ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


20 ma. Asamblea 
       Legislativa		
                     1ra. Sesión
Ordinaria	

SENADO DE PUERTO RICO
R. C. del S. 34
 17 de marzo de 2025
Presentado por el señor Hernández Ortiz 
Referido a la Comisión de Gobierno
RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a través de su director ejecutivo, a llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias, incluyendo el uso de remedios legales para dar la lucha y hacer valer el mandato de la Ley 10-2024 y de esta manera defender el Programa de Medición Neta en Puerto Rico; disponer de un periodo máximo de treinta (30) días para que dicha entidad, informe a través de la Secretaría de los Cuerpos Legislativos sobre las acciones tomadas para dar cumplimiento con lo aquí exigido; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través de la Ley 114-2007, según enmendada y conocida como la "Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica", se dio un mandato para que la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el contratante de la red de transmisión y distribución, establecieran un programa de medición neta, conocido en inglés como el "net metering". 
Este sistema se concibió con la idea de facilitar la interconexión a la red eléctrica y permitir la retroalimentación de electricidad a los clientes que instalen en sus hogares un equipo solar eléctrico o cualquier fuente de energía renovable que sea capaz de producir energía. 
Esta Ley, ha sido enmendada en nueve (9) ocasiones, y en todas ellas se ha mantenido inalterado ese mandato que permite la inclusión de fuentes de energía renovable. Todos estamos de acuerdo en que Puerto Rico necesita centrar sus esfuerzos en viabilizar proyectos que hagan posible un sistema eléctrico sólido y costo-efectivo. La diversificación de nuestras fuentes de energía limpia y renovable es el paso correcto si queremos fortalecer el sistema eléctrico y a la misma vez contribuir al desarrollo económico sostenible. 
La medición neta es la política pública clave que permite que las familias y los negocios puertorriqueños puedan ahorrar en sus facturas eléctricas al acreditar a estos la energía limpia que generan con sus sistemas solares y que exportan a la red a través de fuentes renovables, como paneles solares. Mediante este sistema, el consumidor recibe un crédito del exceso de electricidad generada a la red eléctrica local. La medición neta, evidentemente provee extraordinarios beneficios ambientales y económicos a la red eléctrica, a todos los abonados y a toda la sociedad. Este es el único mecanismo que ha estimulado significativamente la instalación de sistemas solares en el País, en armonía con estos mandatos de política pública de lograr que la energía suministrada por proveedores de energía al detal provenga de fuentes renovables. En Puerto Rico, este programa de medición neta está regulado por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Toda vez que bajo el ordenamiento jurídico anterior la medición neta estaba protegida solo hasta abril de 2024, se aprobó la Ley 10-2024, protegiendo este derecho de los abonados que se benefician de este tipo de programa. 
La energía solar es la única esperanza que tiene la clase media ante la incertidumbre del sistema eléctrico. En medio de la aguda crisis en el sistema de electricidad el País, y a pesar de ello, la Junta de Supervisión Fiscal (en adelante "JSF") ha presionado para la anulación de este estatuto aprobado en el 2024. El Gobierno de Puerto Rico no puede allanarse a las políticas de la Junta de Supervisión Fiscal y abandonar la defensa de un sistema que ha resultado ser costo-efectivo y de gran acogida por los consumidores. 
Debe ser política pública y un compromiso del gobierno de Puerto Rico dar la lucha para hacer valer el mandato de la Ley 10-2024 para que se implemente estrictamente y en su totalidad, y se rescinda y/o paralice inmediatamente cualquier acto, acción, o proceso administrativo que contravenga con dicha Ley aprobada de forma unánime por la pasada Asamblea Legislativa. 
De otro lado, a través de la Ley 2-2017 se creó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante "AAFAF") y entre otras cosas se le brindaron facultades fiscales cuasi legislativas a dicho ente. Específicamente, dicha Ley establece que será la AAFAF el ente responsable de las comunicaciones entre el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal. A su vez, la Autoridad es el ente que funge como asesor financiero y fiscal del Gobierno. Como tal, debe ser responsabilidad de dicho cuerpo defender las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cumplir en dicha defensa con la Ley PROMESA. En tiempos recientes, la implementación de ciertas leyes claves para lograr objetivos en beneficio del País se ha encontrado con un escollo del que poco se ha hablado y discutido. El gobierno aduce que la paralización de algunas leyes se debe a la intervención o impugnación de estas por parte de la JSF, y si bien es cierto que bajo la Ley PROMESA, el Congreso de los Estados Unidos otorgó a la Junta la autoridad para buscar impedir la implementación de leyes locales que se presumen son inconsistentes con el Plan Fiscal, esta paralización no es automática y se rige por un proceso ordenado dispuesto en la propia Ley PROMESA. 
Es en ese proceso donde el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Rama Ejecutiva, tiene suficiente espacio para realizar una defensa efectiva a cualquier estatuto aprobado por la Asamblea Legislativa. Esa defensa incluye, someter documentación, brindar análisis y rebatir cualquier objeción de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la aplicación de cualquier ley legítimamente aprobada por la Asamblea Legislativa.
De nada vale que el Poder Legislativo apruebe legislación y establezca lo que debe ser la política pública si el Poder Ejecutivo no es capaz de cumplir con sus obligaciones básicas para facultar la implementación de las leyes debidamente aprobadas por la Legislatura. 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se ordena a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a través de su director ejecutivo, a llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias, incluyendo el uso de remedios legales para dar la lucha y hacer valer el mandato de la Ley 10-2024 y de esta manera defender el Programa de Medición Neta en Puerto Rico. 
Sección 2.- El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, deberá en un periodo no mayor de treinta (30) días luego de aprobada esta Resolución Conjunta, informar a través de la Secretaría de los Cuerpos Legislativos, sobre todas las acciones y/o gestiones llevadas a cabo para dar fiel cumplimiento a lo ordenado en esta Resolución Conjunta. 
Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación