ESTADO LIBRE ASOCIADO DE DE PUERTO RICO


20 ma. Asamblea	1 ra.  Sesión
	Legislativa		      Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 101

12 de marzo de 2025
Presentada por la señora Álvarez Conde
Referida a 

RESOLUCIÓN 

Para que el Senado de Puerto Rico encargue a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), un estudio sobre el impacto económico que los eventos y desastres naturales han tenido sobre Puerto Rico por los pasados 15 años, con particular atención en la valoración de daños y la inversión pública dirigida a recuperación y mitigación de estos, proveniente tanto del gobierno local, como del gobierno federal; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	El huracán María en 2017 fue uno de los eventos más devastadores, cobrando miles de vidas y dejando al archipiélago puertorriqueño sumido en una crisis humanitaria. Además, las inundaciones y las marejadas altas causadas por tormentas y huracanes destruyen hogares y desplazan comunidades, especialmente en zonas costeras y de riesgo. Los ríos que se salen de su cauce debido a lluvias intensas agravan la situación, dañando infraestructuras esenciales como carreteras y puentes, y poniendo en peligro a quienes viven en áreas vulnerables. Por otro lado, los incendios forestales, cada vez más frecuentes, representan una amenaza creciente debido al cambio climático y la sequía, afectando la biodiversidad y contribuyendo a la erosión del suelo. Por si fuera poco, las temperaturas han aumentado y cada vez el verano representa una amenaza para la salud, ecosistemas y un aumento en la demanda de energía.
 Atender estos desastres es una necesidad urgente porque no solo se trata de daños materiales, sino de vidas humanas en riesgo. Cada evento extremo deja a su paso muertes, traumas emocionales y desplazamientos que afectan a familias enteras. La falta de preparación y respuesta rápida agrava las pérdidas, como se evidenció en el caso del huracán María, donde miles de personas fallecieron debido a la falta de acceso a electricidad, agua potable y atención médica. La pérdida de vidas es el costo más alto e irreparable de estos desastres, por lo que es crucial invertir en prevención y mitigación.
 Más allá de la tragedia humana, los costos económicos de estos desastres son astronómicos. Siempre hablamos de que la recuperación tras el huracán María ha costado miles de millones de dólares y aún con ese costo, todavía hay personas esperado el dinero post desastre. Mientras, que cada inundación, marejada o incendio genera gastos adicionales en reconstrucción, asistencia humanitaria y pérdida de empleos. La falta de inversión en infraestructura resiliente y en planes de adaptación al cambio en el clima solo aumenta la vulnerabilidad de la isla. Atender estos problemas con estrategias preventivas y sostenibles es la única manera de reducir las pérdidas económicas y humanas, asegurando un futuro más seguro para Puerto Rico.
La Ley 1-2023, conocida como Ley de Investigación, Análisis y Fiscalización Presupuestaria de Puerto Rico, estableció la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Esta dependencia legislativa tendría a su cargo el análisis fiscal y de impacto económico que tendrían las diferentes iniciativas de política pública que se presenten. Cónsono con su ley orgánica, la OPAL sirve como un ente asesor que brinda apoyo a los miembros de la Asamblea Legislativa durante el análisis y confección de políticas públicas. 
Es importante que la Asamblea Legislativa, y el Pueblo de Puerto Rico, cuenten con un análisis exhaustivo sobre el impacto económico que ha representado estos eventos extremos en tiempos recientes. Por lo que este Senado le encarga a la OPAL un estudio sobre dicho impacto, que incluya tanto la valoración de los daños, como la inversión pública dirigida a recuperación y mitigación.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Encargar a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), realizar un estudio sobre el impacto económico que los eventos y desastres naturales han tenido sobre Puerto Rico por los pasados 15 años, con particular atención en la valoración de daños, y la inversión pública dirigida a recuperación y mitigación de estos, proveniente tanto del gobierno local, como del gobierno federal.
Sección 2.- La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa rendirá un informe al Senado de Puerto Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en o antes del 15 de junio de 2025. 
Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.