ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


20 ma. Asamblea 
       Legislativa		
                     1ra. Sesión
Ordinaria	

SENADO DE PUERTO RICO
R. C. del S. 10
2 de enero de 2025
Presentada por el señor Hernández Ortiz, las señoras González Huertas y Álvarez Conde y los señores Dalmau Santiago y Santiago Rivera 

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón, que realice dentro de un término de sesenta (60) días todas las gestiones y acciones necesarias, para que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica notifiquen a LUMA Energy el inicio de la cancelación del contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, por incumplimiento con varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy, LLC (en un momento conocida como LUMA ManageCo.) y LUMA ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo; garantizar la continuidad del servicio durante la transición; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sistema energético de Puerto Rico enfrenta desafíos significativos que afectan profundamente la vida de sus ciudadanos. Estos desafíos se agudizaron por el paso del huracán María en 2017, que devastó la red eléctrica. Desde entonces, el País ha experimentado interrupciones en el servicio de energía eléctrica exacerbadas por una infraestructura obsoleta y una dependencia del 94% en combustibles fósiles para la generación.
A pesar de los esfuerzos por modernizar el sistema, incluyendo una inversión reciente de $365 millones del Departamento de Energía de Estados Unidos para la instalación de sistemas solares y de almacenamiento en hogares y centros de salud, las mejoras han sido limitadas. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) continúa enfrentando dificultades para reestructurar una deuda que supera los $9,000 millones, lo que complica la implementación de soluciones efectivas.
Esta situación ha llevado a que más del 40% de la población, que vive por debajo del umbral de pobreza, enfrente dificultades para acceder a servicios básicos, como la refrigeración de alimentos y medicamentos, especialmente durante advertencias de calor extremo.
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la Ley 120-2018, conocida como la "Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico", autorizó la privatización de la AEE con el objetivo de mejorar la eficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico del País. Esta decisión se fundamentó en la necesidad de modernizar la infraestructura y reducir la deuda significativa acumulada por la AEE. En virtud de esta ley, se estableció un oneroso y restrictivo contrato con LUMA Energy para la operación, mantenimiento y modernización del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. El contrato, firmado en junio de 2020, tiene una duración de 15 años y busca, entre otros objetivos, facilitar la inversión de fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico tras los huracanes Irma y María.
Desde la privatización del sistema eléctrico en 2021, momento en que LUMA Energy comienza sus funciones, los puertorriqueños experimentan aún más deficiencias en el servicio de energía eléctrica y han sido testigos de una gestión de recursos públicos altamente cuestionable. El argumento esencial para la cancelación del contrato de LUMA Energy se encuentra en el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en las violaciones de ley que la empresa incurre de forma continua. Según el contrato firmado, existen al menos cuatro eventos que podrían justificar la rescisión del acuerdo:
Incumplimiento de una obligación material por parte de LUMA Energy.
Violación de la ley, según determinada por un tribunal competente.
Incumplimiento durante tres años consecutivos con las métricas claves de desempeño establecidas por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
No cumplir con las condiciones para el inicio de operación, que incluyen la salida de la AEE del caso de quiebra bajo el Título III de la ley PROMESA.
LUMA Energy ha demostrado un patrón de incumplimientos significativos del contrato, desde problemas con las métricas de desempeño hasta la incapacidad de garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico. A pesar de la promesa inicial de un sistema eléctrico más eficiente, confiable y económico, la realidad es diametralmente opuesta. Contamos con un servicio caracterizado por apagones frecuentes y un aumento en los costos de la electricidad, afectando directamente a los consumidores y a la economía.
Otro factor que justifica la cancelación del contrato con LUMA Energy son los conflictos de intereses que han surgido a partir de su gestión. Según reseñó la prensa de Puerto Rico, el entonces CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby, y otros funcionarios de alta jerarquía de dicha compañía estaban y están vinculados a las empresas matrices de LUMA, Quanta Services y ATCO, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas. LUMA contrató servicios de empresas afiliadas, como ATCO PR Infrastructure Solutions LLC, administrada por Stensby y Paul Goguen, lo que constituyó un claro conflicto de intereses, ya que estos individuos obtuvieron beneficios económicos a través de fondos públicos. Esta situación no solo contraviene la Constitución del Estado Libre Asociado y las leyes de contratación gubernamental, sino que también abre la puerta a posibles actos de corrupción. 
Además, LUMA Energy ha mostrado una gestión deficiente en el uso de los recursos públicos destinados al mantenimiento y mejora del sistema eléctrico. A pesar de la promesa de ahorros significativos, la realidad ha sido la opuesta, con sobregiros presupuestarios millonarios y el uso inadecuado de fondos públicos. La empresa ha superado los presupuestos aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico en múltiples ocasiones, sin que se expliquen adecuadamente las razones de estos sobregiros. Este mal manejo de los fondos no solo afecta las finanzas públicas, sino que también pone en peligro el desarrollo económico de Puerto Rico al desviar recursos que podrían ser utilizados para otras áreas prioritarias.
Un ejemplo claro de esta administración deficiente es el gasto excesivo en el año de transición, cuando LUMA incurrió en gastos exorbitantes, como mudanzas, alquileres de apartamentos lujosos y cenas en restaurantes de alta gama, lo que no solo demuestra una falta de prudencia en el manejo de los recursos, sino que también subraya una desconexión con las realidades económicas de Puerto Rico.
La mala administración de LUMA no solo implica un manejo inadecuado de los recursos, sino que genera una percepción de falta de transparencia y responsabilidad ante las necesidades de Puerto Rico. El caso de LUMA Energy es un claro ejemplo de cuando una Alianza Público-Privada (APP) se convierte en vehículo para el despilfarro, y así pierde su legitimidad, lo que inevitablemente pone en duda su capacidad para cumplir con los objetivos que originalmente justificaron su creación.
Este tipo de administración deficiente está teniendo un impacto directo en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Los recursos que podrían destinarse a mejorar la infraestructura o fortalecer los servicios esenciales se desvían hacia gastos innecesarios, perpetuando problemas estructurales y erosionando la confianza pública en esta APP. Además, esta desconexión entre las prioridades corporativas y las necesidades ciudadanas exacerba las desigualdades, fomentando una percepción de elitismo y exclusión que dificulta la cohesión social. En última instancia, esta gestión irresponsable de LUMA no solo afecta la eficiencia de los servicios, sino que también pone en peligro el progreso económico y social del país al perpetuar un modelo insostenible de desarrollo. 
Para agravar la crisis, la deficiente utilización de los fondos federales destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico tras los huracanes Irma y María representa una preocupación significativa. LUMA Energy, encargada de gestionar estos recursos, ha sido objeto de críticas constantes debido a demoras injustificadas y falta de transparencia en la implementación de proyectos esenciales. A pesar de haberse destinado miles de millones de dólares en fondos federales, las mejoras tangibles en infraestructura eléctrica han sido mínimas, mientras que los apagones persisten con regularidad. Por ejemplo, en 2023, según informes del Negociado de Energía de Puerto Rico, solo una fracción de los proyectos financiados con estos fondos estaba en ejecución. Esta desconexión entre la disponibilidad de recursos y su aplicación efectiva resalta no solo la incapacidad de LUMA para gestionar fondos públicos, sino también la urgencia de establecer un sistema energético que responda a las necesidades de los ciudadanos.
Este problema se alinea con las preocupaciones generales sobre la mala administración de recursos y el impacto directo en la confianza pública, lo que refuerza la necesidad de una acción decisiva para abordar las deficiencias del sistema energético de Puerto Rico.
El desempeño del sistema eléctrico bajo la administración de LUMA Energy es notablemente deficiente. Desde que asumió el control en 2021, el índice que mide la duración de las interrupciones de servicio aumentó considerablemente, superando la métrica histórica de 1,243 minutos, lo que evidencia un deterioro en la calidad del servicio. Además, LUMA ha sido responsable de múltiples apagones masivos, incluyendo la interrupción del servicio eléctrico en toda la isla en abril de 2022, que dejó sin electricidad a 1.5 millones de clientes. 
El sistema eléctrico de Puerto Rico ha experimentado interrupciones significativas debido a la falta de mantenimiento en las líneas de transmisión y a la insuficiente poda de vegetación cercana a la infraestructura eléctrica, tareas principales de LUMA Energy. En agosto de 2023, Juan Saca, actual presidente de LUMA Energy, identificó que las principales causas de los apagones en la isla eran la invasión de vegetación en las líneas eléctricas y el deterioro de equipos antiguos. Saca señaló que la proximidad de árboles y plantas a los conductores eléctricos, especialmente en condiciones climáticas adversas como lluvias y vientos, incrementa la vulnerabilidad del sistema y provoca fallas en el suministro eléctrico.
En junio de 2024, se registró un apagón que afectó a más de 340,000 clientes en Puerto Rico. El entonces gobernador Pedro Pierluisi Urrutia atribuyó estos eventos a la falta de mantenimiento adecuado en las líneas de transmisión. Estos apagones no solo afectan la vida cotidiana de los puertorriqueños, sino que también perjudican gravemente la economía, con pérdidas millonarias que afectan tanto a los ciudadanos como a las empresas locales. Hace tan solo unos días, el 31 de diciembre de 2024, ocurrió lo que puede denominarse hasta ahora como el apagón masivo de fin de año. Durante este evento, que todavía no tiene una explicación oficial de lo que provocó el mismo, más de un millón de abonados sufrió la pérdida del sistema de energía en sus hogares. La situación, ocurrió precisamente a horas de entrada el 2025 y como antesala a un aumento en la factura de la luz.
El NEPR ha tenido que investigar múltiples incidentes relacionados con LUMA, lo que indica una falta de responsabilidad y transparencia por parte de la empresa. El incumplimiento de las disposiciones del contrato, especialmente en cuanto a la calidad del servicio, justifica sobradamente la rescisión de este.
La privatización del sistema eléctrico bajo el contrato con LUMA Energy fue presentada como una oportunidad para mejorar la eficiencia y reducir los costos de la electricidad, lo que a su vez se esperaba que impulsara el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, los resultados han sido contrarios a esos objetivos. El aumento de las tarifas eléctricas, junto con la deficiente prestación de servicios y la falta de inversiones en infraestructura, frenó el crecimiento económico y ha contribuido a la incertidumbre que afecta a las empresas y consumidores de la isla.
Los puertorriqueños pagan aproximadamente 26 centavos por kilovatio-hora (kWh), en comparación con un promedio de 11 a 12 centavos en los Estados Unidos continentales. Esta diferencia coloca a Puerto Rico en una desventaja significativa. Los altos costos de electricidad han incrementado el costo de vida y de hacer negocios en el archipiélago. Algunas empresas destinan alrededor del 20% de sus gastos operativos al pago de electricidad y otras tienen que construir sistemas multimillonarios de generación de electricidad para garantizar sus operaciones. Esto no tan solo limita sus capacidades de expansión e inversión, sino que pone en riesgo su operación y permanencia en Puerto Rico.
Estos desafíos energéticos no solo afectan a las grandes empresas, sino también a los pequeños negocios y a los consumidores. La deficiencia en el servicio y los altos costos ponen en juego sus operaciones y calidad de vida, respectivamente. En comparación con otras jurisdicciones, los consumidores en Puerto Rico enfrentan un costo significativamente más alto por la energía eléctrica.
En promedio, y considerando los ingresos familiares, los puertorriqueños destinan una mayor proporción de su presupuesto a la electricidad que los residentes de cualquier estado de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2021, los hogares de Puerto Rico, con un ingreso medio anual de $22,237, dedicaron un 5.7% de su gasto a la electricidad, sin contar subsidios.
Para el mismo año, Hawái, que tiene las tarifas eléctricas más altas entre los Estados de Estados Unidos, registró una participación en el gasto del 2.3%, mientras que los consumidores en el sureste de Estados Unidos, la región continental con mayor proporción de gasto en electricidad, alcanzaron un 2.9%. En promedio, los consumidores estadounidenses destinaron un 2.2% de sus ingresos al pago de electricidad. Por otro lado, en países caribeños como Jamaica y la República Dominicana, la proporción del gasto en electricidad fue de entre 2.6% y 3.7% de los ingresos familiares medios, lo que resalta la pesada carga económica que enfrentan los hogares en Puerto Rico.
Entre 2018 y 2021, el hogar promedio en Puerto Rico gastó entre 5.1% y 5.7% de sus ingresos en electricidad, y las estimaciones preliminares para 2022 apuntan a un aumento al 6.6%. Este incremento refleja una tendencia al alza en el impacto de los costos energéticos sobre los ingresos familiares. Además, el alto costo de la energía tiene repercusiones negativas en la economía, afectando a los consumidores, la producción, el empleo, la migración y la competitividad comercial. Este impacto se traduce en precios más altos a lo largo de la cadena de distribución y en una reducción en los recaudos gubernamentales.
La combinación de altos costos energéticos y un servicio deficiente subraya la urgencia de adoptar medidas para lograr la rescisión del contrato, de manera que se pueda garantizar un sistema energético que no continúe siendo un obstáculo al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
Para que el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), pueda cancelar el contrato con LUMA Energy, es esencial que se inicie un proceso formal de aviso de incumplimiento. Este aviso es un requisito indispensable y debe ser emitido por la AAPP o el NEPR si se determina que LUMA ha incurrido en fallos materiales en su desempeño, como la frecuencia de apagones o la calidad del servicio.
El procedimiento comenzaría con la emisión de una carta de incumplimiento, que le otorgue a LUMA un plazo de sesenta (60) días para remediar las fallas señaladas. En caso de que LUMA no logre corregir el problema en ese plazo, puede solicitar una extensión de treinta (30) días adicionales. Sin embargo, si después de este período el incumplimiento persiste, el contrato permite activar disposiciones más severas que pueden llevar a la terminación del acuerdo. Es importante señalar que el incumplimiento debe ser material, es decir, que afecta gravemente las obligaciones esenciales del contrato, como las métricas de desempeño pactadas. Como sabemos los ejemplos de incumplimiento ya se han dado.
Las métricas de desempeño son un aspecto central en el contrato entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy. El contrato a quince (15) años estipula que LUMA debe cumplir con varias métricas claves, incluyendo la confiabilidad del sistema de energía. Entre las métricas más relevantes se encuentran el System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) y el System Average Interruption Duration Index (SAIDI), que miden la frecuencia y duración de los apagones, respectivamente.
En caso de que el proceso de aviso de incumplimiento no logre resolver las deficiencias en el servicio, el contrato establece que se debe enviar una notificación formal de terminación, la cual debe ser entregada con un mínimo de ciento veinte (120) días de antelación. Esta notificación da paso a un período de transición que podría durar hasta un año, según lo estipulado en el contrato, durante el cual LUMA tendría que entregar el control de la operación a una nueva entidad, que podría ser otra empresa o el retorno del servicio a manos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Es importante destacar que el proceso de transición no es inmediato ni sencillo, por esto urge que se actúe con premura y se proceda a iniciar el proceso de cancelación. La movilización para la transición implica un proceso complejo de entrega de activos, infraestructura y personal, lo que hace que la cancelación del contrato no sea un proceso rápido. Además, se estima que todo el proceso de cancelación, desde el aviso de incumplimiento hasta la transición completa, podría extenderse por al menos dos años, dado el tiempo requerido para resolver las diferencias y organizar la entrega de operaciones.
La cancelación de un contrato de esta magnitud no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas y económicas. Diversos sectores de la sociedad, incluidos grupos del tercer sector y oficiales electos por el pueblo de Puerto Rico exigen la cancelación del contrato con LUMA, ya que la empresa no cumplió con su obligación de proveer un servicio confiable y eficiente. 
La cancelación del contrato con LUMA Energy es un proceso complejo que requiere cumplir con estrictos procedimientos legales establecidos en el contrato. Dado el alcance y las consecuencias de este proceso, es esencial que todas las partes involucradas actúen con rapidez, prudencia y especial detalle a la base legal que viabiliza la cancelación del contrato para así evitar consecuencias adversas.
El pueblo de Puerto Rico no puede continuar soportando las consecuencias de un desempeño deficiente que afecta directamente su calidad de vida y el desarrollo económico del archipiélago. Las constantes fallas en el servicio eléctrico, el aumento de los costos y la falta de transparencia evidencian que la continuidad del contrato con LUMA Energy no es una opción viable. Es momento de actuar con firmeza y decisión para rescindir este contrato y garantizar que los recursos energéticos de Puerto Rico sean administrados con eficiencia, responsabilidad y en beneficio de toda su gente. La Asamblea Legislativa debe tomar medidas inmediatas para priorizar un sistema energético que realmente responda a las necesidades y aspiraciones de los puertorriqueños.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se ordena a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón, que realice dentro de un término de sesenta (60) días desde aprobada esta Resolución Conjunta, todas las gestiones y acciones necesarias, para que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica notifiquen a LUMA Energy el inicio de la cancelación del contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, por incumplimiento con varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy, LLC (en un momento conocida como LUMA ManageCo.) y LUMA ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo.
Sección 2.- Se ordena a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas a comenzar el proceso para seleccionar a un nuevo operador u operadores del sistema energético conforme al Artículo 1.8 de la Ley 17-2019 mientras se cumple con el proceso contractual de cancelación de contrato ordenado en la Sección 1. Las entidades que participen en dicho proceso de selección tendrán inmunidad de cualquier reclamación de naturaleza civil o administrativa frente a las compañías de servicio eléctrico que actualmente operan en Puerto Rico a causa de su participación del proceso de selección.
Sección 3.- El personal y las operaciones de la empresa conocida como ServCo en el acuerdo entre LUMA Energy LLC, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas se mantendrá en funciones. Durante el periodo de transición, las funciones de Management Co en dicho acuerdo serán ejecutadas por la Autoridad de Energía Eléctrica mientras se identifica a un nuevo operador que asuma la gerencia del sistema. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.