GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 2 ^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 322

1 de octubre de 2025

Presentada por la señora Santiago Negrón y el señor González Costa

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para expresar el más enérgico repudio del Senado de Puerto Rico a la campaña de censura realizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, su presidente, Donald J. Trump, y funcionarios interviniendo con, o cancelando, el contenido de expresiones vertidas por individuos, instituciones científicas, académicas y medios de comunicación; así como la promoción de ambientes que propenden a la “autocensura”, en contravención con el derecho humano a la libertad de expresión, sus propios principios constitucionales y la jurisprudencia que interpreta la Primera Enmienda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En días recientes se ha recrudecido la ofensiva del ejecutivo por censurar el contenido de la expresión. El gobierno de Estados Unidos ahora concentra su esfuerzo en controlar el contenido de los medios de comunicación masiva, en atacar directamente a la prensa y a los comentaristas políticos y en utilizar su poder reglamentador de la transmisión para remover programación específica. En la semana transcurrida desde el asesinato del influencer Charlie Kirk, la administración de Trump ha propuesto penalizar expresiones de cierto contenido. El miércoles, 17 de septiembre de 2025, presionó a la cadena ABC para que suspendiera al presentador nocturno Jimmy Kimmel, quien sugirió que el asesino de Kirk provenía de las filas del conservadurismo ideológico. El jueves, 18 de septiembre, el presidente Trump dijo desde el avión presidencial que el gobierno debería revocar la licencia de transmisión de las cadenas cuyos presentadores hablen despectivamente sobre él. Kimmel es la persona de mayor perfil en ser castigada a causa de lo que dijo sobre Kirk. Sin embargo, este último ataque a la libertad de expresión forma parte de un proceso más complejo que tuvo su inicio con el retorno del mandatario a la Casa Blanca.

Cuando el presidente Trump anunció el otoño pasado que nombraría a Brendan Carr como el principal regulador de difusión (broadcasting) del país, lo llamó “un guerrero por la libertad de expresión”. Sin embargo, en los ocho meses desde que asumió como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Carr ha librado una guerra contra la libertad de expresión de quienes han reportado sobre, criticado o satirizado al presidente. El jueves 18 de septiembre de 2025, en el Air Force One, el presidente dijo que las cadenas de televisión “están 97% en mi contra”. “Solo me dan mala prensa”, comentó. “Tienen una licencia. Creo que tal vez deberían perderla. Eso dependerá de Brendan Carr. Creo que Brendan Carr es excepcional. Es un patriota. Ama a nuestro país, y es un tipo duro. Así que ya veremos”. Las cadenas no poseen licencias de transmisión, pero sus filiales locales sí. Carr ha iniciado investigaciones formales contra todas las principales cadenas de difusión del país, incluida la National Public Radio (NPR), subvencionada indirectamente por el gobierno. La única excepción es Fox, propiedad del aliado político de Trump, Rupert Murdoch. (Aunque recientemente Trump demandó a Murdoch y a su Wall Street Journal por sus reportajes sobre la relación del presidente con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein).

Carr ha respaldado las demandas privadas de Trump contra los medios por su cobertura informativa, la cual, según la mayoría de los académicos y abogados de medios, está claramente protegida por la Primera Enmienda. De hecho, las investigaciones gubernamentales contra ABC y CBS coincidieron con las denuncias planteadas en las demandas privadas de Trump contra ellas. Las empresas matrices de ambas cadenas eligieron resolver los casos pagando 16 millones de dólares cada una, en lugar de defenderse en los tribunales, a pesar de que parecían tener probabilidades favorables. Y Carr ha dejado claro que usará los poderes de la FCC para revisar grandes acuerdos y arrancar concesiones a los dueños corporativos. Además de resolver la demanda de Trump, los antiguos propietarios de CBS anunciaron que retirarían The Late Show con Stephen Colbert, quizás el crítico cómico más mordaz de Trump. La cadena afirmó que se trataba de “una decisión puramente financiera”. Poco después, la FCC aprobó la venta de la empresa, Paramount, a Skydance Media. Al asumir el control, Skydance anunció que un nuevo “defensor del lector” revisaría la cobertura informativa de CBS, una promesa hecha a Carr. Para este puesto resultó contratado al exdirector de un think tank que había sido nominado sin éxito por Trump como embajador en Japón y que había expresado su apoyo a la administración en las redes sociales.

Carr también inició una investigación contra NPR y el Public Broadcasting Service (PBS) bajo la premisa de que, al emitir comerciales, violaban los estatutos federales. Apoyó abiertamente la eliminación del financiamiento federal para los medios públicos, algo sobre lo cual la FCC no tiene competencia formal. Esa atribución corresponde al Congreso, que, bajo presión de Trump y alegando sesgo liberal en las emisoras públicas, retiró todo el dinero ya asignado para los próximos dos años. Así, la suspensión esta semana del comediante nocturno Jimmy Kimmel por parte de ABC es solo el último ejemplo de la intervención de Carr sobre el discurso político. También es el más flagrante.

Aunque los comentarios de Kimmel sobre las especulaciones de algunos seguidores del presidente acerca de las motivaciones ideológicas del asesino de Charlie Kirk provocaron un alboroto entre los conservadores, fue la reacción de Carr la que desencadenó un rápido efecto dominó. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr al podcaster conservador Benny Johnson. “Estas compañías pueden encontrar maneras de actuar contra Kimmel o, de lo contrario, habrá más trabajo por delante para la FCC”. Nexstar y Sinclair Broadcast Group —dos enormes corporaciones que poseen muchas estaciones de televisión locales, incluidas decenas de afiliadas de ABC— intervinieron en cuestión de horas para anunciar que retirarían indefinidamente el programa de Kimmel. Luego lo hizo ABC. Nexstar, Sinclair y la empresa matriz de ABC, Walt Disney Co., tienen actualmente importantes acuerdos pendientes que requieren aprobación de la FCC o de reguladores federales antimonopolio.

“Lo que ha hecho aquí —usar el púlpito presidencial para intimidar esencialmente a una gran cadena y obligarla a cancelar una de sus franjas— no tiene precedentes en la historia de la Comisión Federal de Comunicaciones”, dice Gigi Sohn, exfuncionaria de alto nivel en la FCC. “No importa si es republicano o demócrata. Es tan excesivo que resulta difícil de concebir.” Carr no ha respondido a las repetidas solicitudes de la prensa de comentar sobre sus acciones en la FCC. Pero le dijo a Sean Hannity, de Fox News, el jueves que las licencias de difusión otorgan a las cadenas “una obligación única de operar en el interés público”. Los programas nocturnos, dijo, han pasado de la comedia a “imponer una ideología política muy estrecha” que solo atrae a una parte del público estadounidense. Ese tipo de programación, afirmó, está mejor destinada a los podcasts (que, al igual que la televisión por cable, no están regulados por la FCC). “Pero si vas a tener una licencia de la FCC, esperamos que sirvas ampliamente al interés público”. Este comentario desafortunado pasa por alto que la función de la libertad de expresión no es ajustarse a las definiciones que un burócrata prefiera sobre lo que mejor “sirva al país”.

A pesar de su trasfondo discursivo como defensor de la Primera Enmienda, el otoño pasado, Carr emprendió una campaña inusualmente pública para convertirse en presidente de la FCC en el segundo mandato de Trump. Se convirtió en un invitado frecuente de la noticiera Fox News, donde aseveró repetidamente que las principales cadenas de televisión y los gigantes digitales estaban atacando a los conservadores. Además, escribió el capítulo sobre la FCC contenido en el Project 2025 de la Heritage Foundation. Ahora, Carr se ha convertido en la herramienta de la administración para acallar la disidencia según los lineamientos del presidente. De hecho, luego de culminada la suspensión de la que fue objeto Jimmy Kimmel en ABC, el primer ejecutivo renovó su ataque contra el presentador y a la televisora:

I can’t believe ABC Fake News gave Jimmy Kimmel his job back. The White House was told by ABC that his Show was cancelled! Something happened between then and now because his audience is GONE, and his “talent” was never there. Why would they want someone back who does so poorly, who’s not funny, and who puts the Network in jeopardy by playing 99% positive Democrat GARBAGE. He is yet another arm of the DNC and, to the best of my knowledge, that would be a major Illegal Campaign Contribution. I think we’re going to test ABC out on this. Let’s see how we do. Last time I went after them, they gave me $16 Million Dollars. This one sounds even more lucrative. A true bunch of losers! Let Jimmy Kimmel rot in his bad Ratings”,^[1]

amenazó Trump en su red social denominada Truth.

No obstante, quienes visualicen la censura actual como un asunto políticopartidista que adelanta los intereses del sector conservador deben prestar atención a las expresiones del senador conservador de Texas, Rafael Edward Cruz (Ted Cruz), sobre lo sucedido a Jimmy Kimmel. “I hate what Jimmy Kimmel said. I am thrilled that he was fired. But let me tell you. If the government gets in the business of saying: ‘We don’t like what you, the media, have said. We’re going to ban you from the airwaves if you don’t say what we like’. That will end up bad for conservatives”.

En Puerto Rico no estamos ajenos a la imposición de restricciones sobre la libertad de expresión. La “Ley de la Mordaza”, una burda copia de un estatuto federal denominado “Ley Smith”, fue la manifestación jurídica más concreta de esa realidad, aunque dista de ser la única. La prueba de la práctica sistemática de la vigilancia y persecución de la disidencia política en Puerto Rico, o carpeteo, a manos de las agencias de inteligencia locales y federales hoy ocupa archivos enteros, incluidos los de la Oficina de Servicios Legislativos. No obstante, la libertad de expresión es reconocida en el presente como un derecho humano del más alto rango.

El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos es parte desde 1992, dispone que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Así lo recoge también la Primera Enmienda de la constitución estadounidense, especialmente en el contexto de expresiones de índole política, independientemente de que a alguien pudieran resultarles ofensivas. En Cohen v. California,^[2] en medio del reclutamiento militar involuntario que se produjo para la invasión de Vietnam, el Tribunal validó, como un ejercicio lícito del derecho a la libertad de expresión, el presentarse a las inmediaciones de un tribunal con un abrigo que se refería al reclutamiento forzoso con lenguaje soez. Asimismo, en un contexto en el que evaluaba la expresión satírica sobre figuras políticas, el alto foro federal determinó que “[e]l hecho de que la sociedad considere ofensiva determinada expresión no es razón suficiente para suprimirla. De hecho, si es la opinión del orador la que resulta ofensiva, esa consecuencia es justificación suficiente para reconocerle protección constitucional. Pues un principio central de la Primera Enmienda es que el gobierno debe mantenerse neutral en el mercado de ideas”.^[3] Evidentemente, el derecho a la libertad de expresión es un derecho extendido principalmente como una protección sistémica hacia las personas que se pronuncian y presentan como oposición política. Nadie necesita que el Estado claudique a su soberanía para alcanzar la prerrogativa de lanzar loas al régimen o a la administración de turno. Vergonzosamente, éste es un derecho que hoy vulnera descaradamente el régimen del presidente estadounidense Donald J. Trump a través de diversos mecanismos.

En su ataque a la libertad de expresión científica, la administración del actual presidente ha impuesto restricciones al acceso de asignaciones presupuestarias aprobadas para investigar asuntos que, por motivo de su contenido, ofenden sus sensibilidades ideológicas. También se ha eliminado el acceso a bases de datos públicas e informes científicos que contienen términos no aprobados. En ese esfuerzo, se ha prohibido arbitrariamente el uso de ciertas palabras en la redacción de documentos oficiales y de propuestas presupuestarias presentadas a las agencias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) prohibieron el uso de conceptos como: “vulnerable” (vulnerable), “entitlement” (derecho adquirido), “diversity” (diversidad), “transgender” (transgénero), “fetus” (feto), “evidence-based” (basado en evidencia) y “science-based” (basado en ciencia). El Departamento de Agricultura (USDA) prohibió el uso de la frase “cambio climático” a las instituciones que colaboran con el Servicio de Conservación de Recursos Naturales. La EPA (Agencia de Protección Ambiental) alteró, retrasó o enterró numerosos informes sobre el cambio climático y la toxicidad de ciertos químicos; y emitió una directriz que exigía que las subvenciones financiadas por la EPA fueran revisadas por designados políticos antes de aprobarse, lo que potencialmente bloqueaba investigaciones a base del lenguaje utilizado. El Departamento del Interior negó acceso a informes del Servicio Geológico (USGS) sobre los impactos proyectados del cambio climático. La prensa reseñó los esfuerzos de la administración para suprimir datos y minimizar el impacto de los pesticidas sobre especies en peligro para beneficiar intereses agrícolas. También se eliminó el financiamiento de propuestas que contemplaran investigaciones sobre la estratificación sexual, de género y de raza a través de colaboraciones con la oficina para la investigación de las ciencias sociales, conductuales y económicas de la National Science Foundation.

Éste es un tipo de censura diseñada para suprimir hallazgos que entran en conflicto con la agenda política o económica de la administración. Esta clase de censura no sólo obstaculiza el trabajo académico que depende de datos públicos certeros, sino que burla el derecho de acceso a la información subsumido en el derecho a la libertad de expresión. Se trata de un esfuerzo multifacético que incluye silenciar el lenguaje, desfinanciar temas de investigación, suprimir informes inconvenientes, alterar el contenido de páginas oficiales y amordazar a científicos gubernamentales. Estas acciones fueron ampliamente documentadas por organizaciones científicas como la Union of Concerned Scientists y reportadas extensamente en los medios de comunicación.

El presidente y sus allegados, de igual forma, utilizan el poder del Estado para intentar imponer su sesgo ideológico sobre los currículos del sector universitario, la cátedra del profesorado y las protestas del estudiantado. Así, se pretende suprimir de los programas y prontuarios académicos los textos, conferencias y lecciones sobre el estudio de los pueblos originarios, la esclavitud y la crítica del racismo estructural, los problemas contemporáneos del Oriente Medio y los derechos de la mujer y de las comunidades LGBTTIQ+. Con esos fines, la administración ha amenazado e intentado castigar financieramente a las universidades que han resistido esa imposición, o que permiten la protesta del estudiantado contra la política pública interna o externa de la administración en sus espacios públicos. En un discurso en septiembre de 2020, el presidente Trump afirmó que instruiría al Administración de Rentas Internas (IRS) para que investigara el estatus exento de impuestos de las universidades y potencialmente revocarlo si se determinaba que promovían ideas “antiestadounidenses,” incluyendo lo que describió como “adoctrinamiento radical de izquierda.” Luego de la capitulación de varias instituciones educativas, la amenaza se concretó con relación a la Universidad de Harvard. En el 2025, la administración Trump ordenó el recorte de 2.6 mil millones de dólares en subvenciones y contratos federales de investigación a menos que la universidad cumpliera con sus exigencias de modificar sus políticas de admisiones, contratación, procedimientos disciplinarios, activismo estudiantil en el campus y currículos educativos. A pesar de un revés contra la administración en el tribunal de distrito, la controversia continúa su cauce en el sistema judicial federal.

Los recientes y continuos ataques del régimen de Donald J. Trump y sus funcionarios a la libertad de expresión en la ciencia, en la academia, en la prensa y sobre el acceso a la información son violatorios del derecho humano a la libertad de expresión. El Senado de Puerto Rico, mediante esta Resolución, hace constar su rechazo a la intervención del gobierno federal de los Estados Unidos de América y sus funcionarios para censurar la disidencia; y denuncia las actuaciones aquí reseñadas como actos que circunvalan y desprecian sus propios principios constitucionales y la jurisprudencia que interpreta la Primera Enmienda.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- El Senado de Puerto Rico expresa su más enérgico repudio a la campaña de censura realizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, su presidente, Donald J. Trump, y funcionarios interviniendo con, o cancelando, el contenido de expresiones vertidas por individuos, instituciones científicas, académicas y medios de comunicación; así como la promoción de ambientes que propenden a la “autocensura”, en contravención con el derecho humano a la libertad de expresión, sus propios principios constitucionales y la jurisprudencia que interpreta la Primera Enmienda.

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

1. Énfasis suplido. ↑

2. Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971). ↑

3. Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46, 55-56 (1988). Traducción suplida. ↑