20ma. Asamblea 2da. Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 48
INFORME FINAL CONJUNTO
29 de agosto de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en primera instancia y la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico en segunda instancia, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 48, presentan a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe Final Conjunto, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigación y trámite realizado.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Resolución del Senado 48, según fuera aprobada por el Senado de Puerto, ordenó a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico “realizar una investigación sobre la administración, implementación y funcionamiento del Programa TsunamiReady a nivel local; y para otros fines relacionados.”
INTRODUCCIÓN
En virtud de lo ordenado por la Resolución del Senado 48 y en ánimo de conocer los comentarios de agencias y entidades relacionadas al Programa TsunamiReady, se invitaron para participar de esta investigación al Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN), el Servicio Nacional de Meteorología (SNM-NOAA), la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Para lograr este propósito se realizó una Vista Pública el miércoles, 11 de junio de 2025, en el Senado de Puerto Rico donde asistieron el DSP, OMBUDSMAN y la RSPR.
ALCANCE DEL INFORME
La Regla 13 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, aprobado el 30 de junio de 2025, mediante la Resolución del Senado 255, dispone sobre las funciones y las facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo de esta disposición y conforme fuera aprobada la R. del S. 48 por el pleno del Senado, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y la Comisión de Asuntos Municipales presentan este Informe Final Conjunto.
ANÁLISIS Y HALLAZGOS
Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)
El Honorable Edwin García Feliciano, Procurador del Ciudadano, presentó sus comentarios destacando la incansable labor de su oficina en la defensa de los derechos y bienestar del Pueblo de Puerto Rico. Expuso los poderes y jurisdicción conferidos por la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, que rigen su accionar.
En relación con los eventos ocurridos el 9 de febrero de 2025, día en que se reportó un terremoto de alta intensidad en aguas del Océano Atlántico y se activó la alerta ante la posibilidad de un tsunami que afectara las costas puertorriqueñas, el Procurador explicó que sus observaciones se basaron tanto en su experiencia previa como alcalde, como en su desempeño actual como Procurador. Señaló que, tras reunirse con representantes de cinco municipios costeros, solo uno había reportado que sus sirenas y alarmas relacionadas al programa “TsunamiReady” estaban listas y operacionales, aunque este asunto fue tratado solo de manera marginal en dicha reunión.
Manifestó que su Oficina carece de información adicional sobre la preparación de los municipios respecto a dicho programa que pueda ofrecer a la Comisión. No obstante, su experiencia en otras investigaciones indica que es imperativo que la Oficina de Manejo de Emergencias a nivel estatal realice seguimiento e inspección periódicos a las oficinas municipales para garantizar la operatividad y efectividad de los sistemas de sirenas, así como la realización de simulacros en áreas propensas a inundaciones por tsunamis. Enfatizó la importancia de verificar aspectos tales como la frecuencia de inspecciones, las causas que afectan el mantenimiento de estos sistemas, la adecuada rotulación y la atención especial a poblaciones vulnerables como encamados y adultos mayores durante emergencias.
El Procurador subrayó que, aunque las certificaciones de cumplimiento son necesarias, estas deben complementarse con visitas presenciales a los municipios para asegurar un nivel adecuado de preparación. Asimismo, destacó que la escasa preparación no debe sorprender, dado que en los últimos 100 años solo se han registrado tres eventos de tsunami en Puerto Rico.
Finalmente, expresó preocupación por la falta de prioridad que algunos ejecutivos municipales, en particular los de pueblos costeros, asignan a la adecuada financiación de los equipos esenciales para el programa, tales como sirenas y alarmas, elementos cruciales para salvar vidas ante un eventual tsunami. Señaló que el hecho de que el último evento registrado haya ocurrido en 1947 contribuye a una falsa sensación de seguridad que podría llevar a bajar la guardia en la preparación y prevención.
Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR)
El Dr. Víctor Huérfano Moreno, Director de la Red Sísmica de Puerto Rico, ofreció una descripción detallada de la organización y una síntesis histórica de la actividad sísmica y tectónica en la isla. Explicó que los tsunamis en Puerto Rico y el Caribe son eventos naturales poco frecuentes, habiéndose registrado solo dos eventos históricos, cuyas alturas no superaron los 20 a 30 pies.
Indicó que, según estudios realizados, toda la zona costera de Puerto Rico podría verse afectada por tsunamis locales con olas de hasta 25 pies, y que se debe considerar también el impacto de eventos regionales o lejanos, como el terremoto de magnitud 7.6 cerca de las Islas Caimán ocurrido el 8 de febrero de 2025, que activó el protocolo de tsunamis. Resaltó la importancia del programa TsunamiReady, establecido por la NOAA y su Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que está bien descrito en la Exposición de Motivos de la RS 48.
La Red Sísmica administra este programa en Puerto Rico, trabajando en conjunto con autoridades municipales, estatales y federales para que los municipios costeros cumplan con los requisitos y obtengan el reconocimiento TsunamiReady. Actualmente, 47 comunidades están certificadas como TsunamiReady y 18 como TsunamiReady supporters.
El Dr. Huérfano describió el Protocolo de Terremotos y Tsunamis vigente para Puerto Rico e Islas Vírgenes, que coordina la respuesta ante eventos sísmicos con potencial tsunamigénico, destacando la colaboración de organismos internacionales como la UNESCO y regionales del Caribe, así como la función del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) como agencia que determina los niveles de alerta para la isla y sus territorios.
Señaló la formación de un grupo de trabajo compuesto por agencias federales, locales, la Universidad de Puerto Rico y municipios TsunamiReady, que funciona bajo el Programa Nacional de Mitigación y Alerta de Tsunamis (NTHMP), financiado por el Gobierno Federal, que provee herramientas técnicas, científicas y económicas para cumplir con los estándares de certificación y educación comunitaria.
El Dr. Huérfano enfatizó que cada agencia participante en el protocolo tiene funciones específicas para alertar a la población, y que la activación de sirenas es responsabilidad directa de las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMMES).
Enumeró las funciones principales de la Red Sísmica en este contexto, que incluyen la provisión de datos en tiempo real al PTWC-NOAA, apoyo al Centro de Alerta, diseminación rápida y oportuna de información, participación activa en programas regionales y federales, y apoyo a programas educativos y ejercicios.
Concluyó señalando el potencial real de ocurrencia de eventos sísmicos y tsunamis que impactarían a toda la población y la infraestructura, advirtiendo que el nivel de impacto dependerá de la vulnerabilidad y preparación existente.
Finalmente, presentó una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el programa TsunamiReady y sus ejercicios anuales CaribeWave y Gran ShakeOut; a ampliar la educación comunitaria involucrando a agencias gubernamentales, entidades privadas y medios; a reforzar los protocolos de comunicación y activación de sirenas; a mantener el apoyo operativo a la Red Sísmica y proveer recursos y experiencia a las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias.
Hizo un llamado urgente para asegurar la continuidad del financiamiento federal para el programa TsunamiReady, cuyo futuro es incierto para el próximo año fiscal que inicia en octubre de 2025, señalando que el costo estimado anual para mantener el programa es de $185,000, con un costo adicional entre $25,000 y $50,000 por municipio para cumplir y renovar los requisitos cada cuatro años.
Departamento de Seguridad Pública (DSP)
El Departamento de Seguridad Pública (DSP), encabezado por su Secretario, Sr. Arthur Garffer, presentó sus comentarios por escrito y estuvo representado durante la vista pública por la Lcda. Glendaliz Rodríguez y la Sra. Wildaomaris González Ruíz, Directora del Programa TsunamiReady adscrito al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). En su exposición, detallaron la estructura y funcionamiento del Programa TsunamiReady, así como los desafíos y riesgos asociados a la preparación ante tsunamis en Puerto Rico.
Indicaron que el Programa TsunamiReady está diseñado para asistir a las comunidades costeras en la reducción del potencial de desastre mediante la planificación, preparación, y educación comunitaria. El enfoque principal radica en fortalecer las capacidades locales para responder a eventos tsunamigénicos mediante la elaboración de planes de emergencia y la educación a la población sobre las acciones necesarias para actuar con rapidez y resiliencia. Explicaron que los fondos del “National Tsunami Hazard Mitigation Program” (NTHMP) y del propio programa TsunamiReady son administrados por la Red Sísmica de Puerto Rico en colaboración con FEMA, NMEAD, las OMMEs y las comunidades. Como parte de las iniciativas del programa, se han desarrollado materiales educativos, mapas de inundación, señalización para rutas de desalojo, plataformas digitales, folletos, tutoriales, guías para los medios y un currículo educativo dirigido a las escuelas.
Destacaron que, para el año 2016, se reconocieron 46 municipios bajo el Programa TsunamiReady, y que la Red Sísmica continúa trabajando en la expansión del mismo a través del componente TsunamiReady Supporters, que reconoce entidades privadas como supermercados y hoteles en zonas vulnerables. Sin embargo, los expertos del programa han identificado múltiples fallas locales que agravan el riesgo ante tsunamis. Entre las más preocupantes señalaron la carencia de estructuras de desalojo vertical —edificaciones seguras de suficiente altura para escapar de la inundación— en municipios cuya geografía impide un desalojo horizontal efectivo y seguro.
Explicaron que las comunidades vulnerables deben ser capacitadas para identificar señales naturales de alerta (como sismos prolongados, retirada del mar o sonidos inusuales) y actuar de inmediato buscando zonas altas. Sin embargo, reconocieron que muchos factores dificultan esta acción, incluyendo alumbrado deficiente, caminos deteriorados o intransitables, señalización inadecuada, accesos limitados y la existencia de poblaciones vulnerables como envejecientes, menores de edad, personas con movilidad reducida y madres solteras. Indicaron que según el Censo 2020, la población aproximada que reside en zonas costeras en Puerto Rico es de 213,583 personas.
Asimismo, destacaron la necesidad de considerar otras circunstancias particulares como festivales playeros, instituciones educativas costeras, hoteles y agencias con alta afluencia de personas, factores que pueden complicar el desalojo en caso de tsunami. En ese contexto, reafirmaron que, ante las dificultades para el desalojo horizontal, debe considerarse de forma prioritaria la opción del desalojo vertical, mediante estructuras naturales o construidas con ese propósito.
En su presentación, el DSP enfatizó la necesidad de que las comunidades participen activamente en todas las fases del proceso de planificación, incluyendo la evaluación del tipo de estructura ideal para su entorno. Entre sus recomendaciones incluyeron: visitas casa por casa para orientación, diseminación del protocolo de respuesta, fortalecimiento de la señalización, análisis comunitario de los mapas de desalojo, realización de ejercicios de evacuación, evaluación y diseño de estructuras para desalojo vertical, integración de profesionales técnicos (ingenieros, arquitectos, geólogos), uso estratégico de redes sociales y colaboración con los medios de comunicación.
Se destacó también la creación, en el año 2020, de la Guía de Desalojo Vertical, primera en su clase en Puerto Rico y el Caribe, como herramienta esencial para comunidades con tiempos de desalojo horizontal mayores de una hora. Resaltaron con orgullo que en la isla se encuentra la primera clínica y el primer supermercado certificados como TsunamiReady Supporters en todo Estados Unidos y sus territorios.
El DSP concluyó reafirmando su compromiso institucional, así como el del NMEAD y su personal, con la misión de resguardar la vida y la propiedad de los ciudadanos mediante una respuesta efectiva, rápida y coordinada antes, durante y después de cualquier emergencia.
Servicio Nacional de Meteorología (SNM-NOAA)
El Sr. Ernesto Rodríguez, meteorólogo y director de la Oficina del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, presentó sus observaciones en torno a los retos y beneficios del Programa TsunamiReady en el marco de la Resolución del Senado 48. Su análisis destacó los múltiples desafíos que enfrenta la implementación efectiva del programa, así como las ventajas que conlleva su consolidación.
Entre los principales retos identificados, subrayó la insuficiencia de recursos económicos para invertir en infraestructura de alerta y desalojo, la dificultad para mantener una educación continua y sostenida en la población —en especial en zonas turísticas o con baja percepción del riesgo—, y la limitada coordinación interinstitucional que debilita la ejecución uniforme del programa. Agregó que las barreras geográficas y sociales afectan de forma directa la posibilidad de realizar evacuaciones rápidas y seguras, particularmente para las poblaciones vulnerables.
Rodríguez también hizo referencia a la problemática de la continuidad administrativa. Afirmó que los cambios frecuentes de administración, tanto a nivel estatal como municipal, representan una amenaza significativa para la sostenibilidad del programa, ya que, en muchos casos, los nuevos funcionarios no priorizan su continuidad ni le dan seguimiento adecuado. Señaló, además, que la transición del financiamiento federal directo a estructuras estatales pone en riesgo la sustentabilidad operativa del programa.
A pesar de estos retos, el SNM destacó los beneficios significativos que ofrece el Programa TsunamiReady: mejora en la capacidad de respuesta, fortalecimiento de la preparación comunitaria, implementación de sistemas de alerta efectivos y redundantes, desarrollo de planificación territorial segura, acceso a recursos técnicos y económicos, aumento de la confianza en el municipio por parte de inversionistas y turistas, fortalecimiento de la gobernanza local, promoción de la resiliencia comunitaria a largo plazo y obtención de reconocimiento oficial mediante la certificación TsunamiReady.
Como recomendación principal, propuso que el gobierno central de Puerto Rico impulse la creación e implementación de protocolos estandarizados a nivel isla, que eviten interpretaciones discrecionales y garanticen uniformidad en la ejecución del programa en todos los municipios. Este enfoque, señaló, fortalecería la capacidad de respuesta y la coordinación interinstitucional durante situaciones de emergencia.
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AA)
En representación de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, compareció su Directora Ejecutiva, Sra. Verónica Rodríguez Irizarry, quien expresó su respaldo al Programa TsunamiReady, reconociéndolo como un esfuerzo voluntario, liderado por el Servicio Nacional de Meteorología (NOAA), para reducir la pérdida de vidas humanas y daños materiales a través de la preparación comunitaria ante tsunamis.
La Directora Ejecutiva resaltó la importancia de fortalecer el programa, particularmente en cerca de 40 municipios costeros que requieren una orientación más efectiva hacia la ciudadanía. Detalló varios aspectos críticos que deben atenderse para lograr este objetivo, entre los que destacan: la rotulación adecuada en áreas susceptibles; la coordinación con compañías de telecomunicaciones para emitir alertas a residentes de zonas de alto riesgo; la utilización de altoparlantes para emitir avisos durante advertencias de tsunami; y el establecimiento claro de responsabilidades entre los gobiernos estatal y municipal para implantar y operar los sistemas de emergencia.
Asimismo, la Asociación señaló la importancia de la limpieza de la zona costera y las vías de acceso, enfatizando que la acumulación de escombros y vegetación puede obstaculizar la evacuación y dificultar las labores de respuesta. Finalmente, recomendaron que las agencias pertinentes lleven a cabo visitas a los municipios costeros, especialmente en la región oeste de la Isla, para conocer de primera mano las necesidades y deficiencias en la preparación local ante tsunamis.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del análisis de la Vista Pública realizada y de las ponencias sometidas por las distintas agencias gubernamentales, entidades técnicas y representantes de gobiernos municipales sobre la implementación, funcionamiento y evaluación del Programa TsunamiReady en Puerto Rico, surge un cuadro preocupante respecto a la preparación real de nuestras comunidades costeras ante la amenaza de un evento tsunamigénico. Aunque existe consenso en cuanto al valor y potencial salvavidas del Programa TsunamiReady, también es evidente que persisten deficiencias estructurales, operacionales y presupuestarias que comprometen su efectividad.
En primer lugar, el testimonio del Procurador del Ciudadano reveló que, a pesar de las certificaciones de cumplimiento emitidas a diversos municipios, la mayoría carece de sistemas de alerta operacionales. La falta de seguimiento continuo y la ausencia de inspecciones regulares por parte del Estado, particularmente del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), permiten que se mantenga una falsa percepción de preparación. La Procuraduría insistió en la importancia de que estas certificaciones vayan acompañadas de visitas in situ y validaciones periódicas del funcionamiento real de los sistemas de sirenas, la rotulación y la capacidad de desalojo, especialmente en la atención a poblaciones vulnerables como adultos mayores y encamados.
La Red Sísmica de Puerto Rico, en su ponencia técnica y abarcadora, confirmó la potencialidad real de un evento sísmico-tsunamigénico en nuestra región y resaltó el rol que juega dicha entidad como eje científico del protocolo de alerta. Informó que 47 comunidades y 18 entidades privadas han sido reconocidas como TsunamiReady, y enfatizó que el éxito del programa depende de la continuidad del apoyo institucional y financiero tanto a nivel estatal como federal. Denunció, además, que la incertidumbre presupuestaria futura —en particular la falta de respuesta de NOAA para la continuidad del programa en el próximo año fiscal— pone en riesgo la permanencia del sistema, el cual requiere al menos $185,000 anuales para su operación efectiva y entre $25,000 a $50,000 por municipio para mantener su certificación.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública y el NMEAD presentaron un análisis técnico que reveló deficiencias en infraestructura, accesibilidad y señalización en zonas vulnerables. Particularmente preocupante resulta la ausencia de estructuras de desalojo vertical en municipios cuyo relieve topográfico impide una evacuación horizontal segura. Advirtieron que comunidades alejadas de zonas altas, con una sola vía de acceso o con rutas peligrosas y mal iluminadas, enfrentan serias limitaciones para una evacuación efectiva. Además, llamaron la atención sobre el impacto de factores demográficos (envejecientes, encamados, niños pequeños, jefas de familia) y el turismo costero, que aumentan el riesgo poblacional. Se exhortó a que los proyectos de infraestructura futura contemplen usos múltiples que sirvan como refugios verticales en caso de tsunami.
El Servicio Nacional de Meteorología, por su parte, identificó como retos críticos la escasez de recursos, la fragmentación institucional y la discontinuidad administrativa, tanto en el ámbito estatal como municipal. Señaló que los cambios de gobierno y la falta de estandarización en protocolos de desalojo y alerta dificultan la continuidad del programa, y recomendó enfáticamente la creación de directrices claras y uniformes a nivel isla para evitar interpretaciones arbitrarias de los procedimientos.
Por último, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico enfatizó la importancia de fortalecer la comunicación y coordinación entre los gobiernos municipales y estatales, mejorar la rotulación y limpieza de las vías de acceso, y promover la responsabilidad clara de los ejecutores locales del programa. Reclamaron una mayor atención del Estado a los municipios costeros, especialmente aquellos en la región oeste, que se encuentran entre los más vulnerables de la Isla.
Ante este panorama, esta Comisión concluye que, si bien el Programa TsunamiReady ha servido como un importante mecanismo de concienciación, planificación y reducción de riesgos, su implementación actual resulta fragmentada, su continuidad presupuestaria es incierta y su eficacia está comprometida por una falta de integración estratégica entre las agencias rectoras, los municipios y las comunidades. La situación actual evidencia que todavía existen retos importantes en distintas áreas de responsabilidad compartida:
Las Comisiones entienden que no debe pasarse por alto la baja frecuencia histórica de tsunamis en la Isla como argumento para justificar la desatención del programa. Por el contrario, es precisamente esa baja frecuencia la que alimenta una falsa sensación de seguridad y provoca que bajemos la guardia. El riesgo sigue latente, y ante un evento que puede causar pérdidas masivas de vidas en cuestión de minutos, la falta de preparación sería moral y administrativamente inaceptable.
En vista de lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública y Asunto de Veterano y la Comisión de Asuntos Municipales presentan una serie de recomendaciones para fortalecer el Programa TsunamiReady, establecer un marco interagencial robusto de coordinación y fiscalización, y garantizar la equidad en la protección de todas las comunidades costeras de Puerto Rico.
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en primera instancia y la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico en segunda instancia, previo estudio y consideración, tiene a bien someter este Informe Final Conjunto de la Resolución del Senado 48 y recomienda su aprobación.
Respetuosamente sometido,
Gregorio B. Matías Rosario José A. Santiago Rivera
Presidente Presidente
Comisión de Seguridad Pública Comisión de Asuntos Municipales
y Asuntos del Veterano
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