ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea                                                                                                1ra. Sesión
         Legislativa 		                                             			        Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 99
11 de marzo de 2025
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto de las políticas públicas de la administración del presidente Donald Trump sobre los servicios dirigidos a los veteranos y veteranas; evaluar la efectividad de los servicios de salud, así como la disponibilidad de médicos, incluyendo de salud mental, que reciben los veteranos residentes en Puerto Rico; evaluar el plan de trabajo del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para abogar y atender las necesidades de los veteranos cesanteados por el gobierno federal; evaluar el impacto de los despidos acontecidos en el Departamento Federal de Asuntos del Veterano; evaluar la accesibilidad y calidad de todos los servicios dirigidos a los veteranos en Puerto Rico; y evaluar cualquier otro asunto que incida sobre la calidad de vida de nuestros veteranos; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente se ha reseñado que tres de los cuatro médicos siquiatras que ejercían en San Juan VA Medical Center, también conocido como el Hospital de Veteranos de Puerto Rico, administrado por el Departamento Federal de Asuntos del Veterano, han renunciado a sus puestos. Esto ha causado gran preocupación entre los veteranos y sus familiares. 
Sin embargo, la falta de profesionales de la salud mental no es la única preocupación de nuestros veteranos. El presidente Donald Trump ha tomado acciones ejecutivas austeras que han consistido, entre otras cosas, en despidos masivos a nivel federal. Particularmente, los despidos se han estimado entre 20,000 y 30,000 cesanteados. Entre ellos, un número incierto de veteranos, quienes componen el 30% de la fuerza laboral del gobierno federal. 
Se ha reseñado el despido de cientos de servidores públicos en agencias que administran la política pública sobre la salud y en otras dependencias que brindan servicios a veteranos. Según medios de prensa, la administración federal ha terminado aproximadamente a 2,800 empleados del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, y a 2,400 del Departamento Federal de Asuntos del Veterano. En cuanto a esta última agencia, según un memorando interno, la alta gerencia se prepara para una reorganización que tiene el potencial de despedir hasta 80,000 de sus empleados. Esto sin duda tendría un efecto detrimental en los servicios que reciben los veteranos del archipiélago puertorriqueño. 
La base del establecimiento de una Oficina del Procurador del Veterano fue facultarle a "servir como ente representativo e independiente, cual deber ministerial será en favor de los veteranos puertorriqueños y sus funciones estarán dirigidas a la realización de las gestiones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la mencionada población". Exposición de Motivos de la Ley 79-2013, según enmendada, conocida como Ley del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Artículo 4 de la Ley 79-2013, supra, consigna la política pública de la agencia: "tendrá, entre otras funciones dispuestas en esta Ley, la responsabilidad de atender e investigar los reclamos de los veteranos en Puerto Rico y velar por sus derechos en las áreas de la educación, salud, seguridad, empleo, derechos civiles y políticos, legislación social, laboral y contributiva, vivienda, transportación, recreación y cultural. Asimismo, tendrá la responsabilidad de establecer e implantar un programa de asistencia, orientación y asesoramiento para la protección de sus derechos y el de sus familiares; y la coordinación con las entidades correspondientes para que se provean los servicios necesarios para los mismos."
Conforme a ello, el procurador del Veterano tiene facultad en ley para velar por los intereses de los veteranos tanto a nivel local, como a nivel federal. Particularmente, el Artículo 6 de su ley orgánica dispone que tendrá la responsabilidad de "[t]omar medidas, incluyendo la asistencia legal, de peritos médicos o de personal de enlace que se estimen necesarias para la rápida tramitación de toda clase de gestiones, peticiones, investigaciones y reclamaciones de los veteranos de Puerto Rico y sus familiares, en la Administración Nacional de Veteranos de los Estados Unidos en las Oficinas de Washington, D.C…. en sus oficinas locales y regionales. A tales propósitos podrá obtener o suministrar o contratar servicios legales, médicos o técnicos o comparecer por y en representación de los veteranos y sus familiares que cualifiquen para obtener beneficios bajo las leyes federales pertinentes ante cualquier foro, tribunal estatal o federal, junta o comisión, organismo administrativo, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cualquier vista, procedimiento o asunto que afecte y pueda afectar los intereses, derechos y beneficios de estas personas."
De igual forma, el Artículo 9 dispone que "[e]n el ejercicio de los poderes y prerrogativas que se le confieren en esta Ley, el Procurador podrá [c]omparecer en representación de la población que atiende y que cualifique para obtener beneficios bajo las leyes o reglamentaciones estatales o federales pertinentes ante cualquier foro, tribunal, junta, comisión o agencia estatal o federal en cualquier asunto o procedimiento que pueda afectar los intereses, derechos y privilegios de los veteranos(as) y sus familiares."
El Senado de Puerto Rico investigará el el impacto de las políticas públicas de la administración del presidente Donald Trump sobre los servicios dirigidos a los veteranos y veteranas. No obstante, este Cuerpo Legislativo no se limitará a investigar el efecto que acarrean las determinaciones federales, sino que también indagará sobre la accesibilidad y calidad de todos los servicios que se ofrecen los veteranos en Puerto Rico. Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que surjan del proceso de investigación, nos permitirá proponer política pública necesaria y efectiva.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto de las políticas públicas de la administración del presidente Donald Trump sobre los servicios dirigidos a los veteranos y veteranas; evaluar la efectividad de los servicios de salud, así como la disponibilidad de médicos, incluyendo de salud mental, que reciben los veteranos residentes en Puerto Rico; evaluar el plan de trabajo del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para abogar y atender las necesidades de los veteranos cesanteados por el gobierno federal; evaluar el impacto de los despidos acontecidos en el Departamento Federal de Asuntos del Veterano; evaluar la accesibilidad y calidad de todos los servicios dirigidos a los veteranos en Puerto Rico;  y evaluar cualquier otro asunto que incida sobre la calidad de vida de los veteranos residentes en Puerto Rico.
Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares, a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución de conformidad con el Reglamento del Senado y con el Código Político de Puerto Rico de 1902.
Sección 3.- La Comisión deberá rendir informes continuos al Senado de Puerto Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Deberán presentar un primer informe parcial dentro de noventa (90) días después de la aprobación de esta Resolución; y un informe final antes de la conclusión de la Vigésima Asamblea Legislativa.
Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.