GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	    1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 24
30 de enero de 2025
Presentada por la señora Barlucea Rodríguez
Coautores los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago; la señora Jiménez Santoni; el señor Matías Rosario; el señor Morales Rodríguez, la señora Padilla Alvelo, los señores Toledo López, Colón Lasanta, González López, las señoras Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz y las señoras Soto Aguilú y Soto Tolentino
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para ordenar a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como "Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud", así como el impacto en la regulación de programas locales y federales; y para otros fines.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La verificación de antecedentes penales mediante el uso de huellas dactilares, comúnmente conocida como "background check", constituye un mecanismo esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, especialmente en contextos de atención a sectores vulnerables como menores de edad, ancianos y personas con impedimentos. Este procedimiento, regulado por la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como "Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud", autoriza al Departamento de Salud de Puerto Rico a implementar un sistema de verificación basado en huellas dactilares. Sin embargo, desde su adopción, no se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva que permita determinar la eficiencia, efectividad y eficacia del sistema, ni el impacto que este tiene en los servicios esenciales brindados a las poblaciones más vulnerables. Es necesario analizar el proceso y la capacidad del sistema actual, que involucra múltiples actores, incluyendo el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico. Los señalamientos sobre cuellos de botella y demoras significativas en la obtención de certificaciones afectan directamente la contratación de personal en instituciones educativas, centros de cuidado y servicios de salud.  Esto compromete la disponibilidad de profesionales capacitados y el acceso a servicios poniendo en riesgo el cumplimiento con regulaciones federales que a su vez podrían causar la pérdida de fondos en un futuro cercano.
Asimismo, el costo del proceso representa una carga significativa para los solicitantes, especialmente para aquellos que buscan empleo y pertenecen a sectores de bajos ingresos. No se tiene claridad sobre si los costos operacionales del sistema son sostenibles o si pudieran optimizarse en comparación con modelos de otras jurisdicciones. Esto se suma a la necesidad de evaluar la eficiencia del sistema, es decir, si se logran resultados con el menor uso posible de recursos; su efectividad, entendida como el cumplimiento de sus objetivos; y su eficacia, relacionada con el logro de resultados en el tiempo estipulado. La intervención de múltiples entidades gubernamentales y proveedores de tecnología añade complejidad al proceso, lo que podría generar redundancias, mayores costos y retrasos innecesarios.
Además, se debe considerar el impacto que estos problemas tienen en los servicios esenciales que dependen de personal debidamente evaluado y certificado. Las demoras e ineficiencias pueden comprometer la calidad de los servicios brindados a menores, ancianos y personas con impedimentos, dejando a estas poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Por tanto, es imprescindible realizar una investigación integral que analice todos los aspectos del proceso de verificación de antecedentes mediante huellas dactilares, incluyendo la evaluación de la infraestructura tecnológica, los costos asociados para los solicitantes y las agencias gubernamentales, y la coordinación entre las entidades involucradas. También es crucial medir el impacto directo de estas demoras en la prestación de servicios esenciales y proponer las mejores prácticas que optimicen el sistema. Una investigación de este tipo permitirá asegurar que el sistema cumple con su propósito de manera eficiente y efectiva, garantizando la protección de los sectores más vulnerables y el uso adecuado de los recursos públicos.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como "Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud", así como el impacto en la regulación de programas locales y federales.
Sección 2.- Las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico, podrán celebrar vistas públicas y requerir la comparecencia de funcionarios y testigos; requerir información, documentos y realizar inspecciones oculares con el fin de recopilar información precisa y actualizada; y cumplir con el mandato de esta Resolución. 
Sección 3.- Las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico, deberán rendir un informe detallado con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Pleno del Senado dentro de un término de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Resolución.
Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.