Para enmendar la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, y la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de regular el uso limitado de convicciones eliminadas del Certificado de Antecedentes Penales en procedimientos sensitivos autorizados por ley; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Las personas rehabilitadas que buscan acceder a procedimientos sensibles, como licenciamientos de armas o servicios de seguridad.

Preocupa a:

La privacidad y la confidencialidad de las personas con antecedentes penales eliminados, quienes podrían verse expuestas a evaluaciones en contextos sensibles.

Quién paga o decide:

El Estado, que asumiría los costos administrativos asociados; la implementación sería decidida por el gobierno.