GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
 R. del S. 148
11  de abril de 2025
Presentada por la señora Santiago Negrón, el señor González Costa
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto y las consecuencias a corto y mediano plazo que tendrá la imposición de aranceles a un sinnúmero de países, como resultado directo de las órdenes ejecutivas puestas en marcha por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre los residentes, las empresas del sector privado, las entidades del tercer sector, las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios de Puerto Rico. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que inició su segundo mandato como presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, Donald J. Trump ha aprobado una serie de órdenes ejecutivas, de forma unilateral, sin que necesariamente hayan ocurrido los procesos de consulta de rigor, que típicamente suceden antes de la puesta en marcha de las referidas órdenes. Tales acciones han sido seriamente cuestionadas, tanto por portavoces del poder legislativo de los dos partidos principales de Estados Unidos, como del poder judicial de ese país. Incluso, funcionarios de carrera de distintas agencias del gobierno federal, de diversos niveles gerenciales en dichas agencias, han denunciado la ilegalidad, la irresponsabilidad y, sobre todo, las consecuencias e implicaciones negativas que las órdenes ejecutivas aprobadas hasta el presente tendrán en el corto, mediano y largo plazo sobre la sociedad y la economía estadounidenses. 
En el contexto de las acciones descritas en el párrafo anterior, se destacan las determinaciones que el presidente Trump ha tomado -insistimos, sin consultas previas a expertos en la materia-sobre las relaciones de comercio exterior de Estados Unidos con el resto de los países del mundo, excepto Rusia, específicamente en lo que concierne a la imposición de aumentos a aranceles a las importaciones provenientes de dichos países. La decisión de incrementar sustancialmente y sin base científica los aranceles -que se definen como impuestos que pagan las mercancías importadas, es decir, producidas en esos países y vendidas en el mercado de Estados Unidos-a las naciones con las que históricamente ese país ha sostenido relaciones de comercio exterior, ha generado una gran inestabilidad en los mercados globales, tanto de mercancías y servicios, como de valores o instrumentos negociables. Ello ha respondido, no sólo al aumento sin precedentes en las tasas arancelarias que Trump ha propuesto para cada uno de sus socios comerciales, sino al hecho de que el primer ejecutivo estadounidense ha amenazado con represalias de distinta naturaleza a los países que se tomen "la iniciativa" de imponer tasas arancelarias "recíprocas" a Estados Unidos. 
Independientemente de la corrección o incorrección de los objetivos de política pública que subyacen bajo la determinación del presidente Trump sobre el aumento a los aranceles, no cabe la menor duda de que durante las pasadas semanas se han sentado las bases para la reformulación unilateral de las políticas económicas que han regido el comercio internacional por décadas. La inestabilidad y la incertidumbre son las dos variables que mejor describen ese escenario en el presente. Los analistas del tema no descartan la posibilidad del inicio de una recesión en la economía estadounidense, con impactos directos sobre la economía global.
Lo anterior continúa siendo cierto, aunque al momento de redactar esta resolución, el presidente Trump ha puesto un freno temporero -de 90 días-al aumento en los aranceles a todos los países del mundo, excepto en el caso de China, país al que se le pretende cobrar una tasa arancelaria de 125%. No debemos perder de vista que la característica fundamental de las decisiones del presidente estadounidense, durante su corta estadía en Casa Blanca, ha sido la volatilidad y el revertir las determinaciones aprobadas sólo días y semanas antes. Tal conducta errática constituye la mejor garantía de que el tema de los aranceles va a continuar siendo parte importante de la política de comercio exterior estadounidense en el futuro previsible.
Desafortunadamente, y como consecuencia de su condición colonial, Puerto Rico es un mero espectador en el escenario de las determinaciones que toman los países soberanos en materia de comercio exterior, particularmente de las políticas que ha puesto históricamente y que hoy pone en marcha el gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, y con el agravante de que una proporción mayoritaria de los bienes de consumo, de capital y de materias primas que utilizamos en Puerto Rico provienen del exterior, el país estará sujeto a recibir el enorme impacto inflacionario que generará la nueva visión sobre las tarifas arancelarias que el presidente Trump pretende imponerle a la economía global. 
Por lo tanto, y ante la realidad irrefutable de que Puerto Rico no controla su comercio exterior, ni posee la capacidad jurídica para participar en negociaciones bilaterales o multilaterales, a partir de las determinaciones finales y firmes que el gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha en el corto plazo, todos y cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad -consumidores, empresas del sector privado, las entidades del tercer sector, las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios-sin excepción, recibirán el impacto del aumento en los precios de prácticamente todos los bienes que importe el país, excepto los producidos en Estados Unidos y Puerto Rico. Cabe resaltar que, según los datos oficiales publicados recientemente por la Junta de Planificación, el 40% de todas las importaciones de Puerto provienen de la categoría de "países extranjeros", es decir, de otras jurisdicciones que excluyen a Estados Unidos. Incluso un sinnúmero de mercancías que actualmente importamos de ese país, y que constituyen el 60% de nuestras compras en el exterior, a pesar de ser "productos de Estados Unidos" contienen en muchos casos innumerables insumos importados a ese país, por lo que los aranceles que se impongan a tales insumos afectarán el precio, al final de la cadena de suministros, que pagamos los consumidores y el resto de los sectores por los productos finales que entren a nuestra jurisdicción.
Para el Senado de Puerto Rico resulta de extrema importancia que las agencias del gobierno central que trabajan de manera directa o indirecta con las importaciones que recibe el país, incluyendo, pero no limitándose, a alimentos y a otros bienes de consumo diario, bienes de capital y materias primas, ofrezcan información técnica precisa sobre las posibles consecuencias de la política arancelaria que impulsa el presidente Donald J. Trump. Además, creemos que es nuestro deber recibir el asesoramiento y los análisis de rigor, de expertos en economía internacional, como economistas y otros profesionales, que puedan orientar al gobierno de Puerto Rico sobre posibles medidas, si alguna, que pueden tomarse en nuestro contexto, para enfrentar el escenario descrito en los párrafos anteriores, así como las consecuencias de lo que podría resultar en un escenario de comercio global que afectaría directamente a todos los sectores del país. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO
Sección 1. - Se ordena a la Comisión Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto y las consecuencias a corto y mediano plazo que tendrá la imposición de aranceles a un sinnúmero de países, como resultado directo de las órdenes ejecutivas puestas en marcha por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre los residentes, las empresas del sector privado, las entidades del tercer sector, las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios de Puerto Rico. 
Sección 2. - En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión deberá citar a las distintas agencias del gobierno central de Puerto Rico que trabajan de manera directa o indirecta con las importaciones que recibe el país, incluyendo, pero no limitándose, a alimentos y a otros bienes de consumo diario, bienes de capital y materias primas, ofrezcan información técnica precisa sobre las posibles consecuencias de la política arancelaria que impulsa el presidente Donald J. Trump, así como posibles medidas de política pública, si alguna, que pueda tomar el gobierno central para reducir o atenuar el impacto inflacionario de dicha política. Entre estas agencias -sin entenderse como una limitación- se encuentran las siguientes:
1.	Junta de Planificación de Puerto Rico
2.	Departamento de Hacienda
3.	Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)
4.	Oficina de Gerencia y Presupuesto
5.	Departamento de Agricultura
6.	Departamento de Asuntos del Consumidor
7.	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Sección 3. - En el proceso de celebración de vistas públicas deben recibirse, además, ponencias de expertos en economía internacional, incluyendo economistas y otros profesionales, tanto de la Universidad de Puerto Rico como de las universidades privadas, así como de la práctica privada de profesiones relacionadas con las ciencias económicas y administrativas.
Sección 4. - La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta Resolución. 
Sección 5. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.