Para enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 83- 2025, según enmendada, denominada "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de establecer la naturaleza y extensión de los servicios de seguridad y protección a determinados funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Puerto Rico; y para disponer sobre su vigencia y aplicación.

Intereses en juego

Beneficia a:

El erario público, que verá una reducción en los gastos asociados a la asignación de escoltas.

Preocupa a:

Exfuncionarios y exgobernadores, que podrían verse afectados por la eliminación del privilegio de escolta.

Quién paga o decide:

El Estado, a través de fondos públicos, financia el programa; la implementación se gestiona por las autoridades pertinentes.