Ley 53-2026 (PS 920)Proyecto del SenadoVigente

Para enmendar los Artículos 2.004 y 5.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico" a los fines de prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Ley aprobada·Senado·Sesión 2025-2028

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Qué propone

Enmienda los Artículos 2.004 y 5.006 de la Ley 222-2011 para prohibir que personas jurídicas extranjeras realicen donativos, organizar comités de acción política o efectuar gastos independientes con fines electorales en Puerto Rico.

Pros

•Asegura un sistema electoral libre de influencia corporativa extranjera, protegiendo la integridad del proceso electoral y el autogobierno democrático.
•Facilita la labor fiscalizadora al clarificar las categorías de personas jurídicas y excluir expresamente a las extranjeras del universo de posibles donantes o sujetos con estructuras de financiamiento electoral.

Contras

•Puede generar un riesgo para el sistema democrático puertorriqueño, ya que personas jurídicas organizadas fuera de Puerto Rico y Estados Unidos podrían intentar influir indebidamente en el debate público y los resultados electorales.
•Limita la participación política de entidades extranjeras que no forman parte del cuerpo político puertorriqueño ni responden directamente ante el electorado local.

Intereses en juego

Beneficia a:: El sistema electoral, protegiendo su integridad y la pureza del sufragio; y a las entidades gubernamentales que fiscalizan los procesos electorales.
Preocupa a:: Entidades extranjeras con capacidad económica, que podrían intentar influir en el proceso electoral de Puerto Rico; y ciudadanos que ven limitada la participación política de entidades no locales.
Quién paga o decide:: El Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Justicia, el Oficina del Contralor Electoral y otras entidades de control, se encarga de implementar las disposiciones legales.

En qué va

Vigente desde la firma de la Gobernadora el 13 de abril de 2026, después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y firmada por los presidentes del Senado y Cámara.

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Trámite legislativo

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