GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 40
  INFORME FINAL
4 de abril de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

	La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 40, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Informe Final con los hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 40, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las agresiones suscitadas recientemente entre estudiantes en diversos planteles escolares de Puerto Rico, los protocolos seguidos, la actuación del Comité de Disciplina y los efectos negativos que provocan las grabaciones de estas agresiones, tanto para la víctima, como para los espectadores.

INTRODUCCIÓN
	La violencia escolar representa una de las amenazas más serias al bienestar integral de nuestros estudiantes y a la calidad del ambiente educativo en Puerto Rico. En respuesta a diversos incidentes de agresión física y verbal ocurridos recientemente entre estudiantes en varios planteles escolares del país; muchos de ellos grabados y difundidos en redes sociales, el Senado de Puerto Rico adoptó la Resolución del Senado 40 con el fin de realizar una investigación exhaustiva que permitiera evaluar con profundidad esta preocupante situación.
	Esta resolución, encomienda a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado investigar los protocolos establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) para manejar incidentes de agresión entre estudiantes, el funcionamiento y efectividad de los Comités de Disciplina en las escuelas, y los efectos negativos de la grabación y difusión de estas agresiones tanto en las víctimas como en los espectadores.
	La seguridad en el ambiente escolar es fundamental para el desarrollo académico, emocional y social del estudiantado. Cuando se rompe ese entorno seguro, no solo se afecta la capacidad de aprendizaje, sino también la dignidad y la integridad de todos los involucrados. Esta resolución surge como una respuesta legislativa urgente ante la creciente preocupación ciudadana sobre la violencia entre menores de edad, la revictimización provocada por la exposición mediática, y la necesidad de revisar los mecanismos institucionales actuales para atender estos eventos de forma oportuna, sensible y eficaz.
	Esta resolución tiene múltiples propósitos: evaluar el estado actual de los protocolos escolares, recomendar reformas necesarias, fomentar un enfoque interagencial en la prevención de la violencia, y proteger los derechos y la dignidad del estudiantado. A través de este proceso legislativo, se busca establecer las bases para una política pública sólida y efectiva que asegure el desarrollo saludable y seguro de nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo del país.
	Este informe contiene los hallazgos, recomendaciones y reflexiones de la Comisión tras un análisis exhaustivo del testimonio recibido, los memoriales presentados y la información recopilada durante la investigación, con el objetivo de impulsar acciones concretas que transformen nuestros planteles en espacios verdaderamente seguros, inclusivos y respetuosos.

ALCANCE DEL INFORME
	En el marco de esta investigación, la Comisión de Educación, Arte y Cultura celebró una Vista Pública el martes, 18 de marzo de 2025, en el Salón de Audiencias Luis Negrón López. En la que se contó con la comparecencia del Sr. César O. González Cordero, Comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, quien asistió en representación del Secretario. El Sr. González, con una trayectoria de siete años en su cargo y proveniente de la Policía de Puerto Rico, expuso diversos retos y propuestas relacionadas con la seguridad escolar.
	Durante la Vista Pública, se discutieron aspectos críticos como la falta de adiestramiento de directores escolares sobre protocolos de seguridad, la debilidad de muchos Comités de Disciplina, el uso excesivo de celulares en las escuelas, y la urgente necesidad de fomentar la corresponsabilidad entre padres, comunidad y el sistema educativo. También se evidenció la falta de estadísticas actualizadas y sistematizadas sobre incidentes violentos por plantel, una carencia que limita la respuesta institucional ante estas situaciones.
	El Departamento de Educación, reiteró su compromiso con la creación de ambientes escolares seguros mediante planes integrales que incluyan prevención del bullying, desarrollo de destrezas socioemocionales, colaboración con fuerzas de seguridad locales, simulacros de emergencia y el fortalecimiento del apoyo a las víctimas.
	Durante la vista, se destacó la necesidad de comprender que la gestión académica no es una labor exclusiva de la escuela, sino un esfuerzo comunitario. El senador Hon. Ángel Toledo enfatizó que las conductas de los estudiantes dentro de los planteles responden, en gran parte, a los modelos observados en sus comunidades. En esa línea, el Sr. González subrayó que, para muchos estudiantes, la escuela representa su único "espacio seguro".
Uno de los puntos medulares discutidos fue la interacción entre padres, maestros y estudiantes como elemento clave para generar un ambiente escolar saludable. El Comisionado insistió en que muchos de los problemas de conducta surgen en el hogar y se trasladan al entorno escolar, por lo que planteó la urgencia de reforzar los vínculos familiares y la integración de los padres en los procesos educativos, incluso en eventos como la entrega de notas.
	El Sr. González mencionó que el Reglamento General de Estudiantes 9243, establece los derechos de los estudiantes, regula la disciplina escolar y manera de manejar las situaciones de indisciplina y establece los procedimientos para la resolución de conflictos, entre otros. No obstante, están conscientes de que la reducción de la violencia en las escuelas es un proceso continuo que requiere de compromiso, recursos y colaboración de todos los sectores. 
	A preguntas del Senador Hon. Ángel Toledo, el Sr. González respondió que la integración de la comunidad es vital para atender el problema de las agresiones en las escuelas. Este mencionó que desafortunadamente los padres no se están integrando el en proceso educativo de sus hijos. Que, aunque son convocados para reuniones, charlas, etc., son muy pocos los padres que participan de dichas actividades, por lo que entiende necesario que se atienda mediante legislación la obligatoriedad de la participación de los padres o tutores.
	La Senadora Hon. Migdalia Padilla expresó que hay que fijar responsabilidad a los padres en la escuela, sobre la educación de sus hijos. Mencionó que vivimos en una competencia con la programación del televisor, el uso de celulares, la música, etc., y que muchas veces los niños y jóvenes vienen con valores aprendidos en sus hogares que no necesariamente son buenos.
	Por su parte, el Sr. González mencionó que existe un plan de emergencia escolar, y que no es discreción del director atender las situaciones que se presentan en los planteles. Que estos tienen que reportar cada una de las situaciones en la plataforma del DE, pero que lamentablemente hay directores que no reportan las situaciones, ni buscan apoyo del Departamento.  Indicó que hay directores que ocultan la información para que no coloquen a sus escuelas bajo medida cautelar.
	La Senadora Hon. Jamie Barlucea preguntó al deponente sobre la frecuencia con la que se revisan los protocolos. El Sr. González respondió que no tienen un término fijo establecido, sino que, las revisiones responden a las necesidades que van surgiendo. Expresó que la última revisión fue el año pasado para atender una problemática de cigarrillos electrónicos en las escuelas.
En cuanto a la seguridad institucional, la Presidenta de la Comisión propuso retomar el patrullaje de la Policía Estatal en las inmediaciones escolares. En ese contexto, se discutió la activación de protocolos en situaciones de emergencia. El Sr. González reconoció que el Departamento de Educación (DE) sufre de una sobre-fiscalización, lo que no debe servir de excusa para fallas en la respuesta institucional. Propuso adiestrar a los directores escolares en el conocimiento y aplicación de reglamentos, así como el fortalecimiento de las academias periódicas enfocadas en protocolos de seguridad y cartas circulares.
	Otro tema de especial preocupación fue el uso inadecuado de teléfonos celulares por parte del estudiantado. La senadora Hon. Karen Román cuestionó qué estrategias existen para atender este fenómeno, señalando que los docentes compiten con múltiples distractores como redes sociales, videojuegos y música.  La Presidenta de la Comisión indicó que esto se hace más necesario durante el periodo de almuerzo de los estudiantes, por lo que el Art. 6, inciso 4 del reglamento debe ser enmendado, a los fines de impedir el uso del celular durante el recreo.
La Senadora Karen Román mencionó, que, aunque la carta circular que regula el uso de celular no permite el registro de los estudiantes al llegar a la escuela, es necesario actualizar la reglamentación que existe sobre el uso del celular en los planteles escolares. 
Por otra parte, se abordó la necesidad de identificar fondos estatales para el reclutamiento, capacitación y beneficio de los guardias escolares, así como para el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios. Se recomendó una revisión profunda de las políticas públicas relacionadas con el uso del celular, promoviendo que estos dispositivos se utilicen exclusivamente con fines académicos.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS
Como parte de la investigación realizada por la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico en virtud de la Resolución del Senado 40, se identificaron múltiples hallazgos que evidencian fallas estructurales y operacionales dentro del sistema educativo en lo que respecta a la prevención y el manejo de incidentes de agresión escolar. A continuación, se detallan los principales hallazgos derivados del análisis de la información recopilada y de la vista pública celebrada el 18 de marzo de 2025:
Se constató que existe un desconocimiento significativo por parte de muchos directores escolares sobre los reglamentos vigentes y la manera adecuada de activar los protocolos institucionales ante incidentes violentos. Esta situación se agrava debido a la falta de adiestramiento formal y continuo en el tema de seguridad escolar. Asimismo, se evidenció que numerosos planteles escolares no cuentan con personal capacitado ni con equipos de respuesta preparados, lo cual compromete la seguridad física y emocional del estudiantado ante situaciones de emergencia.
Uno de los elementos más reiterados en la vista pública fue la insuficiente integración de los padres, encargados y comunidades en los procesos educativos y en la construcción de ambientes escolares seguros. Se reconoció que muchos de los conflictos que se manifiestan en la escuela tienen sus raíces en el hogar y en dinámicas familiares disfuncionales. Por ello, se destacó la urgente necesidad de fomentar una cultura de corresponsabilidad, donde el entorno familiar asuma un rol más activo y colaborador en la formación del estudiantado y en la prevención de conductas violentas.


Otro hallazgo relevante fue la falta de regulación efectiva del uso de teléfonos celulares dentro de los planteles escolares. El uso excesivo y sin supervisión de estos dispositivos no solo interfiere con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también contribuye al incremento de conflictos entre estudiantes, especialmente cuando se utilizan para grabar y divulgar situaciones de violencia, lo que exacerba el daño emocional de las víctimas y promueve la revictimización.
Se identificó que muchos Comités de Disciplina Escolar carecen de la preparación y apoyo necesarios para operar de manera efectiva. En numerosos casos, estos comités no aplican correctamente los reglamentos ni dan el seguimiento adecuado a los casos de conducta, lo que debilita su capacidad preventiva y su función como ente mediador y correctivo dentro del entorno escolar. Esta situación también genera incertidumbre e inconsistencia en la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias.
Finalmente, se reconocieron los esfuerzos del Departamento de Educación en materia preventiva, como la realización de simulacros de tirador activo, la colaboración con la Policía de Puerto Rico y la implementación de programas dirigidos al desarrollo de habilidades socioemocionales. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

	A tenor a lo antes expuesto, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico presenta las siguientes recomendaciones: 
La violencia escolar y la seguridad en los planteles es un reflejo de la realidad social. Por tanto, este reto no puede recaer exclusivamente sobre el sistema educativo. Se requiere un compromiso integral y sostenido de múltiples sectores: padres, comunidades, agencias de seguridad y el propio estudiantado. 
Es necesario fortalecer el liderazgo escolar, proveer herramientas efectivas a los educadores y asegurar el cumplimiento de políticas públicas que promuevan ambientes escolares dignos, seguros y propicios para el aprendizaje.
Se debe brinde mayor capacitación y seguimiento a los miembros de los comités de disciplina escolar como ente clave en la prevención y mediación de conflictos.
Se debe crear un calendario interagencial único, en el que se desarrollen campañas de prevención y orientación que se ajusten a las necesidades particulares de cada plantel y su comunidad escolar.
Se debe fortalecer el rol de los superintendentes auxiliares como entes fiscalizadores del cumplimiento de los protocolos.

	POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la R. del S. 40, presenta ante este Alto Cuerpo su Informe Final sobre la medida de referencia. 

Respetuosamente sometido, 


Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta 
Comisión de Educación, Arte y Cultura