GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma.	Asamblea	1ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 46
13 de febrero de 2025
Presentada por el señor Rivera Schatz 
Coautores el señor Ríos Santiago; la señora Jiménez Santoni; el señor Matías Rosario; el señor Morales Rodríguez, la señora Padilla Alvelo, el señor Toledo López, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón Lasanta, González López, las señoras Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz; las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino; el señor González Costa y la señora Santiago Negrón
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
 
RESOLUCIÓN 

El Senado de Puerto Rico solicita al gobierno de los Estados Unidos que desclasifique y haga públicos todos los documentos relacionados con las muertes de Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera, ocurridos en Puerto Rico en 1979 y 1976, respectivamente, en interés de la transparencia y la justicia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Carlos Muñiz Varela, ciudadano cubano residente en Puerto Rico y activista a favor de los viajes del exilio cubano a su país de origen, fue asesinado el 28 de abril de 1979. Muñiz Varela era cofundador de la agencia Viajes Varadero, una empresa que facilitaba los viajes de cubanos exiliados a la isla en un momento en que tales interacciones eran objeto de controversia política y enfrentaban una fuerte oposición de sectores radicales del exilio cubano. Su asesinato, ocurrido en Guaynabo, ha sido ampliamente señalado como un crimen con motivaciones políticas, vinculado a grupos extremistas que operaban tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos.
Por otro lado, Santiago Mari Pesquera, hijo del líder independentista Juan Mari Brás, fue asesinado el 24 de marzo de 1976, cuando tenía apenas 23 años. La muerte de Mari Pesquera ha sido objeto de investigaciones y denuncias que apuntan a que no se trató de un crimen común, sino de un asesinato con trasfondo político, enmarcado en el contexto de represión y persecución a los movimientos independentistas en Puerto Rico. Aunque en 1981 un hombre identificado como Henry Coira fue condenado por el asesinato, la familia de la víctima y diversos investigadores han sostenido que Coira no actuó solo y que otros individuos, posiblemente vinculados a agencias de inteligencia o sectores represivos, también tuvieron participación en el crimen.
Ambos asesinatos ocurrieron en un periodo en el que las agencias de inteligencia estadounidenses, en particular el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), mantenían una activa vigilancia sobre el movimiento independentista puertorriqueño y sobre otros sectores que cuestionaban las políticas del gobierno federal en la isla. Documentos desclasificados han revelado que el FBI tenía conocimiento de la existencia de amenazas contra Muñiz Varela, así como información que vincula a organizaciones de exiliados cubanos con su muerte. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha permitido el acceso a todos los documentos que pudieran esclarecer su muerte y determinar la identidad de todos los responsables.
De igual manera, informes y memorandos encontrados en archivos del Departamento de Justicia de Puerto Rico y en investigaciones independientes han señalado que la CIA operaba en la isla durante los años en que ocurrieron estos asesinatos, a pesar de que dicha agencia no debería realizar operaciones dentro del territorio estadounidense. Un documento del 14 de agosto de 1978, divulgado tras una solicitud congresional, confirma la existencia del programa CHAOS, a través del cual la CIA investigaba los vínculos internacionales del movimiento independentista de Puerto Rico. Este y otros documentos han alimentado las sospechas de que agencias federales no solo estaban al tanto de la represión y los actos de violencia cometidos contra ciertos sectores en la isla, sino que pudieron haber colaborado en la protección de los responsables o en la obstaculización de las investigaciones.
Ante la persistencia de impunidad en estos casos y la existencia de documentos aún clasificados, diversas figuras del ámbito político y social han reclamado transparencia y acceso a la información que pudiera esclarecer la verdad. Recientemente, las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez enviaron una comunicación formal a la CIA y al FBI solicitando la desclasificación de todos los documentos relacionados con estos asesinatos, así como la autorización para que el Departamento de Justicia de Puerto Rico pueda entrevistar a agentes federales que operaban en la isla en la época en que ocurrieron los crímenes.
Esta solicitud se suma a esfuerzos previos de congresistas como Joaquín Castro y Jimmy Gómez, quienes en 2024 lograron la divulgación de documentos que confirmaban la vigilancia de la CIA sobre el movimiento independentista puertorriqueño. Asimismo, en 2003, el FBI divulgó miles de documentos sobre la persecución a militantes independentistas en la isla, luego de una solicitud realizada por el entonces congresista José Serrano. No obstante, en el caso de los asesinatos de Muñiz Varela y Mari Pesquera, aún persisten restricciones que impiden el acceso a información clave.
El acceso a estos documentos es crucial para la transparencia y la justicia, y representa un paso fundamental para cerrar un capítulo doloroso en la historia de Puerto Rico. La impunidad de estos crímenes ha afectado no solo a las familias de las víctimas, sino también la confianza del pueblo puertorriqueño en sus instituciones de justicia. La falta de acción para esclarecer estos casos perpetúa un clima de incertidumbre e injusticia que no puede seguir siendo tolerado.
Por tanto, el Senado de Puerto Rico entiende que es su deber unirse a los reclamos de los representantes del Congreso de los Estados Unidos y de las organizaciones de derechos humanos que han exigido la desclasificación de todos los documentos relacionados con estos asesinatos. Solo con acceso total a la verdad será posible hacer justicia a las víctimas, a sus familias. 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- El Senado de Puerto Rico solicita al gobierno de los Estados Unidos, que desclasifique y haga públicos todos los documentos relacionados con las muertes de Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera, ocurridos en Puerto Rico en 1979 y 1976, respectivamente, en interés de la transparencia, la justicia y la memoria histórica del pueblo puertorriqueño.
Sección 2.- Copia de esta Resolución traducida al idioma inglés será remitida a la Casa Blanca, al Congreso de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y al Departamento de Justicia de Puerto Rico. 
Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.