GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma.	Asamblea
         	Legislativa                                                                                                          			      1ra. Sesión
	       	Ordinaria
	
SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 66
24 de febrero de 2025
Presentada por el señor González López
Coautor el señor Rosa Ramos
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

	En toda sociedad democrática, el sistema correccional debe cumplir una doble función: garantizar la seguridad pública y promover la rehabilitación efectiva de las personas privadas de su libertad. La reinserción social de las personas que cumplen condenas es un elemento esencial para la reducción de la reincidencia y el fortalecimiento de la cohesión social. En este sentido, los programas de rehabilitación dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) juegan un papel fundamental en la preparación de los reclusos para su reintegración exitosa en la sociedad.
El deber constitucional del Estado de garantizar la rehabilitación de las personas privadas de libertad se encuentra consagrado en los principios fundamentales de justicia y derechos humanos. La Constitución del Gobierno de Puerto Rico, en su Artículo VI, Sección 19, establece como política pública del Estado: "…reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social". Es imperativo que las instituciones gubernamentales cumplan con este mandato constitucional, asegurando la existencia y efectividad de programas de rehabilitación adecuados y accesibles.
Sin embargo, existe una creciente preocupación en torno a la operatividad y efectividad de estos programas. Diversos informes y testimonios han señalado la posible inactividad, insuficiencia o falta de recursos en los programas de rehabilitación ofrecidos por el DCR. En particular, se han planteado interrogantes sobre si los programas en vigor cumplen con los estándares establecidos, si disponen del personal y financiamiento adecuados, y si han logrado resultados medibles en la reducción de la reincidencia criminal. Además, se ha denunciado que ciertos programas han sido suspendidos o descontinuados sin una justificación clara, lo que genera incertidumbre tanto en los internos como en sus familias y la sociedad en general.
Ante esta realidad, se hace imperativo que el poder legislativo tome medidas para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación dentro del sistema correccional. La presente resolución busca ordenar una investigación sobre el estado actual de los programas de rehabilitación del DCR, su disponibilidad, accesibilidad, impacto y continuidad. Asimismo, se pretende evaluar si las políticas implementadas responden a las necesidades de la población en reclusión y si cumplen con los objetivos rehabilitadores establecidos en la normativa vigente. También se analizarán los mecanismos de supervisión y seguimiento de los programas existentes, para identificar posibles brechas en la implementación y proponer soluciones viables.
El propósito de esta investigación es recopilar información detallada sobre el estado actual de estos programas, identificar deficiencias o fallas en su implementación y formular recomendaciones para su fortalecimiento o rediseño, si fuese necesario. Solo a través de una evaluación rigurosa y basada en datos concretos podremos garantizar que los programas de rehabilitación dentro del sistema correccional cumplan con su función de reinserción efectiva y contribuyan a la seguridad pública a largo plazo. Además, esta evaluación permitirá definir si el presupuesto asignado a estos programas es utilizado de manera eficiente y si existen oportunidades para optimizar su gestión y ejecución.
La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico es responsable de supervisar y legislar en asuntos relacionados con la operación y estructura del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias administrativas. Su objetivo principal es analizar y promover legislación que maximice la eficiencia gubernamental, evaluando transacciones y servicios públicos ofrecidos tanto por entidades gubernamentales como no gubernamentales.
Por lo tanto, con el fin de asegurar la efectividad de las estrategias de rehabilitación en el sistema correccional y velar por el uso adecuado de los recursos públicos, se presenta esta resolución de investigación como un paso esencial hacia un sistema correccional más justo, eficiente y humano. Los hallazgos de esta investigación servirán como base para futuras reformas legislativas y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de los miembros de la población correccional y garantizar su derecho a una rehabilitación efectiva y digna.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 	
Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. 
La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución.
Sección 3.- Se le concede a la Comisión un término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de aprobada esta Resolución, para rendir un informe detallado ante el Senado de Puerto Rico en el que se expongan los hallazgos de su investigación y se presenten las recomendaciones pertinentes, incluyendo, de ser necesario, propuestas legislativas para optimizar el sistema de rehabilitación correccional y reducir la reincidencia en la población correccional.
Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.