PS 24Proyecto del SenadoEnviada a la Gobernadora

Para crear la “Ley de Capacitación para la Seguridad Cibernética en Puerto Rico”; establecer como política pública en Puerto Rico la capacitación compulsoria sobre seguridad cibernética para la protección y el manejo adecuado de los sistemas y activos de información; establecer el Programa de Capacitación para la Seguridad Cibernética; imponer penalidades; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

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Qué propone

Crea la 'Ley de Capacitación para la Seguridad Cibernética en Puerto Rico', estableciendo como política pública la capacitación compulsoria sobre seguridad cibernética. Impone penalidades a quienes incumplan con el manejo adecuado de incidentes cibernéticos y crea un Programa de Capacitación para la Seguridad Cibernética, que se ofrecerá al menos una vez por año.

Pros

•Promueve la concientización sobre seguridad cibernética en entidades gubernamentales y privadas, con el fin de proteger la confidencialidad e integridad de los activos de información.
•Establece un marco legal para garantizar que todos los empleados reciban capacitación regularmente, lo que podría reducir riesgos internos y mejorar la resiliencia del sistema cibernético.
•Facilita el intercambio de información entre diferentes agencias y entidades gubernamentales y privadas a través de acuerdos de colaboración.

Contras

•Puede generar costos adicionales para las empresas privadas, especialmente pequeñas que podrían encontrar difícil asumir los gastos de capacitación.
•El proceso de implementación podría ser lento y complicado debido a la necesidad de coordinar entre diferentes agencias y entidades.
•La revisión del programa cada dos años puede resultar en un desfase si no se actualiza con suficiente frecuencia.

Intereses en juego

Beneficia a:: El gobierno y las empresas privadas, que podrían mejorar su seguridad cibernética; y el Puerto Rico Innovation and Technology Service, que supervisará la implementación.
Preocupa a:: Empresas privadas con un volumen de negocio menor a $100,000, que podrían encontrar costoso cumplir con las nuevas regulaciones.
Quién paga o decide:: El Puerto Rico Innovation and Technology Service y la Oficina del Inspector General se encargarán de la implementación; el costo lo asume el Estado a través del presupuesto.

En qué va

Aprobada por ambas cámaras legislativas y enviada a la Gobernadora para su sanción, en mayo de 2026.

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Trámite legislativo

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