GOBIERNO DE PUERTO RICO 20ma. Asamblea 1ra. Sesión Legislativa Ordinaria SENADO DE PUERTO RICO R. del S. 12 13 de enero de 2025 Presentada por la señora Padilla Alvelo Coautores los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago; la señora Jiménez Santoni; el señor Matías Rosario; los señores Morales Rodríguez, Toledo López, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón Lasanta, González López, las señoras Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz y las señoras Soto Aguilú y Soto Tolentino Referida a la Comisión de Asuntos Internos RESOLUCIÓN Para ordenar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los servicios educativos disponibles a través de entidades públicas y de organizaciones sin fines de lucro para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover soluciones legislativas, identificar recursos que permitan ampliar sus servicios; y para otros fines relacionados. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Cuando un niño con discapacidad tiene la oportunidad de recibir educación de excelencia, se les abre las puertas a una mejor calidad de vida. Ya que, se les capacita para garantizar otros derechos a lo largo de su vida, y se les facilita un mejor acceso a empleo, entre otros. El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Nuestra Constitución, consagra el derecho de toda persona a una educación que propenda el pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de brindar educación apropiada para cada estudiante y que a su vez, responda a sus necesidades. Lamentablemente, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios para ofrecer alternativas variadas en la diversificación de la enseñanza, por lo que, necesita unir esfuerzos con organizaciones sin fines de lucro para proveer mejores servicios y lograr eficiencias. Nuestra Isla enfrenta una difícil situación económica y ante la fragilidad fiscal del Estado, éste Gobierno, considera que para encaminar a Puerto Rico hacia la recuperación económica, todos los sectores deben ser considerados y potenciados para que puedan aportar positivamente. Específicamente, las organizaciones sin fines de lucro juegan un rol importante en la sociedad porque contribuyen de muchas maneras. Éstas proveen servicios de forma directa a los distintos problemas sociales que nos aquejan. Según un estudio realizado por la firma Estudios Técnicos, publicado en mayo de 2015, se estima que por cada dólar que se transfiere a las organizaciones sin fines de lucro para ofrecer servicios, el Gobierno de Puerto Rico, tendría que invertir siete (7) dólares para brindar el mismo servicio de calidad. En el caso de educación, el estudio refleja que, por cada dólar, el Gobierno tendría que invertir veinte (20) dólares para brindar el mismo servicio. Reconocemos, que hay servicios que son más efectivos si en vez del Gobierno, los mismos son rendidos por estas organizaciones, lo que representa para el Gobierno ahorros y eficiencias. Ante tiempos difíciles como los que vivimos, es importante empoderar a aquellos sectores que le sirven bien a la sociedad. Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario realizar una investigación sobre los servicios educativos disponibles a través de entidades públicas y de organizaciones sin fines de lucro para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover soluciones legislativas, identificar recursos que permitan ampliar sus servicios; y para otros fines relacionados. RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los servicios educativos disponibles a través de entidades públicas y de organizaciones sin fines de lucro para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover soluciones legislativas, identificar recusos que permitan ampliar sus servicios; y para otros fines relacionados. Comisiones, deberán rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta (180) días luego de la aprobación de esta Resolución.
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