GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 2 ^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 119

INFORME POSITIVO

1 de octubre de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 119, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 119 tiene el propósito de enmendar la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, en su Artículo 1.02 (d) para añadir un subinciso (11); enmendar su Artículo 2.04 (b), subincisos 15 y 42; enmendar el Artículo 2.12 (q)(4); enmendar su Artículo 6.05 (m); enmendar el Artículo 9.02, para añadir un nuevo inciso (h); y enmendar el Artículo 11.01, para añadir un inciso (h), a los fines de establecer, como parte de la política pública del sistema educativo la inclusión de los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, en los protocolos que atienden situaciones donde se pone en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes de las escuelas públicas, y establecer el deber continuo de mantenerlos informados; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El derecho a una educación pública segura, inclusiva y de calidad constituye un principio esencial de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 5, reconoce que toda persona tiene derecho a una educación dirigida al pleno desarrollo de su personalidad y a la protección de su integridad. Este mandato cobra particular relevancia cuando se atienden aspectos que inciden directamente sobre la seguridad física y emocional de nuestros estudiantes en los planteles escolares.

El Proyecto de la Cámara 119 responde a esta exigencia al proponer enmiendas a diversos artículos de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el fin de establecer la obligación de integrar a los padres, madres o encargados en los protocolos de seguridad escolar y garantizar su participación en los procesos de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia. Entre los cambios propuestos se encuentran disposiciones que refuerzan los deberes del Secretario de Educación, los directores de escuela y los Consejos Escolares, a fin de asegurar la comunicación efectiva con las familias, la notificación inmediata de incidentes y la divulgación clara de medidas de protección.

La medida se sustenta en un trasfondo histórico reciente que ha evidenciado las vulnerabilidades estructurales de nuestras escuelas, particularmente frente a fenómenos sísmicos, así como incidentes de violencia y amenazas en los predios escolares. Estos sucesos han subrayado la necesidad de protocolos actualizados que no solo atiendan la seguridad interna, sino que también mantengan informados y preparados a los padres y encargados como actores corresponsables en la protección del estudiantado.

De esta manera, el Proyecto de la Cámara 119 constituye un avance significativo hacia la consolidación de un sistema educativo más seguro y resiliente, en el que la comunidad escolar, junto con las familias, participe activamente en la construcción de entornos protectores. Al reforzar la transparencia, la comunicación y la coordinación entre el Departamento de Educación, las escuelas y los padres; la medida promueve una cultura de prevención que contribuye al bienestar integral de la niñez y juventud puertorriqueña.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. de la C. 119, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación de Puerto Rico; Asociación de Maestros de Puerto Rico y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, DE) expresó en su memorial su compromiso indeleble con la seguridad y protección de los estudiantes, en cumplimiento con el mandato constitucional contenido en el Artículo II, Sección 5, de la Constitución de Puerto Rico y con lo dispuesto en la Ley 85-2018, conocida como Ley de Reforma Educativa.

El DE expuso que ha desarrollado múltiples iniciativas en materia de seguridad escolar para atender emergencias y mitigar riesgos. En primer lugar, confeccionó un Plan Operacional para Emergencias e Incidentes Catastróficos (POEIC), alineado con guías federales y estatales, incluyendo el Negociado de Manejo de Emergencias y la Ley del Departamento de Seguridad Pública. Dicho plan incorpora protocolos de respuesta para desastres naturales y eventos provocados por seres humanos, como la eventualidad de un tirador activo, y requiere la validación anual de comités escolares de seguridad y la realización de simulacros mensuales en los planteles.

En segundo lugar, la Oficina del Comisionado de Seguridad Escolar (OCSE) implementó sistemas de vigilancia electrónica en escuelas y dependencias. Actualmente, existen más de 12,000 cámaras instaladas que han reducido en un 97 % los incidentes de escalamiento y vandalismo, lo que a su vez generó ahorros millonarios para el erario. Estas cámaras también han sido útiles para investigaciones criminales, contribuyendo a arrestos y al esclarecimiento de delitos graves. Adicionalmente, la OCSE ha comenzado a integrar sistemas de detección de armas mediante inteligencia artificial y evalúa otros detectores innovadores para fortalecer la respuesta ante amenazas de tiradores activos.

En cuanto a la preparación del personal, el Departamento ha desarrollado adiestramientos sobre prevención, mitigación, recuperación y respuesta. Estos incluyen capacitación en técnicas de preparación y manejo de incidentes, con énfasis en tiradores activos. Gracias a fondos federales ESSER II, se ofrecieron adiestramientos a 22,107 empleados docentes y no docentes en temas como manejo de emergencias, identificación de riesgos, protocolos de salud, primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, búsqueda y rescate, desalojos y protocolos para terremotos, tsunamis, incendios, emanaciones de gas y tiradores activos. Otra medida implementada ha sido la instalación de pasadores internos en puertas de salones y oficinas, con el fin de viabilizar un proceso de “lockdown” que retrase el acceso de intrusos durante un evento crítico. Para esto se adquirieron aproximadamente 120,000 pasadores financiados con fondos Stronger Connections Grant, de los cuales ya se ha instalado alrededor del 70 % en los planteles escolares.

De igual forma, se encuentra en desarrollo un Sistema de Alerta de Emergencias que permitirá emitir mensajes inmediatos a personal escolar, padres, agencias de primera respuesta y comunidad escolar. Estas alertas, que podrán enviarse por texto, mensajería electrónica o altoparlantes, incluirán notificaciones de terremotos, tsunamis, tiradores activos, incendios o escapes de gas, además de información sobre procesos de salud pública. El sistema busca evitar la intervención directa de padres en situaciones de emergencia, garantizando que se mantengan informados sobre los protocolos y puntos de encuentro establecidos por las autoridades.

En su conclusión, el Departamento enfatizó que no considera necesario adiestrar a los padres en técnicas de respuesta a tiradores activos, ya que esto podría inducir a interpretaciones erróneas sobre su rol en estas emergencias. El DE advierte que, de otorgar tales adiestramientos, algunos padres podrían entender que tienen la facultad de intervenir directamente en un evento, lo que pondría en riesgo su vida, la de sus hijos, del personal escolar y de los equipos de respuesta. El compromiso de la agencia es continuar readiestrando a su personal y estudiantes, al tiempo que mantendrá informados a los padres a través del nuevo Sistema de Alertas.

Finalmente, aunque en el memorial se alude a cursos de tirador activo, debe aclararse que la medida legislativa no dispone la inclusión de los padres en dichos adiestramientos. Por tanto, es razonable concluir que se trata de un error de interpretación del DE en la redacción del documento, ya que la política pública planteada se limita a mantener a padres, madres y encargados informados sobre los protocolos de seguridad, y no a capacitarlos como parte de la respuesta operativa. Por lo que no vemos objeción alguna por parta del DE, para que pueda aprobarse la presente medida.

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y su Local Sindical (AMPR-LS) comparecieron ante la Comisión de Educación, Arte y Cultura para expresar su posición en torno al Proyecto de la Cámara 119. La entidad, con más de 113 años de trayectoria en la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio, reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de las comunidades escolares en las más de 850 escuelas del sistema público.

La AMPR reconoció que el concepto de seguridad escolar va más allá de las estructuras físicas, incluyendo tanto las condiciones de los planteles como el ambiente psicosocial interno y externo de las comunidades educativas. Señalaron que, históricamente, han alertado sobre problemas estructurales en las escuelas, agravados por eventos naturales como huracanes y terremotos, y que continúan afectando a sectores como el sur de la Isla. Asimismo, han ofrecido apoyo psicológico en situaciones de emergencia, como amenazas de tiroteos, reconociendo el impacto de estos incidentes en la salud emocional del estudiantado y el personal escolar.

En cuanto a la integración de los padres, la Asociación planteó que las iniciativas del Departamento de Educación suelen limitarse a proveer información y no a fomentar una participación activa de madres, padres o encargados. A juicio de la AMPR, este aspecto debe fortalecerse, ya que las familias constituyen actores clave en la identificación temprana de riesgos y en la respuesta inmediata a incidentes que pongan en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes.

La organización expresó que no tiene objeción en avalar la medida, siempre que se consideren enmiendas específicas, tales como incluir en el Artículo 6.05 de la Ley 85-2018 que los miembros representativos del grupo de padres, ciudadano prominente del consejo escolar, podrán tomar junto con el componente docente la capacitación correspondiente a la divulgación de los protocolos relacionados con la seguridad física d ellos estudiantes en situaciones de emergencia.

En conclusión, la AMPR validó la pertinencia de la medida y destacó que el proyecto constituye un paso necesario hacia la protección integral de la comunidad escolar, al tiempo que enfatizó la importancia de proveer información, capacitación y espacios de participación efectiva a los padres, madres y encargados como herramienta vital en la seguridad de los estudiantes.

COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, expresó que, si bien el contenido del Proyecto de la Cámara 119 no requiere de un análisis técnico directo del Colegio, reconocen la importancia de la inclusión de los padres, madres y encargados en los protocolos de seguridad escolar. La entidad dejó constancia de su disponibilidad para colaborar en el futuro en todo aspecto técnico que pudiera surgir en la implantación de esta política pública, reiterando su apertura a contribuir al fortalecimiento de la seguridad y la protección de la comunidad escolar.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 119, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

A la luz de los memoriales recibidos y del análisis realizado, queda demostrado que el Proyecto de la Cámara 119 responde a una necesidad real y apremiante de nuestro sistema de enseñanza pública: establecer mecanismos claros, efectivos y participativos que integren a los padres, madres y encargados en la política pública de seguridad escolar. Las experiencias recientes, tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones, han evidenciado que las comunidades educativas enfrentan múltiples riesgos, desde fenómenos naturales como huracanes y terremotos, hasta situaciones de violencia en los predios escolares. En este escenario, la integración de las familias en los protocolos de prevención y respuesta no solo fortalece la confianza en el sistema, sino que además constituye un elemento indispensable para la protección de la niñez y juventud puertorriqueña.

El Departamento de Educación ha evidenciado importantes avances en materia de seguridad mediante la implantación de planes operacionales de emergencia, sistemas de vigilancia electrónica, adiestramientos masivos al personal docente y no docente, instalación de mecanismos de “lockdown” y el desarrollo de un Sistema de Alertas de Emergencias. Todas estas acciones son pasos significativos que fortalecen la preparación institucional para manejar eventos críticos. Sin embargo, tal como lo reconoce la propia agencia y validan organizaciones como la Asociación de Maestros de Puerto Rico, resulta imperativo establecer por ley la obligación de mantener a los padres informados y de garantizar su integración en la comunicación y notificación de incidentes que afecten directamente la seguridad de sus hijos.

Asimismo, la medida contribuye a subsanar deficiencias históricas en la comunicación entre las escuelas y las familias, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas del sistema educativo. El énfasis en la participación activa de los padres como actores corresponsables en la seguridad escolar aporta a la construcción de comunidades educativas más cohesionadas y resilientes, en las que la protección del estudiantado se convierte en un esfuerzo compartido. De igual forma, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores ha expresado su disposición para colaborar en futuros aspectos técnicos relacionados con la implementación de esta política, lo que evidencia un consenso multisectorial en torno a la importancia de este proyecto.

Por todo lo anterior, aprobar el Proyecto de la Cámara 119 es necesario, ya que establece en la ley un marco normativo que reconoce y formaliza el rol de las familias en la seguridad escolar, garantiza la transparencia en los protocolos de respuesta y promueve una cultura de prevención y colaboración que redundará en el bienestar integral de nuestros estudiantes y en la tranquilidad de toda la comunidad escolar.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del P. de la C. 119, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura