GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma Asamblea 2da Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 165
INFORME POSITIVO
18 de septiembre de 2025
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
Nuestra Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 165, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que acompaña a este Informe Positivo.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de la Cámara 165 tiene como propósito crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples” a los fines de disponer que ninguna agencia, instrumentalidad o dependencia del Gobierno de Puerto Rico podrá implementar baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en sus facilidades ni permitir personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado; y disponer que todos los baños serán divididos por el sexo biológico de las personas, específicamente baños para las mujeres y baños para los hombres.
INTRODUCCIÓN
El Proyecto de la Cámara 165 fue presentado durante la decimonovena Asamblea Legislativa por la representante Lisie Burgos Muñiz el 11 de mayo de 2023. La entonces Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, presentó el 14 de junio de 2024 un informe positivo con enmiendas. Fue referido el 14 de junio de 2024 a la Comisión de Calendarios de la Cámara, quedando pendiente ante esta.
La medida propuesta expresa en su Exposición de Motivos que la dignidad del ser humano es inviolable y que constituye el fundamento de todos los derechos constitucionales. En ese sentido se señala que el acceso a instalaciones sanitarias públicas de forma limpia, segura y accesible es un derecho básico que debe ser garantizado a toda persona. Expresa que, en los últimos años, surgió una controversia significativa sobre la implementación de baños públicos inclusivos, mixtos o neutros, particularmente en lo que respecta a personas cuya identidad de género no corresponde con su sexo biológico. Reconoce el derecho de toda persona a recibir un acomodo razonable que respete su dignidad, pero se entiende que es igualmente imperativo proteger los derechos adquiridos de las mujeres, especialmente en lo que respecta a su seguridad, privacidad e integridad física.
Expresa la Exposición de Motivos que la intimidad de las mujeres se ha vulnerado con las situaciones que han surgido en estos baños, donde han sido expuestas a las partes íntimas masculinas, entre otras circunstancias de similar magnitud. Estas situaciones acarrean traumas, principalmente en aquellas que han sido víctimas de violencia sexual. Reconoce que algunos hombres utilizan esta apertura de baños neutros para acosar, espiar, fotografiar o exhibirse ante mujeres y menores.
Establece la Exposición de Motivos la historia y desarrollo de los baños exclusivos de mujeres. Expresa que la creación de estos baños exclusivos fue una conquista novedosa para los derechos de las mujeres. Enfatiza que existe un interés apremiante en salvaguardar la vida, dignidad y seguridad de las mujeres, y que hay una realidad que los varones y estas son diferentes, no sólo simbólica, social y culturalmente, sino también físicamente. Los baños específicos para mujeres han sido un logro producto de una lucha histórica.
El Proyecto de la Cámara 165, tiene el propósito de salvaguardar espacios seguros en establecimientos públicos como medida de protección contra una población históricamente vulnerable y discriminada como lo han sido las mujeres.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
La Comisión de Asuntos de la Mujer, como parte de la evaluación del Proyecto de la Cámara Núm. 165, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias, entidades y organizaciones: Departamento de Justicia; Departamento de Salud; Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico; Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Universidad de Puerto Rico; Oficina de la Procuradora de las Mujeres; Mujeres por Puerto Rico Inc.; Autoridad de Edificios Públicos; Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico; y Federación LGBTQ+.
La Comisión recibió los memoriales del Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Mujeres por Puerto Rico Inc., el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, y la Federación LGBTQ+. Se recibió, además, las ponencias de la estudiante Arialys Meléndez, el estudiante Jan Carlos Tousset, el Dr. Miguel Vázquez Rivera de True Self Foundation, Güarix Urayoan Agosto Idorwatt, y Yanira Figueroa Sierra.
La Comisión celebró una Vista Pública el 1ro de mayo de 2025, a las 9:00 a.m. Comparecieron a deponer:
La Comisión celebró, además, una Reunión Ejecutiva el 8 de mayo de 2025, a las 10:00 a.m. Compareció el Dr. Miguel A. Muñoz, Presidente Interino de la Universidad de Puerto Rico.
Contando con el beneficio de los memoriales, la Vista Pública y la Reunión Ejecutiva celebrada, esta Comisión realizó el análisis del Proyecto de la Cámara Número 165.
El Departamento de Justicia, a través de su entonces Secretaria Designada, la Lcda. Janet Parra Mercado, expresó que el Proyecto de la Cámara 165 propone regular el uso de baños múltiples en dependencias del Gobierno de Puerto Rico, estableciendo que estos deben estar designados exclusivamente para hombres o mujeres, según el sexo biológico, y no por identidad de género. Recomienda revisar el título para cumplir con los requisitos de claridad legislativa.
Expresa el Departamento que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva 14168. Esta establece como política pública del gobierno federal el reconocimiento de dos sexos: masculino y femenino. La Orden indica que los sexos son inmutables y se basan en una realidad fundamental y comprobable. Además, para aplicar correctamente esta Orden establece el reconocimiento oficial de solo dos sexos, masculino y femenino, definidos biológicamente. Impone que, para la aplicación de espacios íntimos, las agencias deben garantizar que baños, vestidores y otros espacios sean designados por sexo biológico, no por identidad de género. Declara que la libertad de expresión protege el derecho a expresar la naturaleza binaria del sexo.
Recomienda el Departamento que se revise el Artículo 3 a los fines de que se establezcan baños individuales a ser designados como baños unisex, para que puedan ser utilizados por cualquier persona independientemente de su sexo biológico o su identidad de género. Sugiere, además, que se revisen las disposiciones relacionadas con los fondos a ser destinados al CAVV, ya que las mismas pudieran estar en contraposición con la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, Ley 26-2017, y la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada.
Concluye indicando que el Departamento de Justicia no tiene reparos que oponer sobre la continuación del trámite legislativo del Proyecto de la Cámara 165, una vez se consideren sus sugerencias.
El Departamento de Salud, a través de su Secretario el Dr. Víctor M. Ramos Otero, se expresa a favor de la medida. Señalan que la misma no solo pretende responder a una inquietud legítima en relación con la protección a las mujeres, sino que también representa un esfuerzo para abordar un asunto complejo que abarca tanto la seguridad como los derechos individuales.
Recomienda solicitar la opinión del Departamento de Justicia y de la OATRH sobre la implementación del proyecto. Sugiere, además, que se aclare la redacción del Artículo 4.
Respalda que los fondos recaudados por multas se asignen al CAVV para continuar brindando servicios a mujeres que han sido víctimas de violación. Culmina indicando que el Departamento de Salud endosa el Proyecto de la Cámara.
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a través de su entonces Secretaria Designada, la Lcda. Nydza Irizarry Algarín, indica que el proyecto podría entrar en conflicto directo con la política pública vigente y protocolos ya establecidos que protegen a personas trans y no binarias. Expresa que la implementación de esta medida podría dar lugar a demandas por discrimen, tanto en el ámbito laboral como en el acceso a servicios públicos. Exponen que el negar acceso a baños conforme a la identidad de género podría constituir hostigamiento laboral, lo cual está expresamente prohibido, y en el aspecto de salud y seguridad ocupacional, la medida podría tener efectos adversos en la salud física y mental de empleados trans, lo que también podría violar leyes de seguridad laboral.
Expresan que la Ley Núm. 22-2013, en su Artículo 17, ordena a todas las entidades gubernamentales a ajustar sus reglamentos de personal para reflejar la política pública contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género. También ordena la creación de un protocolo de cumplimiento, educación y capacitación sobre esta política, elaborado por la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos (antes OCALARH, al presente OATRH) y el DTRH. El Protocolo de 2013, que fue actualizado en 2019, reitera la prohibición de discrimen en el empleo por identidad de género u orientación sexual, y enumera prácticas discriminatorias entre ellas el acceso a instalaciones sanitarias.
Recomienda consultar a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) sobre el impacto en la administración de recursos humanos, solicitar opinión al Departamento de Justicia sobre la constitucionalidad y legalidad de la medida, y evaluar el proyecto a la luz de la política pública vigente de no discrimen y de los protocolos ya adoptados por el Gobierno.
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), a través de su Director, el Lcdo. Facundo M. Di Mauro Vázquez, en su memorial reconoce que el proyecto busca garantizar la privacidad y seguridad, especialmente para las mujeres, en baños públicos. Señala que la separación de baños por género tiene una base histórica y legal en los Estados Unidos, y que actualmente diecinueve (19) estados tienen leyes similares basadas en el género biológico.
Recomiendan se considere la Orden Ejecutiva Federal 14168, promulgada por el Presidente de los Estados Unidos, y titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal”. Señalan que esta instruye a las agencias federales a no financiar iniciativas que promuevan la "ideología de género". Expresan que Puerto Rico no debe exponerse a perder fondos federales, y que toda la legislación que se apruebe debe atemperarse a la política establecida a nivel federal.
Recomiendan se aclare que respetar las preferencias individuales es importante, pero que la separación por género biológico responde a criterios de privacidad y comodidad. Solicitan que se especifique qué agencia será responsable de imponer la multa administrativa de cinco mil dólares ($5,000) por incumplimiento, ya que entienden que el proyecto no lo define claramente. Sugieren que se consideren los comentarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y del Departamento de Justicia
Concluye indicando que apoyan la aprobación de la medida y recomiendan se tomen en consideración sus sugerencias.
La Universidad de Puerto Rico, a través de su Presidente Interino el Dr. Miguel A. Muñoz, expresan que la medida busca proteger la seguridad, dignidad y salud de las mujeres, reconociendo su derecho a espacios íntimos y seguros en lugares públicos. Expresan que la creación de baños exclusivos para mujeres fue una conquista novedosa en el Siglo XVIII para los derechos de la mujer.
Citan el caso “Adams v. School Board of St. Johns County”, en el cual indican que se validó la legalidad de políticas escolares que segregan baños por sexo biológico, como precedente favorable. Enfatizan que el tribunal sostuvo que las políticas de segregación no violan la igual protección de las leyes ni el Título IX de la legislación federal.
La Universidad respalda esta legislación, argumentando que responde a un interés apremiante del Estado en salvaguardar la vida, dignidad y seguridad de las mujeres. Consideran que estas son merecedoras de espacios íntimos y seguros en establecimientos públicos.
Concluyen indicando que la Universidad avala la aprobación de la medida cuyo propósito es proteger la salud, seguridad y dignidad de las mujeres en Puerto Rico.
La Autoridad de Edificios Públicos (AEP), a través de su Director Ejecutivo el Sr. Félix Lasalle Toro, expresan que están conformes con el proyecto de ley. Entienden que el mismo es cónsono con la Orden Ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, el 20 de enero de 2025, la cual establece directrices sobre el reconocimiento del sexo biológico de los individuos y el manejo de política pública basada en el sexo biológico y no en el género.
Concluyen indicando que la Autoridad de Edificios Públicos está de acuerdo con el proyecto y llevará a cabo las medidas que sean necesarias para implantarlo.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), a través de su Procuradora la Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez, se expresa a favor de la medida. Indican que, conforme a datos obtenidos de la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Negociado de la Policía de Puerto Rico, para el año 2022 se reportó un total de 1,205 víctimas de violencia sexual. De estas 80.5% fueron mujeres y 19.5% hombres. Señalan que semejantes resultados se observaron para el año natural 2023, en el cual la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico reportó 1,278 incidentes de violencia sexual, en el cual el 79.8% de las víctimas sobrevivientes fueron mujeres. Detallan que no encontraron consistencias sobre los lugares donde se cometieron las agresiones.
Expresan que la OPM inició una investigación relacionada con la designación y el uso de baños inclusivos o sin distinción de géneros en la Universidad de Puerto Rico. Recomiendan que el Departamento de Justicia evalúe posibles implicaciones legales relacionadas con el derecho a la intimidad y el discrimen.
La OPM reconoce la iniciativa de la medida como una loable que atiende de manera preventiva posibles escenarios de mayor vulnerabilidad para la comisión de delitos contra las mujeres. Entienden que la medida busca proteger a las mujeres en escenarios donde pueden estar expuestas a delitos sexuales, al tiempo que salvaguarda su intimidad y les garantiza un espacio privado y seguro.
Culmina indicando que apoya cualquier medida dirigida a prevenir, atender y erradicar las agresiones sexuales.
El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, a través de la Presidenta de su Junta Directiva Lydael Vega Otero, expresa su firme oposición al Proyecto de la Cámara 165. Expresan que la medida que se presenta bajo la premisa de proteger a las mujeres, carece de evidencia empírica, refuerza estigmas transfóbicos y pone en riesgo a poblaciones vulnerables, especialmente personas trans, intersexuales y no binarias. Indican que no hay datos que respalden que los baños inclusivos aumentan agresiones sexuales, y que estudios en Estados Unidos demuestran lo contrario.
Exponen que los baños inclusivos benefician a personas con diversidad funcional y sus cuidadores, adultos mayores, personas intersexuales, sobrevivientes de violencia sexual, familias con niños pequeños, y establecimientos con limitaciones físicas o presupuestarias. Recomiendan que, en lugar de prohibiciones, se debe promover, cubículos cerrados del piso al techo, iluminación adecuada y botones de emergencia, así como entrenamiento al personal y accesibilidad universal.
Culminan indicando que la inclusión no es incompatible con la seguridad y que la verdadera política de seguridad es aquella que protege a todas las personas sin discriminación.
Concluyen solicitando que no se apruebe la medida y en su lugar se consideren alternativas inclusivas, seguras y sustentadas en evidencia, que velen por el bienestar y la dignidad de toda la ciudadanía.
La organización Mujeres por Puerto Rico Inc., representada por la Sra. Claribel Maldonado, expresa que, en el contexto sociocultural, vivimos en una era marcada por la postmodernidad y la post verdad, donde conceptos como “género” han sido redefinidos desde perspectivas subjetivas, desplazando realidades biológicas y principios de convivencia tradicionales. Expresan que esta transformación ha generado tensiones sociales, legales y éticas, especialmente en torno al uso de baños, vestuarios y espacios íntimos compartidos.
Entienden que la eliminación de la segregación sexual en espacios íntimos, bajo el argumento de inclusión de personas transgénero, ha generado riesgos reales y percibidos para mujeres, niñas y sobrevivientes de abuso sexual, conflictos con el libre ejercicio religioso en comunidades con normas de modestia, incomodidad y retraimiento de personas no disfóricas que evitan usar baños inclusivos por temor o incomodidad. Señalan que, en el Reino Unido, tras un aumento del 4,000% en casos de disforia de género en menores, asociado al fenómeno de disforia de inicio rápido, el sistema de salud británico ha detenido tratamientos hormonales y quirúrgicos, y ha propuesto el retorno a baños segregados por sexo como medida de protección. Exponen que en la Universidad de Toronto se redujo los baños neutros tras incidentes de voyerismo contra mujeres en duchas compartidas.
Indican que existen soluciones arquitectónicas razonables que proponen modelos de diseño que equilibran inclusión y seguridad, ello es, baños individuales con privacidad total con puertas del piso al techo, lavamanos en áreas comunes abiertas y visibles, baños familiares para cuidadores, padres con hijos pequeños o personas con diversidad funcional. Expresan que estas opciones complementan, pero no sustituyen, la necesidad de baños segregados por sexo.
Recogen el testimonio de Kaeley Triller, una sobreviviente de abuso sexual, quien ha denunciado el impacto psicológico de compartir espacios íntimos con personas del sexo opuesto, incluso si se identifican como trans. Indican que su testimonio ha sido objeto de acoso por parte de sectores activistas, lo que evidencia un clima de censura emocional. Expresan que estudios frecuentemente citados por el activismo trans sobre acoso en baños segregados, han sido cuestionados por su metodología defectuosa, incluyendo definiciones amplias de “acoso” como recibir miradas o comentarios. Entienden que obligar a compartir espacios íntimos vulnera el derecho constitucional al libre ejercicio religioso, y que la diversidad cultural y espiritual de Puerto Rico exige políticas que respeten estas convicciones.
Expresan que la dignidad humana es inviolable, y que existen derechos de privacidad, libre ejercicio religioso y una obligación moral de proteger a los más vulnerables. Señalan que no se puede seguir creando categorías protegidas por conductas en un afán de normalizar construcciones subjetivas que claramente responden a trastornos como lo es la disforia de identidad.
Culminan solicitando se fortalezca lo justo, lo verdadero, lo correcto, lo sano y que no se siga alimentando o provocando más confusión mental y social.
La organización True Self Foundation, a través de su Director Ejecutivo el Dr. Miguel Vázquez Rivera expone su firme oposición al P. de la C. 165 por entender que es una medida discriminatoria que vulnera los derechos humanos de las personas trans y no binarias. Entienden que esta legislación se basa en mitos infundados y contradice evidencia científica y recomendaciones de organismos de salud y derechos humanos.
Expresan dentro de las principales razones de oposición que no hay evidencia de que las personas trans representen un riesgo en baños públicos. Indican que estudios en Estados Unidos y Puerto Rico demuestran que los ofensores sexuales son mayormente hombres cisgénero y heterosexuales.
Exponen que la identidad de género es parte de la dignidad humana, y que negar el acceso a baños según esta identidad es una forma de discriminación. Entienden que los baños inclusivos no amenazan los derechos de las mujeres y que las personas trans son más propensas a ser víctimas de violencia en estos espacios. Detallan que la historia de baños segregados ha sido usada para excluir y que repetir esta práctica con personas trans es deshumanizante.
Entienden que existen riesgos legales y de derechos humanos ya que se viola la Constitución de Puerto Rico en su Art. II, secciones 1 y 8, al discriminar y estigmatizar. Señalan que contraviene tratados internacionales como la CEDAW y los “Principios de Yogyakarta”, que exigen acceso igualitario a servicios públicos. Exhortan a rechazar esta medida y a legislar con base en la equidad, la evidencia y el respeto a la dignidad humana.
Recomiendan rechazar el P. de la C. 165 por su carácter excluyente, regresivo y carente de base empírica, y que se promuevan políticas públicas que fomenten accesibilidad, privacidad y seguridad para todas las personas, incluyendo baños unipersonales o neutros como solución integradora. Sugieren que se escuche a las comunidades afectadas, incluyendo personas trans y sobrevivientes de violencia, sin reproducir estigmas ni temores infundados.
El estudiante Jan Carlos Tousset como portavoz del grupo “Estudiantes en Contra de los Baños de Acoso”, de la Universidad de Puerto Rico, expresa que respalda firmemente la medida, basado en experiencias reales de acoso sexual en baños inclusivos de la Universidad. Expresa que la medida es una respuesta necesaria para proteger la seguridad y dignidad de las mujeres en espacios públicos. Indica que han ocurrido incidentes repetidos de exhibicionismo en baños inclusivos.
Expone que el 23 de abril de 2025, radicaron una Moción al Consejo General de Estudiantes en la cual solicitaban una investigación y medidas de seguridad. Expresan que el respaldo al proyecto no busca excluir, sino proteger. Entiende que la separación de baños por sexo biológico responde a razones de seguridad y privacidad y que la identidad autopercibida no debe prevalecer sobre la protección de mujeres en espacios íntimos.
Finalmente, solicita priorizar la seguridad de las mujeres, que se reconozca la evidencia y los testimonios presentados a favor de la medida, y que se apruebe el P. de la C. 165 como un acto de justicia y responsabilidad
La estudiante de Biología Arialys Meléndez, declara que ha vivido tres incidentes de acoso sexual en un baño de la Universidad de Puerto Rico, por lo que respalda el proyecto. Expone sus experiencias relacionadas con el tema.
Expresa que ingresó a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en agosto de 2023. Indica que, desde el primer día, se encontró con baños rotulados como “para todo género”, sin que se le hubiera informado previamente sobre esta política pública de la institución durante la orientación estudiantil. Entiende que esta falta de información y la incomodidad que le generaba el uso de baños inclusivos, la llevó a evitar su uso durante todo el primer semestre, lo que le provocó infecciones urinarias. Expone que exploró otras áreas del campus, y descubrió que existen baños exclusivos para mujeres, aunque en condiciones de abandono, con falta de limpieza y mantenimiento, y que, a pesar de ello, los utiliza cuando no tiene otra opción.
Indica que, durante su segundo año, mientras estudiaba en la Biblioteca de la Escuela de Derecho, vivió tres incidentes entre febrero y marzo de 2025, todos ocurridos entre las 9:00 p.m. y 10:00 p.m. Expone que, en cada ocasión, al utilizar los baños inclusivos del patio central, escuchó sonidos sexuales explícitos provenientes de cubículos ocupados por hombres. Expresa que estos eventos le causaron miedo, vergüenza, sensación de invasión a su intimidad y que afectaron su concentración académica. Por lo que, desde entonces, evita ir sola al baño y depende de la compañía de una amiga para sentirse segura.
Denuncia la falta de identificaciones claras que señalen la ubicación de baños exclusivos para mujeres, y la inacción del Consejo General de Estudiantes de la institución. Expresa que dicho organismo desestimó las denuncias realizadas por su compañero Jan Tousset en una asamblea estudiantil, y que esta reacción institucional la motivó a expresar públicamente su experiencia el 25 de abril, exigiendo respeto al espacio y privacidad de las mujeres estudiantes.
Concluye su ponencia indicando que las políticas discriminatorias de la UPR facilitan el que se les acose y se promueva la violencia sexual. Entiende que la Universidad tiene el deber de ser proactivo y tomar acción para velar por el bienestar y seguridad de los estudiantes y el personal de la institución.
Culmina expresando que la Universidad está para educarlos, encaminarlos y convertirlos en profesionales, pero que se ha convertido en el lugar donde teme por su seguridad y la preservación de su dignidad como mujer.
El artista transdisciplinarie, activista trans y fundadora de Stop LGBTA+ Fobia, expresa su oposición al Proyecto de la Cámara 165. Expresa que esta medida carece de base científica y promueve una narrativa transfóbica que pone en riesgo la seguridad y dignidad de las personas trans y no binarias.
Expone que estudios, como los del Williams Institute (UCLA), demuestran que los baños inclusivos no aumentan los riesgos de violencia, y que la mayoría de los incidentes reportados son perpetrados por personas cisgénero. Entiende que esta legislación tendría consecuencias económicas negativas, afectaría a personas con discapacidad, familias y personas mayores, y enviaría un mensaje de exclusión a la juventud TLGBQIAP+.
Solicita que se rechace el P. de la C. 165 por ser discriminatorio e infundado, y que en su defecto se le dé prioridad a la educación en perspectiva de género y diversidad, y que se promuevan políticas de acceso y seguridad inclusivas, basadas en evidencia y experiencias comunitarias. Finalmente expresa que Puerto Rico debe ser un país donde todas las personas puedan acceder a servicios públicos con dignidad, sin miedo ni prejuicios.
Yanira Figueroa Sierra expresa padecer de varias condiciones que la limitan físicamente y le impiden el uso independiente de los baños. Expresa que estos son momentos íntimos y que su postura en contra del proyecto no se trata de comodidad sino de dignidad y respeto.
Entiende que la prohibición de baños inclusivos afectaría no solo a personas trans, sino también a personas con discapacidades que necesitan asistencia. Indica que la medida representa una amenaza a la dignidad, salud y derechos humanos. Solicita que se escuchen las voces de quienes viven estas realidades.
Concluye rechazando una legislación basada en prejuicios que margina a poblaciones vulnerables. Defiende los baños inclusivos como una solución práctica, humana y conforme a la Ley ADA. Expresa que los baños inclusivos son una respuesta humana, práctica y respetuosa a la diversidad de necesidades que tiene la población.
Culmina indicando que el Proyecto no representa justicia, no representa inclusión y no representa a Puerto Rico.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, respaldada por 101 organizaciones, remite su ponencia oponiéndose al Proyecto de la Cámara 165. Establecen en detalle las razones por las cuales no endosan la medida.
Exponen que la medida constituye una violación de derechos humanos y constitucionales; y que es discriminatoria, excluyente y contraria a los principios de igualdad y dignidad humana. Indican que la misma obliga a personas trans a usar baños que no se alinean con su identidad de género, lo que representa una forma de violencia institucional.
Expresan que es necesario garantizar la seguridad y dignidad para personas trans y no binarias, ya que enfrentan acoso y violencia en baños públicos tradicionales. Entienden que los baños inclusivos ofrecen una alternativa segura y respetuosa. Enfatizan que hay falta de evidencia que justifique la prohibición, y que no existen datos que respalden que los baños inclusivos aumenten riesgos de seguridad. Indican que los estudios demuestran que la mayoría de los agresores sexuales son hombres heterosexuales conocidos por sus víctimas, no personas trans.
Entienden que el discurso de “proteger a las mujeres” invisibiliza y deshumaniza a las mujeres trans, asociándolas injustamente con peligros inexistentes, y que organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen el derecho a la identidad de género como parte esencial de la dignidad humana. Señalan que la medida es un retroceso legal y social, que contradice marcos legales nacionales e internacionales que protegen la identidad de género y promueve una visión binaria y obsoleta del sexo.
Detallan que más de ciento cincuenta (150) universidades en Estados Unidos han implementado baños inclusivos, mejorando la percepción de equidad y el clima organizacional, y que los baños inclusivos benefician a padres con hijos pequeños, personas con discapacidad y cuidadores, además de reducir el tiempo de espera en espacios públicos. Expresan que la implementación de baños inclusivos está alineada con leyes antidiscriminatorias como el Título IX federal, y su ausencia puede excluir a estudiantes trans del acceso equitativo a la educación.
Expresan que jurisprudencia federal a favor del acceso inclusivo, ha respaldado el derecho de personas trans a usar baños acordes con su identidad de género, estableciendo precedentes legales sólidos. Refieren sus propuestas alternativas, como la inclusión sin exclusión, reconociendo la importancia de garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente mujeres y niños. Detallan como posibles soluciones que no impliquen la negación de derechos la instalación de baños individuales unisex, disponibles para quienes deseen mayor privacidad o comodidad; mejoras en seguridad mediante vigilancia adecuada, diseño arquitectónico inteligente y protocolos claros para incidentes; y una educación en diversidad sexual y de género desde las escuelas, fomentando la empatía y el respeto.
Concluyen indicando que el Proyecto de la Cámara 165, no resuelve un problema real, sino que crea nuevos al legitimar la discriminación. Expresan que las políticas públicas deben basarse en datos, derechos humanos y la realidad diversa de nuestra sociedad, y que la seguridad y la inclusión no son mutuamente excluyentes. Solicitan que no se apruebe la medida y en su defecto se trabaje en políticas que promuevan la equidad, dignidad y seguridad de todas las personas en Puerto Rico.
La Comisión de Asuntos de la Mujer, celebró una Vista Pública el 1ro de mayo de 2025, a las 9:00 a.m., concluyendo los trabajos a 12:14 p.m. La vista pública contó con la participación de: Lcdo. Nelson Vélez de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; la Sra. Claribel Maldonado de la organización Mujeres Por Puerto Rico, Inc.; el Lcdo. Ernesto L. Rentas y Lcda. Ana I. Rodríguez, de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos; Mariel Nieves y Edwin Vega vicepresidente Interino de Asuntos Estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico; y los estudiantes Jan C. Tousset y Arialys Meléndez, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras.
En la Vista Pública, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la Universidad de Puerto Rico (UPR), y el Departamento de Justicia apoyaron el proyecto, ya que busca proteger a las mujeres. Sin embargo, se reconoció que la mayoría de las agresiones sexuales o acoso en baños que se habían presentados no ocurren en baños públicos, sino en espacios privados y en la UPR. Tanto la OPM como la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), informaron que no cuentan con data, estadísticas o registros de incidentes reportados en baños inclusivos.
La OPM informó que en el año 2023 se realizó un estudio con una muestra de 13,000 mujeres. El 85% de estas indicó haber sido víctima de hostigamiento sexual y sólo el 15% radicó una querella. En dicho estudio no se tabularon los lugares donde ocurrieron las situaciones en contra de las mujeres. Expresaron estar investigando la situación de la Universidad y se comprometieron a remitir el informe a la Comisión una vez concluido. La OATRH señaló solo contar con data relacionada a situaciones que envuelvan el principio de mérito.
Por su parte, dentro del intercambio con los representantes de la UPR surgió que desde aproximadamente un mes emitieron una orden administrativa para dejar sin efecto los baños inclusivos pero la misma aún no se había puesto en vigor. La Comisión proveyó a los representantes alternativas inmediatas para lidiar con la situación en protección y por la seguridad de las estudiantes universitarias.
Como parte de los procesos se acordó llevar a cabo una Reunión Ejecutiva a la cual se citaría al Presidente Interino de la Universidad de Puerto Rico y a la Decana de Estudiantes de la institución. Se determinó solicitar a PR OSHA información sobre los baños inclusivos y si hay querellas radicadas relacionadas con este tema.
A la fecha de este informe no se han recibido los hallazgos de la OPM sobre su investigación.
El 8 de mayo de 2025, a las 10:00 a.m., la Comisión celebró una Reunión Ejecutiva a la cual compareció el Dr. Miguel A. Muñoz, Presidente Interino de la Universidad de Puerto Rico. En la misma se discutió la situación de los baños inclusivos de la Universidad de Puerto Rico, y la problemática planteada por los estudiantes que alegan haberse sentido agredidos por las situaciones a las que se tuvieron que enfrentar los mismos.
Parte de las recomendaciones que se le proveyeron al doctor Muñoz fue el hecho de que se retiraran los rótulos de los baños inclusivos y se devolvieran los rótulos de baños por sexo como originalmente eran. Se dialogó con este, además, la necesidad de reforzar la seguridad en los predios de la institución, ya que es una situación que se necesita atender con urgencia.
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico, en contestación al requerimiento que se le cursara, remitió una certificación a través de su Secretario Auxiliar, el Sr. Nelvin Rodríguez Sánchez. Certificó que el Negociado de Inspecciones de PR OSHA no ha recibido querellas de empelados relacionadas a los baños para empleados transgénero ni transexuales; y que el Negociado no lleva estadísticas de empleados que hayan solicitado orientación sobre el uso de los baños transgénero y transexuales en su lugar de trabajo.
Certifican, además, que bajo el Programa Voluntarios PR OSHA que comprenden Consultoría de la Oficina de Asistencia en Cumplimiento en el Sector Público (CAS), no han recibido solicitudes de patronos con relación a adiestramientos, charlas u orientación sobre los baños para transgénero y transexuales. Por último, expresan que la PR OSHA vela por el fiel cumplimiento de que el patrono provea instalaciones sanitarias para todo empleado sin importar su sexualidad o su género.
IMPACTO FISCAL
El Proyecto de la Cámara 165 no tiene impacto fiscal adicional sobre el presupuesto de gastos del gobierno proveniente del Fondo General.
CONCLUSIÓN
La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes considera que la aprobación de esta medida, creando la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples” responde a una preocupación genuina de garantizar salud y seguridad a las mujeres en espacios muy íntimos como lo son las facilidades públicas sanitarias, y es una respuesta directa al reclamo realizado por aquellas que han experimentado situaciones no deseadas dentro de las mismas.
Esta Comisión ha analizado los planteamientos de todos los deponentes. Destacamos que la política pública federal y el acceso a los fondos federales de las entidades gubernamentales están sujetos al cumplimiento con las órdenes de la administración federal actual. Por otra parte, entendemos que al incluir los baños familiares o asistidos en el proyecto se salvaguardan los reclamos de todas las partes, atendiendo de esta forma los señalamientos específicos sobre este tema. Las enmiendas realizadas en el proyecto responden a la consideración de los distintos señalamientos realizados por las agencias públicas, las organizaciones y las personas particulares que contribuyeron con sus comentarios al análisis de esta medida.
Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Asuntos de la Mujer, luego del estudio y consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Cuerpo Legislativo su informe, recomendando la aprobación del Proyecto de la Cámara 165, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que acompaña este Informe Positivo.
Respetuosamente sometido,
Hon. Wanda del Valle Correa
Presidenta
Comisión de Asuntos de la Mujer
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