PC 244Proyecto de la CámaraAprobada por la Cámara

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 18-2022, según enmendada conocida como la “Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho del Gas Licuado en Puerto Rico” a los fines de establecer que toda venta al detal debe incluir al menos un detector de gas propano o butano, diseñado para identificar concentraciones de estos gases en el ambiente y emitir alertas en caso de fugas; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

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Qué propone

Enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 18-2022 para que toda venta al detal de gas licuado incluya un detector de gas propano o butano, exceptuando cilindros de 20 libras o menos adquiridos en ciertos comercios. Establece que el vendedor debe proporcionar una copia de las guías de seguridad del Negociado de Bomberos y Protección Civil (NCBP) al consumidor.

Pros

•Mitiga riesgos de fugas de gas, protegiendo a la ciudadanía y minimizando daños potenciales.
•Facilita el uso seguro del gas licuado, proporcionando información de seguridad clara y accesible.
•Asegura que los consumidores tengan un detector de gas, reforzando medidas preventivas.
•Cumple con estándares de seguridad nacionales e internacionales, como NFPA 58 y NFPA 715.

Contras

•Puede generar costos adicionales para los consumidores, especialmente para hogares de bajos recursos.
•No especifica el precio o mecanismos para garantizar precios accesibles, lo que podría resultar en un impacto regresivo.
•Carece de claridad sobre quién garantiza la certificación y disponibilidad del detector, potencialmente generando confusión.
•Puede sobrecargar al Departamento de Asuntos del Consumidor con querellas sin asignación presupuestaria adicional.

Intereses en juego

Beneficia a:: La seguridad pública y los consumidores, que se benefician de medidas preventivas contra fugas de gas.
Preocupa a:: Los consumidores de bajos ingresos, que podrían verse afectados por costos adicionales; el DACO, que podría enfrentar un aumento en querellas sin recursos adicionales.
Quién paga o decide:: El consumidor asume los costos del detector; el DACO y NCBP se encargan de la supervisión y certificación, aunque no está claro quién financia estos aspectos.

En qué va

Aprobada por la Cámara el 24 de junio de 2025 y remitida al Senado para su aprobación.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

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