del proceso y puede generar incertidumbre en los diferentes actores involucrados, desde los funcionarios del DCR hasta los familiares de los reclusos y la ciudadanía en general.
La relevancia de esta investigación reside en la necesidad de garantizar que la cancelación del contrato no se traduzca en un deterioro de la atención médica y en la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos, quienes tienen derecho a recibir un servicio de salud adecuado, continuo y de calidad. Es imprescindible determinar con precisión qué consecuencias operativas y sociales podría acarrear la interrupción de los servicios proporcionados por Physician Correctional, así como identificar los mecanismos y criterios que se utilizarán para seleccionar un operador alterno que pueda asumir esta responsabilidad sin afectar la seguridad y el bienestar de la población correccional. La investigación deberá abarcar el análisis de las cláusulas contractuales, los aspectos legales involucrados y los posibles escenarios que podrían derivarse de una transición no planificada, con el fin de elaborar recomendaciones que aseguren la estabilidad y el mejoramiento de los servicios médicos en las prisiones.
En un contexto donde la gestión y la seguridad en las instituciones correccionales son aspectos prioritarios para el bienestar de los empleados y de los confinados, resulta fundamental que el Senado de Puerto Rico actúe con diligencia para esclarecer esta situación. La ausencia de un plan de sustitución claro y la incertidumbre sobre el impacto que la cancelación del contrato podría tener en la salud y la seguridad de los 7,111 reclusos requieren una revisión exhaustiva y un análisis detallado. Esta investigación, por tanto, se erige como una herramienta indispensable para prevenir cualquier vulneración de derechos y para establecer un marco operativo que permita una transición transparente, ordenada y eficaz, protegiendo la integridad de la atención médica en el sistema correccional y asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad y derechos humanos que exige la sociedad.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de cancelación del contrato vigente con Physician Correctional, evaluando quién asumirá la prestación de servicios médicos a la población correccional y el impacto que esta decisión podría tener en la atención a los reclusos.
Sección 2.- La investigación deberá analizar, pero sin limitarse a, la situación legal y contractual vigente, las cláusulas del contrato actual y los procedimientos establecidos para la cancelación; identificar las alternativas viables y los criterios para la selección de un operador alterno que garantice la continuidad de los servicios médicos; y evaluar el impacto potencial de una interrupción en la atención médica en términos de seguridad, salud y bienestar tanto de los reclusos como de los funcionarios del DCR. Asimismo, se deberá investigar la repercusión social de la incertidumbre generada y las medidas de transición que se hayan considerado o implementado para mitigar los riesgos asociados.
Sección 3.- Las comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en un término no mayor de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución.
	Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.