GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma. Asamblea 1ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
P. del. S. 116
INFORME NEGATIVO
23 de junio de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO
La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 116, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 116 propone crear la “Ley Para Incentivar a los Profesionales de Salud en Puerto Rico”; establecer definiciones; exenciones; adoptar reglamentación; y para otros fines.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, toda economía y País que aspira a un desarrollo sostenible y sustentable debe contar con un servicio de profesionales de la salud que atiendan las necesidades de salud de su población. Para ello es necesario contar con la calidad y cantidad de profesionales necesarios para atender las necesidades cambiantes de la población del país.
Puerto Rico cuenta con unos excelentes profesionales y ubicación para el desarrollo de Turismo médico. Además, cuenta con un sistema de educación donde prepara excelentes profesionales de la salud y un capital humano de primer orden. El propósito de esta medida es detener la fuga y atraer profesionales de salud al País, atender las necesidades de salud de los puertorriqueños y; fomentar y promover a Puerto Rico como destino de Turismo médico mediante la otorgación de exenciones contributivas.
ALCANCE DEL INFORME
Como parte del proceso de análisis y evaluación del P. del S. 116, la Honorable Comisión de Salud del Senado solicitó los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud, el Instituto de Ciencias Forense y la Asociación Médica de Puerto Rico.
Igualmente, se solicitaron los comentarios al Departamento de Justicia y al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico; no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.
A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.
DEPARTAMENTO DE SALUD
Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el Departamento de Salud presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Secretario, Dr. Victor Ramos Otero.
El Departamento de Salud expuso que apoya y respeta la autonomía de las juntas examinadoras en relación con los requisitos que establecen para sus profesionales y la manera en que aplican la legislación que las regula, por lo que tras consultar a las diferentes juntas examinadoras vinculadas a la División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales de la Salud adscritas al Departamento de Salud y expresó deferencia hacia las posiciones adoptadas por estas, las cuales desglosó a lo largo de su escrito.
La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica reconoció los fines loables de esta legislación y comparte la preocupación por la emigración de talento médico, considerando que el proyecto requiere algunas enmiendas para lograr un impacto positivo real en el sistema de salud del país.
Mencionó, que actualmente la crisis de médicos en Puerto Rico es un problema que ha ido en aumento en las últimas décadas, con un impacto significativo en el acceso a la salud de la población. Según datos del Departamento de Salud, más de 8,000 médicos han abandonado la isla en los últimos trece años, lo que equivale a una reducción de aproximadamente el 46% de la fuerza laboral médica. Planteó, que esta emigración masiva responde a diversas causas estructurales y económicas que han debilitado el sistema de salud local y que han hecho que muchos profesionales busquen mejores condiciones en Estados Unidos continental. Entre las razones principales, destacó los bajos reembolsos de programas federales como Medicaid y Medicare, la burocracia y los retrasos en los pagos de las aseguradoras, así como la falta de infraestructura hospitalaria adecuada. Agregó, que estos factores han generado una carga laboral excesiva sobre los médicos que permanecen en la isla, provocando agotamiento profesional y una disminución en la calidad del servicio de salud.
Además, expresó, que el acceso a la salud se ha visto gravemente afectado, con tiempos de espera prolongados para consultas y tratamientos, especialmente en especialidades médicas con escasez de profesionales. Añadió, que las comunidades rurales y marginadas son las más impactadas, ya que, la falta de médicos en estas áreas ha incrementado las desigualdades en la prestación de servicios de salud y un riesgo sustancial en el deterioro de la salud de los cuidados. Expuso, que la sobrecarga de trabajo para los médicos restantes no solo pone en riesgo la calidad del servicio, sino que también desalienta a los nuevos profesionales de la salud a establecerse en la isla, perpetuando el problema a largo plazo. En este contexto, recalcó, que el gobierno ha intentado implementar medidas para mitigar la crisis, siendo una de las más relevantes la creación de incentivos contributivos para los médicos cualificados.
La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica señaló, que en el año 2017, el Gobierno de Puerto Rico aprobó la “Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos” (Ley 14-2017), con el objetivo de frenar la emigración de médicos y atraer a aquellos que ya habían salido. Esta legislación ofreció beneficios contributivos significativos, incluyendo una tasa fija del 4% sobre los ingresos generados por servicios médicos, en contraste con las tasas contributivas regulares. Además, estableció, una exención de impuestos sobre los dividendos de hasta $250,000 anuales y permite aportaciones voluntarias a planes de retiro sin penalización contributiva. Resaltó, que estos incentivos buscan hacer que la práctica médica en Puerto Rico sea más atractiva y económicamente viable, en un intento por reducir el éxodo de profesionales de la salud.
Sin embargo, enfatizó, que a pesar de haber otorgado estos incentivos la crisis médica persiste, por lo que planteó interrogantes sobre la efectividad de estas medidas. Sugirió, que proveer incentivos a profesionales residentes fuera de la isla puede ser un paso en la dirección correcta para repoblar el sistema de salud con talento cualificado. Expuso, que la exención fiscal puede atraer profesionales con capital e infraestructura para establecer prácticas que impulsen el turismo médico, generando ingresos colaterales al país. De igual forma, recomendó establecer como condición mínima la práctica clínica regular en Puerto Rico, definida como al menos treinta (35) horas semanales como participación en el sistema de prestación de servicios, esto para garantizar que el incentivo contribuya directamente a la política pública de salud.
Por otro lado, alegó, que en el proyecto no se priorizan especialidades médicas con escasez crítica, ni se establecen incentivos diferenciados por región o necesidad poblacional. Además, refirió, que el proyecto carece de disposiciones sobre auditoría o verificación del cumplimiento. Para fiscalizar este aspecto, sugirió la creación de un registro fiscal-clínico coordinado entre Hacienda, el Departamento de Salud, la DLMPS y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, para evitar usos fraudulentos o inefectivos del incentivo.
Concluyó, que en términos prácticos el impacto real de la ley sobre la retención de médicos es debatible, ya que, si bien ha logrado que algunos profesionales se queden en la isla, no ha detenido del todo la emigración ni ha resuelto la falta de especialistas en áreas críticas. Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica es de la opinión que una ley que concede beneficios fiscales a una categoría profesional regulada sin exigir cumplimiento con estándares mínimos de ejercicio clínico compromete el balance entre incentivo económico y deber ético. Sostuvo, que este tipo de legislación debe construirse dentro de un marco de responsabilidad profesional verificable, para que no se convierta en una vía para el aprovechamiento sin prestación real de servicios.
Referente a la Junta Examinadora de farmacia, esta respaldó los esfuerzos por atender la crisis de disponibilidad de profesionales de salud, pero subrayó la necesidad de que toda política pública contributiva esté estrechamente vinculada al ejercicio profesional activo, ético y con impacto tangible en la salud de la población puertorriqueña. De igual forma, validó la intención del proyecto de incentivar a los profesionales de la salud, incluyendo a los farmacéuticos y técnicos de farmacia, quienes desempeñan un papel crucial en la atención médica. Sin embargo, consideró fundamental que cualquier legislación en este ámbito contemple los siguientes aspectos:
Por su parte, la Junta Examinadora de Tecnólogos Dentales de Puerto Rico endosó el proyecto de ley objeto de evaluación. No obstante, indicó, que aunque se menciona de manera implícita a este gremio en la línea 17 de la página 2, solicitó, que se haga una referencia explícita a los tecnólogos dentales en el texto del proyecto.
De manera similar, la Junta Examinadora de Psicólogos avaló, que los psicólogos y los profesionales de la salud se beneficien de exención contributiva de pago por todo interés y dividendos devengados, incluyendo, pero sin limitarse, a intereses y dividendos provenientes de una compañía de inversiones.
En cuanto a la Junta Examinadora de Educadores en Salud, informó, que luego de someter la misma a votación esta no fue aprobada por unanimidad. Expresó, que esta decisión se fundamenta en la necesidad de contar con un enfoque más específico en ciertos aspectos clave del proyecto. Coincidió plenamente con el objetivo general de este proyecto que busca abordar la fuga de profesionales de la salud y fomentar el retorno de aquellos que ejercen fuera de Puerto Rico. No obstante, señaló, que el alcance y la implementación de esta medida requiere mayor claridad. En particular, resaltó, que el proyecto no detalla si los beneficios contributivos propuestos se aplicarán exclusivamente a aquellos profesionales que regresen a la isla o si también se extienden a quienes decidan permanecer y ejercer en Puerto Rico. Además, expuso que no se aborda con la profundidad necesaria la relación del turismo médico con la retención y retorno de profesionales de la salud, así como sus implicaciones en nuestro sistema de salud actual. Concluyó, que estos elementos son cruciales para el éxito del proyecto.
A la luz de lo anteriormente mencionado, el Departamento de Salud sostuvo la necesidad de disponer de las herramientas adecuadas para incentivar a los médicos y profesionales de la salud, de modo que los pacientes tengan el mejor acceso a servicios de salud en instalaciones tanto públicas como privadas. Recomendó, que esta Comisión considere las sugerencias presentadas por las juntas examinadoras respecto al proyecto de Ley en cuestión.
INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES
Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por el Instituto de Ciencias Forenses quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Directora Ejecutiva, Dra. Maria S. Conte Miller, expresándose a favor de la aprobación de la medida.
Expuso, que Puerto Rico enfrenta una escasez significativa de patólogos forenses, una situación que amenaza la estabilidad operativa del Instituto. Alegó, que a pesar de los esfuerzos realizados para fomentar el interés en esta especialidad, la falta de incentivos competitivos frente a otras jurisdicciones sigue siendo un desafío. De hecho, reveló, que muchos patólogos forenses optan por relocalizarse a los Estados Unidos debido a los beneficios económicos disponibles en los diferentes estados.
Fundamentó, que el Instituto ha trabajado arduamente para atraer a estos profesionales, pero que es necesario implementar medidas adicionales para retenerlos y atraerlos de nuevo. Puntualizó, que los incentivos económicos, combinados con un ambiente laboral competitivo, son fundamentales para evitar que nuestros patólogos forenses busquen oportunidades en otras jurisdicciones, o para atraer a aquellos que han emigrado y quieran regresar a Puerto Rico.
Así las cosas, el Instituto expresó su conformidad con el Proyecto del Senado 116.
ASOCIACIÓN MÉDICA DE PUERTO RICO
Recibimos, de igual forma, la ponencia de la Asociación Médica de Puerto Rico la cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Yussef Galib-Frangie Fiol, en el cual se expresó en contra de la aprobación de la medida.
Destacó, que este proyecto tiene la intención de ofrecer una exención contributiva total a todos los profesionales de la salud, según la definición incluida en el P. del S 116 que incluye: médicos, odontólogos, farmacéuticos, administradores en servicios de salud, nutricionistas, enfermeros, fisioterapistas, tecnólogos médicos, terapistas ocupacionales, psicólogos,, trabajadores sociales, podiatra, terapistas del habla ,optómetras, educadores en salud, quiroprácticos, higienistas y asistentes dentales, y otras profesiones similares y establece que para todas ellas hay alta demanda y difícil retención. La Asociación Médica de Puerto Rico expuso que carece de datos que respalden tal aseveración en este momento.
Señaló, que en intentos anteriores, las iniciativas para incentivar a los médicos a permanecer en Puerto Rico mediante este tipo de iniciativa fueron vetadas por la Junta de Control Fiscal dado el impacto de un 4% para algunos médicos en áreas distantes y ciertas especialidades. Recordó, que la Junta estableció, que el impacto se salía de sus proyecciones presupuestarias aun con unos pocos médicos beneficiados. Por lo antes mencionado, la Asociación Médica reiteró, que no cuenta con la información sobre el impacto que tendría sumar a esta iniciativa a todos los profesionales de la salud en esta reducción contributiva.
Concluyó, que responsablemente no pueden respaldar esta iniciativa que, lejos de ayudar a la crisis de servicios médicos, dificultaría el que una legislación para atender la crisis de los servicios médicos en todas sus especialidades pudiera llegar a ser un consenso aceptable para la Junta de Control Fiscal y su eventual aprobación. Apuntó, que cada profesión debe validar su necesidad respectiva de este tipo de proyecto y todos entender el impacto que tendría en cada caso presupuestariamente.
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
A la luz del análisis efectuado sobre el P. del S. 116, y tras considerar las ponencias presentadas por los diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales con competencia directa en el ámbito de la salud, esta Ilustre Comisión considera que su implementación podría no tener los resultados deseados. Debemos recordar que, en el año 2017, el Gobierno de Puerto Rico aprobó la “Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos” (Ley 14-2017), con el objetivo de frenar la emigración de médicos y atraer profesionales de salud a la Isla. Sin embargo, a pesar de estos incentivos la crisis médica ha persistido, lo que genera interrogantes sobre la efectividad de dicha medida.
El proyecto de Ley objeto de evaluación, no prioriza especialidades médicas con escasez crítica. De igual forma, el proyecto no detalla si los beneficios contributivos propuestos se aplicarán exclusivamente a aquellos profesionales que regresen a la isla o si también se extienden a quienes decidan permanecer y ejercer en Puerto Rico. En cuanto a promover a Puerto Rico como destino de turismo médico, aunque se menciona someramente en la Exposición de Motivos de la medida, no se aborda con la profundidad necesaria la relación del turismo médico con la retención y retorno de profesionales de la salud, así como sus implicaciones en nuestro sistema de salud actual.
No podemos perder de perspectiva que, en cumplimiento con los parámetros establecidos en el Plan Fiscal certificado, el Gobierno de Puerto Rico está obligado a garantizar que toda iniciativa legislativa o propuesta de política pública sea evaluada bajo el principio de neutralidad fiscal. Cualquier propuesta con efecto fiscal directo debe ser acompañada por mecanismos compensatorios o por la identificación clara de fuentes alternas de recaudo, esto responde a las disposiciones legales que rigen el proceso de reorganización financiera de Puerto Rico bajo el Titulo III de PROMESA.
También debemos tener presente que, en ocasiones previas, las iniciativas para incentivar a los médicos a permanecer en Puerto Rico mediante este tipo de iniciativa fueron vetadas por la Junta de Control Fiscal dado el impacto. Incluso, la Junta estableció, que el impacto se salía de sus proyecciones presupuestarias aun con una cantidad menor de médicos beneficiados.
De otra parte, es meritorio mencionar, que esta misma pieza legislativa fue previamente radicada por su autor (P. del S. 16) a principios del pasado cuatrienio (2 de enero de 2021), no obstante, la misma no tuvo ningún trámite ulterior y no fue atendida.
CONCLUSIÓN
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe Negativo sobre el P. del S. 116, No Recomendando su aprobación.
Respetuosamente sometido,
Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud
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